Luis Javier Garrido
La liberación de los criminales materiales de Acteal es consecuencia de las componendas del PAN y de Felipe Calderón con Ernesto Zedillo, principal responsable del crimen que horrorizó al mundo en 1997.
1. La decisión de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de erigirse por vez primera desde las reformas de 2005 en tribunal de legalidad y poner en libertad a 20 de los paramilitares sentenciados por la ejecución de 45 campesinos tzotziles, miembros de la organización Las Abejas, en su mayoría mujeres y niños, en Acteal, municipio de Chenalhó (Chiapas), el 22 de diciembre de 1997, en el contexto del plan de contrainsurgencia paramilitar urdido por el entonces presidente Ernesto Zedillo y sus colaboradores militares y civiles, confirma que se trató de un crimen de Estado y que el régimen político de entonces es el mismo de hoy.
2. El fallo de la Corte pone de manifiesto, además de su sumisión a Los Pinos, y ello debería ser una alerta para todos los mexicanos, que las mafias que controlan el poder en México y que han integrado no sólo los intereses de financieros y seudo empresarios salinistas y filopanistas con miembros de la "clase política" del PRI y el PAN, militares e intelectuales de la derecha oficialista, particularmente activos en la preparación del fallo vergonzoso, están dispuestas a todo con tal de seguir controlando el poder económico y político en México.
3. La chicana judicial que utiliza el gobierno de Felipe Calderón para exonerar a los responsables de Acteal es la misma que usó de manera reiterada Carlos Salinas de Gortari a lo largo de su sexenio en diversos crímenes de Estado y que parte de una falacia: si la acusación en un caso es deficiente y se sustenta en imputaciones mal fundadas, entonces los indiciados son inocentes, lo que supone una patraña: basta en los crímenes de Estado que el Ministerio Público no integre ex profeso de manera correcta el expediente acusatorio o incluya en él pruebas falsas para que años después se libere al probable responsable como víctima de una arbitrariedad o de un error judicial. Como la osamenta sembrada en una propiedad suya y por sus propios cómplices no era la de Manuel Muñoz Rocha, uno de sus instrumentos en el homicidio de José Francisco Ruiz Massieu, Raúl Salinas de Gortari era supuestamente "inocente" del crimen, y se le liberó. Y ahora en el caso de Acteal es lo mismo.
4. El expediente acusatorio de Acteal no fue mal integrado, sin embargo, como consecuencia de "las deficiencias de nuestro sistema de justicia", como muchos creen, sino deficientemente elaborado y de manera expresa para proteger a los principales responsables de ese crimen de lesa humanidad: el presidente Zedillo y su secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet Chemor, y para abrir la vía a la liberación de los autores materiales. Ésa, y no otra, es la responsabilidad que deberá enfrentar el entonces procurador Jorge Madrazo, responsable de la averiguación.
5. La impunidad es el rasgo fundamental de los crímenes de Estado, pues quienes los cometen obran no sólo por móviles personales (que pudieran o no tenerlos), sino que actúan en nombre de los intereses de la clase dominante y del grupo que encabeza el Estado y lo utiliza para fines facciosos, y por esa razón se les promete una inmunidad de facto ante la justicia, como aconteció con los responsables de Acteal, a los que ahora se les cumple. La movilización nacional y el escándalo internacional impidieron que en su momento se liberara a ese grupo de presuntos, pero evidentes responsables materiales del crimen, lo que ahora se está haciendo por motivos estrictamente políticos, suponiendo de manera errónea el grupo calderonista que las condiciones en el país han cambiado.
6. La derechización del aparato estatal, que se ha acentuado en México durante el gobierno de facto, ha entrañado como consecuencia que los grupos mafiosos en el poder actúen con mayor prepotencia y desprecio hacia el pueblo y que sin reparo utilicen a las instituciones para satisfacer sus objetivos, sin importarles el desprestigio al que las han arrastrado. El caso más grave no deja de ser el de la Suprema Corte, que en los últimos años convalidó el fraude electoral de 2006, ha solapado las acciones anticonstitucionales y delictivas de las fuerzas armadas, encubrió los actos criminales de los gobernadores Ulises Ruiz, de Oaxaca, y Mario Marín, de Puebla; avaló la represión política en Atenco, y ahora pone en libertad a autores materiales del crimen de Acteal.
