Es realizada a través de instancias gubernamentales a su cargo y por otras de carácter externo
Feroz oposición de PRI y PVEM, que votaron en contra; el instituto ya desechó el tema, dicen
Georgina Saldierna y Ciro Pérez / La Jornada
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión pidió ayer al Instituto Federal Electoral (IFE) que investigue de manera exhaustiva y con diligencia "el presunto desarrollo" de una campaña mediática encabezada por el gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, realizada a través de instancias gubernamentales a su cargo y por otras de carácter externo, con el fin de determinar su legalidad o ilegalidad.
De igual manera, le solicitó realizar las pesquisas del caso para fijar las responsabilidades correspondientes por violaciones a la Constitución y a la legislación electoral.
La decisión se aprobó por mayoría, con el voto en contra de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM). El tricolor se opuso primero a la presentación del dictamen y después consideró innecesario el exhorto al Consejo General del IFE pues, puntualizó, el instituto ya ha investigado el tema y decidió desechar cualquier procedimiento sancionador contra el mandatario mexiquense.
Con ello aludió a las denuncias presentadas ante el órgano electoral en contra del gobernador, por su presunta injerencia en el proceso electoral de julio pasado y por la promoción de su imagen personal a partir de la aparición en programas noticiosos y de entretenimiento, como el "especial para papá".
Cabe destacar que el IFE ya ha desechado las quejas con el argumento de que no se trata de propaganda gubernamental y por lo tanto no le es aplicable la legislación del caso.
En un debate de más de dos horas y media, los panistas Juan José Rodríguez Prats y Ricardo García Cervantes defendieron la aprobación del exhorto. El panista tabasqueño dijo que el mandatario estatal violenta el artículo 134 constitucional, referido a que cualquier modalidad de comunicación social que difundan los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública, deberán tener carácter institucional y con fines informativos, educativos y de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.
Rodríguez Prats reprochó a los priístas la defensa a cualquier precio que hacen del mexiquense, "cuando es evidente su actitud desbordada y su ambición, demostrada en todos los actos políticos". En su participación identificó a Peña Nieto con la ultraderecha, pues como ésta, no tiene principios sino intereses, subrayó.
El priísta Francisco Arroyo Vieyra atribuyó la posición de Rodríguez Prats a que está por terminar sus actividades como diputado y está tratando de "encontrar una luz que le permita brillar, de tal suerte que lo tomen en cuenta para futuras encomiendas". Señaló además que el IFE desechó un proceso sancionador contra el gobernador.
Rodríguez Prats subió a tribuna para preguntar a los priístas por qué no quieren la investigación, si se trata de algo sobre lo que todo el pueblo de México está consciente. Manifestó además que al descalificarlo, Arroyo Vieyra recurre a la vieja fórmula de atacar al contrario cuando la causa está perdida.
El senador por el Partido del Trabajo Ricardo Monreal terció en la discusión, al destacar que el origen del exhorto se encuentra en la existencia de un Consejo General del IFE que es "débil y mediocre" y no está a la altura de las exigencias ciudadanas.
Agregó que el consejo no fue capaz de sancionar y detener conductas anómalas que rayaban presumiblemente en la ilegalidad. El instituto, continuó, evadió olímpicamente su responsabilidad y haciendo uso de la política del avestruz dijo "no tengo que ver nada y por tanto no hay sanción". Consideró luego que los exhortos no son más que llamados a misa, por lo que mejor propuso que se legisle en la materia.
El diputado perredista Javier González Garza calificó de light el exhorto, pues la desmesura de Enrique Peña Nieto es mucho más grave. Incluso, refirió que él le quitaría lo de "presunta campaña", ya que se han exhibido contratos por más de 450 millones de pesos con una televisora. Pero como "no me toca a mí determinar si es ilegal o no la actitud" del gobernador del estado de México, exhortó a que el Instituto Federal Electoral diga si puede o no entrar al tema y en todo caso si ya investigó al mandatario y lo absolvió.
