Miguel Ángel Granados Chapa / Plaza Pública
En un infortunado retorno al pensamiento único del sistema autoritario, la campaña del Instituto Federal Electoral contra el voto anulado tiene como lema "Yo sí voto por México", como si hicieran lo contrario quienes proponen protestar con el voto
La proclama de Madero en su propósito de modificar el sistema político porfiriano puso el acento en la efectividad del sufragio. Es decir, en su utilidad, en que sirviera para que los ciudadanos eligieran verdaderamente a sus gobernantes. La efectividad del voto lleva implícita la libertad de los gobernados para emitirlo en el sentido que les parezca preferible.
La libertad del voto en México supone, en primer lugar, la opción de emitir el sufragio o no hacerlo. Si bien tanto la Constitución como el Código Electoral son deliberadamente ambiguos al definir esa capacidad ciudadana como un derecho (prerrogativa es la denominación constitucional) y una obligación, es claro que todo el desarrollo de las normas y la doctrina al respecto concluyen en que se trata de un derecho público subjetivo. Por lo tanto el territorio en que se puede ejercerlo es muy dilatado, tanto que implica la posibilidad de no usarlo, de abstenerse. Con tono admonitorio es posible reprochar a los abstencionistas deliberados su decisión de no aproximarse a las urnas, pero no se les puede imputar el que falten a una obligación ni es posible imponérseles ninguna sanción (no prevista en parte alguna de la legislación).
Los ciudadanos que acuden a la urna son libres para escoger el sentido de su voto. Pueden escoger anularlo, lo cual es posible, si así se desea, dejando sin marcar la papeleta, en lo que erróneamente se llama votar en blanco pues la boleta es muy colorida, o pueden inscribir un nombre en la línea reservada a los candidatos no registrados, o escoger entre las opciones partidarias. En las elecciones federales se presentan ocho partidos y en algunas entidades donde se renuevan los poderes puede encontrarse alguno más. La gama es, así, muy amplia, y toda está garantizada por la libertad de sufragar que implica, hay que repetirlo, la de no hacerlo.
Sobre esa base habría que desechar el tono de reprimenda y aun ofensivo e insultante que asestan a quienes piensan lo contrario los proponentes y proselitistas de anular el voto (en cualquiera de su modalidades) o los que están convencidos de la necesidad y utilidad de escoger entre partidos y candidatos. La intensa campaña que se ha provocado en torno a ese tema puede ser más productiva, más rendidora para la convivencia democrática si se elimina o cuando menos se atenúa el tufo rijoso de que se ha impregnado el debate paralelo al que debían establecer los partidos para asegurarse la preferencia pública.
Quienes quieren expresar su rechazo al sistema partidario o a la conducta de los partidos, midiéndolos todos con el mismo rasero, metiéndolos todos en el mismo costal, hacen bien en calcular los modos y las consecuencias prácticas del voto nulo. Debe considerarse qué entiende como tal el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Con sintaxis deplorable el numeral dos del artículo 274 del Cofipe dice que "son votos nulos... aquel expresado por su elector en una boleta que depositó en la urna, sin haber marcado ningún cuadro que contenga el emblema de un partido político; y... cuando el elector marque dos o más cuadros sin existir coalición entre los partidos cuyos emblemas han sido marcados". El artículo 277 define de otro modo el voto nulo, por exclusión, es decir como algo distinto al voto válido, que es aquel donde el elector marca "un solo cuadro que contenga el emblema de un partido político". Serán nulos, en consecuencia, los votos emitidos en forma distinta a la señalada, entre los cuales se comprende a los que contengan leyendas de cualquier naturaleza, o votos por candidatos no registrados pero expresados fuera del lugar destinado expresamente a ese propósito.
