Miguel Ángel Granados Chapa / Plaza Pública
Una maniobra instrumentada por la Secretaría de la Reforma Agraria y sus dependencias, el Registro Agrario Nacional y la Procuraduría Agraria, trataría de favorecer con la refinería a Guanajuato sobre Hidalgo
Al cumplirse el plazo de 100 días para que el gobierno de Hidalgo pusiera a plena disposición de Pemex 700 hectáreas para la construcción de una refinería, parecía que estaba en curso una maniobra practicada por "distinguidos panistas" para imposibilitar el cumplimiento de las condiciones establecidas por la empresa petrolera nacional, de suerte que la planta industrial se edificara en la sede suplente de Salamanca.
El 14 de abril Pemex anunció que la propuesta hidalguense de levantar la refinería en la región de Tula (donde ya funciona la Miguel Hidalgo) había sido elegida entre las muchas opciones que en un extraño certamen fueron promovidas por los gobernadores de una decena de entidades. Se matizó la decisión, sin embargo: si en 100 días el gobierno hidalguense no entregaba en donación el predio requerido, sin problema jurídico de ninguna especie, la planta productora de combustibles se construiría en Salamanca.
A partir de ese momento, dando por supuesto que el gobernador Miguel Osorio Chong incumpliría los términos de Pemex, el de Guanajuato, Juan Manuel Oliva, procedió como si la sede designada correspondiera ya a su estado. Dio los pasos necesarios con antelación a los que necesitaba dar el gobierno hidalguense y se ha declarado listo para ejercer la suplencia. Tal vez contaba, por un lado, con la parsimonia o indolencia de Osorio Chong y con el auxilio que en caso extremo le ofrecerían la Secretaría de la Reforma Agraria y la Procuraduría del ramo. Parecería que ambos supuestos se convirtieron en realidad.
Confiado en exceso en sus capacidades de negociación, Osorio Chong demoró el acuerdo con los núcleos agrarios que proveerían la tierra y, en el colmo de la desidia, viajó a Estados Unidos el fin de semana pasado. Ciertamente había avanzado en la obtención de los créditos para la adquisición de los terrenos que han de ser donados a Pemex, aunque también en ese punto se percibe negligencia o algo más: en vez de tramitar directamente, con la anticipación necesaria, el crédito de mil 500 millones de pesos con Banamex, que la legislatura local aprobó apenas el martes, Osorio Chong consiguió créditos puente con dos bancos, a fin de contar con liquidez para la compra de la tierra, que requiere poco más de mil millones de pesos.
La noche del martes, sin embargo, surgió un obstáculo al parecer imbatible. Para sorpresa de los ejidatarios de El Llano, funcionarios de la Procuraduría Agraria les informaron que la asamblea en que aprobaron vender sus parcelas carecía de validez y por lo tanto no podían continuar la gestión necesaria ante el Registro Agrario Nacional. El delegado de la Procuraduría en Hidalgo, Luis Enrique Baños Gómez, a quien los ejidatarios afectados imputaron la deficiencia jurídica que los deja fuera de la operación con la que estaban tan ilusionados, tuvo el tino de no acudir personalmente a la reunión de campesinos que vieron cómo volaba el millón y medio de pesos por hectárea que el gobierno se había comprometido a pagarles.
Ayer, como quien no quiere la cosa, y sin explicitar que tuviera relación con lo que sucede en torno de la refinería, la Secretaría de la Reforma Agraria hizo publicar profusamente un comunicado que, si no se vincula con la situación hidalguense, parecería ser una ociosa o innecesaria lección de derecho agrario. El mensaje se titula "El cambio de régimen de propiedad, indispensable para la venta de tierra ejidal". Conforme a la ley agraria de 1992 -que fue consecuencia de la reforma constitucional emprendida por Carlos Salinas de Gortari para privatizar las áreas ejidales y comunales- para vender la tierra se requiere un procedimiento que, no lo dice el desplegado sino yo mismo, la asamblea ejidal de El Llano no siguió puntualmente.
