Miguel Ángel Granados Chapa
A ver si el periodista Sergio Caballero, corresponsal del Grupo Reforma en Cancún, es demandado por daño moral por algún magistrado del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa por haber informado del elevado y superfluo gasto que implicó celebrar una convención para más de 100 personas (el doble, con sus acompañantes) a fin de discutir asuntos de trabajo que pueden abordarse en el auditorio de la institución, el antiguo Tribunal Fiscal de la Federación.
La prevención no es infundada, pues la magistrada Consuelo Villalobos mantiene viva una demanda civil contra cinco periodistas (Abel Barajas, Víctor Fuentes, Eduardo R. Huchim, Rubén Lara y Luis Soto) por haber informado acerca de la irregular adquisición de un edificio y, lo más importante, por haber difundido, como lo hicieron dos de los demandados (Huchim y Lara), serias irregularidades en la integración de la Junta de Gobierno de aquel tribunal, que por caer en la ilegalidad podrían ser alegadas por gobernados a quienes afecten decisiones de ese órgano de la justicia administrativa.
Como si el dinero sobrara en el país, como si no cundiera la indignación ciudadana respecto del dispendio de los órganos públicos y el monto exagerado de los gajes de que disfrutan servidores públicos de alto nivel, adicionales a sus sueldos, que son como de futbolista, el Tribunal resolvió cambiar la sede de su convención de este año de Guadalajara a Cancún. Y en el balneario del Caribe escogió un hotel de gran lujo, cuya habitación cuesta como mínimo 2 mi 485 pesos por noche. Del miércoles al domingo (cuatro noches) los convencionistas se alojaron en por lo menos 100 habitaciones, lo que significó una erogación, sólo por hospedaje, de cerca de un millón de pesos. A eso hay que agregar el pago de los pasajes aéreos. Aun si fuera verdad que el hotel Aqua ofreció descuentos hasta por 40 por ciento, la cantidad gastada es ofensiva, considerando además que el asueto pagado por los contribuyentes se disfrazó de convención de trabajo. Puesto que el tema principal de la reunión fue una innovación técnica, el Sistema de justicia en línea, uno puede imaginarse que de ese mismo modo, en línea, cada quien en su lugar, pudo haberse discutido el asunto, en vez de reunir a los magistrados y su personal en un albergue que sólo está al alcance de turistas pudientes.
En general las cosas no andan bien en ese órgano de la justicia administrativa. Creado por el presidente Cárdenas, comenzó a funcionar en 1937 como Tribunal Fiscal de la Federación y así se conservó hasta el último día de 2000, en que una reforma promovida por el flamante presidente Fox lo convirtió en Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. A partir de entonces no han dejado de suscitarse conflictos internos de diversa naturaleza, como el despido de la magistrada Aurora Cortina, y otras desavenencias entre su personal directivo. Se ha llegado a extremos ridículos, reveladores del escaso aprecio que algunos magistrados tienen por su función jurisdiccional. Por ejemplo, el magistrado presidente en el bienio 2002-2003, Alejandro Sánchez Hernández, se vio superado por la indignada reacción de algunos afectados por sus sentencias y, en 2008, aceptó ser postulado para el cargo de cónsul en San Juan de Puerto Rico. Veleidoso, cambió de opinión antes de protestar cumplirlo y rechazó la designación, que le fue inmediatamente formalizada a otro magistrado del tribunal, que también lo había presidido, Luis Malpica y de Lamadrid.
El año pasado, ya en el periodo del actual presidente, el manirroto Francisco Cuevas Godínez, la incuria institucional llegó a un extremo inadmisible. El 6 de junio se integró la Junta de Gobierno y de Administración, a la que ingresaron los magistrados Luis Carballo Balvanera y Consuelo Villalobos Ortiz, que había presidido el tribunal en el bienio 2004-2005. Se discutió, algo aberrante en cualquier espacio gubernamental pero con mayor razón en uno donde se imparte justicia, si se cumplía o no la ley. Y se concluyó que no. Y en efecto fue violada: pues en vez de elegir a los magistrados mencionados para el periodo legal de tres años, al primero se partió a la mitad el lapso en que formará parte de dicha junta. Y a la magistrada Villalobos Ortiz se la designó por dos años y medio. Respecto de ella, la maniobra implicó otra irregularidad: no hubiera podido ser admitida en la junta por desfasamiento de los plazos que le son aplicables. Por eso se le achicó el periodo de su pertenencia a la junta.
Por exponer esas audaces ilegalidades -sólo eso hicieron- la magistrado entabló juicio por daño moral contra los articulistas Huchim y Lara (amén de otra demanda contra los informadores que refirieron los problemas de orden patrimonial). Ignorante de que en el Distrito Federal está vigente una ley en defensa de la reputación personal que privilegia la prestancia del honor en vez de valorarlo en pesos y centavos, la magistrado invocó el concepto de daño moral del Código Civil. Lo peor es que su demanda fue admitida (lo que anticipa el sesgo que puede tener el juez a favor de la magistrado, por espíritu de cuerpo a la hora de sentenciar). La demandante tasó su prestigio personal, presumiblemente dañado por el relato de su ingreso a la Junta de Gobierno y Administración, en 6 millones y medio de pesos, cifra que contrasta con la máxima posible si se aplica la ley local sobre honra pública, que expresamente cierra la puerta al lucro del ofendido...