El voto por candidatos no registrados se asienta en el acta en lugar separado. De ese modo, tal tipo de sufragio ofrece una ventaja a quienes quieren una misión del sufragio que sea elocuente, que conlleve un mensaje a los partidos. En cambio los votos anulados de manera deliberada se suman sin distinción a los votos nulos por impericia del emisor, que suman un porcentaje apreciable en toda elección en términos variables, que oscilan entre el dos y el cuatro por ciento regularmente. Habrá quienes piensen que es mejor así, para que el número de sufragios anulados voluntariamente aparezca abultado, a efecto de dar mayor contundencia al recado de rechazo que la mayor parte de los impulsores de la anulación del voto quieren lanzar a los políticos profesionales. Pero al mismo tiempo, si la cifra de anulaciones es la ordinaria se perderá el efecto de protesta que se busca dar a esa forma de inutilización del sufragio.
La anulación tiene consecuencias para el reparto de asientos en la legislatura y para el financiamiento público que pueden ser contrarias al propósito de la tendencia anulatoria, porque si la invalidación deliberada tiene éxito y hace disminuir la votación efectiva, los partidos obtendrán sus canonjías con menor número de votos.
De igual modo que no tacho a nadie que escoja a partidos y candidatos diferentes de los que escojo yo, tampoco reprocho nada a los abstencionistas o anuladores. Por mi parte haré un esfuerzo y tomaré alguna o algunas de las opciones partidarias, en función de los candidatos. Creo en la pertinencia de retomar el sentido original de la representación política, en que los votados reciben un mandato de los votantes, de cuyo ejercicio deben dar cuenta. Entiendo el voto no como la extensión de una carta blanca, sino como un compromiso exigible.
Cajón de Sastre
Con el donaire y las buenas maneras que la hicieron apreciable y respetable desde sus días de militante de base en Acción Nacional, la señora Margarita Zavala me telefoneó para, sin asomo alguno de reproche, precisar su afirmación de que no conoce a Marcia Gómez del Campo, una de las propietarias de la guardería incendiada el viernes en Hermosillo. Ayer contrasté esa su afirmación con una de Eduardo Bours en sentido contrario y con una nota periodística de El Imparcial sonorense a que aludí, referente a la fiesta de cumpleaños de la señora madre de doña Margarita. Es que hay dos personas conocidas como Marcia Gómez del Campo, madre e hija, una por su apellido de casada. Es a la segunda a quien no conoce la esposa del presidente Calderón.
En un infortunado retorno al pensamiento único del sistema autoritario, la campaña del Instituto Federal Electoral contra el voto anulado tiene como lema "Yo sí voto por México", como si hicieran lo contrario quienes proponen protestar con el voto
La proclama de Madero en su propósito de modificar el sistema político porfiriano puso el acento en la efectividad del sufragio. Es decir, en su utilidad, en que sirviera para que los ciudadanos eligieran verdaderamente a sus gobernantes. La efectividad del voto lleva implícita la libertad de los gobernados para emitirlo en el sentido que les parezca preferible.
La libertad del voto en México supone, en primer lugar, la opción de emitir el sufragio o no hacerlo. Si bien tanto la Constitución como el Código Electoral son deliberadamente ambiguos al definir esa capacidad ciudadana como un derecho (prerrogativa es la denominación constitucional) y una obligación, es claro que todo el desarrollo de las normas y la doctrina al respecto concluyen en que se trata de un derecho público subjetivo. Por lo tanto el territorio en que se puede ejercerlo es muy dilatado, tanto que implica la posibilidad de no usarlo, de abstenerse. Con tono admonitorio es posible reprochar a los abstencionistas deliberados su decisión de no aproximarse a las urnas, pero no se les puede imputar el que falten a una obligación ni es posible imponérseles ninguna sanción (no prevista en parte alguna de la legislación).
Los ciudadanos que acuden a la urna son libres para escoger el sentido de su voto. Pueden escoger anularlo, lo cual es posible, si así se desea, dejando sin marcar la papeleta, en lo que erróneamente se llama votar en blanco pues la boleta es muy colorida, o pueden inscribir un nombre en la línea reservada a los candidatos no registrados, o escoger entre las opciones partidarias. En las elecciones federales se presentan ocho partidos y en algunas entidades donde se renuevan los poderes puede encontrarse alguno más. La gama es, así, muy amplia, y toda está garantizada por la libertad de sufragar que implica, hay que repetirlo, la de no hacerlo.
