Miguel Ángel Granados Chapa / Plaza Pública
El 16 de julio fue detenido Noé Robles Hernández o Noé Alejandro Soto García. Junto con un cómplice, vigilaba a dos personas que habían sido secuestradas. Apenas fue capturado, ya sea por efectos de un intenso y persuasivo interrogatorio o de manera espontánea, con una frescura que sorprende por su franqueza, confesó ser el asesino de Fernando Martí, privado de la libertad y de la vida por delincuentes que están bajo proceso, acusados por el Ministerio Público del Distrito Federal.
Luis Cárdenas Palomino, coordinador de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública, uno de los amigos y colaboradores más allegados al titular de esa secretaría, Genaro García Luna, se ufanó de ese hallazgo. Pero en su contento por enmendarle la plana a la Procuraduría de Justicia capitalina enseñó la oreja. Dijo que en su confesión el autoinculpado exoneró a la comandante Lorena González, enjuiciada en el caso Martí como organizadora y jefa del falso retén ante el que se detuvo el vehículo en que viajaba el infortunado muchacho (con su chofer y su escolta). Dijo Cárdenas Palomino: "según las declaraciones que nos hace el detenido... Lorena no es la mujer que participa en el retén, porque la mujer que refiere es una mujer rubia".
Lorena González hizo la mayor parte de su carrera policiaca (y no sabemos si también la delincuencial, que desarrolló paralelamente) en la Agencia Federal de Investigación y en la Policía Federal Preventiva, ambas al mando de García Luna. Cuando fue identificada por el guardaespaldas del joven Martí, tanto el secretario como su entonces subsecretario Facundo Rosas (hoy comisionado de la Policía Federal) pretendieron no conocerla ni saber de su ubicación en esos cuerpos, siendo que documentalmente se estableció que gozaba de una situación administrativa de privilegio, con un sobresueldo significativo, que sólo recibe el personal de confianza de los superiores.
Tan poco creíble es la confesión de Robles Hernández o Soto García que el Ministerio Público federal no la creyó. El 20 de julio consignó a ese delincuente por delincuencia organizada y por secuestro, pero no por el homicidio que dijo haber cometido. Sin embargo, un insistente manejo de los medios ha generado la muy amplia sensación de que el dicho Noé es "el verdadero" asesino de Martí, o al menos suscitado dudas sobre la averiguación previa capitalina que condujo a procesar, entre otras personas, a "La Comandante Lore". El razonamiento es sencillo: si no fue la banda de La Flor la que ultimó a Martí, sino otra a que pertenecía Robles Hernández, los procesados en el fuero local son inocentes de ese delito. Luego entonces, deben ser liberados y castigados penal y políticamente los agentes y funcionarios que montaron la acusación contra esas personas.
Personalmente el secretario García Luna ha emprendido una campaña de persuasión en tal sentido. Como si su papel como autoridad federal incluyera la supervisión de las actividades ministeriales y policiacas locales ha destinado parte de su tiempo y de los recursos que maneja a desacreditar la investigación de la Procuraduría local. El lunes pasado invitó a cinco periodistas a una plática en su despacho, en que presentó "toda una explicación, con procedimientos, datos y evidencias del caso Martí", según ha narrado Salvador García Soto, uno de ellos (El Universal, 29 de julio). Fruto de esa conversación son las columnas en que algunos de esos invitados han producido en la dirección que imprime a su insólita presentación el secretario García Luna, que legalmente carece de toda competencia en un caso que está ya en los tribunales. Cuando más, si sus funciones lo pusieran en conocimiento de hechos que afectan a un proceso penal en curso, su deber sería ponerlos a disposición de la justicia.
Pero en vez de proceder conforme a la ley, García Luna combate a la Procuraduría capitalina o, más precisamente, trata de generar las condiciones para que "su gente", "La Comandante Lore", sea exonerada. Una regla de conducta del secretario, en ése y sus anteriores encargos, consiste en solapar a sus colaboradores y, en sentido contrario, embatir contra quienes no comparten sus designios.
