Jesús González Schmal
En el gobierno de la República se ha ejercido el poder como medio de despojo al pueblo a través de las privatizaciones (de Miguel de la Madrid a Carlos Salinas). Con los panistas y su antecesor Zedillo, se han apropiado del gobierno como “botín” de los privilegiados con altos cargos que se despachan con la cuchara grande autodesignándose escandalosos sueldos y prestaciones, además de las inevitables mordidas y comisiones por las concesiones a particulares, en toda clase de servicios públicos.
El Movimiento Democrático Nacional en defensa de la soberanía, el petróleo y la economía popular planteó por primera vez como, de carácter inaplazable y de justicia elemental, frente al empobrecimiento del pueblo, que era imposible seguir tolerando la afrenta a la nación que significan las elevadas percepciones de altos funcionarios de los tres poderes, encabezados vergonzosamente por los Ministros de la Suprema Corte de Justicia.
El senador Pablo Gómez preparó y promovió la iniciativa para conseguir por, de pronto, que ningún servidor público pueda tener una percepción mayor a la que tiene el presidente de la república que redondea los 150 mil pesos por lo que, a plazo inmediato, se calcula que serán, cerca de catorce mil altos burócratas, incluyendo senadores y diputados, que tendrán que reducir sus ingresos, (sin excluir prestaciones) al límite de la percepción presidencial que alcanza cien salarios mínimos en el mismo periodo mensual.
En seguida deben suprimirse todos los puestos de directores generales y subsecretarios que se han creado durante los nueve años de gobiernos panistas y la infinidad de funciones y secretarias duplicadas, así como las que resultan innecesarias como la Secretaría de la Función Pública De igual manera deben desaparecer las treinta y un delegaciones que cada secretaria de Estado tiene en igual número de estados de la República. Todo ello debe representar un ahorro que se hace indispensable en estos momentos en los que el gobierno calderonista quiere recortar los recursos al campo, a las universidades, al Seguro Social, a las pensiones de jubilados y a los servicios más elementales que requiere la población.
En el gobierno de la República se ha ejercido el poder como medio de despojo al pueblo a través de las privatizaciones (de Miguel de la Madrid a Carlos Salinas). Con los panistas y su antecesor Zedillo, se han apropiado del gobierno como “botín” de los privilegiados con altos cargos que se despachan con la cuchara grande autodesignándose escandalosos sueldos y prestaciones, además de las inevitables mordidas y comisiones por las concesiones a particulares, en toda clase de servicios públicos.
El Movimiento Democrático Nacional en defensa de la soberanía, el petróleo y la economía popular planteó por primera vez como, de carácter inaplazable y de justicia elemental, frente al empobrecimiento del pueblo, que era imposible seguir tolerando la afrenta a la nación que significan las elevadas percepciones de altos funcionarios de los tres poderes, encabezados vergonzosamente por los Ministros de la Suprema Corte de Justicia.
El senador Pablo Gómez preparó y promovió la iniciativa para conseguir por, de pronto, que ningún servidor público pueda tener una percepción mayor a la que tiene el presidente de la república que redondea los 150 mil pesos por lo que, a plazo inmediato, se calcula que serán, cerca de catorce mil altos burócratas, incluyendo senadores y diputados, que tendrán que reducir sus ingresos, (sin excluir prestaciones) al límite de la percepción presidencial que alcanza cien salarios mínimos en el mismo periodo mensual.
En seguida deben suprimirse todos los puestos de directores generales y subsecretarios que se han creado durante los nueve años de gobiernos panistas y la infinidad de funciones y secretarias duplicadas, así como las que resultan innecesarias como la Secretaría de la Función Pública De igual manera deben desaparecer las treinta y un delegaciones que cada secretaria de Estado tiene en igual número de estados de la República. Todo ello debe representar un ahorro que se hace indispensable en estos momentos en los que el gobierno calderonista quiere recortar los recursos al campo, a las universidades, al Seguro Social, a las pensiones de jubilados y a los servicios más elementales que requiere la población.
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