Guadalupe Cruz Jaimes (CIMAC)
A dos meses del incendio en la guardería ABC, ubicada en Hermosillo, Sonora, subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a particulares, donde perdieron la vida 49 niñas y niños, y dejó a decenas hospitalizados, las y los expertos, como el abogado laboral Manuel Fuentes, insisten en que “por ningún motivo” la seguridad social debe quedar en manos de particulares porque “se mueven por la ganancia fácil, abaratan costos, aunque por esta causa la niñez corra este tipo de riesgos”.
El modelo de subrogación en 2007 lo impulsó Felipe Calderón y lo apoyó sin cortapisas Margarita Zavala, presidenta honoraria del Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), bajo el argumento de que “ayudaba” a las madres trabajadoras.
Para su ejecución, Calderón propuso en 2008 el más alto presupuesto dentro de los 61 programas de atención a las mujeres en dependencias federales, y en 2009 la Cámara de Diputados asignó para Servicios de Guarderías y Estancias Infantiles en el IMSS, ISSSTE, Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y del DIF 12 mil 138 millones de pesos, de los cuales 9 mil millones de pesos son para el pago de servicios de subrogación, señaló la diputada Maricela Contreras Julián, presidenta de la Comisión de Equidad y Género, en San Lázaro.
Hoy, señala Manuel Fuentes, alrededor del 90 por ciento de las guarderías del país son subrogadas, lo que representa un “grave” detrimento en el cuidado que se da en estos centros a la infancia de cero a cuatro años de edad, como demostró el incendio en la Guardería ABC, donde ocurrió el accidente calificado como “altamente previsible”, por el Presidente de Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Viola DDHH de mujeres trabajadoras
Más allá del accidente, señala Fuentes, “la subrogación no sólo contraviene el Artículo 123 en su fracción 29, también es violatoria de los derechos humanos de las mujeres trabajadoras, pues ellas representan 80 por ciento de las beneficiarias por esta prestación, ya que los hombres sólo tienen derecho a ésta en caso de que enviuden o tengan la patria potestad de sus hijas e hijos”.
El Artículo 123 dice que “es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella comprenderá seguros de jubilación, de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares”.
Usuarias sin prestaciones
Sin embargo, ante el recrudecimiento de la crisis económica, la prestación social de las guarderías es real para muy pocas mujeres, pues cada vez menos empleos las otorguen.
Existen 16 millones 20 mil 833 mujeres trabajadoras en el país, dice Inegi: 63.4 por ciento son asalariadas, lo que significa que alrededor de seis millones están al margen de prestaciones sociales: seguro médico, vacaciones, guarderías, fondo de vivienda y pensión.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) en el cuarto trimestre de 2008 había 11.8 millones de madres económicamente activas, quienes representan 41.3 por ciento del total de las de 14 años y más, 70 por ciento de ellas son madres solteras.
Recomendación del Banco Mundial
Ante el paulatino deterioro de las condiciones laborales de las trabajadoras, disminuyó el número de mujeres que gozan de prestaciones, concretamente de las guarderías, por lo que el Banco Mundial recomendó a los gobiernos que particulares invirtieran en la seguridad social, explica Fuentes Muñiz.
Hoy, según Fuentes, alrededor de 90 por ciento de las guarderías del país son subrogadas, lo que representa un “grave” detrimento en el cuidado a las y los cientos de miles de niñas y niños de cero a cuatro años de edad.
En 1999, las y los niños inscritos en estancias y guarderías del IMSS eran 31 mil 908 (42.9 por ciento). Nueve años después la cifra disminuyó a 23 mil 991 menores de 6 años de edad. En 2008, tenía mil 718 estancias de bienestar y desarrollo infantil: 134 operadas directamente por el Instituto y el resto con participación social o subrogadas.
En 2007, el ISSSTE atendió a 34 mil 47 niñas y niños, de los cuales 25 mil 711 estaban en guarderías operadas por el instituto y 8 mil 336 en estancias de participación social. En 2008, la atención se redujo a 33 mil 663.
Durante el primer trimestre de 2009, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) a través del programa de guarderías y estancias infantiles superó el número de niñas y niños atendidos por el IMSS, llegaron a 221 mil 277, según el Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social.
Para Manuel Fuentes, la Cámara de Diputados, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el IMSS, el ISSSTE, al aprobar este programa, “violaron lo establecido en la constitución” y son responsables también de lo ocurrido en Hermosillo.
En cambio, Soberanes Fernández no critica el programa, solo opina que la tragedia en la ABC es producto de “negligencia criminal”, al no exigir ni vigilar que los concesionarios de la estancia infantil ABC cumplieran como lo establecen las normas oficiales. Para él, los responsables no son las autoridades federales, tampoco señala alguna anomalía en el programa panista, es el IMSS quien “tiene más responsabilidad”.
Por eso pide que la Secretaría de la Función Pública Federal revise quiénes son los servidores públicos que incumplieron esas obligaciones.
Fuentes Muñiz, en cambio, afirma que luego de la tragedia de la ABC, es preciso considerar la importancia de demandar al Gobierno mexicano el cumplimiento del derecho humano y laboral de las madres trabajadoras del país, para que este tipo de hechos no se repitan.
