Miguel Ángel Granados Chapa
Al conocer el grado de atención que generó el mensaje presidencial con motivo del informe se podrá valorar si esa ceremonia cumple una función o si es debido suprimirla por falta de interés
Se multiplicaron los hechos políticos en torno al 1o. de septiembre, que ya no es más -no lo era hace tiempo- "el día del Presidente", en que todo el espacio público se limitaba a cantar loas a la sabiduría presidencial. Ahora hay otros protagonistas de esa fecha y sus inmediaciones, especialmente el Congreso, si bien la calle lanzó también un grito que no sabemos -no lo sé yo, al menos- qué significado y alcance tiene.
El Presidente ni siquiera acudió a la Cámara de Diputados a presentar personalmente el informe. En mi opinión, es válido que lo haga por medio del secretario de Gobernación. Es sugerente la interpretación gramatical sobre el verbo presentar, contenido en el artículo 69 constitucional, en relación con la entrega al Congreso de un informe por escrito, que implicaría presencia. Al no haberla, se habría infringido el texto de la Constitución. Creo que no es así. Basta leer el artículo 72, referido al proceso legislativo en general, en que se habla del tratamiento que ha de darse a las "iniciativas presentadas" por el Ejecutivo. Nunca ha ocurrido que el Presidente tenga que acudir al Congreso a presentar un proyecto de ley. Las iniciativas correspondientes son tramitadas por Gobernación, que ha creado una subsecretaría ocupada materialmente de esa relación entre poderes, la de Enlace Legislativo.
De cualquier manera, no fue agua de borrajas la intervención en torno de ese punto de los diputados Jaime Cárdenas Gracia y Gerardo Fernández Noroña, miembros de la peculiar bancada del Partido del Trabajo (en la que casi no hay miembros de ese partido). El primero es un potente experto en derecho constitucional y otras ramas del derecho público, mientras que el segundo es un impulsivo activista al que difícilmente inhibirá su papel como secretario de la Mesa Directiva. Formarán un tándem que contará entre los factores que conduzcan a la observancia estricta de las reglas parlamentarias, condición indispensable para que el Congreso rescate su deteriorada imagen y contribuya a encarar las crisis acumuladas que pesan sobre la sociedad.
Al lance de Fernández Noroña y Cárdenas Gracia, aquel encarando al secretario Gómez Mont como si fuera un simple recadero, se sumaría después el discurso que, en el turno de la toma de posición de cada grupo parlamentario, pronunció por esa misma fracción Porfirio Muñoz Ledo. Orador a la vieja usanza, aunque haya sido en su tiempo un modernizador del estilo discursivo, Muñoz Ledo habló con franqueza de un propósito que antes expuso y del que se había sentido obligado a abdicar: quiere que el Presidente dimita como condición para navegar entre los graves escollos a que nos arroja una tormenta que no amaina.
El orador panista en ese turno, Manuel Clouthier Carrillo es uno de los varios periodistas -y empresarios periodísticos- que reclutó el partido en el gobierno. Le costará trabajo ir a la tribuna a defender medidas contra las que se hubiera manifestado, de permanecer en su posición en la sociedad civil. Su padre no fue fundador del PAN pero sí encabezó una suerte de refundación del partido, cuando los empresarios sorprendidos e irritados por la expropiación bancaria perdieron su fe en el PRI y resolvieron hacer del panismo su doctrina o por lo menos el escudo para defender sus intereses y su idea de nación.
En general, los discursos parlamentarios correspondieron a las previsiones respecto del papel que cada grupo parlamentario, cada partido, mantendrá al menos en este arranque de la legislatura. El PRI, en voz de una joven diputada veracruzana, Luz Carolina Gudiño, refrendó su rechazo a gravar con el Impuesto al Valor Agregado medicamentos y comida. Si a esa negativa no sigue (aunque en eso estaba ayer la fracción de mayor tamaño, reunida para discutir su propuesta económica) una actitud programática susceptible de negociación con el gobierno, la política enunciada ayer por el Presidente se quedará en el ámbito de las buenas intenciones.
