Miguel Ángel Granados Chapa
A plana entera se publicó anteayer sábado, en la página seis de Reforma, una "Carta abierta a la opinión pública (Caso Zorrilla)", suscrita por María Angélica y Maricela Zorrilla Ruvalcaba, hijas del ex director federal de seguridad, condenado en sentencia firme por el asesinato del periodista Manuel Buendía. El propósito del documento es denunciar al gobierno del Distrito Federal por ceder a las presiones que, desde su punto de vista, yo he ejercido para impedir que José Antonio Zorrilla Pérez quede en libertad 10 años antes de cumplir su sentencia.
Respeto y admiro la posición de las hijas de Zorrilla Pérez en defensa de su padre. Pero rechazo que mi posición en este caso se reduzca, como ellas afirman, a mi pretensión de constituirme "en juzgador y cobrar notoriedad", "avivando rivalidades políticas y animadversiones personales". Sólo alego la necesidad de que se cumpla la ley y una sentencia firme. A ese propósito se ha dirigido mi esfuerzo, y el de un numeroso grupo de personas y agrupaciones que, en efecto, como lo recuerdan las firmantes de este mensaje, publicaron el 8 de junio pasado una demanda de revocación a la libertad de Zorrilla Pérez, indebidamente dejado salir de la cárcel en febrero anterior.
Zorrilla Pérez encabezó durante tres años (enero de 1982 a febrero de 1985) la Dirección Federal de Seguridad, la policía política del régimen. En el desempeño de ese cargo, según las constancias procesales, organizó a un grupo de agentes bajo su mando, para privar de la vida (a balazos, por la espalda) a Manuel Buendía, que al momento de su asesinato, el 30 de mayo de 1984, era el columnista político de mayor peso en la opinión pública nacional. Poco después, con semejante urdimbre, Zorrilla Pérez ordenó el homicidio de su amigo José Luis Esqueda. Contra la ley, que reserva la averiguación previa de un delito al Ministerio Público, el entonces presidente Miguel de la Madrid dispuso que Zorrilla Pérez se encargara de investigar lo que después se comprobaría que era un crimen de su autoría. En febrero de 1985, ante el asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena, perpetrado por la banda del narcotraficante Rafael Caro Quintero, fue imposible sostener en su cargo al director federal de seguridad, que había dotado de placas de miembros de esa corporación al propio Caro Quintero y sus secuaces.
Tras despedirlo, sus jefes De la Madrid y Manuel Bartlett le dieron todavía ocasión de figurar como candidato a diputado. Pero creció tanto la evidencia acusatoria, al alcance no del público sino del secretario de Gobernación y del presidente de la República, que se canceló el registro de Zorrilla como candidato. Todavía, sin embargo, se le permitió huir, y sólo en junio de 1989 fue aprehendido gracias a la averiguación de Miguel Ángel García Domínguez, fiscal especial del caso, cargo creado por los propios De la Madrid y Bartlett.
Después de largos procesos, Zorrilla Pérez quedó sentenciado a una pena de prisión de 29 años, cuatro meses y 15 días, lapso que terminaría el 29 de octubre de 2018. Sin embargo, desde 2005 el declarado asesino de Buendía y Esqueda intentó ser beneficiario de la libertad anticipada. De modo reiterado, el gobierno capitalino le negó tal privilegio, simplemente por no satisfacer los requisitos de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales del Distrito Federal. Ésta prevé tres modalidades de la libertad anticipada: tratamiento preliberacional, libertad preparatoria y remisión parcial de la pena. Era imposible otorgar a Zorrilla alguna de las dos primeras porque el artículo 42 de esa ley, con buen sentido, impide que se libere con anticipación a los sentenciados por homicidio calificado. Y tampoco era posible aplicar la tercera modalidad, porque implica trabajar dentro de la prisión y participar en actividades educativas, lo que Zorrilla Pérez no hizo jamás.
En febrero pasado, una sentencia de amparo ordenó a la autoridad responsable, la Secretaría de Gobierno del DF, dejar insubsistente la enésima negativa al pedido de Zorrilla y emitir otra que fundara y motivara la resolución de la autoridad. La justicia federal no ordenó la libertad del quejoso, sino sólo corregir las fallas encontradas por los jueces de amparo, quienes dispusieron que la nueva resolución podría reiterar la negativa o modificar la decisión.
