Francisco Rodríguez
Se puede quitar a un general su ejército, pero no a un hombre su voluntad.
Confucio
NO HABRÁ DE pasar mucho tiempo antes de que el desgaste militar por la fracasada guerra calderonista, empiece a minar la estructura institucional del sector castrense. La acumulación de denuncias contra la actuación militar habrá de cobrar un alto costo para ese instituto, una vez que el principal responsable, Calderón, haya abandonado Los Pinos, dejándole al Ejército un alto expediente de abusos a los que habrá de responder.
Una reiterada mentira propalada por los apologistas del régimen insiste en vender la fabricación de que la masiva intervención militar ordenada por Calderón fue inevitable. En realidad es con el Ejército que frustráneamente ha tratado de legitimarse escudado en los militares, luego de la asunción ilegal de 2006. Esa es la auténtica explicación para entender el involucramiento militar en labores policíacas.
Pero, ¿hay otras opciones para contener la criminalidad, más allá de la fuerza bruta?
El colaborador de este espacio, don Emilio Treviño, recopila respuestas a la interrogante:
Cita, por ejemplo, una nota de Inder Bugarín, reproducida en Reforma del 22 de julio, en el que a su vez cita a Benita Ferrero, comisaria europea de Exteriores: “México podría evaluar un abanico amplio de opciones –incluido el diálogo- para poner fin a la guerra contra el narcotráfico y los preocupantes índices de violencia que se registran en el país”.
La propia dinámica de operación militar por las órdenes de FCH, genera resentimiento e impactos negativos multiplicados en todos los órdenes. Por ejemplo, en el semanario tijuanense Zeta del 24 al 30 de julio, se lee en el artículo (“Lenta Revisión Militar”) de Cristian Torres Cruz que “ni empresarios ni transportistas están contra el combate al narcotráfico, pero sí les afecta que en el punto de revisión militar de La Rumorosa, los chequeos retrasan la llegada de mercancía variada a su destino final, entre una y siete horas”.
En el diario ensenadense El vigía del 12 de agosto, en la columna de Javier Cruz, don Francisco Toscano, residente del Valle de Guadalupe, se queja de la actuación de soldados, que invadieron su propiedad “Mi hermana la mayor habló con los soldados. Le dijeron que, como había carros sospechosos dentro de la propiedad, por eso andaban revisando las casas. Mi hermana les pidió una orden de cateo para poder revisar las casas y no le mostraron nada. Por eso no los dejó entrar, pero insistían una y otra vez en querer entrar a revisar dentro de las casas. Le preguntaron a qué nos dedicábamos, quién vivía en cada casa.”
EL MISMO DÍA (11 de agosto) en que, como respuesta a denuncias de Amnistía Internacional y Human Rights Watch, Calderón pedía se demostrasen casos de abusos militares, en Milenio, en su página 33, en un pie de foto se leía “tres jóvenes fueron apresados por el ejército y subidos a un helicóptero en Sinaloa, delante de reporteros que grababan la escena, después de que supuestamente visitaban la tumba de Héctor Guzmán, hijo de El Chapo, quien murió el año pasado. La Sedena se negó a dar información al respecto”. Parecería que sólo visitar un mausoleo narco sería suficiente razón para ser detenido.
Por descripciones aisladas sobre las condiciones de lucha de los militares, se aprecia un cuadro patético, que de generalizarse, sería preocupante: “dos características que la gente ha advertido en los soldados es su hambre crónica y su apego a los teléfonos celulares… cuando el Ejército revienta una casa, a donde se dirigen primero los guachos es a la cocina, al refrigerador y a la despensa”; véase Eduardo Antonio Parra (“Ciudad Juárez, tiempo de perros”) en la revista Nexos 380, de agosto.
Por fuerza numérica absoluta, el mayor peso de esta guerra fracasada lo lleva la Policía Federal, donde ya cunde la desmoralización. Una nota de Jorge Carrasco Araizaga y Francisco Castellanos, en Proceso 1708, del 26 de julio, da cuenta de la molestia (o amotinamiento) de las secciones 2a y 3a del 12º agrupamiento de la Policía; esas secciones exponen que los superiores ya dieron de baja a mil 200 elementos, de los dos mil 400 miembros de la generación de policías graduados en octubre y noviembre de 2008. Declaran que primero despidieron a 600 miembros, y luego a otros 600 de la Unidad de Rescate y Orden Público.
