Miguel Ángel Granados Chapa
En mayor medida aun que el incremento de 1 por ciento al Impuesto al Valor Agregado, de 2 por ciento al de la renta y de 3 por ciento a las telecomunicaciones, la atenuación del régimen de consolidación fiscal ha provocado protestas, quejas y pedidos de rectificación. Es comprensible que eso ocurra porque los contribuyentes en general, afectados por los gravámenes al consumo y al ingreso, carecen de organización específica o ésta es apenas incipiente. En cambio, las empresas que ven afectado su funcionamiento por la modificación al privilegio que casi las exime del Impuesto Sobre la Renta han podido manifestarse por sí o a través de la más variada representación. Favoreció su causa el que la Cámara de Diputados, que no se atrevió a entrar de lleno al tema, apenas lo tocara y además lo abordara defectuosamente, pues su pretendida aplicación retroactiva hace endeble la reforma, susceptible de ser combatida mediante el amparo.
Una mente prejuiciosa podría encontrar en la propuesta del Ejecutivo suficientes signos como para pensar en que no llegue a tener efectos, aparentando, sin embargo, que se toca ese régimen de excepción, que permite combinar pérdidas de unas empresas con ganancias de otras y así presentar utilidades disminuidas, o diferir el pago correspondiente. La iniciativa presidencial a este respecto dice que el "esquema actual no prevé una fecha determinada para el pago del ISR diferido, lo que representa un sacrificio para el erario público federal. El esquema actual del régimen de consolidación fiscal permite que las sociedades controladas empleen estrategias como la deducción inmediata, para generar pérdidas, o bien opten por incorporar empresas perdedoras al grupo, y así prorrogar el pago del impuesto diferido por largos periodos de tiempo". Los diputados establecieron que el año próximo las empresas cubran el 40 por ciento de los pagos aplazados y el resto se haga en cuatro pagos de 15 por ciento cada año.
Desde antes de aprobada esa tibia reforma fue objetada por diputados priistas que hicieron suya la preocupación empresarial. El 19 de octubre, cuando la Comisión de Hacienda de la Cámara se encaminaba apenas a dictaminar la iniciativa presidencial, que incluía una tímida revisión de la consolidación fiscal, expresaron su rechazo a esa enmienda "dado que no se han considerado todos los efectos perniciosos que tal medida acarrearía frente al desarrollo y crecimiento de la economía del país". En la misma línea que los directamente afectados, los legisladores consideraron que se trata de "un cambio en las reglas fiscales bajo las cuales se tomaron importantes decisiones de inversión", lo cual genera "incertidumbre jurídica", ya que "los empresarios no pueden planear su desarrollo a mediano y largo plazo".
Los diputados que alertaron a la Comisión de Hacienda de la Cámara sobre esos "efectos perniciosos" -a los que añadieron el de descapitalización y la modificación del perfil de riesgo financiero- la exhortaron "a no aprobar esas reformas, pues no se afectaría a determinados grupos empresariales, sino la competitividad de nuestro sistema tributario en su conjunto". Dado que su alegato no produjo efectos en San Lázaro, lo hicieron público anteayer como inserción pagada bajo la firma de Benjamín Clariond Reyes Retana, ex gobernador interino y empresario él mismo, junto con sus compañeros priistas de Nuevo León, incluido el presidente de la Comisión de Economía de la Cámara, Ildefonso Guajardo. Esperan que su argumentación sea atendida por los senadores que estudian y modificarán la minuta que los diputados remitieron hace una semana.
La Comisión de Hacienda de San Lázaro recibió otra comunicación en sentido contrario a la de los diputados nuevoleoneses. Se trata de un memorándum del Servicio de Administración Tributaria sobre el régimen de consolidación, el cual "permite que alrededor de 400 grandes grupos empresariales, mismos que en conjunto acumularon ingresos por 4 billones 960 mil millones de pesos en 2008, tengan una carga fiscal en ISR (impuesto sobre la renta) de apenas 1.7 por ciento en promedio.