No sólo a los cuatro periodistas mencionados por García Soto ha invitado García Luna. Ha diseminado por doquier sus versiones sobre el caso Martí y la Procuraduría capitalina. Con base en las "conclusiones del caso Martí, emitidas por autoridades federales... obtenidas por esta columna", Martín Moreno (a quien no hay que confundir con su casi tocayo Francisco Martín Moreno) se refiere a la comandante González, identificada por Cristian Salmones, el escolta de Martí: "De acuerdo con la declaración que tiene la autoridad federal del 6 de junio de 2008, Salmones dijo que "no podría realizar el retrato hablado de la mujer que nos indicó el alto en el retén". Y en la del 21 de agosto aseguró: "No puedo reconocer a nadie físicamente". Pero, extrañamente, días después, el 3 de septiembre, reconoció a Lorena González" (Excélsior, 30 de julio).
La conclusión de ése y otros columnistas es que el procurador Miguel Ángel Mancera, por sí mismo o cumpliendo instrucciones del jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, inventó culpables en el caso Martí. El proceso respectivo permitirá dilucidar esa situación. En cualquier caso no contaron con que el espíritu de cuerpo que en bien de sus próximos practica el secretario García Luna permitiría a "La Comandante Lore" beneficiarse de una defensa quijotesca (aunque genere impunidad).
Cajón de Sastre
Contra la ley, pues una orden de presentación está dirigida a un agente de la autoridad al que el Ministerio Público manda presentar a una persona (a ella no se le ordena presentarse), la PGR virtualmente secuestra a personas y las infama al hacer pública su detención y los motivos que la causan. Así ocurrió anteayer con el general de brigada retirado Miguel Estrada Martínez, funcionario de Pemex y otros empleados de esa empresa. La PGR dice eufemísticamente que "acudieron" a sus instalaciones, cuando lo cierto es que se les llevó a fuerza, como si se tuviera indicios en su contra. Y por lo menos en una primera aproximación no es así: el general Estrada Martínez y el resto de los detenidos quedaron en libertad. Pero nadie les quita el susto y el disgusto que resultan de ser acusados en falso y sacados de sus oficinas como si se hubiera expedido orden de aprehensión en su contra.
El 16 de julio fue detenido Noé Robles Hernández o Noé Alejandro Soto García. Junto con un cómplice, vigilaba a dos personas que habían sido secuestradas. Apenas fue capturado, ya sea por efectos de un intenso y persuasivo interrogatorio o de manera espontánea, con una frescura que sorprende por su franqueza, confesó ser el asesino de Fernando Martí, privado de la libertad y de la vida por delincuentes que están bajo proceso, acusados por el Ministerio Público del Distrito Federal.
Luis Cárdenas Palomino, coordinador de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública, uno de los amigos y colaboradores más allegados al titular de esa secretaría, Genaro García Luna, se ufanó de ese hallazgo. Pero en su contento por enmendarle la plana a la Procuraduría de Justicia capitalina enseñó la oreja. Dijo que en su confesión el autoinculpado exoneró a la comandante Lorena González, enjuiciada en el caso Martí como organizadora y jefa del falso retén ante el que se detuvo el vehículo en que viajaba el infortunado muchacho (con su chofer y su escolta). Dijo Cárdenas Palomino: "según las declaraciones que nos hace el detenido... Lorena no es la mujer que participa en el retén, porque la mujer que refiere es una mujer rubia".
Lorena González hizo la mayor parte de su carrera policiaca (y no sabemos si también la delincuencial, que desarrolló paralelamente) en la Agencia Federal de Investigación y en la Policía Federal Preventiva, ambas al mando de García Luna. Cuando fue identificada por el guardaespaldas del joven Martí, tanto el secretario como su entonces subsecretario Facundo Rosas (hoy comisionado de la Policía Federal) pretendieron no conocerla ni saber de su ubicación en esos cuerpos, siendo que documentalmente se estableció que gozaba de una situación administrativa de privilegio, con un sobresueldo significativo, que sólo recibe el personal de confianza de los superiores.
