Jorge Carrasco
Ya desborda las fronteras la exigencia de poner límites al fuero castrense en México para que las violaciones a derechos humanos cometidos por militares no sean juzgadas como actos de servicio. A la preocupación externada hace unos días por el gobierno de Estados Unidos se suman los cuestionamientos sobre esos abusos en foros internacionales y, por si faltaba, un impactante reportaje de The Washington Post acerca de las torturas y desapariciones atribuidas al Ejército Mexicano en el marco de la guerra librada por el presidente Calderón contra el narcotráfico.
El gobierno de Felipe Calderón, a través de su secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, quiere convencer al mundo de que en México los militares no quedan impunes cuando violan los derechos humanos.
Contrario a las peticiones de Naciones Unidas, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de organizaciones humanitarias mexicanas e internacionales, Calderón no está dispuesto a modificar el fuero militar y pretende que se mantenga tal y como lo quiere el Ejército para que ese tipo de agresiones sigan considerándose legalmente como "actos de servicio".
Pero la decisión no depende sólo del Ejecutivo. En las próximas semanas se espera que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronuncie sobre un amparo que busca delimitar los alcances de la justicia castrense, que por más de siete décadas ha permitido no sólo la aplicación de la jurisdicción castrense sobre civiles, sino que los militares se investiguen y juzguen a sí mismos.
Como nunca había ocurrido, la semana pasada los excesos del Ejército durante la guerra sucia y ahora en el combate al narcotráfico quedaron exhibidos a nivel internacional.
El martes 7, por primera vez en la historia del Ejército y del país, el Estado mexicano fue obligado a comparecer ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en San José, Costa Rica, por la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco, detenido en un retén castrense en agosto de 1974 y a quien se le vio por última vez en el cuartel militar de Atoyac de Álvarez, Guerrero.
Al día siguiente de la comparecencia en la Corte Interamericana, Human Rigths Watch, una de las organizaciones de defensa de derechos humanos más importantes en el mundo, envió una carta al gobierno de Calderón para pedir que dé a conocer información sobre la impunidad militar.
Horas después, el diario estadunidense The Washington Post publicó como su nota principal las acusaciones contra el Estado mexicano por los casos de tortura y desapariciones atribuidos al Ejército durante los operativos de combate al narcotráfico ordenados por Calderón.
Todos los señalamientos apuntan a la impunidad que les garantiza el fuero castrense a los miembros de las Fuerzas Armadas cuando violan los derechos humanos de civiles, lo que le ha generado al gobierno de México críticas en el mundo, incluso de países con una reciente historia totalitaria como Bangladesh y la Federación Rusa.
*** IMPORTANTE *** Revoluciones es un proyecto de información alternativa sin fines de lucro, para mantenernos en línea requerimos de tu apoyo. Puedes ayudarnos haciendo un deposito bancario, por mínimo que sea, hazlo en el banco HSBC, al número de cuenta 6271254999 a nombre de Samuel R. García o en transferencia electrónica abonando al número Clabe: 021180062712549990. Gracias.
Ya desborda las fronteras la exigencia de poner límites al fuero castrense en México para que las violaciones a derechos humanos cometidos por militares no sean juzgadas como actos de servicio. A la preocupación externada hace unos días por el gobierno de Estados Unidos se suman los cuestionamientos sobre esos abusos en foros internacionales y, por si faltaba, un impactante reportaje de The Washington Post acerca de las torturas y desapariciones atribuidas al Ejército Mexicano en el marco de la guerra librada por el presidente Calderón contra el narcotráfico.
El gobierno de Felipe Calderón, a través de su secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, quiere convencer al mundo de que en México los militares no quedan impunes cuando violan los derechos humanos.
Contrario a las peticiones de Naciones Unidas, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de organizaciones humanitarias mexicanas e internacionales, Calderón no está dispuesto a modificar el fuero militar y pretende que se mantenga tal y como lo quiere el Ejército para que ese tipo de agresiones sigan considerándose legalmente como "actos de servicio".
Pero la decisión no depende sólo del Ejecutivo. En las próximas semanas se espera que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronuncie sobre un amparo que busca delimitar los alcances de la justicia castrense, que por más de siete décadas ha permitido no sólo la aplicación de la jurisdicción castrense sobre civiles, sino que los militares se investiguen y juzguen a sí mismos.
Como nunca había ocurrido, la semana pasada los excesos del Ejército durante la guerra sucia y ahora en el combate al narcotráfico quedaron exhibidos a nivel internacional.
El martes 7, por primera vez en la historia del Ejército y del país, el Estado mexicano fue obligado a comparecer ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en San José, Costa Rica, por la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco, detenido en un retén castrense en agosto de 1974 y a quien se le vio por última vez en el cuartel militar de Atoyac de Álvarez, Guerrero.
Al día siguiente de la comparecencia en la Corte Interamericana, Human Rigths Watch, una de las organizaciones de defensa de derechos humanos más importantes en el mundo, envió una carta al gobierno de Calderón para pedir que dé a conocer información sobre la impunidad militar.
Horas después, el diario estadunidense The Washington Post publicó como su nota principal las acusaciones contra el Estado mexicano por los casos de tortura y desapariciones atribuidos al Ejército durante los operativos de combate al narcotráfico ordenados por Calderón.
Todos los señalamientos apuntan a la impunidad que les garantiza el fuero castrense a los miembros de las Fuerzas Armadas cuando violan los derechos humanos de civiles, lo que le ha generado al gobierno de México críticas en el mundo, incluso de países con una reciente historia totalitaria como Bangladesh y la Federación Rusa.
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