"En un esquema convencional de pago de ISR, que es el seguido por los contribuyentes del régimen general, los grupos empresariales estuvieran obligados al pago de un ISR varias veces mayor que el que actualmente pagan". Por ejemplo, según ese documento del SAT, algunas de esas empresas tuvieron el año pasado "ingresos acumulables por alrededor de 7.6 mil millones de pesos y sólo pagaron alrededor de 220 millones de pesos".
Según el semanario emeequis, "otro caso que presentó el SAT a los legisladores son las tiendas de autoservicio, que tuvieron ingresos acumulables por más de 67 mil millones de pesos y sólo pagaron impuestos por 6 mil millones de pesos", menos del 10 por ciento del total, es decir una tercera parte del porcentaje que pagaría un contribuyente carente de esa ventaja fiscal.
"Cuando se revisan a detalle los datos, los privilegios a que hace referencia el documento del SAT se evidencian aún más, gracias a las posibilidades que le da la actual ley, los grupos que se benefician de la consolidación fiscal han evitado el pago de cuantiosas cantidades de impuestos.
"Por ejemplo, los reportes oficiales entregados por 28 de las más grandes empresas del país a la Bolsa Mexicana de Valores revelan que el año pasado sólo pagaron en impuestos el equivalente a 2.1 por ciento de sus ingresos" (emeequis, 26 de octubre).
Cajón de Sastre
Como estaba previsto, dado su origen, el dictamen de la Comisión de Hacienda del Senado, que trabaja a marchas forzadas para llevar su tarea al pleno a más tardar mañana, aprobó un nuevo privilegio a Televisa, éste relacionado con nuevas concesiones para la transmisión de datos, voz e internet, lo que ampliará las capacidades y los negocios de Televisa, que ya reina en el campo de la televisión abierta y todavía en la satelital. Se trata de diferir por dos años el pago de la contraprestación por esas autorizaciones gubernamentales, que a Televisa le significará un financiamiento de cerca de 2 mil millones de pesos. El gaje fue introducido en la ley de derechos por el diputado Jesús Alberto Cano Vélez, que forma parte de la consultoría @regional, con Manlio Fabio Beltrones. Esta conjunción de aliados explica el tránsito feliz de ese privilegio ya por las dos Cámaras.
En mayor medida aun que el incremento de 1 por ciento al Impuesto al Valor Agregado, de 2 por ciento al de la renta y de 3 por ciento a las telecomunicaciones, la atenuación del régimen de consolidación fiscal ha provocado protestas, quejas y pedidos de rectificación. Es comprensible que eso ocurra porque los contribuyentes en general, afectados por los gravámenes al consumo y al ingreso, carecen de organización específica o ésta es apenas incipiente. En cambio, las empresas que ven afectado su funcionamiento por la modificación al privilegio que casi las exime del Impuesto Sobre la Renta han podido manifestarse por sí o a través de la más variada representación. Favoreció su causa el que la Cámara de Diputados, que no se atrevió a entrar de lleno al tema, apenas lo tocara y además lo abordara defectuosamente, pues su pretendida aplicación retroactiva hace endeble la reforma, susceptible de ser combatida mediante el amparo.
Una mente prejuiciosa podría encontrar en la propuesta del Ejecutivo suficientes signos como para pensar en que no llegue a tener efectos, aparentando, sin embargo, que se toca ese régimen de excepción, que permite combinar pérdidas de unas empresas con ganancias de otras y así presentar utilidades disminuidas, o diferir el pago correspondiente. La iniciativa presidencial a este respecto dice que el "esquema actual no prevé una fecha determinada para el pago del ISR diferido, lo que representa un sacrificio para el erario público federal. El esquema actual del régimen de consolidación fiscal permite que las sociedades controladas empleen estrategias como la deducción inmediata, para generar pérdidas, o bien opten por incorporar empresas perdedoras al grupo, y así prorrogar el pago del impuesto diferido por largos periodos de tiempo". Los diputados establecieron que el año próximo las empresas cubran el 40 por ciento de los pagos aplazados y el resto se haga en cuatro pagos de 15 por ciento cada año.
