Miguel Ángel Granados Chapa
En propia mano el vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados entregó al secretario de Gobernación una lista de 39 casas de juego clandestinas, que funcionan al margen de la ambigua ley
Hace una semana, durante la comparecencia del secretario de Gobernación en San Lázaro, el vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara, Jesús Zambrano, entregó a Fernando Gómez Mont una lista de 39 casinos, "establecimientos que operan ilegalmente en el país", para que investigue el funcionamiento de esas casas de apuestas. Es de esperarse que tal indagación se haya iniciado y hecho llegar una copia de la lista a la Secretaría de Hacienda, pues tales desplumaderos como consecuencia de su ilegalidad también evaden al fisco.
La mayor parte de esos establecimientos, 23 de los 39, operan en los estados de Coahuila (14) y Nuevo León (9). Los hay en las capitales, Saltillo y Monterrey, y también en Piedras Negras, Monclova, Ciudad Acuña y Torreón, por una parte; y en Guadalupe, Escobedo, Cadereyta de Jiménez, Allende, Montemorelos y Benito Juárez. También aparecen en ciudades de otros estados fronterizos del norte, como Hermosillo, Puerto Peñasco, San Luis Río Colorado, Matamoros, Tampico y Ciudad Juárez. Dos funcionan en los puertos veracruzanos de Coatzacoalcos y Minatitlán; uno en Cancún y otro en Colima.
No han de ser tugurios ni han de operar en la clandestinidad. Los domicilios ofrecidos al secretario de Gobernación por el diputado Zambrano indican localizaciones céntricas, en avenidas principales, en plazas y centros comerciales donde funcionan al lado de almacenes, boutiques, salas de exhibición cinematográfica, etcétera. No debe ser tarea complicada, en consecuencia, verificar las señas enlistadas y obrar en consecuencia. De no procederse de esa manera, se comprobará que si actualmente trabajan a la vista de todos es porque la corrupción lo permite.
Los casinos están prohibidos desde que el presidente Lázaro Cárdenas legisló a ese propósito y clausuró tres de los más conocidos y le dio un destino alterno: El Casino de la Selva, en Cuernavaca, se transformó en hotel; el de Agua Caliente, en Tijuana, es la sede del enorme centro escolar Revolución. Y el Foreign Club, en el límite entre Naucalpan y el Distrito Federal, fue convertido en la Escuela Militar de Transmisiones. Desde entonces, los promotores del juego no han cesado en su empeño de reinstalar esa práctica en México. Han avanzado aprovechando la hipocresía colectiva, la ambigüedad que en ese campo caracteriza a la sociedad, en cuya extraña dialéctica no está vigente el principio de que lo no prohibido está permitido. Los casinos están vedados por la ley pero se les autoriza. En las grandes ferias regionales -la de San Marcos, en Aguascalientes, de manera singular- funcionan ruletas, juegos de cartas y otras maneras de esquilmar a los participantes en ejercicios deliberadamente preparados para perjuicio de la clientela. Se trata de una suerte de Las Vegas o de Mónaco a la ranchera.
Una forma sesgada de introducir los juegos de azar, de hacer normal el funcionamiento de los casinos, ha sido autorizar casas donde se apuesta. En hipódromos y frontones era ilegal hacerlo pero se hacía. Y de allí han partido las empresas que actualmente dominan el mercado. Son tres los núcleos relevantes en ese terreno. El más antiguo es el que hoy se llama Grupo Caliente, perteneciente a Jorge Hank Rohn, que lo organizó a partir del hipódromo de Tijuana. A través de diversas empresas ese grupo maneja 77 centros de apuestas remotas y otras tantas salas de sorteos de número.
Le hace competencia Televisa, que al respecto creó la empresa Apuestas Internacionales, S. A., el 21 de febrero de 2005, apenas tres meses antes de recibir 65 permisos para apuestas electrónicas y otros tantos para sorteos de número. Adicionalmente, bajo la denominación Play City maneja 25 establecimientos donde se juega, al estilo del Chicago de los años treinta, en voraces máquinas tragamonedas. En épocas en que la crisis económica hace declinar la facturación por mensajes en pantalla, Televisa sostiene sus finanzas con servicios de propaganda integrada, como los que usa Peña Nieto, y con las ganancias de los juegos y sorteos.
