Miguel Ángel Granados Chapa / Plaza Pública
Por supuesto que las averiguaciones penales sobre el incendio de la guardería ABC que hasta el mediodía del martes había causado ya 44 muertes deben establecer responsabilidades por la pérdida de esas vidas, pues los chiquitos perecieron quemados o asfixiados a causa de negligencias e impericias que no pueden ser pasadas por alto. Pero en el fondo de la dolorosa tragedia está la subrogación de servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, que deviene generalmente en negocios y ocasionalmente deriva en crímenes.
La subrogación no se practica sólo con guarderías. Se ha generalizado esa práctica en servicios médicos, que van desde revisiones de rutina hasta cirugías y rehabilitación. A veces, el IMSS subroga sus servicios a instituciones públicas para que atiendan a los derechohabientes allí donde no cuenta con instalaciones propias o no las suficientes. Pero las más de las veces la subrogación abre oportunidades para hacer negocios, sin duda para la empresa que recibe esa canonjía, y es de temerse que también para quien la otorga. Por ejemplo, el IMSS ha subrogado diversos grados y modos de atención médica a la empresa Amerimed, que opera en "destinos" turísticos de alto nivel, como Cabo San Lucas y Cancún. Se trata de contratos onerosos para la institución porque Amerimed brinda servicios a clientela pudiente. La subrogación no se ha traducido en mejor servicio, como lo indica la recomendación sobre salud emitida apenas el 23 de abril de este año por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entre 2000 y 2009 se presentaron casi 12 mil quejas (11 mil 854) contra la administración federal de salud (la Secretaría, los institutos nacionales y las instituciones de seguridad social). Buena parte de esas quejas se originó en establecimientos subrogados, que no son supervisados adecuadamente ya sea por falta de estructura y personal para ese efecto, o porque éste se arregla con los entes supervisados para evitar rigores.
En las guarderías la subrogación está en camino de privatizar ese servicio a los derechohabientes. En el último decenio el IMSS no ha abierto una sola guardería para operarla directamente, mientras que el número de las subrogadas creció en ciento por ciento: eran 765 en 2000 y actualmente suman mil 427. Se ha abierto así un nicho de negocios apto para personas que pretenden la obtención de utilidades ciertas e ingresos asegurados de antemano. El IMSS cubre 2 mil 500 pesos por cada niño atendido. El 65 por ciento del monto total se cubre a la inscripción y el resto según la asistencia de los pequeños. Con una cuota fija, la habilidad de los negociantes que buscan las subrogaciones estriba en conseguir los costos mínimos, ya sea en la instalación y equipamiento o en la contratación de personal lo menos calificado posible y por ende más barato.
En el caso de la guardería ABC tales ahorros son ahora patentes. Se habilitó para el delicado servicio de atender a decenas de niños un jacalón metálico, que antes albergó a una maquiladora. No se ocupó el local completo. Bajo la misma estructura funcionaba una bodega de la secretaría estatal de Hacienda, donde se almacenaba papelería que, mal cuidada, es fuente de problemas. El solo riesgo de que proliferara fauna nociva pared de por medio debió impedir que se autorizara el local para servir de guardería o se diera por cumplida la condición respectiva cada vez que se realizaba la supervisión. El techo y las paredes de la guardería se protegieron con poliuretano, un recubrimiento expresamente prohibido en estos casos por su inflamabilidad y condición tóxica. Pero no cuesta mucho. Y se canceló por lo menos una de las salidas de emergencia para el efecto de aumentar el espacio disponible para atender a más niños.
Se ha admitido que había un ligero sobrecupo. En vez de 196 niños se guardaban allí poco más de 200. Es un aspecto que debe ser precisado. Se dispone de informes de que había ocurrido recientemente el arribo de no pocos niños que antes eran recibidos en una guardería del DIF estatal, llamada Caperucita Roja, que cerró sus puertas debido a que su local estorba para la realización de un proyecto inmobiliario típico de fin de sexenio, especialmente cuando se combinan intereses políticos y empresariales como ha sido característico del gobierno de Eduardo Bours, que hizo política en el sector privado antes de ingresar en el público.
