José Gil Olmos
Es difícil defender a un sindicato como el de los electricistas que, con el paso del tiempo, cayó en abusos criticables. Pero eso no significa que haya que felicitar a Felipe Calderón por la extinción de la compañía Luz y Fuerza del Centro (LFC), pues todo parece indicar que se trata de una engañifa, de ocultar el proyecto de venta de las redes de luz a una empresa registrada en México, pero con capital español, en la que participan exfuncionarios del gobierno foxista y distinguidos miembros del PAN.
La decisión de Calderón de desaparecer a LFC, creada en 1963 y puesta en liquidación desde 1974, ha sido aplaudida por muchos: consideran que fue una acción extraordinaria, cuando únicamente es una acción considerada en el marco de sus responsabilidades como jefe del Ejecutivo.
Empresarios y simpatizantes califican la medida como una acción valiente, en tanto que otro sector de la sociedad la justifica por los constantes abusos que los trabajadores electricistas cometían en contra de la ciudadanía (pagos excesivos, malos tratos, corrupción, entre otras tropelías) y contra la propia empresa, a través del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), cuyos orígenes datan de 1914 y que, con el paso del tiempo, se fue transformando en un ente de descomposición sindical con cotos de poder y negocios particulares de los dirigentes.
Esa mala imagen y las pérdidas millonarias que cada año registraba la compañía fueron el mejor pretexto para que su extinción fuera declarada por decreto presidencial y llevada a la práctica en una operación policial y militar encubierta por varios meses.
Es por ello que cuesta trabajo defender al SME, pero también es difícil considerar un héroe a Felipe Calderón –como lo quieren hacer ver panistas y empresarios–, por tomar una decisión que evadieron los presidentes anteriores, incluido Vicente Fox.
Está muy lejos la idea de que la medida tomada por Calderón, el pasado sábado 10 a las 23:00 horas, fue una acción nacionalista y patriota, apoyada por centenas de soldados y policías federales fuertemente armados, quienes tomaron las instalaciones eléctricas en varias zonas del centro del país.
La aparición en los medios, la semana pasada, del expriista Javier Lozano, quien negó la toma de nota al líder del SME, Martín Esparza, aduciendo irregularidades en las asambleas del sindicato, dio pauta para que algunos especialistas explicaran que la liquidación de la compañía descentralizada es, en realidad, parte de un negocio millonario de más de mil kilómetros de fibra óptica, que serviría para operar y explotar una red de comunicaciones en la que se trasmitirían voz, audio y datos a por lo menos 20 millones de usuarios.
Las revistas Proceso y Reporte Índigo dieron a conocer en días pasados la relación entre la compañía WL Comunicaciones y los exsecretarios de Energía, Fernando Canales y Ernesto Martens, socios de esa empresa.
De realizarse el negocio de transmisión de datos, voz y audio mediante la fibra óptica, conocido como Triple Play, habría una competencia con el magnate de las comunicaciones en México, Carlos Slim, quien fue uno de los principales personajes que rechazó la llegada de Javier Lozano a la Secretaría de Comunicaciones, por considerar que había un conflicto de intereses, ya que este funcionario expriista al parecer tenía vínculos con algunas empresas desde que estaba en Cofetel.
De carácter bravucón –"picapleitos", le llaman algunos–, la semana pasada Lozano, sin más ni más, negó la toma de nota al líder del SME, pero no respondió a las acusaciones que señalaban que fue en su oficina, precisamente, donde se realizaron las negociaciones con la compañía WL Comunicaciones para liquidar a Luz y Fuerza del Centro.
Tampoco aclaró las acusaciones de que Canales y Martens son socios de dicha empresa, inscrita en el Registro Público de la Propiedad en 1999, según el reportaje de Rosalía Vergara, publicado esta semana en Proceso.
Todo apunta, pues, a sospechar que detrás de la decisión presidencial existe un interés particular, y que se aprovecharon de la mala administración de LFC y de los excesos del SME para declarar su extinción.
La iniciativa de Calderón tendrá costos, y eso evidencia que al Ejecutivo no le importa el impacto que tengan para su gobierno y para su partido las protestas sociales que ya se dan por parte del SME y de otros sindicatos. Total, a estas alturas de su administración, Calderón ya tiene claro que el PAN no tiene posibilidades de ganar en la elección presidencial de 2012 y está dispuesto a realizar acciones que al principio de su gobierno eran impensables.
Se trata de una acción peligrosa para Felipe Calderón por la inconformidad que hay con su gobierno, plagado de fracasos económicos y de seguridad, por lo que la extinción de la compañía de luz podría ser como sentarse motu propio en una silla eléctrica y esperar a que alguien suba el switch.
Y falta por ver si crece la inconformidad de los electricistas, si se suman otros actores sociales, si la izquierda partidista se une y, también, si Calderón es capaz de tomar decisiones similares en contra de otros sindicatos como el de la maestra Elba Esther Gordillo (SNTE) o el de los petroleros, de Carlos Romero Deschamps, que también han ocasionado profundos daños a la sociedad y al erario público.
