Carlos Fazio
A la irresponsable pretensión de inducir a la población mexicana a un alineamiento orgánico, legitimador, con el Estado, la guerra reguladora sin fin que, en clave de cruzada, dice librar Felipe Calderón contra los cárteles de la economía criminal, se suma la intención encubierta de fomentar y/o permitir el accionar de grupos civiles de autodefensa armada, una salida que en países como Colombia derivó en la paramilitarización estatal. Al respecto, los casos más sonados en estos últimos meses de vértigo en México, son los de la comunidad mormona de Lebarón, en el municipio de Galeana, Chihuahua, y sendas matanzas de jóvenes "desechables" perpetradas por escuadrones de la muerte en Ciudad Juárez, Chihuahua, y Navolato, Sinaloa.
En julio, tras el secuestro y ejecución de dos líderes de Lebarón por un grupo de sicarios, el gobernador José Reyes Baeza anunció la creación de una "policía comunitaria" provista con armas largas y cortas de alto poder y equipos de radiocomunicación. Luego dio marcha atrás, pero la absurda decisión de armar a la población civil para hacer justicia por propia mano llamó la atención, porque Chihuahua es la entidad más militarizada del país y está virtualmente en estado de sitio. En ese contexto, el 1º de septiembre un comando de cuatro hombres irrumpió en el centro de rehabilitación Aliviane, especializado en adictos a las drogas en Ciudad Juárez, formó con violencia a 22 jóvenes contra una pared interior y los ultimó con ráfagas de AK-47. Cinco jóvenes están desaparecidos. Un día antes, el secretario de Seguridad Pública de Chihuahua, Víctor Valencia, había declarado que los centros de rehabilitación se han convertido en un "semillero" de criminales, porque los cárteles reclutan allí adolescentes considerados "desechables". Según la procuradora de Justicia estatal, Patricia González, el múltiple homicidio fue parte de una guerra de "exterminio".
El 29 de agosto, en el malecón de Navolato, Sinaloa, otro comando de características similares e idénticas armas, había asesinado a 10 jóvenes, entre ellos dos mujeres y tres menores. Los sicarios llegaron al tradicional punto de reunión para adolescentes los fines de semana, y sin decir palabra dispararon sus AK-47 contra el grupo. En el lugar quedaron 95 casquillos. Dos de las víctimas tenían antecedentes por robo de autos. Una semana antes, la presidenta del Frente Cívico Sinaloense, Mercedes Murillo, había denunciado que en lo que iba de 2009 habían sido localizados 35 jóvenes asesinados por "escuadrones de la muerte". Para justificar sus crímenes los asesinos dejaron "mensajes" adheridos a las ropas de sus víctimas, calificadas de "ratas".
Ambas matanzas reúnen elementos comunes. Se estaría ante el exterminio de "jóvenes desechables" por vengadores anónimos, lo que en Brasil y Colombia se conoce como "limpieza social". Con un antecedente adicional: en mayo, un periódico capitalino entrevistó al jefe de un comando parapolicial autodenominado El Grupo, financiado por empresarios, comerciantes y profesionales. El comando de ajusticiamiento privado actúa desde hace 12 años, y habría surgido del "hartazgo ciudadano" ante la incapacidad del Estado para combatir a la delincuencia. ¿Su misión?, negociar con secuestradores la liberación de sus víctimas, pero también perseguir, capturar, interrogar, torturar y decidir quién muere. El Grupo recluta civiles, uniformados en activo y ex policías. "Hacemos justicia donde el Estado no la aplica." Una justicia anónima, vengativa, extralegal. Según la fuente, a algunos "monstruos" los alcanza "Dios". El método puede ser un tiro en la cabeza y "hacer aparecer como que la víctima cayó en un enfrentamiento en la calle" (sic). ¿Falsos positivos en México, como en Colombia?
El Grupo opera de modo clandestino, pero buena parte de sus acciones de inteligencia, rastreo de redes telefónicas, seguimiento con tomas fotográficas y operativos de captura son realizados de manera conjunta con autoridades policiales federales, estatales y municipales; mandos que saben de sus estrategias y los métodos que aplican, entre ellos, la tortura. A él se sumarían Los Linces, Los Matazetas y otros inventos. Marcela Gómez Zalce consignó que Felipe Calderón recomendó en privado a empresarios de Ciudad Juárez y Monterrey la contratación de servicios de seguridad formados por ex militares, de preferencia extranjeros, por lo que su juicio demostraría la fallida estrategia gubernamental anticrimen, y la legalización de facto del paramilitarismo. El ex diputado Alfonso Suárez del Real acusó al gobierno federal de fomentar la creación de grupos paramilitares, con lo que se estaría renunciando a una de las prerrogativas esenciales del Estado: el monopolio legítimo de la violencia.
Sin embargo, se podría estar ante un nuevo fenómeno: la "colombianización" de México, por la vía de la paramilitarización del país bajo protección oficial. El paramilitarismo no es, como se pretende, un actor independiente, a la manera de una "tercera fuerza" que actúa con autonomía propia. Es, como en la matanza de Acteal, Chiapas (1997), una estrategia del Estado ligada al Ejército y basada en la doctrina de contrainsurgencia clásica de la Escuela Francesa, asimilada y perfeccionada por el Pentágono y la Agencia Central de Inteligencia (CIA). En el caso mexicano existe una relación estructural, histórica, entre quienes practicaron la guerra sucia y los cárteles de la economía criminal. Los viejos guerreros sucios que asesinaron y desaparecieron civiles y guerrilleros en los años 60 y 70 –donde hay entre ellos muchos mandos castrenses y policiales– nutrieron la nueva generación de narcotraficantes, secuestradores y asaltantes, y hoy podrían ser refuncionalizados por el gobierno con fines de control social.
