Miguel Ángel Granados Chapa
Si a esta hora no ha ocurrido, en cualquier momento puede quedar libre de nuevo José Antonio Zorrilla, autor intelectual, según sentencia firme, del asesinato del periodista Manuel Buendía. El viernes pasado un tribunal le otorgó amparo para ciertos efectos y, dados los antecedentes, es posible que el gobierno de la Ciudad de México se escude en esa resolución judicial, que no ordena la libertad del ex jefe de la policía política mexicana, para dejar que una vez más abandone la prisión en que debería permanecer 10 años más.
Zorrilla fue dejado en libertad anticipada en febrero pasado, cuando estaba a punto de cumplir 20 años preso, en vez de los 35 que fijó la sentencia original. Con motivo del vigésimo quinto aniversario del homicidio de Buendía, el 30 de mayo siguiente se inició un vigoroso movimiento de periodistas y agrupaciones y empresas relacionadas con la información, en demanda de que Zorrilla retornara a la cárcel, pues su liberación era ilegal e ilegítima. En entrevistas públicas, el jefe y el secretario del gobierno capitalino, Marcelo Ebrard y José Ángel Ávila, se comprometieron a revisar el proceso de liberación y, como resultado de ese compromiso, Zorrilla fue reaprehendido. En vista de que su liberación denotaba una aplicación torpe o venal de la ley aplicable, como parte del movimiento que demandó revocar la libertad del antiguo director federal de seguridad, insistí en conocer -no hay impedimento para hacerlo- la orden respectiva. Fue imposible acceder a ese documento. Cuando más, recibí una suerte de recado, como las "tomas de razón" que copian los pasantes de derecho para seguir el curso de los expedientes. Temí que se tratara de un documento fácilmente combatible ante los tribunales de amparo para que Zorrilla saliera de nuevo a la calle, esta vez sin el riesgo de que nadie urgiera al cumplimiento de su sentencia.
Mi prevención parece cobrar cuerpo. El 17 de junio, una semana después de su reingreso a la prisión, Zorrilla demandó amparo contra la revocación de su libertad. Por una extraña casualidad, el juicio de garantías fue a dar al mismo Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal que en diciembre pasado había sentado las bases para que la autoridad capitalina permitiera a Zorrilla salir libre. Y por la misma peculiar coincidencia el mismo Tribunal Segundo Colegiado que en febrero pasado confirmó la sentencia de primera instancia, a raíz de la cual a la velocidad del rayo el asesino de Buendía quedó en libertad, repitió esa operación ahora. En ninguno de los dos juicios los juzgadores federales ordenaron la liberación; sólo protegieron a Zorrilla para que la Dirección de Ejecución de Sanciones Penales del gobierno capitalino fundara y motivara sus decisiones. En vez de hacerlo, y pretextando que la justicia lo había dispuesto así, esa autoridad administrativa dejó a Zorrilla irse a su casa hace seis meses y medio. Volverá, me temo, a parapetarse en la nueva sentencia de amparo para reconocerse derrotada y permitir que por segunda vez, ahora definitivamente, Zorrilla se beneficie de una liber tad que no merece.
La sentencia firmada el viernes pasado por unanimidad de los magistrados del Segundo Tribunal Colegiado de Amparo en Materia Penal ordena a la Dirección de Ejecución de Sanciones Penales dejar insubsistente la revocación dictada en junio y actuar "conforme a sus atribuciones legales", esto es, en plenitud de jurisdicción, lo que quiere decir que puede reiterar la revocación. Pero como es manifiesta la decisión de beneficiar a un homicida, es de temer que lo haga una vez más.