Tan poco creíble es la confesión de Robles Hernández o Soto García que el Ministerio Público federal no la creyó. El 20 de julio consignó a ese delincuente por delincuencia organizada y por secuestro, pero no por el homicidio que dijo haber cometido. Sin embargo, un insistente manejo de los medios ha generado la muy amplia sensación de que el dicho Noé es "el verdadero" asesino de Martí, o al menos suscitado dudas sobre la averiguación previa capitalina que condujo a procesar, entre otras personas, a "La Comandante Lore". El razonamiento es sencillo: si no fue la banda de La Flor la que ultimó a Martí, sino otra a que pertenecía Robles Hernández, los procesados en el fuero local son inocentes de ese delito. Luego entonces, deben ser liberados y castigados penal y políticamente los agentes y funcionarios que montaron la acusación contra esas personas.
Personalmente el secretario García Luna ha emprendido una campaña de persuasión en tal sentido. Como si su papel como autoridad federal incluyera la supervisión de las actividades ministeriales y policiacas locales ha destinado parte de su tiempo y de los recursos que maneja a desacreditar la investigación de la Procuraduría local. El lunes pasado invitó a cinco periodistas a una plática en su despacho, en que presentó "toda una explicación, con procedimientos, datos y evidencias del caso Martí", según ha narrado Salvador García Soto, uno de ellos (El Universal, 29 de julio). Fruto de esa conversación son las columnas en que algunos de esos invitados han producido en la dirección que imprime a su insólita presentación el secretario García Luna, que legalmente carece de toda competencia en un caso que está ya en los tribunales. Cuando más, si sus funciones lo pusieran en conocimiento de hechos que afectan a un proceso penal en curso, su deber sería ponerlos a disposición de la justicia.
Pero en vez de proceder conforme a la ley, García Luna combate a la Procuraduría capitalina o, más precisamente, trata de generar las condiciones para que "su gente", "La Comandante Lore", sea exonerada. Una regla de conducta del secretario, en ése y sus anteriores encargos, consiste en solapar a sus colaboradores y, en sentido contrario, embatir contra quienes no comparten sus designios.
No sólo a los cuatro periodistas mencionados por García Soto ha invitado García Luna. Ha diseminado por doquier sus versiones sobre el caso Martí y la Procuraduría capitalina. Con base en las "conclusiones del caso Martí, emitidas por autoridades federales... obtenidas por esta columna", Martín Moreno (a quien no hay que confundir con su casi tocayo Francisco Martín Moreno) se refiere a la comandante González, identificada por Cristian Salmones, el escolta de Martí: "De acuerdo con la declaración que tiene la autoridad federal del 6 de junio de 2008, Salmones dijo que "no podría realizar el retrato hablado de la mujer que nos indicó el alto en el retén". Y en la del 21 de agosto aseguró: "No puedo reconocer a nadie físicamente". Pero, extrañamente, días después, el 3 de septiembre, reconoció a Lorena González" (Excélsior, 30 de julio).
La conclusión de ése y otros columnistas es que el procurador Miguel Ángel Mancera, por sí mismo o cumpliendo instrucciones del jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, inventó culpables en el caso Martí. El proceso respectivo permitirá dilucidar esa situación. En cualquier caso no contaron con que el espíritu de cuerpo que en bien de sus próximos practica el secretario García Luna permitiría a "La Comandante Lore" beneficiarse de una defensa quijotesca (aunque genere impunidad).
Cajón de Sastre
Contra la ley, pues una orden de presentación está dirigida a un agente de la autoridad al que el Ministerio Público manda presentar a una persona (a ella no se le ordena presentarse), la PGR virtualmente secuestra a personas y las infama al hacer pública su detención y los motivos que la causan. Así ocurrió anteayer con el general de brigada retirado Miguel Estrada Martínez, funcionario de Pemex y otros empleados de esa empresa. La PGR dice eufemísticamente que "acudieron" a sus instalaciones, cuando lo cierto es que se les llevó a fuerza, como si se tuviera indicios en su contra. Y por lo menos en una primera aproximación no es así: el general Estrada Martínez y el resto de los detenidos quedaron en libertad. Pero nadie les quita el susto y el disgusto que resultan de ser acusados en falso y sacados de sus oficinas como si se hubiera expedido orden de aprehensión en su contra.
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