Desde antes de aprobada esa tibia reforma fue objetada por diputados priistas que hicieron suya la preocupación empresarial. El 19 de octubre, cuando la Comisión de Hacienda de la Cámara se encaminaba apenas a dictaminar la iniciativa presidencial, que incluía una tímida revisión de la consolidación fiscal, expresaron su rechazo a esa enmienda "dado que no se han considerado todos los efectos perniciosos que tal medida acarrearía frente al desarrollo y crecimiento de la economía del país". En la misma línea que los directamente afectados, los legisladores consideraron que se trata de "un cambio en las reglas fiscales bajo las cuales se tomaron importantes decisiones de inversión", lo cual genera "incertidumbre jurídica", ya que "los empresarios no pueden planear su desarrollo a mediano y largo plazo".
Los diputados que alertaron a la Comisión de Hacienda de la Cámara sobre esos "efectos perniciosos" -a los que añadieron el de descapitalización y la modificación del perfil de riesgo financiero- la exhortaron "a no aprobar esas reformas, pues no se afectaría a determinados grupos empresariales, sino la competitividad de nuestro sistema tributario en su conjunto". Dado que su alegato no produjo efectos en San Lázaro, lo hicieron público anteayer como inserción pagada bajo la firma de Benjamín Clariond Reyes Retana, ex gobernador interino y empresario él mismo, junto con sus compañeros priistas de Nuevo León, incluido el presidente de la Comisión de Economía de la Cámara, Ildefonso Guajardo. Esperan que su argumentación sea atendida por los senadores que estudian y modificarán la minuta que los diputados remitieron hace una semana.
La Comisión de Hacienda de San Lázaro recibió otra comunicación en sentido contrario a la de los diputados nuevoleoneses. Se trata de un memorándum del Servicio de Administración Tributaria sobre el régimen de consolidación, el cual "permite que alrededor de 400 grandes grupos empresariales, mismos que en conjunto acumularon ingresos por 4 billones 960 mil millones de pesos en 2008, tengan una carga fiscal en ISR (impuesto sobre la renta) de apenas 1.7 por ciento en promedio.
"En un esquema convencional de pago de ISR, que es el seguido por los contribuyentes del régimen general, los grupos empresariales estuvieran obligados al pago de un ISR varias veces mayor que el que actualmente pagan". Por ejemplo, según ese documento del SAT, algunas de esas empresas tuvieron el año pasado "ingresos acumulables por alrededor de 7.6 mil millones de pesos y sólo pagaron alrededor de 220 millones de pesos".
Según el semanario emeequis, "otro caso que presentó el SAT a los legisladores son las tiendas de autoservicio, que tuvieron ingresos acumulables por más de 67 mil millones de pesos y sólo pagaron impuestos por 6 mil millones de pesos", menos del 10 por ciento del total, es decir una tercera parte del porcentaje que pagaría un contribuyente carente de esa ventaja fiscal.
"Cuando se revisan a detalle los datos, los privilegios a que hace referencia el documento del SAT se evidencian aún más, gracias a las posibilidades que le da la actual ley, los grupos que se benefician de la consolidación fiscal han evitado el pago de cuantiosas cantidades de impuestos.
"Por ejemplo, los reportes oficiales entregados por 28 de las más grandes empresas del país a la Bolsa Mexicana de Valores revelan que el año pasado sólo pagaron en impuestos el equivalente a 2.1 por ciento de sus ingresos" (emeequis, 26 de octubre).
Cajón de Sastre
Como estaba previsto, dado su origen, el dictamen de la Comisión de Hacienda del Senado, que trabaja a marchas forzadas para llevar su tarea al pleno a más tardar mañana, aprobó un nuevo privilegio a Televisa, éste relacionado con nuevas concesiones para la transmisión de datos, voz e internet, lo que ampliará las capacidades y los negocios de Televisa, que ya reina en el campo de la televisión abierta y todavía en la satelital. Se trata de diferir por dos años el pago de la contraprestación por esas autorizaciones gubernamentales, que a Televisa le significará un financiamiento de cerca de 2 mil millones de pesos. El gaje fue introducido en la ley de derechos por el diputado Jesús Alberto Cano Vélez, que forma parte de la consultoría @regional, con Manlio Fabio Beltrones. Esta conjunción de aliados explica el tránsito feliz de ese privilegio ya por las dos Cámaras.
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