Gabriel Sosa Plata
Mientras las campañas políticas se intensifican, una noticia comenzará a circular en los próximos días: no sólo se ampararon en contra de la reforma electoral de 2007 las televisoras, la Coparmex y un grupo de intelectuales, sino también más de 70 concesionarios de radio de diferentes ciudades del país.
El hecho es interesante porque la discusión y el debate generado en torno de la reforma electoral, la cual -como se recordará- elevó a rango constitucional la prohibición para que terceros puedan comprar propaganda en radio y televisión durante las campañas electorales, se ha centrado en las acciones que Televisa y Televisión Azteca han emprendido en su contra.
Los radiodifusores tramitaron siete amparos colectivos, en los que se representó a más 70 concesionarios, de grupos radiofónicos pequeños, medianos y grandes. Fueron presentados durante 2008, primero en contra de la modificación al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) y después contra las pautas de publicidad electoral enviadas por el Instituto Federal Electoral (IFE). Y aunque la mayoría de los amparos fueron desechados por improcedentes, los empresarios radiofónicos pidieron la revisión y en los diversos tribunales colegiados se han resuelto de manera favorable entre enero y mayo de 2009.
En sus amparos, los concesionarios radiofónicos argumentan que la reforma no sólo limita la libertad de expresión, sino también impone límites al libre comercio. También aseguran que se conceden atribuciones y facultades a diversas autoridades electorales para intervenir en la programación de las emisoras de radio en relación con las pautas a transmitir en materia electoral. Y esto, a su parecer, va en contra del artículo 59 de la Ley Federal de Radio y Televisión, donde se establece que las pautas de programación se realizan de manera consensuada entre concesionarias y las autoridades competentes y no de manera unilateral, como ahora ocurre.
También se quejan de que la reforma es inequitativa y discriminatoria al dejar que otros medios de comunicación, como los medios impresos, sí puedan publicar propaganda de las campañas políticas. De esta manera, concluyen, la reforma al Cofipe “regula inconstitucionalmente una actividad comercial propia de la materia civil, mercantil y administrativa de la materia de radio y televisión y, por lo tanto, son francamente violatorios de las garantías constitucionales con las que cuentan las concesionarias quejosas, como lo son la de igualdad, legalidad, libertad de expresión, certeza jurídica y libertad de comercio”.
En los tribunales colegiados en los que se dio trámite a los amparos interpuestos por los radiodifusores, se ha tomado la decisión de enviar los expedientes a la Suprema Corte de Justicia para que resuelvan en definitiva.
Sobre este tema, el pasado martes, el ministro Genaro Góngora Pimentel dejó entrever que la Corte podría determinar como improcedente el amparo en contra de cualquier reforma constitucional. Si así ocurre, se dará un duro golpe a los empresarios e intelectuales que solicitaron los amparos en contra de la norma impugnada. Pero faltaría analizar si las modificaciones al Cofipe son constitucionales y es ahí donde se espera otro tramo largo para que el máximo tribunal resuelva en definitiva sobre la constitucionalidad de la reforma en su conjunto. Por lo pronto, al admitirse sus amparos, los radiodifusores continúan en su batalla para tirar una reforma que indudablemente contribuye al fortalecimiento de la democracia.
Por cierto, ya que hablamos de elecciones, no se pierda este sábado 6 de junio, a las 21:00 horas, en TV UNAM, el estreno de la serie “Los retos de la democracia en México”, conducida por José Woldenberg, expresidente consejero del Instituto Federal Electoral. El primer programa estará dedicado al tema “La construcción de un régimen pluralista”.
Y en otros temas
Ayer se estrenó como colaboradora del periódico Reforma, la exsubsecretaria de Comunicaciones, Purificación Carpinteyro, quien cuestionó la inacción del gobierno de Felipe Calderón, del cual formó parte, y del Congreso en materia de telecomunicaciones. La también exdirectiva de Telefónica escribirá cada 14 días, tal como ya lo hace el director de Información de Televisa, Javier Tejado Dondé.
También aprovecho para hacer otra invitación: el próximo martes 9 de junio se presenta el libro Códigos de ética periodística en México, de Omar Raúl Martínez, presidente de la Fundación Manuel Buendía y director de Revista Mexicana de Comunicación. La cita es en Casa Lamm, ubicada en Álvaro Obregón 99, a las 18:30 horas. Presentarán la obra el ombudsman de Radio Educación, Ernesto Villanueva, así como Virgilio Caballero, Humberto Musacchio, Perla Gómez Gallardo y Benjamín Fernández Bogado
Mientras las campañas políticas se intensifican, una noticia comenzará a circular en los próximos días: no sólo se ampararon en contra de la reforma electoral de 2007 las televisoras, la Coparmex y un grupo de intelectuales, sino también más de 70 concesionarios de radio de diferentes ciudades del país.
