Apro
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la excarcelación de 20 acusados de la matanza de 45 indígenas en Acteal, Chiapas, perpetrada en diciembre de 1997.
Por cuatro votos contra uno, la Primera Sala de la Corte resolvió que la Procuraduría General de la República (PGR) y jueces federales de instancias inferiores violaron gravemente las garantías procesales de los acusados.
La sede de la SCJN estuvo resguardada por decenas de granaderos que impidieron el ingreso de un grupo de víctimas de la masacre de Acteal. Al no poder lograr su propósito, unos 40 habitantes de Acteal se manifestaron frente a la SCJN y luego bloquearon la calle de Pino Suárez, esquina Josefa Ortiz de Domínguez, en protesta por impedirles el acceso a la sesión.
El presidente de la Asociación Civil Las Abejas, Sebastian Pérez Vázquez, lamentó la decisión de la Corte, pues ella, sostuvo, dará continuidad a la impunidad y a la falta de justicia.
En la sesión, los ministros Olga Sánchez Cordero, José Ramón Cossío Díaz, José de Jesús Gudiño Pelayo y Juan Silva Meza argumentaron su voto al expresar que hubo irregularidades en el proceso judicial que llevó a los indígenas a prisión. Agregaron que hubo invención de pruebas y que no se respetaron sus derechos humanos.
Sergio Valls, como se esperaba, fue el único ministro que votó en contra de otorgar el amparo.
De esa forma, la Corte concedió cuatro amparos a 26 quejosos, de los que 20 los obtuvieron de manera "lisa y llana", es decir, para que se les libere de inmediato, mientras que otros cuatro sólo fueron amparados "para efectos", o sea para que se les dicte nueva sentencia, por lo que seguirán presos.
Más aún, se rechazó el proyecto de sentencia del ministro Sergio Valls, que negaba el amparo a 31 de los indígenas acusados.
Por su parte, el ministro José Ramón Cossío aclaró que las consecuencias que deriven de esta resolución no pueden ser imputadas a la SCJN, si no a las autoridades que deben preservar la paz social en México.
"No hay peor injusticia que tratar de enmendarla cometiendo otra", dijo Juan Silva Meza.
"Acteal es buena oportunidad para que la Corte reitere un claro mensaje a las autoridades encargadas de perseguir los delitos: sus acciones deben respetar siempre, escrupulosamente, el régimen constitucional y los derechos humamos", acotó.
Esta es la segunda vez en esta década que la Corte ejerció funciones de tribunal ordinario al revisar todos los detalles y pruebas de un proceso penal.
La PGR acusó a 86 indígenas tzotziles por la matanza, algunos de los cuales ya fueron condenados en definitiva; también fueron procesados siete elementos de Seguridad Pública y un militar, por el traslado de armas.
La ministra Olga Sánchez Cordero explicó que en el caso de los cuatro acusados cuyo caso revisó, el juez de distrito que dictó el auto de formal prisión agregó delitos de portación de armas de fuego, por los que PGR ni siquiera había ejercido acción penal.
También desacreditó el testimonio de Agustín Arias Díaz, quien al día siguiente de la matanza exhibió una lista por escrito con nombres y apellidos de los responsables, pese a que no habla español, y luego declaró ante el juez que la lista se la dieron agentes judiciales.
Valls replicó que esta última declaración fue hecha siete años después de los hechos, y que Arias no aportó ningún otro detalle sobre los supuestos "judiciales".
En ese entonces la PGR, encabezada por Jorge Madrazo Cuellar, designó una fiscalía especial a cargo de Efrén González Pola, que un año después de los hechos presentó un Libro blanco sobre el caso Acteal.
Según la dependencia, la matanza fue resultado de un largo conflicto entre simpatizantes del zapatismo e indígenas que apoyaban al PRI, que en los meses previos derivó en al menos 23 homicidios, casos que las autoridades de Chiapas nunca resolvieron.
Las conclusiones de la PGR fueron avaladas por diversos jueces de distrito y, posteriormente, por el magistrado de circuito Homero Ruiz Velázquez, quien entre noviembre de 2007 y abril de 2008 dictó varias sentencias que conformaron la responsabilidad de los acusados.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la excarcelación de 20 acusados de la matanza de 45 indígenas en Acteal, Chiapas, perpetrada en diciembre de 1997.
