Miguel Badillo
Con el propósito de impedir que dinero proveniente del crimen organizado sirva para financiar las campañas políticas, la Secretaría de Hacienda lleva a cabo investigaciones fiscales, financieras y de lavado de dinero sobre “personas políticamente expuestas”, pertenecientes a todos los partidos políticos
Diputado federal electo por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Emilio Chuayffet Chemor es uno de los muchos políticos que ahora son investigados por las autoridades financieras del país, encargadas de impedir que dinero sucio proveniente del narcotráfico, tráfico de armas, fraudes financieros y secuestros, entre otros delitos, sea utilizado para financiar las campañas de políticos de las tres principales fuerzas del país: PRI, Acción Nacional y de la Revolución Democrática.
Exsecretario de Gobernación, exgobernador mexiquense, excoordinador de la bancada priista en la LIX Legislatura y ahora diputado federal electo y seguramente próximo coordinador de los más de 40 diputados federales priistas del Estado de México, Chuayffet realizó operaciones financieras en instituciones bancarias mexicanas por cerca de 17 millones de pesos, de los cuales algunos movimientos fueron depósitos en efectivo.
Dichas depósitos motivaron a las autoridades a seguirle la pista al dinero para conocer su origen y descartar que pudiera provenir de alguna actividad ilícita; sin embargo, el diputado priista no convenció a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y en el expediente abierto en su contra se explica que no aclaró plenamente el origen de dichos recursos, identificados como operaciones “inusuales” y “relevantes”.
La SHCP explica la forma en que Chuayffet Chemor realizaba sus movimientos financieros en Banamex: “La inusualidad reportada deriva del hecho (de) que la mayoría de los recursos recibidos en la cuenta (Banamex) se traspasan a (una) inversión patrimonial, para posteriormente retirar gran parte de los recursos en efectivo, observando que en aclaración con su cliente, Emilio Chuayffet respondió que los depósitos en efectivo provienen de los mismos recursos que está regresando a su inversión patrimonial, operación que según la institución financiera ha sido repetitiva desde 2007 y que no puede identificar que los fondos provengan de la misma inversión, pudiendo tratarse de otros recursos en los que Chuayffet trata de ocultar su origen”.
El saldo de su inversión, al 30 de abril de 2008, ascendía a 16 millones 964 mil 248 pesos, de los cuales 15 millones 137 mil 923 pesos se encontraban en dicha cuenta desde el 31 de marzo de 2007.
En los reportes hacendarios, Emilio Chuayffet Chemor aparece como asalariado, sin actividad empresarial y dedicado de tiempo completo a la política, con ingresos acumulables del ejercicio 2003 al ejercicio 2008 por 5 millones 659 mil 28 pesos, de los cuales sólo 3 millones 740 mil 49 pesos corresponden a sueldos pagados de los ejercicios 2003 a 2006 por parte de la Cámara de Diputados y 363 mil 476 pesos son pagos del PRI.
Lo anterior significa que el diputado electo Emilio Chuayffet no ha justificado ingresos por unos 12 millones de pesos, lo que hace sospechar a la Secretaría de Hacienda sobre el origen de los recursos. Hasta ahora, sin embargo, el expediente se mantiene en poder de las autoridades financieras, sin que hayan presentado denuncia penal alguna ante la Procuraduría General de la República. Además, si se considera que este político ya tiene fuero, el gobierno de Felipe Calderón se puede ir olvidando de pretender actuar en su contra.
De acuerdo con los reportes de Banamex, el diputado federal electo realizó operaciones inusuales respecto de la cuenta maestra número 90458665728, contratada el 26 de septiembre de 2003, en donde se registra como cotitular y firmante adicional a Olga Guadalupe Soto Priego y como beneficiaria a Carolina Chuayffet Chemor.
En el análisis que hace Hacienda sobre los movimientos financieros del político priista mexiquense, destaca que del 3 al 11 de abril de 2008 realizó seis depósitos en efectivo por 490 mil pesos. Un asistente de Chuayffet le explicó a Banamex que dichos recursos provenían de honorarios pagados, así como de la venta de un automóvil. Otros 387 mil pesos se traspasaron a su inversión patrimonial. El 28 de julio de 2008, realizó otro depósito en efectivo por 700 mil pesos.
En su reporte, enviado a la Secretaría de Hacienda, Banamex le informa que la mayoría de los recursos recibidos en la cuenta se traspasan a inversión patrimonial, para después retirar gran parte de estos recursos en efectivo. Ese banco señala que en aclaración con su cliente éste les informó que los depósitos en efectivo provienen de los mismos recursos que regresa a su inversión patrimonial. No obstante, Hacienda considera que no se identifica que dichos recursos provengan de la misma inversión, “pudiendo tratarse de otros recursos en los que tratan de ocultar su origen”.