Es difícil defender a un sindicato como el de los electricistas que, con el paso del tiempo, cayó en abusos criticables. Pero eso no significa que haya que felicitar a Felipe Calderón por la extinción de la compañía Luz y Fuerza del Centro (LFC), pues todo parece indicar que se trata de una engañifa, de ocultar el proyecto de venta de las redes de luz a una empresa registrada en México, pero con capital español, en la que participan exfuncionarios del gobierno foxista y distinguidos miembros del PAN.
La decisión de Calderón de desaparecer a LFC, creada en 1963 y puesta en liquidación desde 1974, ha sido aplaudida por muchos: consideran que fue una acción extraordinaria, cuando únicamente es una acción considerada en el marco de sus responsabilidades como jefe del Ejecutivo.
Empresarios y simpatizantes califican la medida como una acción valiente, en tanto que otro sector de la sociedad la justifica por los constantes abusos que los trabajadores electricistas cometían en contra de la ciudadanía (pagos excesivos, malos tratos, corrupción, entre otras tropelías) y contra la propia empresa, a través del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), cuyos orígenes datan de 1914 y que, con el paso del tiempo, se fue transformando en un ente de descomposición sindical con cotos de poder y negocios particulares de los dirigentes.
Esa mala imagen y las pérdidas millonarias que cada año registraba la compañía fueron el mejor pretexto para que su extinción fuera declarada por decreto presidencial y llevada a la práctica en una operación policial y militar encubierta por varios meses.
Es por ello que cuesta trabajo defender al SME, pero también es difícil considerar un héroe a Felipe Calderón –como lo quieren hacer ver panistas y empresarios–, por tomar una decisión que evadieron los presidentes anteriores, incluido Vicente Fox.
Está muy lejos la idea de que la medida tomada por Calderón, el pasado sábado 10 a las 23:00 horas, fue una acción nacionalista y patriota, apoyada por centenas de soldados y policías federales fuertemente armados, quienes tomaron las instalaciones eléctricas en varias zonas del centro del país.
La aparición en los medios, la semana pasada, del expriista Javier Lozano, quien negó la toma de nota al líder del SME, Martín Esparza, aduciendo irregularidades en las asambleas del sindicato, dio pauta para que algunos especialistas explicaran que la liquidación de la compañía descentralizada es, en realidad, parte de un negocio millonario de más de mil kilómetros de fibra óptica, que serviría para operar y explotar una red de comunicaciones en la que se trasmitirían voz, audio y datos a por lo menos 20 millones de usuarios.
Las revistas Proceso y Reporte Índigo dieron a conocer en días pasados la relación entre la compañía WL Comunicaciones y los exsecretarios de Energía, Fernando Canales y Ernesto Martens, socios de esa empresa.
De realizarse el negocio de transmisión de datos, voz y audio mediante la fibra óptica, conocido como Triple Play, habría una competencia con el magnate de las comunicaciones en México, Carlos Slim, quien fue uno de los principales personajes que rechazó la llegada de Javier Lozano a la Secretaría de Comunicaciones, por considerar que había un conflicto de intereses, ya que este funcionario expriista al parecer tenía vínculos con algunas empresas desde que estaba en Cofetel.
De carácter bravucón –"picapleitos", le llaman algunos–, la semana pasada Lozano, sin más ni más, negó la toma de nota al líder del SME, pero no respondió a las acusaciones que señalaban que fue en su oficina, precisamente, donde se realizaron las negociaciones con la compañía WL Comunicaciones para liquidar a Luz y Fuerza del Centro.
Tampoco aclaró las acusaciones de que Canales y Martens son socios de dicha empresa, inscrita en el Registro Público de la Propiedad en 1999, según el reportaje de Rosalía Vergara, publicado esta semana en Proceso.
Todo apunta, pues, a sospechar que detrás de la decisión presidencial existe un interés particular, y que se aprovecharon de la mala administración de LFC y de los excesos del SME para declarar su extinción.
La iniciativa de Calderón tendrá costos, y eso evidencia que al Ejecutivo no le importa el impacto que tengan para su gobierno y para su partido las protestas sociales que ya se dan por parte del SME y de otros sindicatos. Total, a estas alturas de su administración, Calderón ya tiene claro que el PAN no tiene posibilidades de ganar en la elección presidencial de 2012 y está dispuesto a realizar acciones que al principio de su gobierno eran impensables.
Se trata de una acción peligrosa para Felipe Calderón por la inconformidad que hay con su gobierno, plagado de fracasos económicos y de seguridad, por lo que la extinción de la compañía de luz podría ser como sentarse motu propio en una silla eléctrica y esperar a que alguien suba el switch.
Y falta por ver si crece la inconformidad de los electricistas, si se suman otros actores sociales, si la izquierda partidista se une y, también, si Calderón es capaz de tomar decisiones similares en contra de otros sindicatos como el de la maestra Elba Esther Gordillo (SNTE) o el de los petroleros, de Carlos Romero Deschamps, que también han ocasionado profundos daños a la sociedad y al erario público.
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