Miguel Ángel Granados Chapa / Plaza Pública
Hoy se cumplen dos meses del crimen que privó de la vida a 49 niños en la guardería ABC, de Hermosillo, Sonora, el 5 de junio. Treinta y ocho de ellos murieron ese mismo día, quemados y por asfixia a causa del incendio iniciado en una bodega gubernamental que compartía espacio con la estancia subrogada por el IMSS. Desde entonces, la muerte ha ganado la carrera a la justicia: murieron 11 pequeños más, hasta el 28 de julio, mientras que sólo una persona ha sido detenida por ese terrible suceso (y quizá a esta hora está ya libre pues un tribunal federal le concedió antier la libertad bajo fianza).
Apenas salieron del pasmo que les produjo la irrefutable muestra de su indolencia, influyentismo y corrupción, el gobierno de Sonora y el gobierno federal cruzaron acusaciones, reproches e invectivas. No se apresuraron, sin embargo, las averiguaciones penales, que inicialmente fueron emprendidas por el Ministerio Público local y atraídas el 24 de junio por la Procuraduría General de la República. La local solicitó el día 19 anterior 18 órdenes de aprehensión, principalmente contra funcionarios del gobierno estatal y del IMSS. Obtuvo 13 mandamientos de detención y sólo pudo cumplir siete. Cinco de los afectados quedaron libres bajo fianza, pagada por el sindicato de burócratas estatales, al que pertenecen: son los empleados de la bodega de la secretaría local de Finanzas donde se originó el incendio que se propagó al espacio vecino, indebidamente ocupado por una guardería que en realidad era una bodega de niños. Otra persona más fue dejada en libertad de inmediato, de modo que sólo una funcionaria del IMSS, Irma Crescencia Díaz Gómez, coordinadora zonal de guarderías en Sonora, ha permanecido en prisión, porque se le negó fianza para quedar libre. Anteayer lunes obtuvo una resolución favorable, que si a esta hora no ha sido cumplida puede dejarla en libertad en cuanto pueda reunir el monto de la garantía, superior a 2 millones de pesos.
Ya bajo la competencia federal, la PGR solicitó el 1o. de julio nueve órdenes de aprehensión a un juez de distrito, que las obsequió el 4 de julio y se refieren a los cinco dueños de la guardería subrogada por el IMSS y a cuatro funcionarios de ese instituto. Pero el haber iniciado la persecución 30 días después del crimen permitió a los inculpados desaparecer. Sonó por eso ridículo -los resultados lo son en mayor medida- que se solicitara a Interpol la emisión de la ficha roja, la orden internacional de aprehensión que hoy, cuando se cumplen dos meses del siniestro siniestro, no han sido ejecutadas.
No ha habido otro tipo de sanciones. Se conjetura que el PRI perdió por el caso de la guardería la gubernatura sonorense, en lo que constituyó la única victoria panista, pero no hay base firme para asegurarlo, pues el castigo pudo haber sido asestado por igual a los partidos contendientes, a que pertenecen los funcionarios involucrados. Hubiera podido registrarse como puniciones a su irresponsabilidad la salida de dos altos funcionarios del IMSS, los que directamente manejaban las guarderías y el régimen de subrogación, pero los puntillosos voceros de la institución se cuidaron de hacer saber que se habían marchado por voluntad propia y sin relación alguna con la muerte de medio centenar de niños puestos a su cuidado. El gobernador Eduardo Bours y el director del IMSS, Daniel Karam, han pasado momentos difíciles ante los padres de las víctimas, ante la opinión pública -y el funcionario federal ante el Senado- pero sus tragos amargos, apurados con una buena dosis de cinismo por el gobernador, distan de ser una sanción social que guarde proporción con la magnitud del daño causado.
