MIGUEL ÁNGEL GRANADOS CHAPA
El auge del narcotráfico mexicano resulta, naturalmente, de un incremento constante de la demanda estadunidense de drogas ilegales, y de la conversión de nuestro país en mercado creciente de esos estupefacientes al mismo tiempo que conservaba su condición de ruta desde los proveedores hacia el consumo. Pero otros factores han ayudado a la prosperidad de ese segmento principal de la delincuencia organizada.
Uno, principalísimo, es el conjunto de vicios que afectan a los gobiernos locales y al federal, que favorecen la ilegalidad en general y la que se refiere a los mercaderes de narcóticos en particular. La ineptitud, la abulia, el temor y sobre todo la corrupción son deficiencias, lacras de los gobernantes que benefician a los delincuentes pues conducen a la impunidad, es decir a la falta de castigo, que es a su vez el mejor caldo de cultivo para la delincuencia.
Se desmentirá la afirmación anterior sobre la impunidad alegando la persecución a las bandas dedicadas al tráfico de drogas, las aprehensiones de altos jefes (en el pasado priista) y de multitud de mandos medios en los años de Fox y Calderón (en que ningún pez gordo ha sido atrapado y, al contrario, se produjo la libertad de Joaquín Guzmán Loera, uno de los de mayor dimensión, tan vasta que figura en el elenco de los multimillonarios del mundo según Forbes), y la disminución de la violencia en algunas ciudades.
Pero no suele reconocerse que buena parte de las aprehensiones no concluyen en sentencias condenatorias, por lo que la cifra de detenidos es, además de falsa, demagógica, propia sólo para la propaganda. Una vez capturados los presuntos delincuentes, pueden quedar libres durante la averiguación previa, al cabo del proceso de primera instancia, o en la apelación, o en las fases del juicio de amparo correspondiente. Y aun queda la posibilidad de marcharse de las prisiones, para lo cual no se requiere ser El Chapo, sino uno de los 50 reclusos que se fueron del penal zacatecano de Cieneguillas u otros que escaparon de cárceles porosas como la de Apatzingán. En último término, son muchos los detenidos y pocos los castigados. Y por ello, y por su propia organización, configurada para resistir avatares de diversa suerte, el narcotráfico prospera y, en una espiral perversa, mientras más crece más crece.
Cuenta además con otras ayudas, insignificantes si se quiere comparadas con los volúmenes de dinero que maneja, y con sus pingües ganancias, pero que ofrecen una idea de cómo su auge está vinculado a sus relaciones con diversos niveles y campos del gobierno, y a la aceptación social que con su riqueza malhabida logran en los medios donde se establecen e instalan a sus familias. Un ejemplo de ese género de ayudas laterales, que además de dejar algún dinerito otorgan prestigio social (hasta que alguna espantosa tragedia causa lo contrario), es la guardería de afortunado nombre, El Niño Feliz, SC, subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social a María Teresa Zambada Niebla, como parte de una sociedad civil en que también participan Rosa María Zazueta Zambada, Maité Díaz Zambada y José Ernesto de los mismos apellidos. El establecimiento existe desde 2001, pero su contrato vigente (hasta el último día de este año) data de comienzos de 2007, por lo que está firmado por Juan Molinar Horcasitas, entonces director del IMSS.
El 17 de mayo de ese año la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros del Departamento del Tesoro estadunidense dio a conocer un documento titulado Red financiera de Ismael Zambada García. Ese papel oficial del gobierno de Estados Unidos contiene las denominaciones de seis negocios y los nombres de 12 personas encargadas de lavar el dinero que El Mayo Zambada –pues de él se trata– gana como jefe de una poderosa banda de narcotraficantes, muy buscado en México y en Estados Unidos, sólo que allá se averigua el modo en que hace entrar sus ganancias en el circuito legal del dinero y no se intenta atraparlo en enfrentamientos armados. En la lista del Departamento del Tesoro figuran la guardería y su directora, María Teresa, hija de El Mayo. Se halla también el nombre de Carmen Amalia Araujo Laveaga, que aparece como representante legal de la guardería en el contrato con el IMSS, donde pacta un pago de mil 500 pesos al mes por cada uno de los 209 niños que alberga.