Ha terciado en ese campo Impulsora de Centros de Entretenimiento de las Américas, que partir del hipódromo capitalino, en Lomas de Sotelo está haciendo crecer su propia red de apuestas remotas en el Distrito Federal, Guadalajara y León. Forma parte de Corporación Interamericana de Entretenimiento, en que participó Sinca Inbursa, una de las empresas financieras de Carlos Slim.
Apenas el año pasado el gobierno empezó a obtener provecho fiscal de los juegos de azar. Se incluyó a ese servicio entre las actividades gravadas con el IEPS, el impuesto especial a empresas de producción y servicios, con una tasa de 20 por ciento sobre sus ingresos. El paquete económico para 2010 contiene un incremento de 50 por ciento en esa tasa, es decir que de aprobarla el Congreso ascendería 30 por ciento. La visión de Hacienda sobre esa fuente fiscal incluye establecer mecanismos de acceso en línea y en tiempo real a las operaciones de los sistemas centrales de apuestas, a la caja y al control de efectivo.
Esa fiscalización es eludida por los casinos ilegales, que tampoco pagan una contraprestación por los permisos que Gobernación está facultada a expedir. El que un diputado o una fracción parlamentaria sean capaces de formar una muy extensa lista de sitios donde se vulnera la ley indica que la autoridad administrativa no está cumpliendo sus deberes. Es de esperarse que, instada en público, lo haga ahora y dé cuenta de su resultado.
Cajón de Sastre
La fracción priista en el Senado será determinante hoy en la aprobación del procurador general de la República nombrado por el presidente Calderón. El criterio con que consagrarán a Arturo Chávez Chávez causaría risa si no implicara previsibles consecuencias graves: quisieron evitar el riesgo de que, rechazado el nombramiento, Calderón designara a otro peor. No les ocurrió influir para que, al contrario, la acción presidencial recayera en un procurador con mejores títulos, sino que se resignaron a avalar un nombramiento que no hará bien a la República, como lo muestran los antecedentes de quien será confirmado hoy. ¡Y pensar que en las próximas semanas esos mismos senadores participarán de varios modos en la designación del ombudsman nacional, de dos ministros de la Corte, de dos comisionados del IFAI!
En propia mano el vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados entregó al secretario de Gobernación una lista de 39 casas de juego clandestinas, que funcionan al margen de la ambigua ley
Hace una semana, durante la comparecencia del secretario de Gobernación en San Lázaro, el vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara, Jesús Zambrano, entregó a Fernando Gómez Mont una lista de 39 casinos, "establecimientos que operan ilegalmente en el país", para que investigue el funcionamiento de esas casas de apuestas. Es de esperarse que tal indagación se haya iniciado y hecho llegar una copia de la lista a la Secretaría de Hacienda, pues tales desplumaderos como consecuencia de su ilegalidad también evaden al fisco.
La mayor parte de esos establecimientos, 23 de los 39, operan en los estados de Coahuila (14) y Nuevo León (9). Los hay en las capitales, Saltillo y Monterrey, y también en Piedras Negras, Monclova, Ciudad Acuña y Torreón, por una parte; y en Guadalupe, Escobedo, Cadereyta de Jiménez, Allende, Montemorelos y Benito Juárez. También aparecen en ciudades de otros estados fronterizos del norte, como Hermosillo, Puerto Peñasco, San Luis Río Colorado, Matamoros, Tampico y Ciudad Juárez. Dos funcionan en los puertos veracruzanos de Coatzacoalcos y Minatitlán; uno en Cancún y otro en Colima.
No han de ser tugurios ni han de operar en la clandestinidad. Los domicilios ofrecidos al secretario de Gobernación por el diputado Zambrano indican localizaciones céntricas, en avenidas principales, en plazas y centros comerciales donde funcionan al lado de almacenes, boutiques, salas de exhibición cinematográfica, etcétera. No debe ser tarea complicada, en consecuencia, verificar las señas enlistadas y obrar en consecuencia. De no procederse de esa manera, se comprobará que si actualmente trabajan a la vista de todos es porque la corrupción lo permite.