El desplegado describe así las cuatro fases de tal procedimiento: "El núcleo agrario debe tener regularizados sus derechos", para lo cual se precisa reunir una asamblea de "delimitación, destino y asignación de tierra". Se requiere también "celebrar una asamblea de autorización para la adopción del dominio pleno", de la cual se levantará un acta, que debe ser inscrita en el Registro Agrario Nacional. "Una vez inscrita el acta, cada ejidatario o posesionario en lo individual podrá acudir al Registro Agrario Nacional a realizar el trámite de canje del certificado de derechos parcelarios por el título de propiedad", que debe ser inscrito a su vez en el Registro Público de la Propiedad y en el Catastro Municipal. Por último, el desplegado recuerda que "la primera enajenación de parcela que cambió de régimen de propiedad" debe realizarse conforme a "un avalúo emitido por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales... o cualquier institución de crédito".
Por una chicana de funcionarios agrarios Hidalgo podría a esta hora ser desprovisto de la opción ganada hace 100 días. El líder estatal panista, Gonzalo Trejo, todavía dijo que los funcionarios del Registro Agrario Nacional eran "distinguidos panistas" que asegurarían la realización de los trámites, cuando al parecer era ya imposible hacerlo, lo cual explica la advertencia formal de la SRA: Si Hidalgo incumple por esa causa su acuerdo con Pemex, ello resultaría de la desaprensión del gobierno estatal hábilmente aprovechada, mediante engaños, por funcionarios federales panistas a favor del gobierno de su misma filiación en Guanajuato, que no en balde se ha ufanado hasta el último momento de que esa entidad triunfará.
Cajón de Sastre
Aun con protección, el propio secretario de Salud de Chiapas ha sido contagiado por el virus de la influenza A H1N1. Con razón temen los enfermeros del hospital regional de San Cristóbal de las Casas que, sin contar con el equipo adecuado -pues se les regatea el que se da a los médicos-, padezcan y propaguen el virus. El material faltante sin duda podría ser adquirido con sólo ahorrar una pizca del inmenso presupuesto publicitario que ejerce el gobernador Juan Sabines para su provecho personal. Algo semejante podrían hacer sus compañeros de partido Ulises Ruiz y Fidel Herrera, los gobernadores priistas de Oaxaca y Veracruz, cuyos pobladores también resienten el repunte de la influenza, de la que siempre supimos que no nos habíamos desembarazado por completo y brota de nuevo en entidades pobrísimas.
Una maniobra instrumentada por la Secretaría de la Reforma Agraria y sus dependencias, el Registro Agrario Nacional y la Procuraduría Agraria, trataría de favorecer con la refinería a Guanajuato sobre Hidalgo
Al cumplirse el plazo de 100 días para que el gobierno de Hidalgo pusiera a plena disposición de Pemex 700 hectáreas para la construcción de una refinería, parecía que estaba en curso una maniobra practicada por "distinguidos panistas" para imposibilitar el cumplimiento de las condiciones establecidas por la empresa petrolera nacional, de suerte que la planta industrial se edificara en la sede suplente de Salamanca.
El 14 de abril Pemex anunció que la propuesta hidalguense de levantar la refinería en la región de Tula (donde ya funciona la Miguel Hidalgo) había sido elegida entre las muchas opciones que en un extraño certamen fueron promovidas por los gobernadores de una decena de entidades. Se matizó la decisión, sin embargo: si en 100 días el gobierno hidalguense no entregaba en donación el predio requerido, sin problema jurídico de ninguna especie, la planta productora de combustibles se construiría en Salamanca.
A partir de ese momento, dando por supuesto que el gobernador Miguel Osorio Chong incumpliría los términos de Pemex, el de Guanajuato, Juan Manuel Oliva, procedió como si la sede designada correspondiera ya a su estado. Dio los pasos necesarios con antelación a los que necesitaba dar el gobierno hidalguense y se ha declarado listo para ejercer la suplencia. Tal vez contaba, por un lado, con la parsimonia o indolencia de Osorio Chong y con el auxilio que en caso extremo le ofrecerían la Secretaría de la Reforma Agraria y la Procuraduría del ramo. Parecería que ambos supuestos se convirtieron en realidad.
Confiado en exceso en sus capacidades de negociación, Osorio Chong demoró el acuerdo con los núcleos agrarios que proveerían la tierra y, en el colmo de la desidia, viajó a Estados Unidos el fin de semana pasado. Ciertamente había avanzado en la obtención de los créditos para la adquisición de los terrenos que han de ser donados a Pemex, aunque también en ese punto se percibe negligencia o algo más: en vez de tramitar directamente, con la anticipación necesaria, el crédito de mil 500 millones de pesos con Banamex, que la legislatura local aprobó apenas el martes, Osorio Chong consiguió créditos puente con dos bancos, a fin de contar con liquidez para la compra de la tierra, que requiere poco más de mil millones de pesos.