Las omisas autoridades mexicanas que recibieron esa información de sus iguales del otro lado no hicieron el menor caso de su contenido. No han intervenido ninguno de los negocios enumerados en el documento estadunidense. Eso se comprobó hace unas semanas, cuando se dio a conocer la lista de guarderías subrogadas y sus responsables. El Niño Feliz sigue operando. En dos años ninguna policía, ningún funcionario de Hacienda verificó lo dicho por el Departamento del Tesoro y, en consecuencia, no se tomaron medidas para cegar esa fuente de lavado de dinero (que además deja alguna pequeña utilidad).
Más gruesos son los ingresos de los narcotraficantes y sus familiares que cobran el monto de jugosos subsidios en el Programa de Apoyos Directos al Campo, ideado por Carlos Salinas en 1994 y más conocido como Procampo. Entre el 27 y el 30 de julio, El Universal dedicó su espacio principal en la primera plana a dar cuenta de una vasta investigación realizada por Evangelina Hernández e Ignacio Alvarado, con base en estudios realizados por Mauricio Merino (exconsejero electoral ahora miembro del Centro de Investigación y Docencia Económica), el organismo civil Fundar, Centro de Análisis e Investigación, AC, y entrevistas a la diputada Nora Ruvalcaba, al propio Merino y a otros conocedores del tema. Resulta de esas indagaciones, independientemente de si el Procampo cumplió sus propósitos, los explícitos y los tácitos, cómo ha servido para entregar dinero público a políticos y narcotraficantes. Las investigaciones ofrecen abundante material para la reflexión (y la indignación), pero ahora nos detenemos sólo en las dádivas a las familias de tratantes de drogas, tan abundantes que ameritan llamar Pronarco a por lo menos un segmento de ese programa.
A partir del descubrimiento de que un invernadero propiedad de narcotraficantes en Aguascalientes estaba en la lista de propiedades agrícolas subsidiadas por Procampo, la diputada Ruvalcaba estudió el padrón respectivo y halló entre los beneficiarios del dinero público a Jesús, Ofelina y Aureliano Guzmán Loera, hermanos de El Chapo, así como a uno de sus sobrinos, Leobardo Elenes Salazar, y al más reciente de sus suegros, Inés Coronel Barreras. Se encuentran también en ese caso miembros de las familias Beltrán Leyva, Valencia Valencia, Palma, Quintero Páez, así como Margarita Cázares Salazar y Jesús Raúl Beltrán Ugarte, “principal lugarteniente de Ignacio Coronel Villarreal”.
La indagación de los reporteros Hernández y Alvarado, a su vez, precisó que la familia Carrillo Fuentes (la del cártel de Juárez) recibió diversos apoyos, hasta sumar 2 millones 450 mil pesos. La parentela de El Mayo Zambada obtuvo entre 1998 y 2003 casi un millón de pesos: 998 mil 267. De esa cantidad uno de sus hijos, Vicente Zambada Niebla, recibió más de la mitad: 555 mil 290 pesos. A su hermana la dueña de la guardería se le entregó apoyo para la siembra de 80 hectáreas. Más modestos, los Guzmán Loera cobraron 376 mil 198 pesos.
La diputada Ruvalcaba y los reporteros de El Universal cumplieron una tarea que han omitido las autoridades, porque no se interesan en investigar los bienes de los narcotraficantes y en decomisarlos, uno de los pocos remedios eficaces contra su actividad. Esperemos que ahora que otros hicieron esa labor, la unidad de lavado de dinero de Hacienda, la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada de la PGR y la Coordinación de Inteligencia de la Secretaría de Salud (que tanto se ufana de su modernidad) ataquen ese flanco del narcotráfico.