7. El fallo político y no jurídico de la primera sala no hace más que confirmar que en México no se produjo un cambio de régimen político en 2000, como pretenden los panistas y la derecha intelectual, y que sólo hay una pasmosa continuidad del mismo régimen autoritario definido por la tecnocracia priísta en las dos últimas décadas del siglo XX, que sigue estando controlado por unas cuantas mafias, y del cual los dos gobiernos del PAN no han sido otra cosa que un triste episodio, pues quienes se benefician de él pretendían recuperar con los panistas la legitimidad política perdida con el PRI y lo único que han alcanzado ha sido un mayor desastre en todos los órdenes.
8. En uno de sus últimos textos sobre Acteal (La Jornada del 10 de agosto), Hermann Bellinghausen cita con ironía involuntaria la afirmación que hacen los analistas del oficialismo considerando al de Zedillo como “el último gobierno del viejo régimen” cuando lo cierto es que el país ha estado inmerso en los últimos decenios en el mismo régimen, que no ha hecho otra cosa que tratar de reconvertirse haciendo nulos los derechos de la nación mexicana, cancelando derechos individuales y sociales a los mexicanos y creando mecanismos de control cada vez más autoritarios en un marco de impunidad.
9. Los responsables materiales de Acteal han sido puestos en libertad, pero en el momento actual no debe olvidarse que los culpables intelectuales que urdieron el crimen en su desesperación por amedrentar a las comunidades zapatistas de Chiapas siguen siendo intocables: Zedillo y Chuayffet, su entonces titular de Bucareli, y buen número de militares.
10. Lo más sorprendente en el nuevo vuelco que dio el caso Acteal es que puso de relieve que todo el cúmulo de intereses oscuros que dominaban hace 12 años en el país prevalecen, y eso es algo que el pueblo de México no puede, no debe permitir más.
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La liberación de los criminales materiales de Acteal es consecuencia de las componendas del PAN y de Felipe Calderón con Ernesto Zedillo, principal responsable del crimen que horrorizó al mundo en 1997.
1. La decisión de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de erigirse por vez primera desde las reformas de 2005 en tribunal de legalidad y poner en libertad a 20 de los paramilitares sentenciados por la ejecución de 45 campesinos tzotziles, miembros de la organización Las Abejas, en su mayoría mujeres y niños, en Acteal, municipio de Chenalhó (Chiapas), el 22 de diciembre de 1997, en el contexto del plan de contrainsurgencia paramilitar urdido por el entonces presidente Ernesto Zedillo y sus colaboradores militares y civiles, confirma que se trató de un crimen de Estado y que el régimen político de entonces es el mismo de hoy.
2. El fallo de la Corte pone de manifiesto, además de su sumisión a Los Pinos, y ello debería ser una alerta para todos los mexicanos, que las mafias que controlan el poder en México y que han integrado no sólo los intereses de financieros y seudo empresarios salinistas y filopanistas con miembros de la "clase política" del PRI y el PAN, militares e intelectuales de la derecha oficialista, particularmente activos en la preparación del fallo vergonzoso, están dispuestas a todo con tal de seguir controlando el poder económico y político en México.
3. La chicana judicial que utiliza el gobierno de Felipe Calderón para exonerar a los responsables de Acteal es la misma que usó de manera reiterada Carlos Salinas de Gortari a lo largo de su sexenio en diversos crímenes de Estado y que parte de una falacia: si la acusación en un caso es deficiente y se sustenta en imputaciones mal fundadas, entonces los indiciados son inocentes, lo que supone una patraña: basta en los crímenes de Estado que el Ministerio Público no integre ex profeso de manera correcta el expediente acusatorio o incluya en él pruebas falsas para que años después se libere al probable responsable como víctima de una arbitrariedad o de un error judicial. Como la osamenta sembrada en una propiedad suya y por sus propios cómplices no era la de Manuel Muñoz Rocha, uno de sus instrumentos en el homicidio de José Francisco Ruiz Massieu, Raúl Salinas de Gortari era supuestamente "inocente" del crimen, y se le liberó. Y ahora en el caso de Acteal es lo mismo.