Los inconformes señalan que les pagan sueldos de tres meses y después se detiene mes y medio el pago; el propio comandante Pedro Manuel García Trujillo, inspector del 12º agrupamiento, reconoce la suspensión de pagos: “por cuestiones de cierres fiscales. Ellos (los inconformes) no entienden; ni nosotros, sólo los administrativos de la Secretaría”. Debe ser muy canijo arriesgar la vida sin tener la seguridad de conservar el empleo y sin tener la seguridad de que se les va a pagar, ¿no?
La PF tampoco cuenta con la cooperación de los lugareños, pues cuenta el semanario fundado por Julio Scherer que en Apatzingán, los propietarios del hotel Posada del Sol se negaron a alojar a los federales, luego de un ataque del grupo criminal “La Familia” contra el hostal, el sábado 11 de julio; en Lázaro Cárdenas, los hoteleros opinan lo mismo.
PERO ADEMÁS DE los problemas de baja moral, en la Policía Federal se presentan graves casos de pillaje e indisciplina. Síntomas también de baja moral y descomposición interna.
Reforma del 4 de agosto narra la irrupción de la PF en una iglesia de Apatzingán, para detener dizque a La Tuta, jefe criminal de “La Familia”. La señora Isabel de Mendoza, entre otros testimonios, acusa a los policías de haberle robado de su auto un celular y un DVD, refiere la periodista Verónica Sánchez. El diario también publica fotos de alcancías saqueadas en la iglesia. De los 30 detenidos, sólo se arraigó a tres personas, ninguna de ellas, la famosa Tuta. Nada justifica el robo de dinero de los cepos de las iglesias, o de donde sea, pero la miseria moral de los apologistas del régimen llega a la desfachatez de justificarlo (¡ni siquiera lo negaron!), en la acentuada voz de Fernández Menéndez (Excélsior) y del patético Luis González de Alba, en Milenio, quienes hablan de incautación, y de confiscación.
Sobre este incidente, en Proceso 1710, del 9 de agosto, se informa que Vinicio Cortés Álvarez, encargado del periódico parroquial, presentó denuncia por el robo del dinero de las alcancías. Entre quienes habría que buscar a los ladrones, se hallan tres grupos: las áreas de Investigación, Inteligencia, y Operaciones Especiales, por ser ellos quienes intervinieron, según se desprende del parte rendido por Ramón Pequeño, jefe de la 3ª División de la Policía Federal, claro que sin reconocer ellos el robo.
Pero además de este incidente, el fracaso de la coordinación operativa en Michoacán, resulta sintomático de la estrategia fallida, como lo admite la propia milicia. “Nos encontrábamos de frente militares y policías federales sin coordinación. En la costa vimos volar helicópteros de la Marina sin saber para qué; en Pátzcuaro habíamos militares y federales en un solo lugar, pero sin comunicarnos; al intentarlo se remitían a las órdenes de los superiores. Había un despliegue de fuerzas, pero sin idea” declara un jefe militar, de acuerdo al reportaje de Benito Jiménez, en Reforma del 24 de julio.
En resumen, el fracaso absoluto… La desorganización y la desmoralización campean en el frente oficial de la guerra que “vamos ganando, aunque no lo parezca”, como dijo aquél. ¿O no?
Índice Flamígero: No debe concluirse tan a la ligera que el asesinato de Armando Chavarría, en Chilpancingo, “fue político”. Habrá que investigar más. Por ejemplo, amén de la vertiente del narcotráfico –apoderado de buena parte de las policías y de la administración de justicia de la entidad--, está ahí también la del ERPI, movimiento armado que se separó del EPR. A menos que Jesús Ortega, Marcelo Ebrard y otros distinguidos perredistas que han llegado a la conclusión tan aceleradamente sepan algo que no nos han dicho a los mortales.
