Bertha Elena Luján
“Los pobres a pagar, y los ricos a ganar” sería la conclusión que sacamos de la propuesta que hacen los grandes empresarios a través del CEESP (Centro de Estudios Económicos del Consejo Coordinador Empresarial), de “universalizar” el IVA, esto es, cargar un 15 por ciento de impuesto a medicinas, alimentos, y junto con esto, dejar intocados los privilegios fiscales que gozan los grandes empresarios dueños de la Coca-Cola, Bimbo, Maseca, bancos y casas de bolsa.
Esta es la gran fórmula que proponen para enfrentar la grave crisis que vive el país, que reduce los recursos públicos y que golpea duramente a los hogares encabezados por la gente que vive de su trabajo, esto es, la gran mayoría. Hoy sabemos, que solo tres personas de cada diez tienen un empleo estable, y que más de la mitad de ellos reciben cien pesos diarios de salario, con lo que no alcanzan a pagar ni los alimentos que deben consumir. Haciendo a un lado esta realidad de 90 millones de mexicanos, los empresarios pretenden que paguen más impuestos los que más sufren la crisis, los que hoy, más que nunca, necesitarían políticas públicas y programas que atendieran su bienestar y la desesperada situación de los que se han quedado sin empleo y sin medio de vida.
Con una propuesta distinta, el próximo 21 de septiembre, Andrés Manuel López Obrador, Presidente Legítimo de México, presentará a la Cámara de Diputados una propuesta de Presupuesto 2010 que plantea enfrentar la situación de otra manera, haciendo pagar más a los que más ganan en lugar de pasar la factura a los pobres de siempre, y reducir el oneroso gasto público que el gobierno calderonista mantiene, reduciendo privilegios de los altos funcionarios entre otros, la pensión de que gozan los expresidentes y los sueldos indecentes de los magistrados del poder judicial y los órganos electorales, entre otros.
Se trata de reducir en l00 mil millones de pesos estos gastos innecesarios y canalizarlos a la inversión para la producción de empleos y fortalecer los programas de apoyo social a los que hoy tanto lo necesitan, entre ellos, los desempleados y los adultos mayores y una mayor partida en educación y salud. Esto es enfrentar la crisis poniendo a la gente por delante llevando adelante la premisa de que “Por el bien de todos, primero los pobres”.
“Los pobres a pagar, y los ricos a ganar” sería la conclusión que sacamos de la propuesta que hacen los grandes empresarios a través del CEESP (Centro de Estudios Económicos del Consejo Coordinador Empresarial), de “universalizar” el IVA, esto es, cargar un 15 por ciento de impuesto a medicinas, alimentos, y junto con esto, dejar intocados los privilegios fiscales que gozan los grandes empresarios dueños de la Coca-Cola, Bimbo, Maseca, bancos y casas de bolsa.
Esta es la gran fórmula que proponen para enfrentar la grave crisis que vive el país, que reduce los recursos públicos y que golpea duramente a los hogares encabezados por la gente que vive de su trabajo, esto es, la gran mayoría. Hoy sabemos, que solo tres personas de cada diez tienen un empleo estable, y que más de la mitad de ellos reciben cien pesos diarios de salario, con lo que no alcanzan a pagar ni los alimentos que deben consumir. Haciendo a un lado esta realidad de 90 millones de mexicanos, los empresarios pretenden que paguen más impuestos los que más sufren la crisis, los que hoy, más que nunca, necesitarían políticas públicas y programas que atendieran su bienestar y la desesperada situación de los que se han quedado sin empleo y sin medio de vida.
Con una propuesta distinta, el próximo 21 de septiembre, Andrés Manuel López Obrador, Presidente Legítimo de México, presentará a la Cámara de Diputados una propuesta de Presupuesto 2010 que plantea enfrentar la situación de otra manera, haciendo pagar más a los que más ganan en lugar de pasar la factura a los pobres de siempre, y reducir el oneroso gasto público que el gobierno calderonista mantiene, reduciendo privilegios de los altos funcionarios entre otros, la pensión de que gozan los expresidentes y los sueldos indecentes de los magistrados del poder judicial y los órganos electorales, entre otros.
Se trata de reducir en l00 mil millones de pesos estos gastos innecesarios y canalizarlos a la inversión para la producción de empleos y fortalecer los programas de apoyo social a los que hoy tanto lo necesitan, entre ellos, los desempleados y los adultos mayores y una mayor partida en educación y salud. Esto es enfrentar la crisis poniendo a la gente por delante llevando adelante la premisa de que “Por el bien de todos, primero los pobres”.
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