Las propietarias de la razón social que administraba la guardería ABC son esposas de funcionarios del gobierno estatal, que renunciaron ayer, y recibieron la subrogación, se apresuró a aclarar Bours mismo, en 2001, antes de que comenzara su gobierno. Las señoras tienen pleno derecho a ocuparse de las tareas o negocios que les sean asequibles. Pero su pertenencia al poder -lo mismo en el caso de un socio varón, secretario de Finanzas del PRI estatal- obliga a un esclarecimiento puntualísimo de las condiciones en que recibieron la oportunidad de hacer negocio con un servicio tan delicado.
La señora Margarita Zavala Gómez del Campo ha reconocido que una de las propietarias de la guardería trágica es parienta lejana suya, por haber tendido un bisabuelo común, pero que no la conoce. Sin embargo, el gobernador Bours afirmó que cuando la primera dama va a Hermosillo se encuentra con su prima lejana. Y ésta figura entre los invitados a la fiesta de cumpleaños de la señora madre de la esposa del presidente Calderón, ocurrida apenas el 23 de mayo en un colegio particular de la Ciudad de México.
Cajón de Sastre
Con demora porque realizó al efecto una consulta entre sus fuerzas, el Ejército Popular Revolucionario pidió a la comisión de mediación (Comed), que se integró por su convocatoria en abril de 2008, que retome sus actividades. De inmediato, como lo hizo al conocer la decisión de la Comed de dispersarse, Gobernación hizo lo propio. La Comisión, sin embargo resolvió no reconstituirse, pues están vigentes las circunstancias que la condujeron a disolverse, particularmente la falta de voluntad del gobierno federal para presentar con vida a los militantes del EPR Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Los ex comisionados expresaron ayer su disposición a reintegrarse si aquellas circunstancias se modifican, a lo que los ex miembros de la Comed se proponen contribuir a título individual pero actuando de consuno.
Por supuesto que las averiguaciones penales sobre el incendio de la guardería ABC que hasta el mediodía del martes había causado ya 44 muertes deben establecer responsabilidades por la pérdida de esas vidas, pues los chiquitos perecieron quemados o asfixiados a causa de negligencias e impericias que no pueden ser pasadas por alto. Pero en el fondo de la dolorosa tragedia está la subrogación de servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, que deviene generalmente en negocios y ocasionalmente deriva en crímenes.
La subrogación no se practica sólo con guarderías. Se ha generalizado esa práctica en servicios médicos, que van desde revisiones de rutina hasta cirugías y rehabilitación. A veces, el IMSS subroga sus servicios a instituciones públicas para que atiendan a los derechohabientes allí donde no cuenta con instalaciones propias o no las suficientes. Pero las más de las veces la subrogación abre oportunidades para hacer negocios, sin duda para la empresa que recibe esa canonjía, y es de temerse que también para quien la otorga. Por ejemplo, el IMSS ha subrogado diversos grados y modos de atención médica a la empresa Amerimed, que opera en "destinos" turísticos de alto nivel, como Cabo San Lucas y Cancún. Se trata de contratos onerosos para la institución porque Amerimed brinda servicios a clientela pudiente. La subrogación no se ha traducido en mejor servicio, como lo indica la recomendación sobre salud emitida apenas el 23 de abril de este año por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entre 2000 y 2009 se presentaron casi 12 mil quejas (11 mil 854) contra la administración federal de salud (la Secretaría, los institutos nacionales y las instituciones de seguridad social). Buena parte de esas quejas se originó en establecimientos subrogados, que no son supervisados adecuadamente ya sea por falta de estructura y personal para ese efecto, o porque éste se arregla con los entes supervisados para evitar rigores.