A ver si el periodista Sergio Caballero, corresponsal del Grupo Reforma en Cancún, es demandado por daño moral por algún magistrado del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa por haber informado del elevado y superfluo gasto que implicó celebrar una convención para más de 100 personas (el doble, con sus acompañantes) a fin de discutir asuntos de trabajo que pueden abordarse en el auditorio de la institución, el antiguo Tribunal Fiscal de la Federación.
La prevención no es infundada, pues la magistrada Consuelo Villalobos mantiene viva una demanda civil contra cinco periodistas (Abel Barajas, Víctor Fuentes, Eduardo R. Huchim, Rubén Lara y Luis Soto) por haber informado acerca de la irregular adquisición de un edificio y, lo más importante, por haber difundido, como lo hicieron dos de los demandados (Huchim y Lara), serias irregularidades en la integración de la Junta de Gobierno de aquel tribunal, que por caer en la ilegalidad podrían ser alegadas por gobernados a quienes afecten decisiones de ese órgano de la justicia administrativa.
Como si el dinero sobrara en el país, como si no cundiera la indignación ciudadana respecto del dispendio de los órganos públicos y el monto exagerado de los gajes de que disfrutan servidores públicos de alto nivel, adicionales a sus sueldos, que son como de futbolista, el Tribunal resolvió cambiar la sede de su convención de este año de Guadalajara a Cancún. Y en el balneario del Caribe escogió un hotel de gran lujo, cuya habitación cuesta como mínimo 2 mi 485 pesos por noche. Del miércoles al domingo (cuatro noches) los convencionistas se alojaron en por lo menos 100 habitaciones, lo que significó una erogación, sólo por hospedaje, de cerca de un millón de pesos. A eso hay que agregar el pago de los pasajes aéreos. Aun si fuera verdad que el hotel Aqua ofreció descuentos hasta por 40 por ciento, la cantidad gastada es ofensiva, considerando además que el asueto pagado por los contribuyentes se disfrazó de convención de trabajo. Puesto que el tema principal de la reunión fue una innovación técnica, el Sistema de justicia en línea, uno puede imaginarse que de ese mismo modo, en línea, cada quien en su lugar, pudo haberse discutido el asunto, en vez de reunir a los magistrados y su personal en un albergue que sólo está al alcance de turistas pudientes.
En general las cosas no andan bien en ese órgano de la justicia administrativa. Creado por el presidente Cárdenas, comenzó a funcionar en 1937 como Tribunal Fiscal de la Federación y así se conservó hasta el último día de 2000, en que una reforma promovida por el flamante presidente Fox lo convirtió en Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. A partir de entonces no han dejado de suscitarse conflictos internos de diversa naturaleza, como el despido de la magistrada Aurora Cortina, y otras desavenencias entre su personal directivo. Se ha llegado a extremos ridículos, reveladores del escaso aprecio que algunos magistrados tienen por su función jurisdiccional. Por ejemplo, el magistrado presidente en el bienio 2002-2003, Alejandro Sánchez Hernández, se vio superado por la indignada reacción de algunos afectados por sus sentencias y, en 2008, aceptó ser postulado para el cargo de cónsul en San Juan de Puerto Rico. Veleidoso, cambió de opinión antes de protestar cumplirlo y rechazó la designación, que le fue inmediatamente formalizada a otro magistrado del tribunal, que también lo había presidido, Luis Malpica y de Lamadrid.
El año pasado, ya en el periodo del actual presidente, el manirroto Francisco Cuevas Godínez, la incuria institucional llegó a un extremo inadmisible. El 6 de junio se integró la Junta de Gobierno y de Administración, a la que ingresaron los magistrados Luis Carballo Balvanera y Consuelo Villalobos Ortiz, que había presidido el tribunal en el bienio 2004-2005. Se discutió, algo aberrante en cualquier espacio gubernamental pero con mayor razón en uno donde se imparte justicia, si se cumplía o no la ley. Y se concluyó que no. Y en efecto fue violada: pues en vez de elegir a los magistrados mencionados para el periodo legal de tres años, al primero se partió a la mitad el lapso en que formará parte de dicha junta. Y a la magistrada Villalobos Ortiz se la designó por dos años y medio. Respecto de ella, la maniobra implicó otra irregularidad: no hubiera podido ser admitida en la junta por desfasamiento de los plazos que le son aplicables. Por eso se le achicó el periodo de su pertenencia a la junta.
Por exponer esas audaces ilegalidades -sólo eso hicieron- la magistrado entabló juicio por daño moral contra los articulistas Huchim y Lara (amén de otra demanda contra los informadores que refirieron los problemas de orden patrimonial). Ignorante de que en el Distrito Federal está vigente una ley en defensa de la reputación personal que privilegia la prestancia del honor en vez de valorarlo en pesos y centavos, la magistrado invocó el concepto de daño moral del Código Civil. Lo peor es que su demanda fue admitida (lo que anticipa el sesgo que puede tener el juez a favor de la magistrado, por espíritu de cuerpo a la hora de sentenciar). La demandante tasó su prestigio personal, presumiblemente dañado por el relato de su ingreso a la Junta de Gobierno y Administración, en 6 millones y medio de pesos, cifra que contrasta con la máxima posible si se aplica la ley local sobre honra pública, que expresamente cierra la puerta al lucro del ofendido...
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