Álvaro Cepeda Neri / Conjeturas
En los discursos calderonistas hay reclamos y quejas que hizo uso de su facultad, establecida en el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (una ley fundamental cada vez menos acatada dentro del relajamiento político que vive la nación y sus gobernantes), el presidente Felipe Calderón y que en la fracción VI dice: que el titular del Poder Ejecutivo Federal, para preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, puede y debe disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea, para la seguridad interior de la Federación. Empero y dicho sea de paso, la facultad está coja si simultáneamente, no hace uso de lo establecido en el artículo 29 de la misma Constitución.
Y es hora de ejercer la pinza de los artículos 29 y 89, para legalizar al máximo que los militares estén, cada vez más, haciéndola de policías ya que éstas, por lo general, se han coludido con las delincuencias (hay policías que en su turno de descanso son delincuentes) lo mismo que los presidentes municipales y no se diga los gobernadores con sus pandillas. Calderón, como lo acaba de hacer ante la comunidad mexicana-israelita, hace reclamos y se queja de que “los gobiernos” no cooperan en el combate a los narcotraficantes y del resto de las delincuencias. No se atreve a ponerle nombre a sus imputaciones, porque entonces tendría que darlos “con pelos y señales”.
Además de que la facultad de perseguir los delitos del narcotráfico y de la demás delincuencia organizada, es de competencia exclusiva del gobierno federal y su ya desbordada estructura desde la Secretaría de Seguridad Pública Federal y sus brazos armados, como la Agencia Federal de Investigación (AFI); la Policía Federal Ministerial (de la PGR), y la Policía Federal Preventiva (al mando del tenebroso Luis Cárdenas Palomino) y de toda la organización bajo el mando de Genaro García Luna y Medina-Mora. Estos tres funcionarios manejando un multimillonario presupuesto para gastos, como lo acaba de detallar en su nota el reportero José Reveles (El Financiero: 12/VI/09).
Calderón hubo de tomar la medida de sacar a los militares de sus cuarteles ante le hecho amenazante de que narcos y demás delincuentes ya estaban y siguen cogobernando, a través de los sobornos a presidentes municipales, gobernadores y funcionarios federales que incluye a militares. Pero los funcionarios de la Federación, que incluye a toda la estructura de la descentralización política-administrativa, son parte de problema con sus excepciones. Un problema que dejaron crecer desde 1982 al 2000, desde De la Madrid a Fox. “Nosotros el pueblo” o sea los ciudadanos comunes y corrientes muy poco podemos hacer para colaborar, con todo y las recompensas ofrecidas. Así que es al presidencialismo al que le toca, por obligación, hacer frente al terrible fenómeno y al Congreso General para que de una vez por todas descentralicen las facultades para combatir al narcotráfico y demás delincuentes, antes de que estos se apoderen totalmente de los gobiernos y sustituyan de facto a los gobernantes de jure y a estos últimos la propuesta de no votar más para elegirlos, conlleva apoyar a que los delincuentes sea los presidentes municipales, los gobernantes, los policías y hasta el presidente de la República.
En los discursos calderonistas hay reclamos y quejas que hizo uso de su facultad, establecida en el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (una ley fundamental cada vez menos acatada dentro del relajamiento político que vive la nación y sus gobernantes), el presidente Felipe Calderón y que en la fracción VI dice: que el titular del Poder Ejecutivo Federal, para preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, puede y debe disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea, para la seguridad interior de la Federación. Empero y dicho sea de paso, la facultad está coja si simultáneamente, no hace uso de lo establecido en el artículo 29 de la misma Constitución.
Y es hora de ejercer la pinza de los artículos 29 y 89, para legalizar al máximo que los militares estén, cada vez más, haciéndola de policías ya que éstas, por lo general, se han coludido con las delincuencias (hay policías que en su turno de descanso son delincuentes) lo mismo que los presidentes municipales y no se diga los gobernadores con sus pandillas. Calderón, como lo acaba de hacer ante la comunidad mexicana-israelita, hace reclamos y se queja de que “los gobiernos” no cooperan en el combate a los narcotraficantes y del resto de las delincuencias. No se atreve a ponerle nombre a sus imputaciones, porque entonces tendría que darlos “con pelos y señales”.
Además de que la facultad de perseguir los delitos del narcotráfico y de la demás delincuencia organizada, es de competencia exclusiva del gobierno federal y su ya desbordada estructura desde la Secretaría de Seguridad Pública Federal y sus brazos armados, como la Agencia Federal de Investigación (AFI); la Policía Federal Ministerial (de la PGR), y la Policía Federal Preventiva (al mando del tenebroso Luis Cárdenas Palomino) y de toda la organización bajo el mando de Genaro García Luna y Medina-Mora. Estos tres funcionarios manejando un multimillonario presupuesto para gastos, como lo acaba de detallar en su nota el reportero José Reveles (El Financiero: 12/VI/09).
Calderón hubo de tomar la medida de sacar a los militares de sus cuarteles ante le hecho amenazante de que narcos y demás delincuentes ya estaban y siguen cogobernando, a través de los sobornos a presidentes municipales, gobernadores y funcionarios federales que incluye a militares. Pero los funcionarios de la Federación, que incluye a toda la estructura de la descentralización política-administrativa, son parte de problema con sus excepciones. Un problema que dejaron crecer desde 1982 al 2000, desde De la Madrid a Fox. “Nosotros el pueblo” o sea los ciudadanos comunes y corrientes muy poco podemos hacer para colaborar, con todo y las recompensas ofrecidas. Así que es al presidencialismo al que le toca, por obligación, hacer frente al terrible fenómeno y al Congreso General para que de una vez por todas descentralicen las facultades para combatir al narcotráfico y demás delincuentes, antes de que estos se apoderen totalmente de los gobiernos y sustituyan de facto a los gobernantes de jure y a estos últimos la propuesta de no votar más para elegirlos, conlleva apoyar a que los delincuentes sea los presidentes municipales, los gobernantes, los policías y hasta el presidente de la República.
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