Ramón Alfonso Sallard
Tiene razón Ifigenia Martínez: El país enfrenta una severa recesión, en paralelo con la disminución de la capacidad del Estado para fomentar el desarrollo y preservar plenamente el orden público. Hay también un problema cotidiano de derechos humanos que podría provocar, junto con la desigualdad imperante y la pérdida de ingresos y empleos, un estallido social de graves proporciones, en vísperas precisamente del segundo centenario de las guerras de Independencia y del primer centenario de la primera revolución social del siglo XX.
El diagnóstico de la maestra fue formulado el sábado pasado durante la ceremonia de instalación de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, en su carácter de presidenta de la mesa de decanos. Dijo más: “Tendremos también que reconstruir y fortalecer las instituciones públicas, salvaguardar las libertades ciudadanas, proteger la soberanía y el patrimonio nacionales y, en mi opinión, terminar con el ciclo neoliberal para implementar una política económica de desarrollo equitativo, que responda al mandato constitucional, en la promoción de este desarrollo y de la búsqueda efectiva de la justicia social. ¡Espero que seamos dignos de tan noble encomienda!”.
La breve intervención de la legisladora fue escuchada con atención y respeto por los integrantes de los diversos grupos parlamentarios y por el público invitado al recinto de San Lázaro, aunque varios de los presentes expresaron después su incomodidad ante el planteamiento. Algunos no quieren saber nada de un eventual estallido social, y menos de esa “noble encomienda” de legislar, que bien podría contribuir a evitarlo.
¿Cómo no corregir, desde el Congreso, el rumbo que han seguido los últimos cinco gobiernos? Aunque las élites insistan en continuar por la misma vía, los números demuestran la inviabilidad del modelo, incluso para sus intereses a mediano y largo plazo. El costo social de mantener el dogma puede ser muy alto y, al final, contraproducente para sus promotores. La desigualdad y la injusticia en México son brutales, lo mismo que la impunidad y la corrupción. El empobrecimiento de las mayorías y el enriquecimiento de unos cuantos resulta insultante. Lorenzo Meyer ha demostrado, con cifras irrebatibles, que el nivel de concentración de riqueza en nuestro país es, en la actualidad, mucho mayor al que existió durante La Colonia. Y ese proceso se aceleró a partir del sexenio de Carlos Salinas de Gortari.
¿Qué se puede esperar de los nuevos diputados en este contexto? Quizá no mucho, porque quienes pugnan por cambiar el modelo son una minoría. Pero un buen ejemplo de lo mucho que se puede hacer, desde la minoría, es el diputado saliente José Antonio Almazán. Debo decir que en los últimos meses he aprendido a respetarlo como político y a apreciarlo como amigo. A diferencia de otros que se marean casi instantáneamente, él siempre bromea con su cargo: --¿Qué es peor que un diputado? –preguntó hace poco, a bocajarro. --¿Qué? –interrogué yo, a mi vez. --¡Pues un diputado saliente!—soltó, entre risas.
Pero lejos estuvo de asumir a broma su compromiso con el electorado. El mismo día de instalación de la nueva Cámara, Almazán concluyó su labor con un evento de dos días en la sede del Sindicato Mexicano de Electricistas, al cual pertenece. Fue un encuentro al que acudieron líderes del movimiento en defensa de la economía familiar de todo el país para buscar soluciones al problema de las altas tarifas eléctricas, así como también a otros temas que afectan de igual modo a los mexicanos de menores recursos.
¿Quién va a hacer lo que ha hecho Almazán en estos tres años?, preguntó ayer Laura Itzel Castillo en el auditorio del SME, durante el segundo y último día de trabajos. Y ella misma respondió: “Apenas entre varios diputados…” Es verdad. José Antonio cree, y lo ha puesto en práctica, que es posible combinar la labor legislativa con la movilización social. Que una y otra no tienen por qué entrar en conflicto. Para él es necesario anclarse a la izquierda y apostar a la gente, a las bases, no a las élites.
Estoy de acuerdo con su posición.