Se puede quitar a un general su ejército, pero no a un hombre su voluntad.
Confucio
NO HABRÁ DE pasar mucho tiempo antes de que el desgaste militar por la fracasada guerra calderonista, empiece a minar la estructura institucional del sector castrense. La acumulación de denuncias contra la actuación militar habrá de cobrar un alto costo para ese instituto, una vez que el principal responsable, Calderón, haya abandonado Los Pinos, dejándole al Ejército un alto expediente de abusos a los que habrá de responder.
Una reiterada mentira propalada por los apologistas del régimen insiste en vender la fabricación de que la masiva intervención militar ordenada por Calderón fue inevitable. En realidad es con el Ejército que frustráneamente ha tratado de legitimarse escudado en los militares, luego de la asunción ilegal de 2006. Esa es la auténtica explicación para entender el involucramiento militar en labores policíacas.
Pero, ¿hay otras opciones para contener la criminalidad, más allá de la fuerza bruta?
El colaborador de este espacio, don Emilio Treviño, recopila respuestas a la interrogante:
Cita, por ejemplo, una nota de Inder Bugarín, reproducida en Reforma del 22 de julio, en el que a su vez cita a Benita Ferrero, comisaria europea de Exteriores: “México podría evaluar un abanico amplio de opciones –incluido el diálogo- para poner fin a la guerra contra el narcotráfico y los preocupantes índices de violencia que se registran en el país”.
La propia dinámica de operación militar por las órdenes de FCH, genera resentimiento e impactos negativos multiplicados en todos los órdenes. Por ejemplo, en el semanario tijuanense Zeta del 24 al 30 de julio, se lee en el artículo (“Lenta Revisión Militar”) de Cristian Torres Cruz que “ni empresarios ni transportistas están contra el combate al narcotráfico, pero sí les afecta que en el punto de revisión militar de La Rumorosa, los chequeos retrasan la llegada de mercancía variada a su destino final, entre una y siete horas”.
En el diario ensenadense El vigía del 12 de agosto, en la columna de Javier Cruz, don Francisco Toscano, residente del Valle de Guadalupe, se queja de la actuación de soldados, que invadieron su propiedad “Mi hermana la mayor habló con los soldados. Le dijeron que, como había carros sospechosos dentro de la propiedad, por eso andaban revisando las casas. Mi hermana les pidió una orden de cateo para poder revisar las casas y no le mostraron nada. Por eso no los dejó entrar, pero insistían una y otra vez en querer entrar a revisar dentro de las casas. Le preguntaron a qué nos dedicábamos, quién vivía en cada casa.”
EL MISMO DÍA (11 de agosto) en que, como respuesta a denuncias de Amnistía Internacional y Human Rights Watch, Calderón pedía se demostrasen casos de abusos militares, en Milenio, en su página 33, en un pie de foto se leía “tres jóvenes fueron apresados por el ejército y subidos a un helicóptero en Sinaloa, delante de reporteros que grababan la escena, después de que supuestamente visitaban la tumba de Héctor Guzmán, hijo de El Chapo, quien murió el año pasado. La Sedena se negó a dar información al respecto”. Parecería que sólo visitar un mausoleo narco sería suficiente razón para ser detenido.
Por descripciones aisladas sobre las condiciones de lucha de los militares, se aprecia un cuadro patético, que de generalizarse, sería preocupante: “dos características que la gente ha advertido en los soldados es su hambre crónica y su apego a los teléfonos celulares… cuando el Ejército revienta una casa, a donde se dirigen primero los guachos es a la cocina, al refrigerador y a la despensa”; véase Eduardo Antonio Parra (“Ciudad Juárez, tiempo de perros”) en la revista Nexos 380, de agosto.
Por fuerza numérica absoluta, el mayor peso de esta guerra fracasada lo lleva la Policía Federal, donde ya cunde la desmoralización. Una nota de Jorge Carrasco Araizaga y Francisco Castellanos, en Proceso 1708, del 26 de julio, da cuenta de la molestia (o amotinamiento) de las secciones 2a y 3a del 12º agrupamiento de la Policía; esas secciones exponen que los superiores ya dieron de baja a mil 200 elementos, de los dos mil 400 miembros de la generación de policías graduados en octubre y noviembre de 2008. Declaran que primero despidieron a 600 miembros, y luego a otros 600 de la Unidad de Rescate y Orden Público.