Claro que eso es suponer que por lo menos leen los periódicos.
El auge del narcotráfico mexicano resulta, naturalmente, de un incremento constante de la demanda estadunidense de drogas ilegales, y de la conversión de nuestro país en mercado creciente de esos estupefacientes al mismo tiempo que conservaba su condición de ruta desde los proveedores hacia el consumo. Pero otros factores han ayudado a la prosperidad de ese segmento principal de la delincuencia organizada.
Uno, principalísimo, es el conjunto de vicios que afectan a los gobiernos locales y al federal, que favorecen la ilegalidad en general y la que se refiere a los mercaderes de narcóticos en particular. La ineptitud, la abulia, el temor y sobre todo la corrupción son deficiencias, lacras de los gobernantes que benefician a los delincuentes pues conducen a la impunidad, es decir a la falta de castigo, que es a su vez el mejor caldo de cultivo para la delincuencia.
Se desmentirá la afirmación anterior sobre la impunidad alegando la persecución a las bandas dedicadas al tráfico de drogas, las aprehensiones de altos jefes (en el pasado priista) y de multitud de mandos medios en los años de Fox y Calderón (en que ningún pez gordo ha sido atrapado y, al contrario, se produjo la libertad de Joaquín Guzmán Loera, uno de los de mayor dimensión, tan vasta que figura en el elenco de los multimillonarios del mundo según Forbes), y la disminución de la violencia en algunas ciudades.
Pero no suele reconocerse que buena parte de las aprehensiones no concluyen en sentencias condenatorias, por lo que la cifra de detenidos es, además de falsa, demagógica, propia sólo para la propaganda. Una vez capturados los presuntos delincuentes, pueden quedar libres durante la averiguación previa, al cabo del proceso de primera instancia, o en la apelación, o en las fases del juicio de amparo correspondiente. Y aun queda la posibilidad de marcharse de las prisiones, para lo cual no se requiere ser El Chapo, sino uno de los 50 reclusos que se fueron del penal zacatecano de Cieneguillas u otros que escaparon de cárceles porosas como la de Apatzingán. En último término, son muchos los detenidos y pocos los castigados. Y por ello, y por su propia organización, configurada para resistir avatares de diversa suerte, el narcotráfico prospera y, en una espiral perversa, mientras más crece más crece.
Cuenta además con otras ayudas, insignificantes si se quiere comparadas con los volúmenes de dinero que maneja, y con sus pingües ganancias, pero que ofrecen una idea de cómo su auge está vinculado a sus relaciones con diversos niveles y campos del gobierno, y a la aceptación social que con su riqueza malhabida logran en los medios donde se establecen e instalan a sus familias. Un ejemplo de ese género de ayudas laterales, que además de dejar algún dinerito otorgan prestigio social (hasta que alguna espantosa tragedia causa lo contrario), es la guardería de afortunado nombre, El Niño Feliz, SC, subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social a María Teresa Zambada Niebla, como parte de una sociedad civil en que también participan Rosa María Zazueta Zambada, Maité Díaz Zambada y José Ernesto de los mismos apellidos. El establecimiento existe desde 2001, pero su contrato vigente (hasta el último día de este año) data de comienzos de 2007, por lo que está firmado por Juan Molinar Horcasitas, entonces director del IMSS.
El 17 de mayo de ese año la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros del Departamento del Tesoro estadunidense dio a conocer un documento titulado Red financiera de Ismael Zambada García. Ese papel oficial del gobierno de Estados Unidos contiene las denominaciones de seis negocios y los nombres de 12 personas encargadas de lavar el dinero que El Mayo Zambada –pues de él se trata– gana como jefe de una poderosa banda de narcotraficantes, muy buscado en México y en Estados Unidos, sólo que allá se averigua el modo en que hace entrar sus ganancias en el circuito legal del dinero y no se intenta atraparlo en enfrentamientos armados. En la lista del Departamento del Tesoro figuran la guardería y su directora, María Teresa, hija de El Mayo. Se halla también el nombre de Carmen Amalia Araujo Laveaga, que aparece como representante legal de la guardería en el contrato con el IMSS, donde pacta un pago de mil 500 pesos al mes por cada uno de los 209 niños que alberga.
