JOHN M. ACKERMAN
Los casos de Rafael Juanito Acosta, Demetrio Sodi y Carlos Orvañanos son pruebas de que los poderes fácticos no respetan la ley y sólo buscan el poder público para su beneficio privado. Para ellos lo primordial es llegar al poder “haiga sido como haiga sido”, pues saben que quienes dirigen las instituciones electorales eventualmente se someterán al poder e influencia de los violadores de la ley. Así ocurrió en las elecciones federales de 2006 y 2009, cuando la evidente y sistemática burla a las más básicas normas electorales fue dispensada, o castigada con multas menores, por las autoridades electorales.
Hoy, habría que esperar que las instituciones del Distrito Federal rompan con este círculo vicioso y pongan un ejemplo de respeto a la legalidad. Afortunadamente, el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) ya ha tomado los primeros pasos al respecto. Falta, sin embargo, ver la actuación tanto de las instancias jurisdiccionales como de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).
Rafael Acosta no es una víctima ni un “Frankenstein”, sino muy posiblemente un delincuente común y corriente. Si resultan ciertas las versiones que señalan que el delegado electo ha solicitado dinero a cambio de presentar su renuncia el próximo primero de octubre, tenemos frente a nosotros alguien que ha incurrido en el delito de “Promoción de conductas ilícitas, cohecho y distracción de recursos públicos”, lo cual está penado con prisión hasta por cuatro años, de acuerdo con el artículo 277 del Código Penal del Distrito Federal.
Si Acosta se mantiene en esa postura después de haber tomado posesión de su cargo, incurriría además en los delitos de tráfico de influencias, cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito, los cuales podrían implicar cada uno hasta 12 años de cárcel adicionales. Evidentemente, la comisión de cualquiera de estos delitos también llevaría al eventual delegado a perder su cargo de manera inmediata.
Los que realmente “utilizan” a Acosta para sus propósitos para después echarlo a la calle no son Andrés Manuel López Obrador o Clara Brugada, sino aquellos actores políticos y económicos que hoy le tocan el canto de las sirenas para convencerlo de quedarse con el puesto o cobrar cara su salida. Al confiar en Acosta, López Obrador y Brugada son los responsables de su actual fama. Al convencerlo de traicionar esta confianza depositada en él, sus nuevos asesores podrían ser los responsables de su trágica caída y posible encarcelamiento.
En lo que atañe a Demetrio Sodi y Carlos Orvañanos, el grosero rebase de los topes de campaña por parte de ellos también podría terminar dejándolos en la cárcel. El artículo 356 del Código Penal señala sin rodeos que el candidato que haya excedido los topes de campaña será encarcelado por un período de uno hasta seis años.
El caso de Sodi es el más indignante, tanto por su abierta burla a la nueva ley electoral con aquella “espontánea” entrevista que se le realizara en un partido de futbol en plena campaña electoral, como por el descaro con que se ha expresado respecto de la fiscalización de los gastos de campaña en México. Es bien sabido que durante un seminario que tuvo lugar hace un par de años en la Universidad de Yale y organizado por un servidor, Sodi confesó torpe y públicamente que no había reportado a la autoridad electoral más de 50% de los gastos de su campaña para la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal durante 2006 (video disponible en: http://www.yale.edu/macmillan/mexicosdemocracy/#).
Afortunadamente, la Unidad de Fiscalización del IEDF demostró un importante activismo al investigar los casos de Sodi y de Orvañanos. Además de recibir y analizar las pruebas presentadas por las partes, el instituto llevó acabo una investigación exhaustiva para documentar los gastos ejercidos durante las campañas de ambos candidatos. Giró numerosos oficios a docenas de proveedores y al mismo Partido Acción Nacional con el fin de encontrar los valores reales de los servicios contratados, así como de otros gastos que no habían sido reportados a la autoridad.
Al final del día, la Unidad encontró cientos de miles de pesos sin reportar que los candidatos habían gastado en espectaculares, el diseño de páginas web, la compra de playeras, bolsas y gorras, y la impresión de propaganda electoral, entre numerosos otros rubros. En total, el IEDF logró demostrar que Sodi había gastado casi 2 millones de pesos en su campaña, casi 175% del tope, y Orvañanos 710 mil pesos, o 150% del tope.
Estos resultados son apenas la punta del iceberg. La Unidad todavía se ha quedado corta en la investigación de la prestación de los servicios de Big Sodi TV, por ejemplo, aceptando que el costo de la transmisión en vivo por internet de todas las actividades del candidato durante 45 días costó únicamente 30 mil pesos. En general, la premura del tiempo limitó de manera importante el alcance de la investigación del instituto electoral. Muy probablemente los rebases reales de los topes de campaña sean mucho mayores a los montos incluidos en los dictámenes del IEDF.
La tentación del poder, la ambición y los intereses de Acosta, Sodi y Orvañanos los han empujado a romper con la legalidad del país. En los casos de Miguel Hidalgo y Cuajimalpa, se presenta una gran oportunidad para que las instituciones demuestren su intolerancia a la impunidad y castiguen de manera ejemplar esta evidente burla a la ley. En el caso de Iztapalapa, todavía queda una pequeña ventana de oportunidad para que Juanito rectifique y se escape del burdo juego en el que quieren verlo encerrado poderosos intereses políticos y económicos que desde ya se solazan ante la posibilidad de crear un caos político en la capital.