Feroz oposición de PRI y PVEM, que votaron en contra; el instituto ya desechó el tema, dicen
Georgina Saldierna y Ciro Pérez / La Jornada
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión pidió ayer al Instituto Federal Electoral (IFE) que investigue de manera exhaustiva y con diligencia "el presunto desarrollo" de una campaña mediática encabezada por el gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, realizada a través de instancias gubernamentales a su cargo y por otras de carácter externo, con el fin de determinar su legalidad o ilegalidad.
De igual manera, le solicitó realizar las pesquisas del caso para fijar las responsabilidades correspondientes por violaciones a la Constitución y a la legislación electoral.
La decisión se aprobó por mayoría, con el voto en contra de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM). El tricolor se opuso primero a la presentación del dictamen y después consideró innecesario el exhorto al Consejo General del IFE pues, puntualizó, el instituto ya ha investigado el tema y decidió desechar cualquier procedimiento sancionador contra el mandatario mexiquense.
Con ello aludió a las denuncias presentadas ante el órgano electoral en contra del gobernador, por su presunta injerencia en el proceso electoral de julio pasado y por la promoción de su imagen personal a partir de la aparición en programas noticiosos y de entretenimiento, como el "especial para papá".
Cabe destacar que el IFE ya ha desechado las quejas con el argumento de que no se trata de propaganda gubernamental y por lo tanto no le es aplicable la legislación del caso.
En un debate de más de dos horas y media, los panistas Juan José Rodríguez Prats y Ricardo García Cervantes defendieron la aprobación del exhorto. El panista tabasqueño dijo que el mandatario estatal violenta el artículo 134 constitucional, referido a que cualquier modalidad de comunicación social que difundan los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública, deberán tener carácter institucional y con fines informativos, educativos y de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.
Rodríguez Prats reprochó a los priístas la defensa a cualquier precio que hacen del mexiquense, "cuando es evidente su actitud desbordada y su ambición, demostrada en todos los actos políticos". En su participación identificó a Peña Nieto con la ultraderecha, pues como ésta, no tiene principios sino intereses, subrayó.
El priísta Francisco Arroyo Vieyra atribuyó la posición de Rodríguez Prats a que está por terminar sus actividades como diputado y está tratando de "encontrar una luz que le permita brillar, de tal suerte que lo tomen en cuenta para futuras encomiendas". Señaló además que el IFE desechó un proceso sancionador contra el gobernador.
Rodríguez Prats subió a tribuna para preguntar a los priístas por qué no quieren la investigación, si se trata de algo sobre lo que todo el pueblo de México está consciente. Manifestó además que al descalificarlo, Arroyo Vieyra recurre a la vieja fórmula de atacar al contrario cuando la causa está perdida.
El senador por el Partido del Trabajo Ricardo Monreal terció en la discusión, al destacar que el origen del exhorto se encuentra en la existencia de un Consejo General del IFE que es "débil y mediocre" y no está a la altura de las exigencias ciudadanas.
Agregó que el consejo no fue capaz de sancionar y detener conductas anómalas que rayaban presumiblemente en la ilegalidad. El instituto, continuó, evadió olímpicamente su responsabilidad y haciendo uso de la política del avestruz dijo "no tengo que ver nada y por tanto no hay sanción". Consideró luego que los exhortos no son más que llamados a misa, por lo que mejor propuso que se legisle en la materia.
El diputado perredista Javier González Garza calificó de light el exhorto, pues la desmesura de Enrique Peña Nieto es mucho más grave. Incluso, refirió que él le quitaría lo de "presunta campaña", ya que se han exhibido contratos por más de 450 millones de pesos con una televisora. Pero como "no me toca a mí determinar si es ilegal o no la actitud" del gobernador del estado de México, exhortó a que el Instituto Federal Electoral diga si puede o no entrar al tema y en todo caso si ya investigó al mandatario y lo absolvió.
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