A la irresponsable pretensión de inducir a la población mexicana a un alineamiento orgánico, legitimador, con el Estado, la guerra reguladora sin fin que, en clave de cruzada, dice librar Felipe Calderón contra los cárteles de la economía criminal, se suma la intención encubierta de fomentar y/o permitir el accionar de grupos civiles de autodefensa armada, una salida que en países como Colombia derivó en la paramilitarización estatal. Al respecto, los casos más sonados en estos últimos meses de vértigo en México, son los de la comunidad mormona de Lebarón, en el municipio de Galeana, Chihuahua, y sendas matanzas de jóvenes "desechables" perpetradas por escuadrones de la muerte en Ciudad Juárez, Chihuahua, y Navolato, Sinaloa.
En julio, tras el secuestro y ejecución de dos líderes de Lebarón por un grupo de sicarios, el gobernador José Reyes Baeza anunció la creación de una "policía comunitaria" provista con armas largas y cortas de alto poder y equipos de radiocomunicación. Luego dio marcha atrás, pero la absurda decisión de armar a la población civil para hacer justicia por propia mano llamó la atención, porque Chihuahua es la entidad más militarizada del país y está virtualmente en estado de sitio. En ese contexto, el 1º de septiembre un comando de cuatro hombres irrumpió en el centro de rehabilitación Aliviane, especializado en adictos a las drogas en Ciudad Juárez, formó con violencia a 22 jóvenes contra una pared interior y los ultimó con ráfagas de AK-47. Cinco jóvenes están desaparecidos. Un día antes, el secretario de Seguridad Pública de Chihuahua, Víctor Valencia, había declarado que los centros de rehabilitación se han convertido en un "semillero" de criminales, porque los cárteles reclutan allí adolescentes considerados "desechables". Según la procuradora de Justicia estatal, Patricia González, el múltiple homicidio fue parte de una guerra de "exterminio".
El 29 de agosto, en el malecón de Navolato, Sinaloa, otro comando de características similares e idénticas armas, había asesinado a 10 jóvenes, entre ellos dos mujeres y tres menores. Los sicarios llegaron al tradicional punto de reunión para adolescentes los fines de semana, y sin decir palabra dispararon sus AK-47 contra el grupo. En el lugar quedaron 95 casquillos. Dos de las víctimas tenían antecedentes por robo de autos. Una semana antes, la presidenta del Frente Cívico Sinaloense, Mercedes Murillo, había denunciado que en lo que iba de 2009 habían sido localizados 35 jóvenes asesinados por "escuadrones de la muerte". Para justificar sus crímenes los asesinos dejaron "mensajes" adheridos a las ropas de sus víctimas, calificadas de "ratas".
Ambas matanzas reúnen elementos comunes. Se estaría ante el exterminio de "jóvenes desechables" por vengadores anónimos, lo que en Brasil y Colombia se conoce como "limpieza social". Con un antecedente adicional: en mayo, un periódico capitalino entrevistó al jefe de un comando parapolicial autodenominado El Grupo, financiado por empresarios, comerciantes y profesionales. El comando de ajusticiamiento privado actúa desde hace 12 años, y habría surgido del "hartazgo ciudadano" ante la incapacidad del Estado para combatir a la delincuencia. ¿Su misión?, negociar con secuestradores la liberación de sus víctimas, pero también perseguir, capturar, interrogar, torturar y decidir quién muere. El Grupo recluta civiles, uniformados en activo y ex policías. "Hacemos justicia donde el Estado no la aplica." Una justicia anónima, vengativa, extralegal. Según la fuente, a algunos "monstruos" los alcanza "Dios". El método puede ser un tiro en la cabeza y "hacer aparecer como que la víctima cayó en un enfrentamiento en la calle" (sic). ¿Falsos positivos en México, como en Colombia?
El Grupo opera de modo clandestino, pero buena parte de sus acciones de inteligencia, rastreo de redes telefónicas, seguimiento con tomas fotográficas y operativos de captura son realizados de manera conjunta con autoridades policiales federales, estatales y municipales; mandos que saben de sus estrategias y los métodos que aplican, entre ellos, la tortura. A él se sumarían Los Linces, Los Matazetas y otros inventos. Marcela Gómez Zalce consignó que Felipe Calderón recomendó en privado a empresarios de Ciudad Juárez y Monterrey la contratación de servicios de seguridad formados por ex militares, de preferencia extranjeros, por lo que su juicio demostraría la fallida estrategia gubernamental anticrimen, y la legalización de facto del paramilitarismo. El ex diputado Alfonso Suárez del Real acusó al gobierno federal de fomentar la creación de grupos paramilitares, con lo que se estaría renunciando a una de las prerrogativas esenciales del Estado: el monopolio legítimo de la violencia.
Sin embargo, se podría estar ante un nuevo fenómeno: la "colombianización" de México, por la vía de la paramilitarización del país bajo protección oficial. El paramilitarismo no es, como se pretende, un actor independiente, a la manera de una "tercera fuerza" que actúa con autonomía propia. Es, como en la matanza de Acteal, Chiapas (1997), una estrategia del Estado ligada al Ejército y basada en la doctrina de contrainsurgencia clásica de la Escuela Francesa, asimilada y perfeccionada por el Pentágono y la Agencia Central de Inteligencia (CIA). En el caso mexicano existe una relación estructural, histórica, entre quienes practicaron la guerra sucia y los cárteles de la economía criminal. Los viejos guerreros sucios que asesinaron y desaparecieron civiles y guerrilleros en los años 60 y 70 –donde hay entre ellos muchos mandos castrenses y policiales– nutrieron la nueva generación de narcotraficantes, secuestradores y asaltantes, y hoy podrían ser refuncionalizados por el gobierno con fines de control social.
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