Calderón las expuso en la ceremonia efectuada ayer en la mañana, que no es el Tercer Informe de Gobierno, puesto que ese trámite constitucional se había cumplido la víspera. Se bautizó a los dichos presidenciales como "mensaje con motivo" del informe. Consistió en resumir y enunciar de modo distinto planteamientos que en el documento constitucional se han expuesto también. Si no fuera así, si el Presidente dice en su Tercer Informe al Congreso algo distinto de lo expuesto ayer, el carácter meramente ceremonial de la reunión en Palacio Nacional se acentuará hasta hacerle perder sentido. Cuando se conozca el grado de atención que esa ceremonia generó en el público se verá si cumple su función de eliminar el obstáculo legislativo en la comunicación directa del gobierno y gobernados o si se debe prescindir de ella antes de que envejecida prematuramente haya que suprimirla porque no interesa ni importa a nadie. (El uso de pantallas en el patio central de la sede del Ejecutivo genera probablemente un doble efecto. Quizá hace más próximo al orador pero también permite contrastar el gran tamaño de la proyección con la talla real de quien emite su mensaje).
Sin relación entre sí dos hechos violentos marcaron la jornada del 1o. de septiembre: se hizo estallar un mecanismo explosivo en una sucursal bancaria del Distrito Federal. Hasta ahora, el hecho nos habla sólo de la frágil seguridad capitalina. En cambio, el que intencionalmente sea quemado un microbús remite a la desazón social creciente e inocultable.
Cajón de Sastre
Agradezco mucho a Roberto Omar Paredes Gorostieta Semat la estocada que asestó a mi sospechosismo. El lunes me referí a la casualidad de que un mismo juzgado de distrito y un mismo tribunal colegiado hubieran conocido dos demandas de amparo promovidas por José Antonio Zorrilla en distintas fechas y relativas a actos de autoridad diferentes. Este atento lector (atento por su acuciosidad y por su amabilidad) me hace notar que un acuerdo general del Consejo de la Judicatura Federal dispone que no todos los asuntos que conocen los juzgadores de ese fuero son turnados aleatoriamente. Si todos se distribuyeran por azar, se explicaría mi suspicacia. Pero el consejo dispuso en el artículo nueve de su acuerdo general 13/2007 una excepción basada en el conocimiento previo del expediente a que se refieran los juicios de amparo. Aunque la interpretación es discutible, tiene una base legal atendible.
Al conocer el grado de atención que generó el mensaje presidencial con motivo del informe se podrá valorar si esa ceremonia cumple una función o si es debido suprimirla por falta de interés
Se multiplicaron los hechos políticos en torno al 1o. de septiembre, que ya no es más -no lo era hace tiempo- "el día del Presidente", en que todo el espacio público se limitaba a cantar loas a la sabiduría presidencial. Ahora hay otros protagonistas de esa fecha y sus inmediaciones, especialmente el Congreso, si bien la calle lanzó también un grito que no sabemos -no lo sé yo, al menos- qué significado y alcance tiene.
El Presidente ni siquiera acudió a la Cámara de Diputados a presentar personalmente el informe. En mi opinión, es válido que lo haga por medio del secretario de Gobernación. Es sugerente la interpretación gramatical sobre el verbo presentar, contenido en el artículo 69 constitucional, en relación con la entrega al Congreso de un informe por escrito, que implicaría presencia. Al no haberla, se habría infringido el texto de la Constitución. Creo que no es así. Basta leer el artículo 72, referido al proceso legislativo en general, en que se habla del tratamiento que ha de darse a las "iniciativas presentadas" por el Ejecutivo. Nunca ha ocurrido que el Presidente tenga que acudir al Congreso a presentar un proyecto de ley. Las iniciativas correspondientes son tramitadas por Gobernación, que ha creado una subsecretaría ocupada materialmente de esa relación entre poderes, la de Enlace Legislativo.
De cualquier manera, no fue agua de borrajas la intervención en torno de ese punto de los diputados Jaime Cárdenas Gracia y Gerardo Fernández Noroña, miembros de la peculiar bancada del Partido del Trabajo (en la que casi no hay miembros de ese partido). El primero es un potente experto en derecho constitucional y otras ramas del derecho público, mientras que el segundo es un impulsivo activista al que difícilmente inhibirá su papel como secretario de la Mesa Directiva. Formarán un tándem que contará entre los factores que conduzcan a la observancia estricta de las reglas parlamentarias, condición indispensable para que el Congreso rescate su deteriorada imagen y contribuya a encarar las crisis acumuladas que pesan sobre la sociedad.
