Teodoro Rentería Arróyave
Mientras se generaliza la percepción de fracaso de la llamada guerra declarada por el actual gobierno de Felipe Calderón Hinojosa al narco y en general contra el crimen organizado, que traspasa fronteras al grado de advertir el gobierno de Estados Unidos que congelará su ayuda económica si no cesan las violaciones a los derechos humanos contra la población civil, en Michoacán y Guanajuato se desata una “inédita narcoembestida” de comandos delincuenciales en represalia por la detención del capo de “La Familia”, Arnoldo Rueda Medina, alias “La Minsa” con saldo de 5 uniformados muertos -tres de la Policía Federal y 2 elementos del Ejército-, 18 federales más heridos y ni un solo detenido.
Tal represalia fue reconocida por el general Rodolfo Cruz López, coordinador territorial de la Policía Federal, en conferencia de prensa tras la presentación del detenido “La Minsa” a quien se considera el segundo en el mando del cártel de “La Familia” y directamente dependiente de los jefes de la organización criminal, Nazario Moreno González “El Chayo” y José de Jesús Méndez Vargas “El Chango Méndez”.
Los ataques del crimen organizado realizados contra instalaciones y agentes federales fueron cuando menos 8, informaciones oficiales hacen saber que se llevaron a cabo contra 7 cuarteles de la Policía Federal y una emboscada a policías y militares, en todos ellos los presuntos delincuentes utilizaron granadas de fragmentación y rifles de asalto R-15 y AK-47, en Michoacán se fueron sucediendo de la siguiente manera: 2 en Morelia, Zitácuaro, Apatzingán, Lázaro Cárdenas, Pátzcuaro y Taretan; en Guanajuato: en la ciudad capital y Salamanca; fuentes periodísticas ubicaron otras en las siguientes poblaciones del primer estado mocionado: Huetamo, Gabriel Zamora, La Piedad, Jiquilpan, Maravatío y Lombardía.
Mientras lo anterior ocurría, senadores y diputados de los partidos Revolucionario Institucional. PRI y de la Revolución Democrática, PRD, en entrevistas por separado de los colegas del diario La jornada, Andrea Becerril y Roberto Garduño, advirtieron que el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa debe poner fecha a la salida del Ejército del combate al narcotráfico, pues a pesar de la presencia militar en entidades con mayores problemas de inseguridad, la violencia no se ha logrado detener y paralelamente crecen los abusos de militares contra civiles.
Por una parte, el gobierno federal ante los acontecimientos envía 2 mil elementos más del Ejército al estado de Michoacán y por el contrario en el Estado de Chihuahua, el más golpeado por el crimen organizado, se hacen los arreglos correspondientes para que las fuerzas armadas abandonen la entidad en el mes de septiembre próximo a cambio de que se recompongan los cuerpos policíacos locales, en una decisión que intrínsicamente acepta el fracaso de la guerra abierta y declarada, cuyo saldo único es lo cruenta de la misma: más de 14 mil 500 muertos en tres años.
La advertencia es los senadores de oposición quines aseguran que no aprobarán las iniciativas de Calderón Hinojosa porque con la presencia del Ejército en las calles, su intento es el de instaurar un Estado policiaco y autoritario en el país. Y ese no es el camino.
“Los militares deben regresar a sus cuarteles; nada tienen que hacer en tareas policiacas”, advirtieron los senadores, priísta Adolfo Toledo Infanzón y perredistas, Pablo Gómez y Arturo Núñez, porque es consenso nacional que la estrategia de Calderón contra el crimen organizado es “un fracaso”.
Si tomamos en cuenta que el fin primordial del Estado es la protección del pueblo, estamos de acuerdo: la estrategia del actual gobierno es un total fracaso. Se dice que con los preocupantes últimos acontecimientos al parecer se ha iniciado un análisis, una revisión para el cambio de estrategia. Más nos vale, porque de no ser así, se multiplicarán las “narcoembestidas”, dejarán de ser inéditas.