En las guarderías la subrogación está en camino de privatizar ese servicio a los derechohabientes. En el último decenio el IMSS no ha abierto una sola guardería para operarla directamente, mientras que el número de las subrogadas creció en ciento por ciento: eran 765 en 2000 y actualmente suman mil 427. Se ha abierto así un nicho de negocios apto para personas que pretenden la obtención de utilidades ciertas e ingresos asegurados de antemano. El IMSS cubre 2 mil 500 pesos por cada niño atendido. El 65 por ciento del monto total se cubre a la inscripción y el resto según la asistencia de los pequeños. Con una cuota fija, la habilidad de los negociantes que buscan las subrogaciones estriba en conseguir los costos mínimos, ya sea en la instalación y equipamiento o en la contratación de personal lo menos calificado posible y por ende más barato.
En el caso de la guardería ABC tales ahorros son ahora patentes. Se habilitó para el delicado servicio de atender a decenas de niños un jacalón metálico, que antes albergó a una maquiladora. No se ocupó el local completo. Bajo la misma estructura funcionaba una bodega de la secretaría estatal de Hacienda, donde se almacenaba papelería que, mal cuidada, es fuente de problemas. El solo riesgo de que proliferara fauna nociva pared de por medio debió impedir que se autorizara el local para servir de guardería o se diera por cumplida la condición respectiva cada vez que se realizaba la supervisión. El techo y las paredes de la guardería se protegieron con poliuretano, un recubrimiento expresamente prohibido en estos casos por su inflamabilidad y condición tóxica. Pero no cuesta mucho. Y se canceló por lo menos una de las salidas de emergencia para el efecto de aumentar el espacio disponible para atender a más niños.
Se ha admitido que había un ligero sobrecupo. En vez de 196 niños se guardaban allí poco más de 200. Es un aspecto que debe ser precisado. Se dispone de informes de que había ocurrido recientemente el arribo de no pocos niños que antes eran recibidos en una guardería del DIF estatal, llamada Caperucita Roja, que cerró sus puertas debido a que su local estorba para la realización de un proyecto inmobiliario típico de fin de sexenio, especialmente cuando se combinan intereses políticos y empresariales como ha sido característico del gobierno de Eduardo Bours, que hizo política en el sector privado antes de ingresar en el público.
Las propietarias de la razón social que administraba la guardería ABC son esposas de funcionarios del gobierno estatal, que renunciaron ayer, y recibieron la subrogación, se apresuró a aclarar Bours mismo, en 2001, antes de que comenzara su gobierno. Las señoras tienen pleno derecho a ocuparse de las tareas o negocios que les sean asequibles. Pero su pertenencia al poder -lo mismo en el caso de un socio varón, secretario de Finanzas del PRI estatal- obliga a un esclarecimiento puntualísimo de las condiciones en que recibieron la oportunidad de hacer negocio con un servicio tan delicado.
La señora Margarita Zavala Gómez del Campo ha reconocido que una de las propietarias de la guardería trágica es parienta lejana suya, por haber tendido un bisabuelo común, pero que no la conoce. Sin embargo, el gobernador Bours afirmó que cuando la primera dama va a Hermosillo se encuentra con su prima lejana. Y ésta figura entre los invitados a la fiesta de cumpleaños de la señora madre de la esposa del presidente Calderón, ocurrida apenas el 23 de mayo en un colegio particular de la Ciudad de México.
Cajón de Sastre
Con demora porque realizó al efecto una consulta entre sus fuerzas, el Ejército Popular Revolucionario pidió a la comisión de mediación (Comed), que se integró por su convocatoria en abril de 2008, que retome sus actividades. De inmediato, como lo hizo al conocer la decisión de la Comed de dispersarse, Gobernación hizo lo propio. La Comisión, sin embargo resolvió no reconstituirse, pues están vigentes las circunstancias que la condujeron a disolverse, particularmente la falta de voluntad del gobierno federal para presentar con vida a los militantes del EPR Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Los ex comisionados expresaron ayer su disposición a reintegrarse si aquellas circunstancias se modifican, a lo que los ex miembros de la Comed se proponen contribuir a título individual pero actuando de consuno.
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