Pretextando cumplir esa instrucción judicial, el director de ejecuciones penales, José Manuel Casaopriego, nombrado apenas en enero anterior, dejó en libertad a Zorrilla el 18 de febrero pasado, mediante un proceso irregular que buscó dejar al margen al secretario de Gobierno, José Ángel Ávila, que como autoridad responsable debió firmar la resolución liberatoria. Ante la gravedad que implicaba violar la ley para dejar libre a Zorrilla Pérez, una porción importante del gremio periodístico efectivamente clamó contra ese acto y pidió revocar la libertad así otorgada. Para no quedar mal con él, ni con los demandantes de la revocación, el gobierno capitalino dispuso su reaprehensión pero sobre bases deliberadamente endebles que Zorrilla, como lo hizo, pudiera combatir mediante el amparo. El 28 de agosto el juicio correspondiente concluyó en segunda instancia. La autoridad responsable debe fundar y motivar de mejor manera la revocación de la libertad. Los jueces, como en el caso previo, no ordenan dejar que Zorrilla se vaya a su casa, pero temo que el valor entendido entre el gobierno capitalino y Zorrilla lo deje en libertad definitiva.
Cajón de Sastre
Mientras está en curso el procedimiento para que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal elija a su sucesor, el desempeño de Emilio Álvarez Icaza como ombudsman capitalino es objeto de reconocimientos más que merecidos. Esta tarde, por ejemplo, a las 18:30 horas el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal recibirá la Distinción Latinoamericana a la Promoción de los Derechos Humanos, el Avance Democrático y la Equidad, que por primera vez otorga la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), cuyo consejo superior reconoce en Álvarez Icaza "su valioso aporte personal, profesional y académico a la construcción de la vida democrática del país y de nuestra región". El acto tendrá lugar en la Unidad de Seminarios de la Flacso, cuyo domicilio es Carretera al Ajusco 377, colonia Héroes de Padierna.
A plana entera se publicó anteayer sábado, en la página seis de Reforma, una "Carta abierta a la opinión pública (Caso Zorrilla)", suscrita por María Angélica y Maricela Zorrilla Ruvalcaba, hijas del ex director federal de seguridad, condenado en sentencia firme por el asesinato del periodista Manuel Buendía. El propósito del documento es denunciar al gobierno del Distrito Federal por ceder a las presiones que, desde su punto de vista, yo he ejercido para impedir que José Antonio Zorrilla Pérez quede en libertad 10 años antes de cumplir su sentencia.
Respeto y admiro la posición de las hijas de Zorrilla Pérez en defensa de su padre. Pero rechazo que mi posición en este caso se reduzca, como ellas afirman, a mi pretensión de constituirme "en juzgador y cobrar notoriedad", "avivando rivalidades políticas y animadversiones personales". Sólo alego la necesidad de que se cumpla la ley y una sentencia firme. A ese propósito se ha dirigido mi esfuerzo, y el de un numeroso grupo de personas y agrupaciones que, en efecto, como lo recuerdan las firmantes de este mensaje, publicaron el 8 de junio pasado una demanda de revocación a la libertad de Zorrilla Pérez, indebidamente dejado salir de la cárcel en febrero anterior.
Zorrilla Pérez encabezó durante tres años (enero de 1982 a febrero de 1985) la Dirección Federal de Seguridad, la policía política del régimen. En el desempeño de ese cargo, según las constancias procesales, organizó a un grupo de agentes bajo su mando, para privar de la vida (a balazos, por la espalda) a Manuel Buendía, que al momento de su asesinato, el 30 de mayo de 1984, era el columnista político de mayor peso en la opinión pública nacional. Poco después, con semejante urdimbre, Zorrilla Pérez ordenó el homicidio de su amigo José Luis Esqueda. Contra la ley, que reserva la averiguación previa de un delito al Ministerio Público, el entonces presidente Miguel de la Madrid dispuso que Zorrilla Pérez se encargara de investigar lo que después se comprobaría que era un crimen de su autoría. En febrero de 1985, ante el asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena, perpetrado por la banda del narcotraficante Rafael Caro Quintero, fue imposible sostener en su cargo al director federal de seguridad, que había dotado de placas de miembros de esa corporación al propio Caro Quintero y sus secuaces.