Mientras se generaliza la percepción de fracaso de la llamada guerra declarada por el actual gobierno de Felipe Calderón Hinojosa al narco y en general contra el crimen organizado, que traspasa fronteras al grado de advertir el gobierno de Estados Unidos que congelará su ayuda económica si no cesan las violaciones a los derechos humanos contra la población civil, en Michoacán y Guanajuato se desata una “inédita narcoembestida” de comandos delincuenciales en represalia por la detención del capo de “La Familia”, Arnoldo Rueda Medina, alias “La Minsa” con saldo de 5 uniformados muertos -tres de la Policía Federal y 2 elementos del Ejército-, 18 federales más heridos y ni un solo detenido.
Tal represalia fue reconocida por el general Rodolfo Cruz López, coordinador territorial de la Policía Federal, en conferencia de prensa tras la presentación del detenido “La Minsa” a quien se considera el segundo en el mando del cártel de “La Familia” y directamente dependiente de los jefes de la organización criminal, Nazario Moreno González “El Chayo” y José de Jesús Méndez Vargas “El Chango Méndez”.
Los ataques del crimen organizado realizados contra instalaciones y agentes federales fueron cuando menos 8, informaciones oficiales hacen saber que se llevaron a cabo contra 7 cuarteles de la Policía Federal y una emboscada a policías y militares, en todos ellos los presuntos delincuentes utilizaron granadas de fragmentación y rifles de asalto R-15 y AK-47, en Michoacán se fueron sucediendo de la siguiente manera: 2 en Morelia, Zitácuaro, Apatzingán, Lázaro Cárdenas, Pátzcuaro y Taretan; en Guanajuato: en la ciudad capital y Salamanca; fuentes periodísticas ubicaron otras en las siguientes poblaciones del primer estado mocionado: Huetamo, Gabriel Zamora, La Piedad, Jiquilpan, Maravatío y Lombardía.
Mientras lo anterior ocurría, senadores y diputados de los partidos Revolucionario Institucional. PRI y de la Revolución Democrática, PRD, en entrevistas por separado de los colegas del diario La jornada, Andrea Becerril y Roberto Garduño, advirtieron que el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa debe poner fecha a la salida del Ejército del combate al narcotráfico, pues a pesar de la presencia militar en entidades con mayores problemas de inseguridad, la violencia no se ha logrado detener y paralelamente crecen los abusos de militares contra civiles.
Por una parte, el gobierno federal ante los acontecimientos envía 2 mil elementos más del Ejército al estado de Michoacán y por el contrario en el Estado de Chihuahua, el más golpeado por el crimen organizado, se hacen los arreglos correspondientes para que las fuerzas armadas abandonen la entidad en el mes de septiembre próximo a cambio de que se recompongan los cuerpos policíacos locales, en una decisión que intrínsicamente acepta el fracaso de la guerra abierta y declarada, cuyo saldo único es lo cruenta de la misma: más de 14 mil 500 muertos en tres años.
La advertencia es los senadores de oposición quines aseguran que no aprobarán las iniciativas de Calderón Hinojosa porque con la presencia del Ejército en las calles, su intento es el de instaurar un Estado policiaco y autoritario en el país. Y ese no es el camino.
“Los militares deben regresar a sus cuarteles; nada tienen que hacer en tareas policiacas”, advirtieron los senadores, priísta Adolfo Toledo Infanzón y perredistas, Pablo Gómez y Arturo Núñez, porque es consenso nacional que la estrategia de Calderón contra el crimen organizado es “un fracaso”.
Si tomamos en cuenta que el fin primordial del Estado es la protección del pueblo, estamos de acuerdo: la estrategia del actual gobierno es un total fracaso. Se dice que con los preocupantes últimos acontecimientos al parecer se ha iniciado un análisis, una revisión para el cambio de estrategia. Más nos vale, porque de no ser así, se multiplicarán las “narcoembestidas”, dejarán de ser inéditas.
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