Zorrilla no tenía derecho a la libertad anticipada. De las tres formas de esa figura, dos eran claramente inaplicables en su caso. El artículo 42 de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales para el Distrito Federal expresamente ordena que el tratamiento preliberacional y la libertad preparatoria deben ser negados a los sentenciados por homicidio calificado, que es el caso de Zorrilla. Se le otorgó entonces la tercera forma de la libertad anticipada, remisión parcial de la pena. Consiste en que por cada dos días de trabajo se disminuya uno de prisión. Zorrilla no emprendió nunca actividades laborales ni participó en tareas educativas, requisitos para ese beneficio. Y es dudoso que se pueda calificar como buena conducta -otra de las condiciones para obtener esa forma de libertad anticipada- a la vida regalada que le depararon la fortuna que presumiblemente obtuvo en sus tratos con el narcotráfico, y su relación con Rafael Caro Quintero, de quien recibió la celda que éste ocupaba en un reclusorio capitalino cuando fue trasladado al Altiplano. En otra de las varias casualidades presentes en este caso, el director de prisiones del DF en 1989, cuando Zorrilla fue atrapado después de escapar cinco años a la justicia, era José Manuel Casaopriego, que ahora, como director de ejecución de sanciones, ha tenido en sus manos la suerte de Zorrilla y es manifiestamente inclinado a favorecerlo.
Aunque haya sido cometido hace un cuarto de siglo, el asesinato de Manuel Buendía no puede pasar inadvertido ahora, cuando es más eficaz que nunca el nexo entre autoridades y delincuentes. Así como abundan quienes estiman que Carlos Gardel canta cada vez mejor, también puede asegurarse que Zorrilla es tanto o más peligroso que cuando ultimó al mayor columnista político del medio siglo reciente. Su poder económico está intacto. Debe cumplir su sentencia.
Cajón de Sastre
Puesto que ocasionalmente, o con frecuencia, dirigirán los debates de la Cámara de Diputados, importa tener presente quiénes son los vicepresidentes de la Mesa Directiva encabezada por Francisco Ramírez Acuña, el ex gobernador de Jalisco y ex secretario de Gobernación que no pudo ser coordinador de la bancada panista. Los tres vicepresidentes representan, cada uno, a las bancadas mayores. El del PAN es Francisco Javier Salazar, que estuvo a punto de asestar otra derrota a Ramírez Acuña en la disputa por la presidencia de la Mesa Directiva y quedó como el segundo en la jerarquía. El vicepresidente priista es Felipe Solís Acero, de quien no se exagera al decir que es el delegado de Manlio Fabio Beltrones en San Lázaro, aunque tenga su propia valía. Y el tercero es Jesús Zambrano Grijalva, el número dos de Nueva Izquierda, Los Chuchos del PRD.
Si a esta hora no ha ocurrido, en cualquier momento puede quedar libre de nuevo José Antonio Zorrilla, autor intelectual, según sentencia firme, del asesinato del periodista Manuel Buendía. El viernes pasado un tribunal le otorgó amparo para ciertos efectos y, dados los antecedentes, es posible que el gobierno de la Ciudad de México se escude en esa resolución judicial, que no ordena la libertad del ex jefe de la policía política mexicana, para dejar que una vez más abandone la prisión en que debería permanecer 10 años más.
Zorrilla fue dejado en libertad anticipada en febrero pasado, cuando estaba a punto de cumplir 20 años preso, en vez de los 35 que fijó la sentencia original. Con motivo del vigésimo quinto aniversario del homicidio de Buendía, el 30 de mayo siguiente se inició un vigoroso movimiento de periodistas y agrupaciones y empresas relacionadas con la información, en demanda de que Zorrilla retornara a la cárcel, pues su liberación era ilegal e ilegítima. En entrevistas públicas, el jefe y el secretario del gobierno capitalino, Marcelo Ebrard y José Ángel Ávila, se comprometieron a revisar el proceso de liberación y, como resultado de ese compromiso, Zorrilla fue reaprehendido. En vista de que su liberación denotaba una aplicación torpe o venal de la ley aplicable, como parte del movimiento que demandó revocar la libertad del antiguo director federal de seguridad, insistí en conocer -no hay impedimento para hacerlo- la orden respectiva. Fue imposible acceder a ese documento. Cuando más, recibí una suerte de recado, como las "tomas de razón" que copian los pasantes de derecho para seguir el curso de los expedientes. Temí que se tratara de un documento fácilmente combatible ante los tribunales de amparo para que Zorrilla saliera de nuevo a la calle, esta vez sin el riesgo de que nadie urgiera al cumplimiento de su sentencia.