El hecho es interesante porque la discusión y el debate generado en torno de la reforma electoral, la cual -como se recordará- elevó a rango constitucional la prohibición para que terceros puedan comprar propaganda en radio y televisión durante las campañas electorales, se ha centrado en las acciones que Televisa y Televisión Azteca han emprendido en su contra.
Los radiodifusores tramitaron siete amparos colectivos, en los que se representó a más 70 concesionarios, de grupos radiofónicos pequeños, medianos y grandes. Fueron presentados durante 2008, primero en contra de la modificación al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) y después contra las pautas de publicidad electoral enviadas por el Instituto Federal Electoral (IFE). Y aunque la mayoría de los amparos fueron desechados por improcedentes, los empresarios radiofónicos pidieron la revisión y en los diversos tribunales colegiados se han resuelto de manera favorable entre enero y mayo de 2009.
En sus amparos, los concesionarios radiofónicos argumentan que la reforma no sólo limita la libertad de expresión, sino también impone límites al libre comercio. También aseguran que se conceden atribuciones y facultades a diversas autoridades electorales para intervenir en la programación de las emisoras de radio en relación con las pautas a transmitir en materia electoral. Y esto, a su parecer, va en contra del artículo 59 de la Ley Federal de Radio y Televisión, donde se establece que las pautas de programación se realizan de manera consensuada entre concesionarias y las autoridades competentes y no de manera unilateral, como ahora ocurre.
También se quejan de que la reforma es inequitativa y discriminatoria al dejar que otros medios de comunicación, como los medios impresos, sí puedan publicar propaganda de las campañas políticas. De esta manera, concluyen, la reforma al Cofipe “regula inconstitucionalmente una actividad comercial propia de la materia civil, mercantil y administrativa de la materia de radio y televisión y, por lo tanto, son francamente violatorios de las garantías constitucionales con las que cuentan las concesionarias quejosas, como lo son la de igualdad, legalidad, libertad de expresión, certeza jurídica y libertad de comercio”.
En los tribunales colegiados en los que se dio trámite a los amparos interpuestos por los radiodifusores, se ha tomado la decisión de enviar los expedientes a la Suprema Corte de Justicia para que resuelvan en definitiva.
Sobre este tema, el pasado martes, el ministro Genaro Góngora Pimentel dejó entrever que la Corte podría determinar como improcedente el amparo en contra de cualquier reforma constitucional. Si así ocurre, se dará un duro golpe a los empresarios e intelectuales que solicitaron los amparos en contra de la norma impugnada. Pero faltaría analizar si las modificaciones al Cofipe son constitucionales y es ahí donde se espera otro tramo largo para que el máximo tribunal resuelva en definitiva sobre la constitucionalidad de la reforma en su conjunto. Por lo pronto, al admitirse sus amparos, los radiodifusores continúan en su batalla para tirar una reforma que indudablemente contribuye al fortalecimiento de la democracia.
Por cierto, ya que hablamos de elecciones, no se pierda este sábado 6 de junio, a las 21:00 horas, en TV UNAM, el estreno de la serie “Los retos de la democracia en México”, conducida por José Woldenberg, expresidente consejero del Instituto Federal Electoral. El primer programa estará dedicado al tema “La construcción de un régimen pluralista”.
Y en otros temas
Ayer se estrenó como colaboradora del periódico Reforma, la exsubsecretaria de Comunicaciones, Purificación Carpinteyro, quien cuestionó la inacción del gobierno de Felipe Calderón, del cual formó parte, y del Congreso en materia de telecomunicaciones. La también exdirectiva de Telefónica escribirá cada 14 días, tal como ya lo hace el director de Información de Televisa, Javier Tejado Dondé.
También aprovecho para hacer otra invitación: el próximo martes 9 de junio se presenta el libro Códigos de ética periodística en México, de Omar Raúl Martínez, presidente de la Fundación Manuel Buendía y director de Revista Mexicana de Comunicación. La cita es en Casa Lamm, ubicada en Álvaro Obregón 99, a las 18:30 horas. Presentarán la obra el ombudsman de Radio Educación, Ernesto Villanueva, así como Virgilio Caballero, Humberto Musacchio, Perla Gómez Gallardo y Benjamín Fernández Bogado
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