Gustavo López Montiel*
La elección de la dirigencia nacional del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) concluyó el fin de semana del 10 de octubre con el inicio de la extinción legal de Luz y Fuerza del Centro (LyFC). En realidad, uno y otro evento no tendrían relación causal alguna, sin embargo, además de la responsabilidad del Gobierno en el manejo de la empresa y del papel del sindicato en el declive de la capacidad productiva de la misma, hay implícita una condición propia del sistema político mexicano que nos puede ayudar a entender mejor la función del sindicalismo en la actualidad.
El sindicalismo mexicano es una de las herramientas que se desplegaron en el contexto corporativo bajo el que está diseñado el Estado, y que ha sido funcional para todos los actores políticos. Es por ello que, a pesar de los reclamos y críticas sobre la forma en que dicho sindicalismo se ha desarrollado, poco ha cambiado y es probable que no haya transformaciones sustanciales en el futuro inmediato, a pesar de lo ocurrido con LyFC y el SME en los días recientes.
Los sindicatos mexicanos enfrentan un desafío de adaptación importante, en un contexto donde no únicamente cuentan con un fuerte desprestigio ante la opinión pública, sino que la estructura económica global ha generado cambios en la forma en que las personas se emplean y obtienen bienestar por ello. La idea de la estabilidad y el empleo de largo plazo, parecen ser no únicamente aspiraciones de la vieja época, alimentadas por una norma laboral sin actualizarse, sino también irrealizables en el esquema de producción y competencia actual, donde el empleo eventual, por honorarios, o incluso informal, han sobrepasado ampliamente al del trabajo formal.
En términos políticos, los sindicatos tienen un peso relativo mayor con respecto al que tenían en el pasado, fundamentalmente los llamados "oficiales", debido a que con la alternancia política se perdió el centro ordenador de las relaciones de poder que dominó a la época priísta. Al igual que lo que pasa con los gobernadores, el peso de organizaciones como las sindicales se ha incrementado debido a los intereses que representan, pero también por la falta de contrapesos políticos eficaces que permitan a sus agremiados, y a los ciudadanos, controlarlos y someterlos a escrutinio público.
El diseño del Estado mexicano está basado en una lógica corporativa para su funcionamiento, así nació y no es posible que cambie si no se modifican de raíz los cimientos de la política mexicana. Con el objeto de garantizar control y estabilidad, se construyeron relaciones de poder caracterizadas por estructuras clientelares, que sirven de base para proveer de legitimidad a distintos espacios políticos.
Para asegurar viabilidad, el Estado mexicano descansó en la creación de estructuras corporativas que permitían tomar decisiones e instrumentarlas con el menor nivel de conflicto político posible. Para ello, se crearon organizaciones sindicales cuya función era encapsular el conflicto laboral y controlarlo de la mejor manera, para evitar no únicamente costos de legitimidad, sino también dar certeza a otras organizaciones y actores políticos sobre su papel en la lucha por el poder. Esto estaba mediado por el Presidente, quien cosechaba y retribuía las lealtades, pero también castigaba las traiciones.
Otro espacio sindical de lucha se generó con los independientes que, a la larga, desaprovecharon la oportunidad de renovar al sindicalismo mexicano. La característica común de todos los sindicatos es que son partícipes de una red de intercambios y prácticas que han sido piedra angular del sistema político mexicano, aunque sin menoscabo de que muchos sindicatos también cumplan con su función de proteger y promover los derechos de los trabajadores, que no necesariamente de las empresas u organizaciones en las que trabajan.
El Estado mexicano sigue siendo corporativo, a pesar de la alternancia política de los años recientes, y no hay razón para que se modifique esta situación en el futuro inmediato. Independientemente de qué partido gobierne, el neocorporativismo mexicano es un aspecto clave para comprender cómo se toman decisiones y se dan las relaciones de poder. Todos los partidos políticos mexicanos, así como los gobiernos, descansan sus estructuras en relaciones corporativas que son alimentadas por distintos tipos de organizaciones, pero hay un peligro del que los partidos no han sido conscientes: de la misma forma en que las instituciones cayeron en manos de los partidos, los partidos están cayendo en manos de organizaciones o actores políticos como los sindicatos.
* El autor es profesor investigador en la Licenciatura en Ciencia Política en el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México y consultor asociado en el Centro de Estudios Políticos Internacionales. Realizó sus estudios de Maestría y Doctorado en Ciencia Política en The New School for Social Research (New York). Ha sido investigador visitante en la Universidad de Harvard y la Universidad de Connecticut.