Mi prevención parece cobrar cuerpo. El 17 de junio, una semana después de su reingreso a la prisión, Zorrilla demandó amparo contra la revocación de su libertad. Por una extraña casualidad, el juicio de garantías fue a dar al mismo Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal que en diciembre pasado había sentado las bases para que la autoridad capitalina permitiera a Zorrilla salir libre. Y por la misma peculiar coincidencia el mismo Tribunal Segundo Colegiado que en febrero pasado confirmó la sentencia de primera instancia, a raíz de la cual a la velocidad del rayo el asesino de Buendía quedó en libertad, repitió esa operación ahora. En ninguno de los dos juicios los juzgadores federales ordenaron la liberación; sólo protegieron a Zorrilla para que la Dirección de Ejecución de Sanciones Penales del gobierno capitalino fundara y motivara sus decisiones. En vez de hacerlo, y pretextando que la justicia lo había dispuesto así, esa autoridad administrativa dejó a Zorrilla irse a su casa hace seis meses y medio. Volverá, me temo, a parapetarse en la nueva sentencia de amparo para reconocerse derrotada y permitir que por segunda vez, ahora definitivamente, Zorrilla se beneficie de una liber tad que no merece.
La sentencia firmada el viernes pasado por unanimidad de los magistrados del Segundo Tribunal Colegiado de Amparo en Materia Penal ordena a la Dirección de Ejecución de Sanciones Penales dejar insubsistente la revocación dictada en junio y actuar "conforme a sus atribuciones legales", esto es, en plenitud de jurisdicción, lo que quiere decir que puede reiterar la revocación. Pero como es manifiesta la decisión de beneficiar a un homicida, es de temer que lo haga una vez más.
Zorrilla no tenía derecho a la libertad anticipada. De las tres formas de esa figura, dos eran claramente inaplicables en su caso. El artículo 42 de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales para el Distrito Federal expresamente ordena que el tratamiento preliberacional y la libertad preparatoria deben ser negados a los sentenciados por homicidio calificado, que es el caso de Zorrilla. Se le otorgó entonces la tercera forma de la libertad anticipada, remisión parcial de la pena. Consiste en que por cada dos días de trabajo se disminuya uno de prisión. Zorrilla no emprendió nunca actividades laborales ni participó en tareas educativas, requisitos para ese beneficio. Y es dudoso que se pueda calificar como buena conducta -otra de las condiciones para obtener esa forma de libertad anticipada- a la vida regalada que le depararon la fortuna que presumiblemente obtuvo en sus tratos con el narcotráfico, y su relación con Rafael Caro Quintero, de quien recibió la celda que éste ocupaba en un reclusorio capitalino cuando fue trasladado al Altiplano. En otra de las varias casualidades presentes en este caso, el director de prisiones del DF en 1989, cuando Zorrilla fue atrapado después de escapar cinco años a la justicia, era José Manuel Casaopriego, que ahora, como director de ejecución de sanciones, ha tenido en sus manos la suerte de Zorrilla y es manifiestamente inclinado a favorecerlo.
Aunque haya sido cometido hace un cuarto de siglo, el asesinato de Manuel Buendía no puede pasar inadvertido ahora, cuando es más eficaz que nunca el nexo entre autoridades y delincuentes. Así como abundan quienes estiman que Carlos Gardel canta cada vez mejor, también puede asegurarse que Zorrilla es tanto o más peligroso que cuando ultimó al mayor columnista político del medio siglo reciente. Su poder económico está intacto. Debe cumplir su sentencia.
Cajón de Sastre
Puesto que ocasionalmente, o con frecuencia, dirigirán los debates de la Cámara de Diputados, importa tener presente quiénes son los vicepresidentes de la Mesa Directiva encabezada por Francisco Ramírez Acuña, el ex gobernador de Jalisco y ex secretario de Gobernación que no pudo ser coordinador de la bancada panista. Los tres vicepresidentes representan, cada uno, a las bancadas mayores. El del PAN es Francisco Javier Salazar, que estuvo a punto de asestar otra derrota a Ramírez Acuña en la disputa por la presidencia de la Mesa Directiva y quedó como el segundo en la jerarquía. El vicepresidente priista es Felipe Solís Acero, de quien no se exagera al decir que es el delegado de Manlio Fabio Beltrones en San Lázaro, aunque tenga su propia valía. Y el tercero es Jesús Zambrano Grijalva, el número dos de Nueva Izquierda, Los Chuchos del PRD.
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