Las omisas autoridades mexicanas que recibieron esa información de sus iguales del otro lado no hicieron el menor caso de su contenido. No han intervenido ninguno de los negocios enumerados en el documento estadunidense. Eso se comprobó hace unas semanas, cuando se dio a conocer la lista de guarderías subrogadas y sus responsables. El Niño Feliz sigue operando. En dos años ninguna policía, ningún funcionario de Hacienda verificó lo dicho por el Departamento del Tesoro y, en consecuencia, no se tomaron medidas para cegar esa fuente de lavado de dinero (que además deja alguna pequeña utilidad).
Más gruesos son los ingresos de los narcotraficantes y sus familiares que cobran el monto de jugosos subsidios en el Programa de Apoyos Directos al Campo, ideado por Carlos Salinas en 1994 y más conocido como Procampo. Entre el 27 y el 30 de julio, El Universal dedicó su espacio principal en la primera plana a dar cuenta de una vasta investigación realizada por Evangelina Hernández e Ignacio Alvarado, con base en estudios realizados por Mauricio Merino (exconsejero electoral ahora miembro del Centro de Investigación y Docencia Económica), el organismo civil Fundar, Centro de Análisis e Investigación, AC, y entrevistas a la diputada Nora Ruvalcaba, al propio Merino y a otros conocedores del tema. Resulta de esas indagaciones, independientemente de si el Procampo cumplió sus propósitos, los explícitos y los tácitos, cómo ha servido para entregar dinero público a políticos y narcotraficantes. Las investigaciones ofrecen abundante material para la reflexión (y la indignación), pero ahora nos detenemos sólo en las dádivas a las familias de tratantes de drogas, tan abundantes que ameritan llamar Pronarco a por lo menos un segmento de ese programa.
A partir del descubrimiento de que un invernadero propiedad de narcotraficantes en Aguascalientes estaba en la lista de propiedades agrícolas subsidiadas por Procampo, la diputada Ruvalcaba estudió el padrón respectivo y halló entre los beneficiarios del dinero público a Jesús, Ofelina y Aureliano Guzmán Loera, hermanos de El Chapo, así como a uno de sus sobrinos, Leobardo Elenes Salazar, y al más reciente de sus suegros, Inés Coronel Barreras. Se encuentran también en ese caso miembros de las familias Beltrán Leyva, Valencia Valencia, Palma, Quintero Páez, así como Margarita Cázares Salazar y Jesús Raúl Beltrán Ugarte, “principal lugarteniente de Ignacio Coronel Villarreal”.
La indagación de los reporteros Hernández y Alvarado, a su vez, precisó que la familia Carrillo Fuentes (la del cártel de Juárez) recibió diversos apoyos, hasta sumar 2 millones 450 mil pesos. La parentela de El Mayo Zambada obtuvo entre 1998 y 2003 casi un millón de pesos: 998 mil 267. De esa cantidad uno de sus hijos, Vicente Zambada Niebla, recibió más de la mitad: 555 mil 290 pesos. A su hermana la dueña de la guardería se le entregó apoyo para la siembra de 80 hectáreas. Más modestos, los Guzmán Loera cobraron 376 mil 198 pesos.
La diputada Ruvalcaba y los reporteros de El Universal cumplieron una tarea que han omitido las autoridades, porque no se interesan en investigar los bienes de los narcotraficantes y en decomisarlos, uno de los pocos remedios eficaces contra su actividad. Esperemos que ahora que otros hicieron esa labor, la unidad de lavado de dinero de Hacienda, la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada de la PGR y la Coordinación de Inteligencia de la Secretaría de Salud (que tanto se ufana de su modernidad) ataquen ese flanco del narcotráfico.
Claro que eso es suponer que por lo menos leen los periódicos.
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