Miguel Ángel Granados Chapa
Una investigación de la CNDH muestra que la persecución en tribunales contra una publicación y quienes la hacen fue agravada por actos arbitrarios de jueces y otras autoridades.
Entre noviembre de 2004 y agosto de 2008, la revista (por entonces mensual, actualmente semanal) Contralínea publicó el resultado de varias investigaciones realizadas por su reportera Ana Lilia Pérez Mendoza, acerca de contratos entre Pemex y diversas firmas, afectadas por varias irregularidades. Un cliente principalísimo de la empresa petrolera nacional, el Grupo Zaragoza, expuesto en esas mismas páginas por privilegios abusivos de que es beneficiario, amenazó a la revista mencionada, a su director Miguel Badillo y a la reportera Pérez Mendoza con iniciar en su contra tantas demandas civiles por daño moral como filiales de ese grupo gasero operan en la República y que llegan a 80. El amago está siendo cumplido: mediante el acoso judicial, es decir el inicio de multitud de juicios civiles (algunos con ribetes penales) que implican gastos que pueden llegar a ser descomunales, el riesgo de sanciones de mayor dimensión todavía y la dedicación de la energía profesional a la defensa propia en perjuicio de la vocación informativa.
Entre otros procesos, el Grupo Zeta de la familia Zaragoza instauró uno en la Ciudad de México, tres en Guadalajara y uno más en Mazatlán. Ante semejante acoso judicial, los periodistas de Contralínea acudieron en queja a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos el 12 de septiembre de 2008. Un año después, la oficina del ombudsman emitió la recomendación 57 / 2009, dirigida al magistrado Celso Rodríguez González, presidente del Supremo Tribunal de justicia del estado de Jalisco, y al director de Pemex, Juan José Suárez Coppel, que apenas llegado a su cargo deberá responder (como el mencionado funcionario judicial) en un plazo de 15 días hábiles por actos atribuibles a su predecesor o a su gerente de comunicación social.
Al pupilo de Francisco Gil Díaz se le recomienda que la empresa bajo su dirección establezca `procedimientos y criterios objetivos, claros, transparentes y no discriminatorios en el otorgamiento y distribución de publicidad oficial a favor de los distintos medios de comunicación, tanto electrónicos como impresos`. La causa de esta recomendación es que la empresa petrolera nacional aplica la arbitraria cláusula de `no pagar para que me peguen`, que confunde la venta de publicidad con la de criterio informativo y editorial, que son bienes de naturaleza diversa y deben estar regidos por normas de distinta índole. Del tema, que concierne a uno de los mecanismos del sistema autoritario priista que se mantiene en las administraciones panistas, nos ocuparemos en otra oportunidad Ahora queremos prestar atención a una agravante del acoso judicial que, conforme a pautas por desgracia demasiado presentes en el funcionamiento de los poderes judiciales, tuerce la ley para agregar abuso a la fatiga que se quiere provocar en los profesionales quejosos ante la CNDH.
Al presidente del tribunal jalisciense se le recomienda dar vista al Consejo de la Judicatura local y se investigue `la tramitación del expediente 905 / 2007, radicado ante el juzgado decimotercero de lo civil de Guadalajara, Jalisco, y en su caso se emitan las medidas disciplinarias correspondientes`. También se le pide dar vista al propio Consejo para `que implemente las medidas pertinentes para evitar que en el ejercicio de un derecho pueda generarse un medio indirecto, como podría ser el acoso judicial, para atentar contra la libertad de expresión...’.
El aludido juez decimotercero contestó al pedido de información de la CNDH, en el curso de su investigación `que no reconoce facultad a este organismo nacional para emitir recomendación por actos jurisdiccionales`. El juzgador se curaba el dedo antes de cortárselo. En efecto, la CNDH no puede entrar en el terreno puramente jurisdiccional; no es un tribunal de apelación o de garantías. Pero lo que la Comisión buscaba al solicitar informes al reticente juez era conocer la causa de su comportamiento en el proceso 905 / 2007, uno de los dos del mismo género ventilados en su oficina y que en un plazo inusualmente breve ( entre el 30 de agosto de 2007 y el 22 de mayo del año siguiente) terminó en condena a la revista Contralínea, su director y su reportera, así como de un oscuro personaje, desconocido para los periodistas perdidosos, que se ostentó como distribuidor de la publicación en Jalisco, y que en realidad fue inventado para justificar la radicación de ese proceso en la capital jalisciense.