Tiene razón Ifigenia Martínez: El país enfrenta una severa recesión, en paralelo con la disminución de la capacidad del Estado para fomentar el desarrollo y preservar plenamente el orden público. Hay también un problema cotidiano de derechos humanos que podría provocar, junto con la desigualdad imperante y la pérdida de ingresos y empleos, un estallido social de graves proporciones, en vísperas precisamente del segundo centenario de las guerras de Independencia y del primer centenario de la primera revolución social del siglo XX.
El diagnóstico de la maestra fue formulado el sábado pasado durante la ceremonia de instalación de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, en su carácter de presidenta de la mesa de decanos. Dijo más: “Tendremos también que reconstruir y fortalecer las instituciones públicas, salvaguardar las libertades ciudadanas, proteger la soberanía y el patrimonio nacionales y, en mi opinión, terminar con el ciclo neoliberal para implementar una política económica de desarrollo equitativo, que responda al mandato constitucional, en la promoción de este desarrollo y de la búsqueda efectiva de la justicia social. ¡Espero que seamos dignos de tan noble encomienda!”.
La breve intervención de la legisladora fue escuchada con atención y respeto por los integrantes de los diversos grupos parlamentarios y por el público invitado al recinto de San Lázaro, aunque varios de los presentes expresaron después su incomodidad ante el planteamiento. Algunos no quieren saber nada de un eventual estallido social, y menos de esa “noble encomienda” de legislar, que bien podría contribuir a evitarlo.
¿Cómo no corregir, desde el Congreso, el rumbo que han seguido los últimos cinco gobiernos? Aunque las élites insistan en continuar por la misma vía, los números demuestran la inviabilidad del modelo, incluso para sus intereses a mediano y largo plazo. El costo social de mantener el dogma puede ser muy alto y, al final, contraproducente para sus promotores. La desigualdad y la injusticia en México son brutales, lo mismo que la impunidad y la corrupción. El empobrecimiento de las mayorías y el enriquecimiento de unos cuantos resulta insultante. Lorenzo Meyer ha demostrado, con cifras irrebatibles, que el nivel de concentración de riqueza en nuestro país es, en la actualidad, mucho mayor al que existió durante La Colonia. Y ese proceso se aceleró a partir del sexenio de Carlos Salinas de Gortari.
¿Qué se puede esperar de los nuevos diputados en este contexto? Quizá no mucho, porque quienes pugnan por cambiar el modelo son una minoría. Pero un buen ejemplo de lo mucho que se puede hacer, desde la minoría, es el diputado saliente José Antonio Almazán. Debo decir que en los últimos meses he aprendido a respetarlo como político y a apreciarlo como amigo. A diferencia de otros que se marean casi instantáneamente, él siempre bromea con su cargo: --¿Qué es peor que un diputado? –preguntó hace poco, a bocajarro. --¿Qué? –interrogué yo, a mi vez. --¡Pues un diputado saliente!—soltó, entre risas.
Pero lejos estuvo de asumir a broma su compromiso con el electorado. El mismo día de instalación de la nueva Cámara, Almazán concluyó su labor con un evento de dos días en la sede del Sindicato Mexicano de Electricistas, al cual pertenece. Fue un encuentro al que acudieron líderes del movimiento en defensa de la economía familiar de todo el país para buscar soluciones al problema de las altas tarifas eléctricas, así como también a otros temas que afectan de igual modo a los mexicanos de menores recursos.
¿Quién va a hacer lo que ha hecho Almazán en estos tres años?, preguntó ayer Laura Itzel Castillo en el auditorio del SME, durante el segundo y último día de trabajos. Y ella misma respondió: “Apenas entre varios diputados…” Es verdad. José Antonio cree, y lo ha puesto en práctica, que es posible combinar la labor legislativa con la movilización social. Que una y otra no tienen por qué entrar en conflicto. Para él es necesario anclarse a la izquierda y apostar a la gente, a las bases, no a las élites.
Estoy de acuerdo con su posición.
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