Los inconformes señalan que les pagan sueldos de tres meses y después se detiene mes y medio el pago; el propio comandante Pedro Manuel García Trujillo, inspector del 12º agrupamiento, reconoce la suspensión de pagos: “por cuestiones de cierres fiscales. Ellos (los inconformes) no entienden; ni nosotros, sólo los administrativos de la Secretaría”. Debe ser muy canijo arriesgar la vida sin tener la seguridad de conservar el empleo y sin tener la seguridad de que se les va a pagar, ¿no?
La PF tampoco cuenta con la cooperación de los lugareños, pues cuenta el semanario fundado por Julio Scherer que en Apatzingán, los propietarios del hotel Posada del Sol se negaron a alojar a los federales, luego de un ataque del grupo criminal “La Familia” contra el hostal, el sábado 11 de julio; en Lázaro Cárdenas, los hoteleros opinan lo mismo.
PERO ADEMÁS DE los problemas de baja moral, en la Policía Federal se presentan graves casos de pillaje e indisciplina. Síntomas también de baja moral y descomposición interna.
Reforma del 4 de agosto narra la irrupción de la PF en una iglesia de Apatzingán, para detener dizque a La Tuta, jefe criminal de “La Familia”. La señora Isabel de Mendoza, entre otros testimonios, acusa a los policías de haberle robado de su auto un celular y un DVD, refiere la periodista Verónica Sánchez. El diario también publica fotos de alcancías saqueadas en la iglesia. De los 30 detenidos, sólo se arraigó a tres personas, ninguna de ellas, la famosa Tuta. Nada justifica el robo de dinero de los cepos de las iglesias, o de donde sea, pero la miseria moral de los apologistas del régimen llega a la desfachatez de justificarlo (¡ni siquiera lo negaron!), en la acentuada voz de Fernández Menéndez (Excélsior) y del patético Luis González de Alba, en Milenio, quienes hablan de incautación, y de confiscación.
Sobre este incidente, en Proceso 1710, del 9 de agosto, se informa que Vinicio Cortés Álvarez, encargado del periódico parroquial, presentó denuncia por el robo del dinero de las alcancías. Entre quienes habría que buscar a los ladrones, se hallan tres grupos: las áreas de Investigación, Inteligencia, y Operaciones Especiales, por ser ellos quienes intervinieron, según se desprende del parte rendido por Ramón Pequeño, jefe de la 3ª División de la Policía Federal, claro que sin reconocer ellos el robo.
Pero además de este incidente, el fracaso de la coordinación operativa en Michoacán, resulta sintomático de la estrategia fallida, como lo admite la propia milicia. “Nos encontrábamos de frente militares y policías federales sin coordinación. En la costa vimos volar helicópteros de la Marina sin saber para qué; en Pátzcuaro habíamos militares y federales en un solo lugar, pero sin comunicarnos; al intentarlo se remitían a las órdenes de los superiores. Había un despliegue de fuerzas, pero sin idea” declara un jefe militar, de acuerdo al reportaje de Benito Jiménez, en Reforma del 24 de julio.
En resumen, el fracaso absoluto… La desorganización y la desmoralización campean en el frente oficial de la guerra que “vamos ganando, aunque no lo parezca”, como dijo aquél. ¿O no?
Índice Flamígero: No debe concluirse tan a la ligera que el asesinato de Armando Chavarría, en Chilpancingo, “fue político”. Habrá que investigar más. Por ejemplo, amén de la vertiente del narcotráfico –apoderado de buena parte de las policías y de la administración de justicia de la entidad--, está ahí también la del ERPI, movimiento armado que se separó del EPR. A menos que Jesús Ortega, Marcelo Ebrard y otros distinguidos perredistas que han llegado a la conclusión tan aceleradamente sepan algo que no nos han dicho a los mortales.
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