Este presunto demandado, cuya identidad no fue certificada por el notificador del juzgado, fue el único en responder la demanda de la empresa Multigas, S. A., mientras que los restantes quedaron en rebeldía.
El director Badillo y la reportera Ana Lilia Pérez fueron apercibidos mediante una orden de arresto cumplida por autoridades de la Ciudad de México en el caso del primero. Igualmente se les condenó, pese a que no lo pidió la empresa demandante, `a retirar y bajar de las páginas de Internet... los reportajes y textos que dieron origen a la presente litis...’.
El propio juez decimotercero de Guadalajara, tan servicial con sus demandantes, en un expediente diverso, de medios preparatorios a juicio, iniciado por otra empresa del Grupo Zaragoza, Thermogas S. A. de C. V, ordenó revisar la contabilidad de la empresa que publica Contralínea, operación para lo cual contó igualmente con el también servicial apoyo de autoridades del Distrito Federal. Tal orden del juez civil tapatío fue de tal modo arbitraria, que un juicio de amparo ordenó `dejar insubsistente todo lo actuado`.
CAJÓN DE SASTRE
El retorno del presidente Manuel Zelaya a Honduras, de donde fue expulsado tras su deposición el 28 de junio, abre un horizonte de gran riesgo para la población civil en ese país, principalmente para los seguidores del mandatario hecho caer por el Ejército con una cobertura de civilidad que de inmediato mostró el cobre. El toque de queda inicial, que se extendió durante más de un día y afectó sobre todo a quienes esperaban en su refugio -la embajada brasileña- al Presidente al que apoya la comunidad internacional, y quienes viajaban desde la provincia con el mismo propósito, contuvo las expresiones de júbilo o combativas de los zelayistas. Pero esa contención fue lograda a partir de la violencia institucional que de un momento a otro puede exacerbarse y perjudicar a ciudadanos inermes, partidarios o no del restablecimiento del orden constitucional.
Una investigación de la CNDH muestra que la persecución en tribunales contra una publicación y quienes la hacen fue agravada por actos arbitrarios de jueces y otras autoridades.
Entre noviembre de 2004 y agosto de 2008, la revista (por entonces mensual, actualmente semanal) Contralínea publicó el resultado de varias investigaciones realizadas por su reportera Ana Lilia Pérez Mendoza, acerca de contratos entre Pemex y diversas firmas, afectadas por varias irregularidades. Un cliente principalísimo de la empresa petrolera nacional, el Grupo Zaragoza, expuesto en esas mismas páginas por privilegios abusivos de que es beneficiario, amenazó a la revista mencionada, a su director Miguel Badillo y a la reportera Pérez Mendoza con iniciar en su contra tantas demandas civiles por daño moral como filiales de ese grupo gasero operan en la República y que llegan a 80. El amago está siendo cumplido: mediante el acoso judicial, es decir el inicio de multitud de juicios civiles (algunos con ribetes penales) que implican gastos que pueden llegar a ser descomunales, el riesgo de sanciones de mayor dimensión todavía y la dedicación de la energía profesional a la defensa propia en perjuicio de la vocación informativa.
Entre otros procesos, el Grupo Zeta de la familia Zaragoza instauró uno en la Ciudad de México, tres en Guadalajara y uno más en Mazatlán. Ante semejante acoso judicial, los periodistas de Contralínea acudieron en queja a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos el 12 de septiembre de 2008. Un año después, la oficina del ombudsman emitió la recomendación 57 / 2009, dirigida al magistrado Celso Rodríguez González, presidente del Supremo Tribunal de justicia del estado de Jalisco, y al director de Pemex, Juan José Suárez Coppel, que apenas llegado a su cargo deberá responder (como el mencionado funcionario judicial) en un plazo de 15 días hábiles por actos atribuibles a su predecesor o a su gerente de comunicación social.