Los casinos están prohibidos desde que el presidente Lázaro Cárdenas legisló a ese propósito y clausuró tres de los más conocidos y le dio un destino alterno: El Casino de la Selva, en Cuernavaca, se transformó en hotel; el de Agua Caliente, en Tijuana, es la sede del enorme centro escolar Revolución. Y el Foreign Club, en el límite entre Naucalpan y el Distrito Federal, fue convertido en la Escuela Militar de Transmisiones. Desde entonces, los promotores del juego no han cesado en su empeño de reinstalar esa práctica en México. Han avanzado aprovechando la hipocresía colectiva, la ambigüedad que en ese campo caracteriza a la sociedad, en cuya extraña dialéctica no está vigente el principio de que lo no prohibido está permitido. Los casinos están vedados por la ley pero se les autoriza. En las grandes ferias regionales -la de San Marcos, en Aguascalientes, de manera singular- funcionan ruletas, juegos de cartas y otras maneras de esquilmar a los participantes en ejercicios deliberadamente preparados para perjuicio de la clientela. Se trata de una suerte de Las Vegas o de Mónaco a la ranchera.
Una forma sesgada de introducir los juegos de azar, de hacer normal el funcionamiento de los casinos, ha sido autorizar casas donde se apuesta. En hipódromos y frontones era ilegal hacerlo pero se hacía. Y de allí han partido las empresas que actualmente dominan el mercado. Son tres los núcleos relevantes en ese terreno. El más antiguo es el que hoy se llama Grupo Caliente, perteneciente a Jorge Hank Rohn, que lo organizó a partir del hipódromo de Tijuana. A través de diversas empresas ese grupo maneja 77 centros de apuestas remotas y otras tantas salas de sorteos de número.
Le hace competencia Televisa, que al respecto creó la empresa Apuestas Internacionales, S. A., el 21 de febrero de 2005, apenas tres meses antes de recibir 65 permisos para apuestas electrónicas y otros tantos para sorteos de número. Adicionalmente, bajo la denominación Play City maneja 25 establecimientos donde se juega, al estilo del Chicago de los años treinta, en voraces máquinas tragamonedas. En épocas en que la crisis económica hace declinar la facturación por mensajes en pantalla, Televisa sostiene sus finanzas con servicios de propaganda integrada, como los que usa Peña Nieto, y con las ganancias de los juegos y sorteos.
Ha terciado en ese campo Impulsora de Centros de Entretenimiento de las Américas, que partir del hipódromo capitalino, en Lomas de Sotelo está haciendo crecer su propia red de apuestas remotas en el Distrito Federal, Guadalajara y León. Forma parte de Corporación Interamericana de Entretenimiento, en que participó Sinca Inbursa, una de las empresas financieras de Carlos Slim.
Apenas el año pasado el gobierno empezó a obtener provecho fiscal de los juegos de azar. Se incluyó a ese servicio entre las actividades gravadas con el IEPS, el impuesto especial a empresas de producción y servicios, con una tasa de 20 por ciento sobre sus ingresos. El paquete económico para 2010 contiene un incremento de 50 por ciento en esa tasa, es decir que de aprobarla el Congreso ascendería 30 por ciento. La visión de Hacienda sobre esa fuente fiscal incluye establecer mecanismos de acceso en línea y en tiempo real a las operaciones de los sistemas centrales de apuestas, a la caja y al control de efectivo.
Esa fiscalización es eludida por los casinos ilegales, que tampoco pagan una contraprestación por los permisos que Gobernación está facultada a expedir. El que un diputado o una fracción parlamentaria sean capaces de formar una muy extensa lista de sitios donde se vulnera la ley indica que la autoridad administrativa no está cumpliendo sus deberes. Es de esperarse que, instada en público, lo haga ahora y dé cuenta de su resultado.
Cajón de Sastre
La fracción priista en el Senado será determinante hoy en la aprobación del procurador general de la República nombrado por el presidente Calderón. El criterio con que consagrarán a Arturo Chávez Chávez causaría risa si no implicara previsibles consecuencias graves: quisieron evitar el riesgo de que, rechazado el nombramiento, Calderón designara a otro peor. No les ocurrió influir para que, al contrario, la acción presidencial recayera en un procurador con mejores títulos, sino que se resignaron a avalar un nombramiento que no hará bien a la República, como lo muestran los antecedentes de quien será confirmado hoy. ¡Y pensar que en las próximas semanas esos mismos senadores participarán de varios modos en la designación del ombudsman nacional, de dos ministros de la Corte, de dos comisionados del IFAI!
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