La elección de la dirigencia nacional del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) concluyó el fin de semana del 10 de octubre con el inicio de la extinción legal de Luz y Fuerza del Centro (LyFC). En realidad, uno y otro evento no tendrían relación causal alguna, sin embargo, además de la responsabilidad del Gobierno en el manejo de la empresa y del papel del sindicato en el declive de la capacidad productiva de la misma, hay implícita una condición propia del sistema político mexicano que nos puede ayudar a entender mejor la función del sindicalismo en la actualidad.
El sindicalismo mexicano es una de las herramientas que se desplegaron en el contexto corporativo bajo el que está diseñado el Estado, y que ha sido funcional para todos los actores políticos. Es por ello que, a pesar de los reclamos y críticas sobre la forma en que dicho sindicalismo se ha desarrollado, poco ha cambiado y es probable que no haya transformaciones sustanciales en el futuro inmediato, a pesar de lo ocurrido con LyFC y el SME en los días recientes.
Los sindicatos mexicanos enfrentan un desafío de adaptación importante, en un contexto donde no únicamente cuentan con un fuerte desprestigio ante la opinión pública, sino que la estructura económica global ha generado cambios en la forma en que las personas se emplean y obtienen bienestar por ello. La idea de la estabilidad y el empleo de largo plazo, parecen ser no únicamente aspiraciones de la vieja época, alimentadas por una norma laboral sin actualizarse, sino también irrealizables en el esquema de producción y competencia actual, donde el empleo eventual, por honorarios, o incluso informal, han sobrepasado ampliamente al del trabajo formal.
En términos políticos, los sindicatos tienen un peso relativo mayor con respecto al que tenían en el pasado, fundamentalmente los llamados "oficiales", debido a que con la alternancia política se perdió el centro ordenador de las relaciones de poder que dominó a la época priísta. Al igual que lo que pasa con los gobernadores, el peso de organizaciones como las sindicales se ha incrementado debido a los intereses que representan, pero también por la falta de contrapesos políticos eficaces que permitan a sus agremiados, y a los ciudadanos, controlarlos y someterlos a escrutinio público.
El diseño del Estado mexicano está basado en una lógica corporativa para su funcionamiento, así nació y no es posible que cambie si no se modifican de raíz los cimientos de la política mexicana. Con el objeto de garantizar control y estabilidad, se construyeron relaciones de poder caracterizadas por estructuras clientelares, que sirven de base para proveer de legitimidad a distintos espacios políticos.
Para asegurar viabilidad, el Estado mexicano descansó en la creación de estructuras corporativas que permitían tomar decisiones e instrumentarlas con el menor nivel de conflicto político posible. Para ello, se crearon organizaciones sindicales cuya función era encapsular el conflicto laboral y controlarlo de la mejor manera, para evitar no únicamente costos de legitimidad, sino también dar certeza a otras organizaciones y actores políticos sobre su papel en la lucha por el poder. Esto estaba mediado por el Presidente, quien cosechaba y retribuía las lealtades, pero también castigaba las traiciones.
Otro espacio sindical de lucha se generó con los independientes que, a la larga, desaprovecharon la oportunidad de renovar al sindicalismo mexicano. La característica común de todos los sindicatos es que son partícipes de una red de intercambios y prácticas que han sido piedra angular del sistema político mexicano, aunque sin menoscabo de que muchos sindicatos también cumplan con su función de proteger y promover los derechos de los trabajadores, que no necesariamente de las empresas u organizaciones en las que trabajan.
El Estado mexicano sigue siendo corporativo, a pesar de la alternancia política de los años recientes, y no hay razón para que se modifique esta situación en el futuro inmediato. Independientemente de qué partido gobierne, el neocorporativismo mexicano es un aspecto clave para comprender cómo se toman decisiones y se dan las relaciones de poder. Todos los partidos políticos mexicanos, así como los gobiernos, descansan sus estructuras en relaciones corporativas que son alimentadas por distintos tipos de organizaciones, pero hay un peligro del que los partidos no han sido conscientes: de la misma forma en que las instituciones cayeron en manos de los partidos, los partidos están cayendo en manos de organizaciones o actores políticos como los sindicatos.
* El autor es profesor investigador en la Licenciatura en Ciencia Política en el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México y consultor asociado en el Centro de Estudios Políticos Internacionales. Realizó sus estudios de Maestría y Doctorado en Ciencia Política en The New School for Social Research (New York). Ha sido investigador visitante en la Universidad de Harvard y la Universidad de Connecticut.
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