Sólo un efecto positivo ha surgido, no de la tragedia -que sólo produjo dolor y ningún género de bien- sino de su abordamiento público. Consiste en que se ha puesto en cuestión el modelo por el cual cumple el IMSS su deber legal de otorgar a sus derechohabientes el servicio de guarderías. Lo hace a través de la subrogación, es decir pagando a particulares el otorgamiento de dicho servicio, que se ofrece sobre la base del menor costo -en perjuicio de los destinatarios- y la mayor utilidad. Por esta última circunstancia el negocio de guardar niños se ha convertido en dedicación favorita no de profesionales de la puericultura y la educación sino de validos de políticos con eminencia regional. Parientes de Bours aparecieron desde el primer día como beneficiarios de estas empresas propiciadas por un Estado blandengue, que quizá es inferior y peor que el fallido, porque éste no puede cumplir sus funciones mientras que aquél finge hacerlo.
Los padres de las víctimas, al comprobar día con día que las demoras ministerial y judicial eran formas de complicidad, acudieron a otras instancias para acuciar a las autoridades formalmente encargadas del caso. Solicitaron a principios de julio a la Suprema Corte de Justicia una investigación constitucional sobre violaciones graves a las garantías individuales. El pedido resultó doblemente impertinente para los ministros: estaban a punto de comenzar sus vacaciones y crece su renuencia a aplicar el artículo 97, que los faculta para ese tipo de indagación. El ministro Sergio Valls hizo suyo el pedido de las familias y mañana el pleno resolverá si acepta o no, conforme a un proyecto del ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano.
Por su parte, la CNDH emitió anteayer una recomendación que hemos de examinar.
Cajón de Sastre
A los 82 años de edad (nació en la Ciudad de México el 19 de abril de 1927), anteayer, murió el doctor Pablo Latapí Sarre, apenas unas semanas después de haber recibido el primer doctorado honoris causa que otorga el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, el núcleo científico de mayor sustancia y prestigio del IPN. Es imposible resumir en estas líneas la andadura y los logros del más relevante y productivo investigador sobre la educación mexicana. Pionero en ese campo, unió sin traicionar ninguno su convicción filosófica y ética con el máximo rigor en la indagación sobre los procesos educativos. Fue asesor independiente y crítico de varios secretarios de Educación y escribió e hizo publicar decenas de libros sobre el tema al que entregó su vida. Nuestro pésame a su esposa, María Matilde Martínez Benítez, a quien don Pablo tanto amó.
Hoy se cumplen dos meses del crimen que privó de la vida a 49 niños en la guardería ABC, de Hermosillo, Sonora, el 5 de junio. Treinta y ocho de ellos murieron ese mismo día, quemados y por asfixia a causa del incendio iniciado en una bodega gubernamental que compartía espacio con la estancia subrogada por el IMSS. Desde entonces, la muerte ha ganado la carrera a la justicia: murieron 11 pequeños más, hasta el 28 de julio, mientras que sólo una persona ha sido detenida por ese terrible suceso (y quizá a esta hora está ya libre pues un tribunal federal le concedió antier la libertad bajo fianza).
Apenas salieron del pasmo que les produjo la irrefutable muestra de su indolencia, influyentismo y corrupción, el gobierno de Sonora y el gobierno federal cruzaron acusaciones, reproches e invectivas. No se apresuraron, sin embargo, las averiguaciones penales, que inicialmente fueron emprendidas por el Ministerio Público local y atraídas el 24 de junio por la Procuraduría General de la República. La local solicitó el día 19 anterior 18 órdenes de aprehensión, principalmente contra funcionarios del gobierno estatal y del IMSS. Obtuvo 13 mandamientos de detención y sólo pudo cumplir siete. Cinco de los afectados quedaron libres bajo fianza, pagada por el sindicato de burócratas estatales, al que pertenecen: son los empleados de la bodega de la secretaría local de Finanzas donde se originó el incendio que se propagó al espacio vecino, indebidamente ocupado por una guardería que en realidad era una bodega de niños. Otra persona más fue dejada en libertad de inmediato, de modo que sólo una funcionaria del IMSS, Irma Crescencia Díaz Gómez, coordinadora zonal de guarderías en Sonora, ha permanecido en prisión, porque se le negó fianza para quedar libre. Anteayer lunes obtuvo una resolución favorable, que si a esta hora no ha sido cumplida puede dejarla en libertad en cuanto pueda reunir el monto de la garantía, superior a 2 millones de pesos.
