Jenaro Villamil / Apro
La tragedia en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, no puede convertirse en otro "lamentable accidente", a los que nos tiene acostumbrados la clase política, para evitar la acción penal contra autoridades y particulares responsables de la muerte de 44 infantes, que podría elevarse a medio centenar por la negligencia criminal.
En Pasta de Conchos, Coahuila, la empresa Minera México, de Germán Larrea, se apuró a tapar el sol con un dedo tras la muerte de más de 60 mineros, apoyada por la evasión mediática de Televisa y el encubrimiento de la Secretaría del Trabajo.
En el operativo del News Divine, en la Ciudad de México, sólo responsabilizaron a mandos policiacos intermedios de la muerte por asfixia de más de 12 jóvenes, criminalizados de antemano por la filosofía del gobierno de la mano dura.
Y ahora, en Hermosillo, Sonora, el modelo de guarderías "subrogadas" trata de evadir la responsabilidad del desastre.
Las contradicciones afloraron a menos de una semana del siniestro. Por un lado, la primera dama, Margarita Zavala Gómez del Campo, reconoció que sí existe un parentesco "lejano" con Marcia Gómez del Campo Tonella, una de las accionistas de la guardería ABC, con quien, aclaró, no tiene contacto personal.
Pero el gobernador priista Eduardo Bours se salió del guión al declarar ante Carmen Aristegui, en MVS Radio, y a Carlos Loret de Mola, en Televisa, que sí existía una relación cercana entre ambas.
"Cuando ha venido aquí, a Sonora, la saluda. Hay una reiteración familiar. Pero también reitero que el inicio de la operación de la guardería es de 2001, no comenzó con el presidente Calderón en 2006; me parece absurdo ligar una cosa con la otra", declaró Bours en un tardío intento de exculpar anticipadamente al entorno familiar de la primera dama y del primer mandatario de cualquier responsabilidad.
La prisa del mandatario sonorense lo llevó a cometer varios errores y a abrir flancos que tendrán que explicar tanto autoridades emanadas del PRI como del PAN.
Hasta ahora no se ha mencionado con suficiente claridad la responsabilidad del exalcalde panista de Hermosillo, Francisco Búrquez Valenzuela (2001-2003), quien autorizó el uso de suelo a la estancia infantil en terrenos destinados a uso industrial.
El silencio es deliberado, ya que Búrquez Valenzuela es uno de los colaboradores principales del candidato priista a la gubernatura, Alfonso Elías Serrano.
Y el ocultamiento también pretende desviar la atención sobre los vínculos de funcionarios del gobierno de Bours Castelo y sus relaciones de complicidad con el círculo íntimo de Los Pinos.
Otro de los dueños de la guardería ABC es Gildardo Urquídez Jr., quien trabajó en la secretaría de Finanzas del PRI en Sonora.
Además, la señora Marcia Gómez del Campo no sólo es prima de la primera dama, sino esposa de Antonio Salido Suárez, director de infraestructura del gobierno local de Bours.
El panorama es aún peor: Los negocios de los Gómez del Campo no se limitan solamente a sacarle jugo al esquema de "subrogación" de las guarderías del IMSS –se calcula que mil 500 establecimientos que atienden a 223 mil niños han sido subrogadas desde la época de Mario Luis Fuentes, exdirector general del Seguro Social en el último tramo del sexenio foxista–, sino que se extienden a otro negocio que hace recordar el escándalo Hildebrando.
El contrato no médico más importante del Seguro Social otorgado a una sola empresa fue el que se le entregó a la empresa hindú Tata Consultancy Services, por 3 mil 103 millones de pesos. El responsable de esta asignación fue el director de Innovación y Desarrollo Tecnológico del Seguro Social, Carlos Castañeda Gómez del Campo, primo hermano de la esposa del presidente Felipe Calderón, Margarita Zavala.
Sin embargo, la empresa hindú Tata Consultancy es tan sólo la fachada del verdadero accionista y beneficiario del contrato: Diego Hildebrando Zavala Gómez del Campo, hermano de la primera dama y famoso desde que en 2006 el excandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador difundió los millonarios contratos de esta empresa de software con empresas como Pemex, CFE, Sedesol y el IPAB.
¿Cuántos negocios más de este tipo habrán obtenido los primos y cuñados "incómodos" del presidente de la República? ¿De qué tamaño es la complicidad con la familia Bours Castelo en Sonora y en otras partes del noreste del país para que los sucesos de la guardería ABC de Hermosillo se conviertan en un expediente más de crímenes subrogados?