Al lance de Fernández Noroña y Cárdenas Gracia, aquel encarando al secretario Gómez Mont como si fuera un simple recadero, se sumaría después el discurso que, en el turno de la toma de posición de cada grupo parlamentario, pronunció por esa misma fracción Porfirio Muñoz Ledo. Orador a la vieja usanza, aunque haya sido en su tiempo un modernizador del estilo discursivo, Muñoz Ledo habló con franqueza de un propósito que antes expuso y del que se había sentido obligado a abdicar: quiere que el Presidente dimita como condición para navegar entre los graves escollos a que nos arroja una tormenta que no amaina.
El orador panista en ese turno, Manuel Clouthier Carrillo es uno de los varios periodistas -y empresarios periodísticos- que reclutó el partido en el gobierno. Le costará trabajo ir a la tribuna a defender medidas contra las que se hubiera manifestado, de permanecer en su posición en la sociedad civil. Su padre no fue fundador del PAN pero sí encabezó una suerte de refundación del partido, cuando los empresarios sorprendidos e irritados por la expropiación bancaria perdieron su fe en el PRI y resolvieron hacer del panismo su doctrina o por lo menos el escudo para defender sus intereses y su idea de nación.
En general, los discursos parlamentarios correspondieron a las previsiones respecto del papel que cada grupo parlamentario, cada partido, mantendrá al menos en este arranque de la legislatura. El PRI, en voz de una joven diputada veracruzana, Luz Carolina Gudiño, refrendó su rechazo a gravar con el Impuesto al Valor Agregado medicamentos y comida. Si a esa negativa no sigue (aunque en eso estaba ayer la fracción de mayor tamaño, reunida para discutir su propuesta económica) una actitud programática susceptible de negociación con el gobierno, la política enunciada ayer por el Presidente se quedará en el ámbito de las buenas intenciones.
Calderón las expuso en la ceremonia efectuada ayer en la mañana, que no es el Tercer Informe de Gobierno, puesto que ese trámite constitucional se había cumplido la víspera. Se bautizó a los dichos presidenciales como "mensaje con motivo" del informe. Consistió en resumir y enunciar de modo distinto planteamientos que en el documento constitucional se han expuesto también. Si no fuera así, si el Presidente dice en su Tercer Informe al Congreso algo distinto de lo expuesto ayer, el carácter meramente ceremonial de la reunión en Palacio Nacional se acentuará hasta hacerle perder sentido. Cuando se conozca el grado de atención que esa ceremonia generó en el público se verá si cumple su función de eliminar el obstáculo legislativo en la comunicación directa del gobierno y gobernados o si se debe prescindir de ella antes de que envejecida prematuramente haya que suprimirla porque no interesa ni importa a nadie. (El uso de pantallas en el patio central de la sede del Ejecutivo genera probablemente un doble efecto. Quizá hace más próximo al orador pero también permite contrastar el gran tamaño de la proyección con la talla real de quien emite su mensaje).
Sin relación entre sí dos hechos violentos marcaron la jornada del 1o. de septiembre: se hizo estallar un mecanismo explosivo en una sucursal bancaria del Distrito Federal. Hasta ahora, el hecho nos habla sólo de la frágil seguridad capitalina. En cambio, el que intencionalmente sea quemado un microbús remite a la desazón social creciente e inocultable.
Cajón de Sastre
Agradezco mucho a Roberto Omar Paredes Gorostieta Semat la estocada que asestó a mi sospechosismo. El lunes me referí a la casualidad de que un mismo juzgado de distrito y un mismo tribunal colegiado hubieran conocido dos demandas de amparo promovidas por José Antonio Zorrilla en distintas fechas y relativas a actos de autoridad diferentes. Este atento lector (atento por su acuciosidad y por su amabilidad) me hace notar que un acuerdo general del Consejo de la Judicatura Federal dispone que no todos los asuntos que conocen los juzgadores de ese fuero son turnados aleatoriamente. Si todos se distribuyeran por azar, se explicaría mi suspicacia. Pero el consejo dispuso en el artículo nueve de su acuerdo general 13/2007 una excepción basada en el conocimiento previo del expediente a que se refieran los juicios de amparo. Aunque la interpretación es discutible, tiene una base legal atendible.
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