Por cuatro votos contra uno, la Primera Sala de la Corte resolvió que la Procuraduría General de la República (PGR) y jueces federales de instancias inferiores violaron gravemente las garantías procesales de los acusados.
La sede de la SCJN estuvo resguardada por decenas de granaderos que impidieron el ingreso de un grupo de víctimas de la masacre de Acteal. Al no poder lograr su propósito, unos 40 habitantes de Acteal se manifestaron frente a la SCJN y luego bloquearon la calle de Pino Suárez, esquina Josefa Ortiz de Domínguez, en protesta por impedirles el acceso a la sesión.
El presidente de la Asociación Civil Las Abejas, Sebastian Pérez Vázquez, lamentó la decisión de la Corte, pues ella, sostuvo, dará continuidad a la impunidad y a la falta de justicia.
En la sesión, los ministros Olga Sánchez Cordero, José Ramón Cossío Díaz, José de Jesús Gudiño Pelayo y Juan Silva Meza argumentaron su voto al expresar que hubo irregularidades en el proceso judicial que llevó a los indígenas a prisión. Agregaron que hubo invención de pruebas y que no se respetaron sus derechos humanos.
Sergio Valls, como se esperaba, fue el único ministro que votó en contra de otorgar el amparo.
De esa forma, la Corte concedió cuatro amparos a 26 quejosos, de los que 20 los obtuvieron de manera "lisa y llana", es decir, para que se les libere de inmediato, mientras que otros cuatro sólo fueron amparados "para efectos", o sea para que se les dicte nueva sentencia, por lo que seguirán presos.
Más aún, se rechazó el proyecto de sentencia del ministro Sergio Valls, que negaba el amparo a 31 de los indígenas acusados.
Por su parte, el ministro José Ramón Cossío aclaró que las consecuencias que deriven de esta resolución no pueden ser imputadas a la SCJN, si no a las autoridades que deben preservar la paz social en México.
"No hay peor injusticia que tratar de enmendarla cometiendo otra", dijo Juan Silva Meza.
"Acteal es buena oportunidad para que la Corte reitere un claro mensaje a las autoridades encargadas de perseguir los delitos: sus acciones deben respetar siempre, escrupulosamente, el régimen constitucional y los derechos humamos", acotó.
Esta es la segunda vez en esta década que la Corte ejerció funciones de tribunal ordinario al revisar todos los detalles y pruebas de un proceso penal.
La PGR acusó a 86 indígenas tzotziles por la matanza, algunos de los cuales ya fueron condenados en definitiva; también fueron procesados siete elementos de Seguridad Pública y un militar, por el traslado de armas.
La ministra Olga Sánchez Cordero explicó que en el caso de los cuatro acusados cuyo caso revisó, el juez de distrito que dictó el auto de formal prisión agregó delitos de portación de armas de fuego, por los que PGR ni siquiera había ejercido acción penal.
También desacreditó el testimonio de Agustín Arias Díaz, quien al día siguiente de la matanza exhibió una lista por escrito con nombres y apellidos de los responsables, pese a que no habla español, y luego declaró ante el juez que la lista se la dieron agentes judiciales.
Valls replicó que esta última declaración fue hecha siete años después de los hechos, y que Arias no aportó ningún otro detalle sobre los supuestos "judiciales".
En ese entonces la PGR, encabezada por Jorge Madrazo Cuellar, designó una fiscalía especial a cargo de Efrén González Pola, que un año después de los hechos presentó un Libro blanco sobre el caso Acteal.
Según la dependencia, la matanza fue resultado de un largo conflicto entre simpatizantes del zapatismo e indígenas que apoyaban al PRI, que en los meses previos derivó en al menos 23 homicidios, casos que las autoridades de Chiapas nunca resolvieron.
Las conclusiones de la PGR fueron avaladas por diversos jueces de distrito y, posteriormente, por el magistrado de circuito Homero Ruiz Velázquez, quien entre noviembre de 2007 y abril de 2008 dictó varias sentencias que conformaron la responsabilidad de los acusados.
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