Al pupilo de Francisco Gil Díaz se le recomienda que la empresa bajo su dirección establezca `procedimientos y criterios objetivos, claros, transparentes y no discriminatorios en el otorgamiento y distribución de publicidad oficial a favor de los distintos medios de comunicación, tanto electrónicos como impresos`. La causa de esta recomendación es que la empresa petrolera nacional aplica la arbitraria cláusula de `no pagar para que me peguen`, que confunde la venta de publicidad con la de criterio informativo y editorial, que son bienes de naturaleza diversa y deben estar regidos por normas de distinta índole. Del tema, que concierne a uno de los mecanismos del sistema autoritario priista que se mantiene en las administraciones panistas, nos ocuparemos en otra oportunidad Ahora queremos prestar atención a una agravante del acoso judicial que, conforme a pautas por desgracia demasiado presentes en el funcionamiento de los poderes judiciales, tuerce la ley para agregar abuso a la fatiga que se quiere provocar en los profesionales quejosos ante la CNDH.
Al presidente del tribunal jalisciense se le recomienda dar vista al Consejo de la Judicatura local y se investigue `la tramitación del expediente 905 / 2007, radicado ante el juzgado decimotercero de lo civil de Guadalajara, Jalisco, y en su caso se emitan las medidas disciplinarias correspondientes`. También se le pide dar vista al propio Consejo para `que implemente las medidas pertinentes para evitar que en el ejercicio de un derecho pueda generarse un medio indirecto, como podría ser el acoso judicial, para atentar contra la libertad de expresión...’.
El aludido juez decimotercero contestó al pedido de información de la CNDH, en el curso de su investigación `que no reconoce facultad a este organismo nacional para emitir recomendación por actos jurisdiccionales`. El juzgador se curaba el dedo antes de cortárselo. En efecto, la CNDH no puede entrar en el terreno puramente jurisdiccional; no es un tribunal de apelación o de garantías. Pero lo que la Comisión buscaba al solicitar informes al reticente juez era conocer la causa de su comportamiento en el proceso 905 / 2007, uno de los dos del mismo género ventilados en su oficina y que en un plazo inusualmente breve ( entre el 30 de agosto de 2007 y el 22 de mayo del año siguiente) terminó en condena a la revista Contralínea, su director y su reportera, así como de un oscuro personaje, desconocido para los periodistas perdidosos, que se ostentó como distribuidor de la publicación en Jalisco, y que en realidad fue inventado para justificar la radicación de ese proceso en la capital jalisciense.
Este presunto demandado, cuya identidad no fue certificada por el notificador del juzgado, fue el único en responder la demanda de la empresa Multigas, S. A., mientras que los restantes quedaron en rebeldía.
El director Badillo y la reportera Ana Lilia Pérez fueron apercibidos mediante una orden de arresto cumplida por autoridades de la Ciudad de México en el caso del primero. Igualmente se les condenó, pese a que no lo pidió la empresa demandante, `a retirar y bajar de las páginas de Internet... los reportajes y textos que dieron origen a la presente litis...’.
El propio juez decimotercero de Guadalajara, tan servicial con sus demandantes, en un expediente diverso, de medios preparatorios a juicio, iniciado por otra empresa del Grupo Zaragoza, Thermogas S. A. de C. V, ordenó revisar la contabilidad de la empresa que publica Contralínea, operación para lo cual contó igualmente con el también servicial apoyo de autoridades del Distrito Federal. Tal orden del juez civil tapatío fue de tal modo arbitraria, que un juicio de amparo ordenó `dejar insubsistente todo lo actuado`.
CAJÓN DE SASTRE
El retorno del presidente Manuel Zelaya a Honduras, de donde fue expulsado tras su deposición el 28 de junio, abre un horizonte de gran riesgo para la población civil en ese país, principalmente para los seguidores del mandatario hecho caer por el Ejército con una cobertura de civilidad que de inmediato mostró el cobre. El toque de queda inicial, que se extendió durante más de un día y afectó sobre todo a quienes esperaban en su refugio -la embajada brasileña- al Presidente al que apoya la comunidad internacional, y quienes viajaban desde la provincia con el mismo propósito, contuvo las expresiones de júbilo o combativas de los zelayistas. Pero esa contención fue lograda a partir de la violencia institucional que de un momento a otro puede exacerbarse y perjudicar a ciudadanos inermes, partidarios o no del restablecimiento del orden constitucional.
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