La tragedia en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, no puede convertirse en otro "lamentable accidente", a los que nos tiene acostumbrados la clase política, para evitar la acción penal contra autoridades y particulares responsables de la muerte de 44 infantes, que podría elevarse a medio centenar por la negligencia criminal.
En Pasta de Conchos, Coahuila, la empresa Minera México, de Germán Larrea, se apuró a tapar el sol con un dedo tras la muerte de más de 60 mineros, apoyada por la evasión mediática de Televisa y el encubrimiento de la Secretaría del Trabajo.
En el operativo del News Divine, en la Ciudad de México, sólo responsabilizaron a mandos policiacos intermedios de la muerte por asfixia de más de 12 jóvenes, criminalizados de antemano por la filosofía del gobierno de la mano dura.
Y ahora, en Hermosillo, Sonora, el modelo de guarderías "subrogadas" trata de evadir la responsabilidad del desastre.
Las contradicciones afloraron a menos de una semana del siniestro. Por un lado, la primera dama, Margarita Zavala Gómez del Campo, reconoció que sí existe un parentesco "lejano" con Marcia Gómez del Campo Tonella, una de las accionistas de la guardería ABC, con quien, aclaró, no tiene contacto personal.
Pero el gobernador priista Eduardo Bours se salió del guión al declarar ante Carmen Aristegui, en MVS Radio, y a Carlos Loret de Mola, en Televisa, que sí existía una relación cercana entre ambas.
"Cuando ha venido aquí, a Sonora, la saluda. Hay una reiteración familiar. Pero también reitero que el inicio de la operación de la guardería es de 2001, no comenzó con el presidente Calderón en 2006; me parece absurdo ligar una cosa con la otra", declaró Bours en un tardío intento de exculpar anticipadamente al entorno familiar de la primera dama y del primer mandatario de cualquier responsabilidad.
La prisa del mandatario sonorense lo llevó a cometer varios errores y a abrir flancos que tendrán que explicar tanto autoridades emanadas del PRI como del PAN.
Hasta ahora no se ha mencionado con suficiente claridad la responsabilidad del exalcalde panista de Hermosillo, Francisco Búrquez Valenzuela (2001-2003), quien autorizó el uso de suelo a la estancia infantil en terrenos destinados a uso industrial.
El silencio es deliberado, ya que Búrquez Valenzuela es uno de los colaboradores principales del candidato priista a la gubernatura, Alfonso Elías Serrano.
Y el ocultamiento también pretende desviar la atención sobre los vínculos de funcionarios del gobierno de Bours Castelo y sus relaciones de complicidad con el círculo íntimo de Los Pinos.
Otro de los dueños de la guardería ABC es Gildardo Urquídez Jr., quien trabajó en la secretaría de Finanzas del PRI en Sonora.
Además, la señora Marcia Gómez del Campo no sólo es prima de la primera dama, sino esposa de Antonio Salido Suárez, director de infraestructura del gobierno local de Bours.
El panorama es aún peor: Los negocios de los Gómez del Campo no se limitan solamente a sacarle jugo al esquema de "subrogación" de las guarderías del IMSS –se calcula que mil 500 establecimientos que atienden a 223 mil niños han sido subrogadas desde la época de Mario Luis Fuentes, exdirector general del Seguro Social en el último tramo del sexenio foxista–, sino que se extienden a otro negocio que hace recordar el escándalo Hildebrando.
El contrato no médico más importante del Seguro Social otorgado a una sola empresa fue el que se le entregó a la empresa hindú Tata Consultancy Services, por 3 mil 103 millones de pesos. El responsable de esta asignación fue el director de Innovación y Desarrollo Tecnológico del Seguro Social, Carlos Castañeda Gómez del Campo, primo hermano de la esposa del presidente Felipe Calderón, Margarita Zavala.
Sin embargo, la empresa hindú Tata Consultancy es tan sólo la fachada del verdadero accionista y beneficiario del contrato: Diego Hildebrando Zavala Gómez del Campo, hermano de la primera dama y famoso desde que en 2006 el excandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador difundió los millonarios contratos de esta empresa de software con empresas como Pemex, CFE, Sedesol y el IPAB.
¿Cuántos negocios más de este tipo habrán obtenido los primos y cuñados "incómodos" del presidente de la República? ¿De qué tamaño es la complicidad con la familia Bours Castelo en Sonora y en otras partes del noreste del país para que los sucesos de la guardería ABC de Hermosillo se conviertan en un expediente más de crímenes subrogados?
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