De acuerdo con la información fiscal correspondiente a “reportes relevantes”, se afirma que –durante el periodo comprendido de octubre de 2003 a julio de 2008– Emilio Chuayffet operó depósitos en efectivo por montos iguales o mayores a los 10 mil dólares, hasta por un total de 1 millón 410 mil pesos, así como retiros por 1 millón 610 mil pesos.
Para corroborar y contrastar la información, se buscó desde el martes 25 de agosto al diputado federal electo, pero hasta el cierre de edición su oficina no dio respuesta a la solicitud de entrevista.
Niega SHCP investigar a políticos
Oficialmente, la Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Procuraduría General de la República sostienen que el gobierno de Felipe Calderón no lleva a cabo investigación alguna en contra de políticos, conocidos en el argot antilavado como “personas políticamente expuestas”, según las respuestas a las solicitudes de información pública 0610000003009 y 0000600022009, hechas por Contralínea (número 138, del 5 de julio de 2009).
A pesar de tratarse de una solicitud formal que se hizo a través de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental –y por la cual están obligados los servidores públicos a decir la verdad–, la CNBV, que dirige Guillermo Babatz, habría mentido al sostener que no cuenta con expedientes en contra de altos funcionarios de los tres niveles de gobierno, porque “no realiza este tipo de investigaciones”.
Esa dependencia le aclaró a la reportera Nancy Flores que “después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos de trámite de la Dirección General de Prevención de Operaciones Ilícitas e Institucional no se localizó documento alguno relativo al presente requerimiento de información”.
También la Secretaría de Hacienda y Crédito Público falseó la información y sostuvo en su respuesta que no se encuentra facultada para iniciar o practicar investigación alguna relacionada con las “personas políticamente expuestas”.
Quien fuera titular de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de la PGR hasta mediados de 2008, José Luis Marmolejo, en entrevista con Contralínea sostuvo que esa figura surge del Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales.
De acuerdo con el organismo intergubernamental especializado en la lucha contra el lavado de dinero, y del que México forma parte, los “políticamente expuestos” son aquellos individuos que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas en un país: jefes de Estado, de gobierno, políticos de alta jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales y militares, altos ejecutivos de paraestatales y funcionarios importantes de partidos políticos.
Con esta figura, indica el exfiscal Marmolejo, se busca monitorear a los altos servidores públicos con el objetivo de prevenir y evitar esquemas de corrupción. Su patrimonio debe ser acorde con su salario, producto de su vida políticamente activa. El objetivo, detalla, es “evitar que estas personas se vean permeadas a través de la delincuencia o que tengan esquemas de lavado de dinero”.
Con el propósito de impedir que dinero proveniente del crimen organizado sirva para financiar las campañas políticas, la Secretaría de Hacienda lleva a cabo investigaciones fiscales, financieras y de lavado de dinero sobre “personas políticamente expuestas”, pertenecientes a todos los partidos políticos
Diputado federal electo por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Emilio Chuayffet Chemor es uno de los muchos políticos que ahora son investigados por las autoridades financieras del país, encargadas de impedir que dinero sucio proveniente del narcotráfico, tráfico de armas, fraudes financieros y secuestros, entre otros delitos, sea utilizado para financiar las campañas de políticos de las tres principales fuerzas del país: PRI, Acción Nacional y de la Revolución Democrática.
Exsecretario de Gobernación, exgobernador mexiquense, excoordinador de la bancada priista en la LIX Legislatura y ahora diputado federal electo y seguramente próximo coordinador de los más de 40 diputados federales priistas del Estado de México, Chuayffet realizó operaciones financieras en instituciones bancarias mexicanas por cerca de 17 millones de pesos, de los cuales algunos movimientos fueron depósitos en efectivo.
Dichas depósitos motivaron a las autoridades a seguirle la pista al dinero para conocer su origen y descartar que pudiera provenir de alguna actividad ilícita; sin embargo, el diputado priista no convenció a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y en el expediente abierto en su contra se explica que no aclaró plenamente el origen de dichos recursos, identificados como operaciones “inusuales” y “relevantes”.
La SHCP explica la forma en que Chuayffet Chemor realizaba sus movimientos financieros en Banamex: “La inusualidad reportada deriva del hecho (de) que la mayoría de los recursos recibidos en la cuenta (Banamex) se traspasan a (una) inversión patrimonial, para posteriormente retirar gran parte de los recursos en efectivo, observando que en aclaración con su cliente, Emilio Chuayffet respondió que los depósitos en efectivo provienen de los mismos recursos que está regresando a su inversión patrimonial, operación que según la institución financiera ha sido repetitiva desde 2007 y que no puede identificar que los fondos provengan de la misma inversión, pudiendo tratarse de otros recursos en los que Chuayffet trata de ocultar su origen”.
El saldo de su inversión, al 30 de abril de 2008, ascendía a 16 millones 964 mil 248 pesos, de los cuales 15 millones 137 mil 923 pesos se encontraban en dicha cuenta desde el 31 de marzo de 2007.