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A dos meses del incendio en la guardería ABC, ubicada en Hermosillo, Sonora, subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a particulares, donde perdieron la vida 49 niñas y niños, y dejó a decenas hospitalizados, las y los expertos, como el abogado laboral Manuel Fuentes, insisten en que “por ningún motivo” la seguridad social debe quedar en manos de particulares porque “se mueven por la ganancia fácil, abaratan costos, aunque por esta causa la niñez corra este tipo de riesgos”.
El modelo de subrogación en 2007 lo impulsó Felipe Calderón y lo apoyó sin cortapisas Margarita Zavala, presidenta honoraria del Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), bajo el argumento de que “ayudaba” a las madres trabajadoras.
Para su ejecución, Calderón propuso en 2008 el más alto presupuesto dentro de los 61 programas de atención a las mujeres en dependencias federales, y en 2009 la Cámara de Diputados asignó para Servicios de Guarderías y Estancias Infantiles en el IMSS, ISSSTE, Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y del DIF 12 mil 138 millones de pesos, de los cuales 9 mil millones de pesos son para el pago de servicios de subrogación, señaló la diputada Maricela Contreras Julián, presidenta de la Comisión de Equidad y Género, en San Lázaro.
Hoy, señala Manuel Fuentes, alrededor del 90 por ciento de las guarderías del país son subrogadas, lo que representa un “grave” detrimento en el cuidado que se da en estos centros a la infancia de cero a cuatro años de edad, como demostró el incendio en la Guardería ABC, donde ocurrió el accidente calificado como “altamente previsible”, por el Presidente de Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Viola DDHH de mujeres trabajadoras
Más allá del accidente, señala Fuentes, “la subrogación no sólo contraviene el Artículo 123 en su fracción 29, también es violatoria de los derechos humanos de las mujeres trabajadoras, pues ellas representan 80 por ciento de las beneficiarias por esta prestación, ya que los hombres sólo tienen derecho a ésta en caso de que enviuden o tengan la patria potestad de sus hijas e hijos”.
El Artículo 123 dice que “es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella comprenderá seguros de jubilación, de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares”.
Usuarias sin prestaciones
Sin embargo, ante el recrudecimiento de la crisis económica, la prestación social de las guarderías es real para muy pocas mujeres, pues cada vez menos empleos las otorguen.
Existen 16 millones 20 mil 833 mujeres trabajadoras en el país, dice Inegi: 63.4 por ciento son asalariadas, lo que significa que alrededor de seis millones están al margen de prestaciones sociales: seguro médico, vacaciones, guarderías, fondo de vivienda y pensión.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) en el cuarto trimestre de 2008 había 11.8 millones de madres económicamente activas, quienes representan 41.3 por ciento del total de las de 14 años y más, 70 por ciento de ellas son madres solteras.
Recomendación del Banco Mundial
Ante el paulatino deterioro de las condiciones laborales de las trabajadoras, disminuyó el número de mujeres que gozan de prestaciones, concretamente de las guarderías, por lo que el Banco Mundial recomendó a los gobiernos que particulares invirtieran en la seguridad social, explica Fuentes Muñiz.
Hoy, según Fuentes, alrededor de 90 por ciento de las guarderías del país son subrogadas, lo que representa un “grave” detrimento en el cuidado a las y los cientos de miles de niñas y niños de cero a cuatro años de edad.
En 1999, las y los niños inscritos en estancias y guarderías del IMSS eran 31 mil 908 (42.9 por ciento). Nueve años después la cifra disminuyó a 23 mil 991 menores de 6 años de edad. En 2008, tenía mil 718 estancias de bienestar y desarrollo infantil: 134 operadas directamente por el Instituto y el resto con participación social o subrogadas.
En 2007, el ISSSTE atendió a 34 mil 47 niñas y niños, de los cuales 25 mil 711 estaban en guarderías operadas por el instituto y 8 mil 336 en estancias de participación social. En 2008, la atención se redujo a 33 mil 663.
Durante el primer trimestre de 2009, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) a través del programa de guarderías y estancias infantiles superó el número de niñas y niños atendidos por el IMSS, llegaron a 221 mil 277, según el Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social.
Para Manuel Fuentes, la Cámara de Diputados, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el IMSS, el ISSSTE, al aprobar este programa, “violaron lo establecido en la constitución” y son responsables también de lo ocurrido en Hermosillo.
En cambio, Soberanes Fernández no critica el programa, solo opina que la tragedia en la ABC es producto de “negligencia criminal”, al no exigir ni vigilar que los concesionarios de la estancia infantil ABC cumplieran como lo establecen las normas oficiales. Para él, los responsables no son las autoridades federales, tampoco señala alguna anomalía en el programa panista, es el IMSS quien “tiene más responsabilidad”.
Por eso pide que la Secretaría de la Función Pública Federal revise quiénes son los servidores públicos que incumplieron esas obligaciones.
Fuentes Muñiz, en cambio, afirma que luego de la tragedia de la ABC, es preciso considerar la importancia de demandar al Gobierno mexicano el cumplimiento del derecho humano y laboral de las madres trabajadoras del país, para que este tipo de hechos no se repitan.
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