Álvaro Cepeda Neri
Van 12 años del genocidio, que no sólo homicidios calificados, de 45 mexicanos-tzotziles, que en la comunidad de Acteal (en la Chiapas siempre víctima del abuso de los poderes estatales y federales), estaban en su iglesia, para rezar a su cristianismo mezclado con sus sagradas creencias milenarias.
Eran niños, con sus madres y una pandilla de matones entró al templo el 22 de diciembre de 1997. Por la espalda les dispararon con armas reservadas para uso del Ejército, de uso de la policía municipal.
Aquello fue otro de los más viles crímenes de lesa humanidad, que han sufrido los indígenas, con la participación directa de los gobernantes, y no sólo por omisiones o negligencia.
Estaba entonces en la presidencia de nuestra degradada República, Ernesto Zedillo, otro presidente del montón, actualmente becado por las firmas estadounidenses que se beneficiaron con las privatizaciones zedillistas, protegido por el gobierno estadounidense (como teórico contra las manifestaciones que protestan contra el capitalismo salvaje de la globalización) y empleado de la ONU para darle más impunidad.
Tiene a su servicio 20 soldados al mando de un coronel, que lo cuidan, mientras vive en Nueva York, se desplaza a la Universidad de Yale y en sus paseos por el resto del mundo. Y el desgobernador era Julio César Ruiz Ferro. Otro corresponsable y, como Zedillo, viviendo de las rentas gubernamentales y a salvo, también por la impunidad generalizada para los de arriba: la élite burocrática.
Ahora, los once ministros de la Suprema Corte, instalados por Zedillo tras su contrarreforma judicial (y mientras la implantaba dejó a la Nación sin ese tribunal, aunque para nada sirve, salvo apoyar al presidencialismo en turno), tras los amparos interpuestos por los presos (entre posibles inocentes o culpables) han ordenado la liberación de varios de ellos, sin investigar su responsabilidad.
Estos fueron encarcelados tras sentencia, por acusaciones del entonces titular de la PGR: Jorge Madrazo (premiado con un Consulado estadounidense) y por el entonces secretario de la defensa Enrique Galván.
Zedillo es el principal responsable, al estar seis años de provocador contra los indígenas del EZLN y haber sitiado la mitad de Chiapas con más de 100 mil efectivos militares, con órdenes de tirar a matar. Zedillo puso las condiciones de violencia, desde el poder, que constantemente generaron homicidios de indígenas.
Algunos de los presos desde hace más de una década son los que usaron para matar y, quizás, estén presos inocentes. Pero, la Corte no realizó una investigación a fondo y solamente concedió el amparo, para su liberación. Puede estarse poniendo en libertad a culpables.
Y, sobre todo, Zedillo (atento a lo de Acteal por medio de su “corre, ve y dile” de Liébano Sáenz) vive bien y a salvo, gracias a la impunidad. Y mientras tanto la Nación, al margen de los festejos oficiales, evoca a la Independencia y la Revolución a la luz de Acteal, Aguas Blancas, El Charco, Atenco, etcétera.
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Van 12 años del genocidio, que no sólo homicidios calificados, de 45 mexicanos-tzotziles, que en la comunidad de Acteal (en la Chiapas siempre víctima del abuso de los poderes estatales y federales), estaban en su iglesia, para rezar a su cristianismo mezclado con sus sagradas creencias milenarias.
Eran niños, con sus madres y una pandilla de matones entró al templo el 22 de diciembre de 1997. Por la espalda les dispararon con armas reservadas para uso del Ejército, de uso de la policía municipal.
Aquello fue otro de los más viles crímenes de lesa humanidad, que han sufrido los indígenas, con la participación directa de los gobernantes, y no sólo por omisiones o negligencia.
Estaba entonces en la presidencia de nuestra degradada República, Ernesto Zedillo, otro presidente del montón, actualmente becado por las firmas estadounidenses que se beneficiaron con las privatizaciones zedillistas, protegido por el gobierno estadounidense (como teórico contra las manifestaciones que protestan contra el capitalismo salvaje de la globalización) y empleado de la ONU para darle más impunidad.
Tiene a su servicio 20 soldados al mando de un coronel, que lo cuidan, mientras vive en Nueva York, se desplaza a la Universidad de Yale y en sus paseos por el resto del mundo. Y el desgobernador era Julio César Ruiz Ferro. Otro corresponsable y, como Zedillo, viviendo de las rentas gubernamentales y a salvo, también por la impunidad generalizada para los de arriba: la élite burocrática.
Ahora, los once ministros de la Suprema Corte, instalados por Zedillo tras su contrarreforma judicial (y mientras la implantaba dejó a la Nación sin ese tribunal, aunque para nada sirve, salvo apoyar al presidencialismo en turno), tras los amparos interpuestos por los presos (entre posibles inocentes o culpables) han ordenado la liberación de varios de ellos, sin investigar su responsabilidad.
Estos fueron encarcelados tras sentencia, por acusaciones del entonces titular de la PGR: Jorge Madrazo (premiado con un Consulado estadounidense) y por el entonces secretario de la defensa Enrique Galván.
Zedillo es el principal responsable, al estar seis años de provocador contra los indígenas del EZLN y haber sitiado la mitad de Chiapas con más de 100 mil efectivos militares, con órdenes de tirar a matar. Zedillo puso las condiciones de violencia, desde el poder, que constantemente generaron homicidios de indígenas.
Algunos de los presos desde hace más de una década son los que usaron para matar y, quizás, estén presos inocentes. Pero, la Corte no realizó una investigación a fondo y solamente concedió el amparo, para su liberación. Puede estarse poniendo en libertad a culpables.
Y, sobre todo, Zedillo (atento a lo de Acteal por medio de su “corre, ve y dile” de Liébano Sáenz) vive bien y a salvo, gracias a la impunidad. Y mientras tanto la Nación, al margen de los festejos oficiales, evoca a la Independencia y la Revolución a la luz de Acteal, Aguas Blancas, El Charco, Atenco, etcétera.
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