Las cifras dadas a conocer por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en un informe presentado esta misma semana a la Cámara de Diputados permiten ponderar el enorme daño que representan los denominados regímenes fiscales especiales para las finanzas del Estado, y vienen a confirmar, en ese sentido, las denuncias lanzadas desde hace semanas por el ex aspirante presidencial Andrés Manuel López Obrador, con base en documentos del propio SAT, de que grandes empresas que operan en el país eluden pagar impuestos al amparo de tales mecanismos.
En el documento referido, el organismo dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) señala que 400 grandes consorcios pagaron al fisco en promedio sólo 1.7 por ciento de sus ingresos totales durante 2008 –los cuales ascendieron a 4 billones 960 mil millones de pesos– gracias al régimen de consolidación fiscal. De tal forma, esas compañías se limitaron a aportar unos 85 mil millones, cuando en circunstancias normales deberían tributar 10 veces más.
El dato, de suyo escandaloso, cobra especial relevancia en un momento en que la propia Cámara de Diputados discute la aprobación o no del paquetazo elaborado por la dependencia a cargo de Agustín Carstens, el cual contempla un incremento generalizado en los impuestos –que incluye gravar medicinas y alimentos– con el fin de obtener unos 175 mil millones de pesos de los contribuyentes y reducir el déficit de casi 300 mil millones que se estima en las finanzas del gobierno federal para el año entrante.
El país asiste, pues, a la aplicación de un esquema fiscal que tiende a distribuir la riqueza al revés, es decir, de abajo hacia arriba, en beneficio de los potentados, y que se conjuga con el encarnizamiento fiscal en contra de los asalariados y los contribuyentes cautivos: significativamente, según datos de la SHCP, los trabajadores del país aportaron cerca de 50 por ciento de la recaudación por concepto de impuesto sobre la renta durante el primer semestre del año, en la etapa más aguda de la recesión económica.
Hasta ahora las autoridades federales se han empeñado en defender su proyecto de paquete económico para 2010 –el cual, en caso de ser aprobado por el Legislativo, derivará en un repunte inflacionario, desincentivará el consumo y constituirá un obstáculo adicional para la reactivación del mercado interno y la inversión productiva–, y han argumentado que "no existe un plan B" para cubrir el boquete que acusan las finanzas públicas. Sin embargo, a la luz de las cifras del SAT, es claro que la alternativa existe y está a los ojos de los encargados del manejo financiero del país: poner fin a lo que constituye una injusticia social mayúscula, una ofensa para los sectores mayoritarios de la población y una aberración económica sumamente dañina para el país.
Es claro que si el gobierno empezara por aplicar un principio de elemental justicia fiscal y se decidiera a cobrar más a quienes deben pagar más, no sólo podrían ser restañadas las afectaciones que la crisis actual ha infligido a las finanzas públicas, sino que se lograría sentar las bases necesarias para el crecimiento del país, la inversión en infraestructura, la generación de empleos y, en suma, el efectivo combate a la pobreza y la satisfacción de las necesidades de la población en materia de educación, salud y vivienda.
Para finalizar, las cifras proporcionadas por el SAT son particularmente reveladoras de cara al conflicto que hoy se vive por la liquidación de Luz y Fuerza del Centro, pues es claro que si la actual administración quisiera, bien podría disponer de recursos suficientes para sanear el desorden financiero en que se encuentra inmersa la empresa. En cambio, la falta de disposición de las autoridades a analizar vías distintas de la desaparición de la compañía hacen que sea inevitable preguntarse si dicha medida obedece en esencia a criterios estrictamente económicos, o bien si responde a intereses de otro tipo.
Editorial La Jornada
En el documento referido, el organismo dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) señala que 400 grandes consorcios pagaron al fisco en promedio sólo 1.7 por ciento de sus ingresos totales durante 2008 –los cuales ascendieron a 4 billones 960 mil millones de pesos– gracias al régimen de consolidación fiscal. De tal forma, esas compañías se limitaron a aportar unos 85 mil millones, cuando en circunstancias normales deberían tributar 10 veces más.
El dato, de suyo escandaloso, cobra especial relevancia en un momento en que la propia Cámara de Diputados discute la aprobación o no del paquetazo elaborado por la dependencia a cargo de Agustín Carstens, el cual contempla un incremento generalizado en los impuestos –que incluye gravar medicinas y alimentos– con el fin de obtener unos 175 mil millones de pesos de los contribuyentes y reducir el déficit de casi 300 mil millones que se estima en las finanzas del gobierno federal para el año entrante.
El país asiste, pues, a la aplicación de un esquema fiscal que tiende a distribuir la riqueza al revés, es decir, de abajo hacia arriba, en beneficio de los potentados, y que se conjuga con el encarnizamiento fiscal en contra de los asalariados y los contribuyentes cautivos: significativamente, según datos de la SHCP, los trabajadores del país aportaron cerca de 50 por ciento de la recaudación por concepto de impuesto sobre la renta durante el primer semestre del año, en la etapa más aguda de la recesión económica.
Hasta ahora las autoridades federales se han empeñado en defender su proyecto de paquete económico para 2010 –el cual, en caso de ser aprobado por el Legislativo, derivará en un repunte inflacionario, desincentivará el consumo y constituirá un obstáculo adicional para la reactivación del mercado interno y la inversión productiva–, y han argumentado que "no existe un plan B" para cubrir el boquete que acusan las finanzas públicas. Sin embargo, a la luz de las cifras del SAT, es claro que la alternativa existe y está a los ojos de los encargados del manejo financiero del país: poner fin a lo que constituye una injusticia social mayúscula, una ofensa para los sectores mayoritarios de la población y una aberración económica sumamente dañina para el país.
Es claro que si el gobierno empezara por aplicar un principio de elemental justicia fiscal y se decidiera a cobrar más a quienes deben pagar más, no sólo podrían ser restañadas las afectaciones que la crisis actual ha infligido a las finanzas públicas, sino que se lograría sentar las bases necesarias para el crecimiento del país, la inversión en infraestructura, la generación de empleos y, en suma, el efectivo combate a la pobreza y la satisfacción de las necesidades de la población en materia de educación, salud y vivienda.
Para finalizar, las cifras proporcionadas por el SAT son particularmente reveladoras de cara al conflicto que hoy se vive por la liquidación de Luz y Fuerza del Centro, pues es claro que si la actual administración quisiera, bien podría disponer de recursos suficientes para sanear el desorden financiero en que se encuentra inmersa la empresa. En cambio, la falta de disposición de las autoridades a analizar vías distintas de la desaparición de la compañía hacen que sea inevitable preguntarse si dicha medida obedece en esencia a criterios estrictamente económicos, o bien si responde a intereses de otro tipo.
Editorial La Jornada
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