En los reportes hacendarios, Emilio Chuayffet Chemor aparece como asalariado, sin actividad empresarial y dedicado de tiempo completo a la política, con ingresos acumulables del ejercicio 2003 al ejercicio 2008 por 5 millones 659 mil 28 pesos, de los cuales sólo 3 millones 740 mil 49 pesos corresponden a sueldos pagados de los ejercicios 2003 a 2006 por parte de la Cámara de Diputados y 363 mil 476 pesos son pagos del PRI.
Lo anterior significa que el diputado electo Emilio Chuayffet no ha justificado ingresos por unos 12 millones de pesos, lo que hace sospechar a la Secretaría de Hacienda sobre el origen de los recursos. Hasta ahora, sin embargo, el expediente se mantiene en poder de las autoridades financieras, sin que hayan presentado denuncia penal alguna ante la Procuraduría General de la República. Además, si se considera que este político ya tiene fuero, el gobierno de Felipe Calderón se puede ir olvidando de pretender actuar en su contra.
De acuerdo con los reportes de Banamex, el diputado federal electo realizó operaciones inusuales respecto de la cuenta maestra número 90458665728, contratada el 26 de septiembre de 2003, en donde se registra como cotitular y firmante adicional a Olga Guadalupe Soto Priego y como beneficiaria a Carolina Chuayffet Chemor.
En el análisis que hace Hacienda sobre los movimientos financieros del político priista mexiquense, destaca que del 3 al 11 de abril de 2008 realizó seis depósitos en efectivo por 490 mil pesos. Un asistente de Chuayffet le explicó a Banamex que dichos recursos provenían de honorarios pagados, así como de la venta de un automóvil. Otros 387 mil pesos se traspasaron a su inversión patrimonial. El 28 de julio de 2008, realizó otro depósito en efectivo por 700 mil pesos.
En su reporte, enviado a la Secretaría de Hacienda, Banamex le informa que la mayoría de los recursos recibidos en la cuenta se traspasan a inversión patrimonial, para después retirar gran parte de estos recursos en efectivo. Ese banco señala que en aclaración con su cliente éste les informó que los depósitos en efectivo provienen de los mismos recursos que regresa a su inversión patrimonial. No obstante, Hacienda considera que no se identifica que dichos recursos provengan de la misma inversión, “pudiendo tratarse de otros recursos en los que tratan de ocultar su origen”.
De acuerdo con la información fiscal correspondiente a “reportes relevantes”, se afirma que –durante el periodo comprendido de octubre de 2003 a julio de 2008– Emilio Chuayffet operó depósitos en efectivo por montos iguales o mayores a los 10 mil dólares, hasta por un total de 1 millón 410 mil pesos, así como retiros por 1 millón 610 mil pesos.
Para corroborar y contrastar la información, se buscó desde el martes 25 de agosto al diputado federal electo, pero hasta el cierre de edición su oficina no dio respuesta a la solicitud de entrevista.
Niega SHCP investigar a políticos
Oficialmente, la Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Procuraduría General de la República sostienen que el gobierno de Felipe Calderón no lleva a cabo investigación alguna en contra de políticos, conocidos en el argot antilavado como “personas políticamente expuestas”, según las respuestas a las solicitudes de información pública 0610000003009 y 0000600022009, hechas por Contralínea (número 138, del 5 de julio de 2009).
A pesar de tratarse de una solicitud formal que se hizo a través de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental –y por la cual están obligados los servidores públicos a decir la verdad–, la CNBV, que dirige Guillermo Babatz, habría mentido al sostener que no cuenta con expedientes en contra de altos funcionarios de los tres niveles de gobierno, porque “no realiza este tipo de investigaciones”.
Esa dependencia le aclaró a la reportera Nancy Flores que “después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos de trámite de la Dirección General de Prevención de Operaciones Ilícitas e Institucional no se localizó documento alguno relativo al presente requerimiento de información”.
También la Secretaría de Hacienda y Crédito Público falseó la información y sostuvo en su respuesta que no se encuentra facultada para iniciar o practicar investigación alguna relacionada con las “personas políticamente expuestas”.
Quien fuera titular de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de la PGR hasta mediados de 2008, José Luis Marmolejo, en entrevista con Contralínea sostuvo que esa figura surge del Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales.
De acuerdo con el organismo intergubernamental especializado en la lucha contra el lavado de dinero, y del que México forma parte, los “políticamente expuestos” son aquellos individuos que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas en un país: jefes de Estado, de gobierno, políticos de alta jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales y militares, altos ejecutivos de paraestatales y funcionarios importantes de partidos políticos.
Con esta figura, indica el exfiscal Marmolejo, se busca monitorear a los altos servidores públicos con el objetivo de prevenir y evitar esquemas de corrupción. Su patrimonio debe ser acorde con su salario, producto de su vida políticamente activa. El objetivo, detalla, es “evitar que estas personas se vean permeadas a través de la delincuencia o que tengan esquemas de lavado de dinero”.
Comentarios