Tras despedirlo, sus jefes De la Madrid y Manuel Bartlett le dieron todavía ocasión de figurar como candidato a diputado. Pero creció tanto la evidencia acusatoria, al alcance no del público sino del secretario de Gobernación y del presidente de la República, que se canceló el registro de Zorrilla como candidato. Todavía, sin embargo, se le permitió huir, y sólo en junio de 1989 fue aprehendido gracias a la averiguación de Miguel Ángel García Domínguez, fiscal especial del caso, cargo creado por los propios De la Madrid y Bartlett.
Después de largos procesos, Zorrilla Pérez quedó sentenciado a una pena de prisión de 29 años, cuatro meses y 15 días, lapso que terminaría el 29 de octubre de 2018. Sin embargo, desde 2005 el declarado asesino de Buendía y Esqueda intentó ser beneficiario de la libertad anticipada. De modo reiterado, el gobierno capitalino le negó tal privilegio, simplemente por no satisfacer los requisitos de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales del Distrito Federal. Ésta prevé tres modalidades de la libertad anticipada: tratamiento preliberacional, libertad preparatoria y remisión parcial de la pena. Era imposible otorgar a Zorrilla alguna de las dos primeras porque el artículo 42 de esa ley, con buen sentido, impide que se libere con anticipación a los sentenciados por homicidio calificado. Y tampoco era posible aplicar la tercera modalidad, porque implica trabajar dentro de la prisión y participar en actividades educativas, lo que Zorrilla Pérez no hizo jamás.
En febrero pasado, una sentencia de amparo ordenó a la autoridad responsable, la Secretaría de Gobierno del DF, dejar insubsistente la enésima negativa al pedido de Zorrilla y emitir otra que fundara y motivara la resolución de la autoridad. La justicia federal no ordenó la libertad del quejoso, sino sólo corregir las fallas encontradas por los jueces de amparo, quienes dispusieron que la nueva resolución podría reiterar la negativa o modificar la decisión.
Pretextando cumplir esa instrucción judicial, el director de ejecuciones penales, José Manuel Casaopriego, nombrado apenas en enero anterior, dejó en libertad a Zorrilla el 18 de febrero pasado, mediante un proceso irregular que buscó dejar al margen al secretario de Gobierno, José Ángel Ávila, que como autoridad responsable debió firmar la resolución liberatoria. Ante la gravedad que implicaba violar la ley para dejar libre a Zorrilla Pérez, una porción importante del gremio periodístico efectivamente clamó contra ese acto y pidió revocar la libertad así otorgada. Para no quedar mal con él, ni con los demandantes de la revocación, el gobierno capitalino dispuso su reaprehensión pero sobre bases deliberadamente endebles que Zorrilla, como lo hizo, pudiera combatir mediante el amparo. El 28 de agosto el juicio correspondiente concluyó en segunda instancia. La autoridad responsable debe fundar y motivar de mejor manera la revocación de la libertad. Los jueces, como en el caso previo, no ordenan dejar que Zorrilla se vaya a su casa, pero temo que el valor entendido entre el gobierno capitalino y Zorrilla lo deje en libertad definitiva.
Cajón de Sastre
Mientras está en curso el procedimiento para que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal elija a su sucesor, el desempeño de Emilio Álvarez Icaza como ombudsman capitalino es objeto de reconocimientos más que merecidos. Esta tarde, por ejemplo, a las 18:30 horas el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal recibirá la Distinción Latinoamericana a la Promoción de los Derechos Humanos, el Avance Democrático y la Equidad, que por primera vez otorga la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), cuyo consejo superior reconoce en Álvarez Icaza "su valioso aporte personal, profesional y académico a la construcción de la vida democrática del país y de nuestra región". El acto tendrá lugar en la Unidad de Seminarios de la Flacso, cuyo domicilio es Carretera al Ajusco 377, colonia Héroes de Padierna.
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