Los casos de Rafael Juanito Acosta, Demetrio Sodi y Carlos Orvañanos son pruebas de que los poderes fácticos no respetan la ley y sólo buscan el poder público para su beneficio privado. Para ellos lo primordial es llegar al poder “haiga sido como haiga sido”, pues saben que quienes dirigen las instituciones electorales eventualmente se someterán al poder e influencia de los violadores de la ley. Así ocurrió en las elecciones federales de 2006 y 2009, cuando la evidente y sistemática burla a las más básicas normas electorales fue dispensada, o castigada con multas menores, por las autoridades electorales.
Hoy, habría que esperar que las instituciones del Distrito Federal rompan con este círculo vicioso y pongan un ejemplo de respeto a la legalidad. Afortunadamente, el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) ya ha tomado los primeros pasos al respecto. Falta, sin embargo, ver la actuación tanto de las instancias jurisdiccionales como de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).
Rafael Acosta no es una víctima ni un “Frankenstein”, sino muy posiblemente un delincuente común y corriente. Si resultan ciertas las versiones que señalan que el delegado electo ha solicitado dinero a cambio de presentar su renuncia el próximo primero de octubre, tenemos frente a nosotros alguien que ha incurrido en el delito de “Promoción de conductas ilícitas, cohecho y distracción de recursos públicos”, lo cual está penado con prisión hasta por cuatro años, de acuerdo con el artículo 277 del Código Penal del Distrito Federal.
Si Acosta se mantiene en esa postura después de haber tomado posesión de su cargo, incurriría además en los delitos de tráfico de influencias, cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito, los cuales podrían implicar cada uno hasta 12 años de cárcel adicionales. Evidentemente, la comisión de cualquiera de estos delitos también llevaría al eventual delegado a perder su cargo de manera inmediata.
Los que realmente “utilizan” a Acosta para sus propósitos para después echarlo a la calle no son Andrés Manuel López Obrador o Clara Brugada, sino aquellos actores políticos y económicos que hoy le tocan el canto de las sirenas para convencerlo de quedarse con el puesto o cobrar cara su salida. Al confiar en Acosta, López Obrador y Brugada son los responsables de su actual fama. Al convencerlo de traicionar esta confianza depositada en él, sus nuevos asesores podrían ser los responsables de su trágica caída y posible encarcelamiento.
En lo que atañe a Demetrio Sodi y Carlos Orvañanos, el grosero rebase de los topes de campaña por parte de ellos también podría terminar dejándolos en la cárcel. El artículo 356 del Código Penal señala sin rodeos que el candidato que haya excedido los topes de campaña será encarcelado por un período de uno hasta seis años.
El caso de Sodi es el más indignante, tanto por su abierta burla a la nueva ley electoral con aquella “espontánea” entrevista que se le realizara en un partido de futbol en plena campaña electoral, como por el descaro con que se ha expresado respecto de la fiscalización de los gastos de campaña en México. Es bien sabido que durante un seminario que tuvo lugar hace un par de años en la Universidad de Yale y organizado por un servidor, Sodi confesó torpe y públicamente que no había reportado a la autoridad electoral más de 50% de los gastos de su campaña para la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal durante 2006 (video disponible en: http://www.yale.edu/macmillan/mexicosdemocracy/#).
Afortunadamente, la Unidad de Fiscalización del IEDF demostró un importante activismo al investigar los casos de Sodi y de Orvañanos. Además de recibir y analizar las pruebas presentadas por las partes, el instituto llevó acabo una investigación exhaustiva para documentar los gastos ejercidos durante las campañas de ambos candidatos. Giró numerosos oficios a docenas de proveedores y al mismo Partido Acción Nacional con el fin de encontrar los valores reales de los servicios contratados, así como de otros gastos que no habían sido reportados a la autoridad.
Al final del día, la Unidad encontró cientos de miles de pesos sin reportar que los candidatos habían gastado en espectaculares, el diseño de páginas web, la compra de playeras, bolsas y gorras, y la impresión de propaganda electoral, entre numerosos otros rubros. En total, el IEDF logró demostrar que Sodi había gastado casi 2 millones de pesos en su campaña, casi 175% del tope, y Orvañanos 710 mil pesos, o 150% del tope.
Estos resultados son apenas la punta del iceberg. La Unidad todavía se ha quedado corta en la investigación de la prestación de los servicios de Big Sodi TV, por ejemplo, aceptando que el costo de la transmisión en vivo por internet de todas las actividades del candidato durante 45 días costó únicamente 30 mil pesos. En general, la premura del tiempo limitó de manera importante el alcance de la investigación del instituto electoral. Muy probablemente los rebases reales de los topes de campaña sean mucho mayores a los montos incluidos en los dictámenes del IEDF.
La tentación del poder, la ambición y los intereses de Acosta, Sodi y Orvañanos los han empujado a romper con la legalidad del país. En los casos de Miguel Hidalgo y Cuajimalpa, se presenta una gran oportunidad para que las instituciones demuestren su intolerancia a la impunidad y castiguen de manera ejemplar esta evidente burla a la ley. En el caso de Iztapalapa, todavía queda una pequeña ventana de oportunidad para que Juanito rectifique y se escape del burdo juego en el que quieren verlo encerrado poderosos intereses políticos y económicos que desde ya se solazan ante la posibilidad de crear un caos político en la capital.
Comentarios