La noche del martes, sin embargo, surgió un obstáculo al parecer imbatible. Para sorpresa de los ejidatarios de El Llano, funcionarios de la Procuraduría Agraria les informaron que la asamblea en que aprobaron vender sus parcelas carecía de validez y por lo tanto no podían continuar la gestión necesaria ante el Registro Agrario Nacional. El delegado de la Procuraduría en Hidalgo, Luis Enrique Baños Gómez, a quien los ejidatarios afectados imputaron la deficiencia jurídica que los deja fuera de la operación con la que estaban tan ilusionados, tuvo el tino de no acudir personalmente a la reunión de campesinos que vieron cómo volaba el millón y medio de pesos por hectárea que el gobierno se había comprometido a pagarles.
Ayer, como quien no quiere la cosa, y sin explicitar que tuviera relación con lo que sucede en torno de la refinería, la Secretaría de la Reforma Agraria hizo publicar profusamente un comunicado que, si no se vincula con la situación hidalguense, parecería ser una ociosa o innecesaria lección de derecho agrario. El mensaje se titula "El cambio de régimen de propiedad, indispensable para la venta de tierra ejidal". Conforme a la ley agraria de 1992 -que fue consecuencia de la reforma constitucional emprendida por Carlos Salinas de Gortari para privatizar las áreas ejidales y comunales- para vender la tierra se requiere un procedimiento que, no lo dice el desplegado sino yo mismo, la asamblea ejidal de El Llano no siguió puntualmente.
El desplegado describe así las cuatro fases de tal procedimiento: "El núcleo agrario debe tener regularizados sus derechos", para lo cual se precisa reunir una asamblea de "delimitación, destino y asignación de tierra". Se requiere también "celebrar una asamblea de autorización para la adopción del dominio pleno", de la cual se levantará un acta, que debe ser inscrita en el Registro Agrario Nacional. "Una vez inscrita el acta, cada ejidatario o posesionario en lo individual podrá acudir al Registro Agrario Nacional a realizar el trámite de canje del certificado de derechos parcelarios por el título de propiedad", que debe ser inscrito a su vez en el Registro Público de la Propiedad y en el Catastro Municipal. Por último, el desplegado recuerda que "la primera enajenación de parcela que cambió de régimen de propiedad" debe realizarse conforme a "un avalúo emitido por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales... o cualquier institución de crédito".
Por una chicana de funcionarios agrarios Hidalgo podría a esta hora ser desprovisto de la opción ganada hace 100 días. El líder estatal panista, Gonzalo Trejo, todavía dijo que los funcionarios del Registro Agrario Nacional eran "distinguidos panistas" que asegurarían la realización de los trámites, cuando al parecer era ya imposible hacerlo, lo cual explica la advertencia formal de la SRA: Si Hidalgo incumple por esa causa su acuerdo con Pemex, ello resultaría de la desaprensión del gobierno estatal hábilmente aprovechada, mediante engaños, por funcionarios federales panistas a favor del gobierno de su misma filiación en Guanajuato, que no en balde se ha ufanado hasta el último momento de que esa entidad triunfará.
Cajón de Sastre
Aun con protección, el propio secretario de Salud de Chiapas ha sido contagiado por el virus de la influenza A H1N1. Con razón temen los enfermeros del hospital regional de San Cristóbal de las Casas que, sin contar con el equipo adecuado -pues se les regatea el que se da a los médicos-, padezcan y propaguen el virus. El material faltante sin duda podría ser adquirido con sólo ahorrar una pizca del inmenso presupuesto publicitario que ejerce el gobernador Juan Sabines para su provecho personal. Algo semejante podrían hacer sus compañeros de partido Ulises Ruiz y Fidel Herrera, los gobernadores priistas de Oaxaca y Veracruz, cuyos pobladores también resienten el repunte de la influenza, de la que siempre supimos que no nos habíamos desembarazado por completo y brota de nuevo en entidades pobrísimas.
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