Ya bajo la competencia federal, la PGR solicitó el 1o. de julio nueve órdenes de aprehensión a un juez de distrito, que las obsequió el 4 de julio y se refieren a los cinco dueños de la guardería subrogada por el IMSS y a cuatro funcionarios de ese instituto. Pero el haber iniciado la persecución 30 días después del crimen permitió a los inculpados desaparecer. Sonó por eso ridículo -los resultados lo son en mayor medida- que se solicitara a Interpol la emisión de la ficha roja, la orden internacional de aprehensión que hoy, cuando se cumplen dos meses del siniestro siniestro, no han sido ejecutadas.
No ha habido otro tipo de sanciones. Se conjetura que el PRI perdió por el caso de la guardería la gubernatura sonorense, en lo que constituyó la única victoria panista, pero no hay base firme para asegurarlo, pues el castigo pudo haber sido asestado por igual a los partidos contendientes, a que pertenecen los funcionarios involucrados. Hubiera podido registrarse como puniciones a su irresponsabilidad la salida de dos altos funcionarios del IMSS, los que directamente manejaban las guarderías y el régimen de subrogación, pero los puntillosos voceros de la institución se cuidaron de hacer saber que se habían marchado por voluntad propia y sin relación alguna con la muerte de medio centenar de niños puestos a su cuidado. El gobernador Eduardo Bours y el director del IMSS, Daniel Karam, han pasado momentos difíciles ante los padres de las víctimas, ante la opinión pública -y el funcionario federal ante el Senado- pero sus tragos amargos, apurados con una buena dosis de cinismo por el gobernador, distan de ser una sanción social que guarde proporción con la magnitud del daño causado.
Sólo un efecto positivo ha surgido, no de la tragedia -que sólo produjo dolor y ningún género de bien- sino de su abordamiento público. Consiste en que se ha puesto en cuestión el modelo por el cual cumple el IMSS su deber legal de otorgar a sus derechohabientes el servicio de guarderías. Lo hace a través de la subrogación, es decir pagando a particulares el otorgamiento de dicho servicio, que se ofrece sobre la base del menor costo -en perjuicio de los destinatarios- y la mayor utilidad. Por esta última circunstancia el negocio de guardar niños se ha convertido en dedicación favorita no de profesionales de la puericultura y la educación sino de validos de políticos con eminencia regional. Parientes de Bours aparecieron desde el primer día como beneficiarios de estas empresas propiciadas por un Estado blandengue, que quizá es inferior y peor que el fallido, porque éste no puede cumplir sus funciones mientras que aquél finge hacerlo.
Los padres de las víctimas, al comprobar día con día que las demoras ministerial y judicial eran formas de complicidad, acudieron a otras instancias para acuciar a las autoridades formalmente encargadas del caso. Solicitaron a principios de julio a la Suprema Corte de Justicia una investigación constitucional sobre violaciones graves a las garantías individuales. El pedido resultó doblemente impertinente para los ministros: estaban a punto de comenzar sus vacaciones y crece su renuencia a aplicar el artículo 97, que los faculta para ese tipo de indagación. El ministro Sergio Valls hizo suyo el pedido de las familias y mañana el pleno resolverá si acepta o no, conforme a un proyecto del ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano.
Por su parte, la CNDH emitió anteayer una recomendación que hemos de examinar.
Cajón de Sastre
A los 82 años de edad (nació en la Ciudad de México el 19 de abril de 1927), anteayer, murió el doctor Pablo Latapí Sarre, apenas unas semanas después de haber recibido el primer doctorado honoris causa que otorga el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, el núcleo científico de mayor sustancia y prestigio del IPN. Es imposible resumir en estas líneas la andadura y los logros del más relevante y productivo investigador sobre la educación mexicana. Pionero en ese campo, unió sin traicionar ninguno su convicción filosófica y ética con el máximo rigor en la indagación sobre los procesos educativos. Fue asesor independiente y crítico de varios secretarios de Educación y escribió e hizo publicar decenas de libros sobre el tema al que entregó su vida. Nuestro pésame a su esposa, María Matilde Martínez Benítez, a quien don Pablo tanto amó.
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