4. El expediente acusatorio de Acteal no fue mal integrado, sin embargo, como consecuencia de "las deficiencias de nuestro sistema de justicia", como muchos creen, sino deficientemente elaborado y de manera expresa para proteger a los principales responsables de ese crimen de lesa humanidad: el presidente Zedillo y su secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet Chemor, y para abrir la vía a la liberación de los autores materiales. Ésa, y no otra, es la responsabilidad que deberá enfrentar el entonces procurador Jorge Madrazo, responsable de la averiguación.
5. La impunidad es el rasgo fundamental de los crímenes de Estado, pues quienes los cometen obran no sólo por móviles personales (que pudieran o no tenerlos), sino que actúan en nombre de los intereses de la clase dominante y del grupo que encabeza el Estado y lo utiliza para fines facciosos, y por esa razón se les promete una inmunidad de facto ante la justicia, como aconteció con los responsables de Acteal, a los que ahora se les cumple. La movilización nacional y el escándalo internacional impidieron que en su momento se liberara a ese grupo de presuntos, pero evidentes responsables materiales del crimen, lo que ahora se está haciendo por motivos estrictamente políticos, suponiendo de manera errónea el grupo calderonista que las condiciones en el país han cambiado.
6. La derechización del aparato estatal, que se ha acentuado en México durante el gobierno de facto, ha entrañado como consecuencia que los grupos mafiosos en el poder actúen con mayor prepotencia y desprecio hacia el pueblo y que sin reparo utilicen a las instituciones para satisfacer sus objetivos, sin importarles el desprestigio al que las han arrastrado. El caso más grave no deja de ser el de la Suprema Corte, que en los últimos años convalidó el fraude electoral de 2006, ha solapado las acciones anticonstitucionales y delictivas de las fuerzas armadas, encubrió los actos criminales de los gobernadores Ulises Ruiz, de Oaxaca, y Mario Marín, de Puebla; avaló la represión política en Atenco, y ahora pone en libertad a autores materiales del crimen de Acteal.
7. El fallo político y no jurídico de la primera sala no hace más que confirmar que en México no se produjo un cambio de régimen político en 2000, como pretenden los panistas y la derecha intelectual, y que sólo hay una pasmosa continuidad del mismo régimen autoritario definido por la tecnocracia priísta en las dos últimas décadas del siglo XX, que sigue estando controlado por unas cuantas mafias, y del cual los dos gobiernos del PAN no han sido otra cosa que un triste episodio, pues quienes se benefician de él pretendían recuperar con los panistas la legitimidad política perdida con el PRI y lo único que han alcanzado ha sido un mayor desastre en todos los órdenes.
8. En uno de sus últimos textos sobre Acteal (La Jornada del 10 de agosto), Hermann Bellinghausen cita con ironía involuntaria la afirmación que hacen los analistas del oficialismo considerando al de Zedillo como “el último gobierno del viejo régimen” cuando lo cierto es que el país ha estado inmerso en los últimos decenios en el mismo régimen, que no ha hecho otra cosa que tratar de reconvertirse haciendo nulos los derechos de la nación mexicana, cancelando derechos individuales y sociales a los mexicanos y creando mecanismos de control cada vez más autoritarios en un marco de impunidad.
9. Los responsables materiales de Acteal han sido puestos en libertad, pero en el momento actual no debe olvidarse que los culpables intelectuales que urdieron el crimen en su desesperación por amedrentar a las comunidades zapatistas de Chiapas siguen siendo intocables: Zedillo y Chuayffet, su entonces titular de Bucareli, y buen número de militares.
10. Lo más sorprendente en el nuevo vuelco que dio el caso Acteal es que puso de relieve que todo el cúmulo de intereses oscuros que dominaban hace 12 años en el país prevalecen, y eso es algo que el pueblo de México no puede, no debe permitir más.
*** IMPORTANTE *** Revoluciones es un proyecto de información alternativa sin fines de lucro, para mantenernos en línea requerimos de tu apoyo. Puedes ayudarnos haciendo un deposito bancario, por mínimo que sea, hazlo en el banco HSBC, al número de cuenta 6271254999 a nombre de Samuel R. García o en transferencia electrónica abonando al número Clabe: 021180062712549990. Gracias.
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