Sobre esa base habría que desechar el tono de reprimenda y aun ofensivo e insultante que asestan a quienes piensan lo contrario los proponentes y proselitistas de anular el voto (en cualquiera de su modalidades) o los que están convencidos de la necesidad y utilidad de escoger entre partidos y candidatos. La intensa campaña que se ha provocado en torno a ese tema puede ser más productiva, más rendidora para la convivencia democrática si se elimina o cuando menos se atenúa el tufo rijoso de que se ha impregnado el debate paralelo al que debían establecer los partidos para asegurarse la preferencia pública.
Quienes quieren expresar su rechazo al sistema partidario o a la conducta de los partidos, midiéndolos todos con el mismo rasero, metiéndolos todos en el mismo costal, hacen bien en calcular los modos y las consecuencias prácticas del voto nulo. Debe considerarse qué entiende como tal el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Con sintaxis deplorable el numeral dos del artículo 274 del Cofipe dice que "son votos nulos... aquel expresado por su elector en una boleta que depositó en la urna, sin haber marcado ningún cuadro que contenga el emblema de un partido político; y... cuando el elector marque dos o más cuadros sin existir coalición entre los partidos cuyos emblemas han sido marcados". El artículo 277 define de otro modo el voto nulo, por exclusión, es decir como algo distinto al voto válido, que es aquel donde el elector marca "un solo cuadro que contenga el emblema de un partido político". Serán nulos, en consecuencia, los votos emitidos en forma distinta a la señalada, entre los cuales se comprende a los que contengan leyendas de cualquier naturaleza, o votos por candidatos no registrados pero expresados fuera del lugar destinado expresamente a ese propósito.
El voto por candidatos no registrados se asienta en el acta en lugar separado. De ese modo, tal tipo de sufragio ofrece una ventaja a quienes quieren una misión del sufragio que sea elocuente, que conlleve un mensaje a los partidos. En cambio los votos anulados de manera deliberada se suman sin distinción a los votos nulos por impericia del emisor, que suman un porcentaje apreciable en toda elección en términos variables, que oscilan entre el dos y el cuatro por ciento regularmente. Habrá quienes piensen que es mejor así, para que el número de sufragios anulados voluntariamente aparezca abultado, a efecto de dar mayor contundencia al recado de rechazo que la mayor parte de los impulsores de la anulación del voto quieren lanzar a los políticos profesionales. Pero al mismo tiempo, si la cifra de anulaciones es la ordinaria se perderá el efecto de protesta que se busca dar a esa forma de inutilización del sufragio.
La anulación tiene consecuencias para el reparto de asientos en la legislatura y para el financiamiento público que pueden ser contrarias al propósito de la tendencia anulatoria, porque si la invalidación deliberada tiene éxito y hace disminuir la votación efectiva, los partidos obtendrán sus canonjías con menor número de votos.
De igual modo que no tacho a nadie que escoja a partidos y candidatos diferentes de los que escojo yo, tampoco reprocho nada a los abstencionistas o anuladores. Por mi parte haré un esfuerzo y tomaré alguna o algunas de las opciones partidarias, en función de los candidatos. Creo en la pertinencia de retomar el sentido original de la representación política, en que los votados reciben un mandato de los votantes, de cuyo ejercicio deben dar cuenta. Entiendo el voto no como la extensión de una carta blanca, sino como un compromiso exigible.
Cajón de Sastre
Con el donaire y las buenas maneras que la hicieron apreciable y respetable desde sus días de militante de base en Acción Nacional, la señora Margarita Zavala me telefoneó para, sin asomo alguno de reproche, precisar su afirmación de que no conoce a Marcia Gómez del Campo, una de las propietarias de la guardería incendiada el viernes en Hermosillo. Ayer contrasté esa su afirmación con una de Eduardo Bours en sentido contrario y con una nota periodística de El Imparcial sonorense a que aludí, referente a la fiesta de cumpleaños de la señora madre de doña Margarita. Es que hay dos personas conocidas como Marcia Gómez del Campo, madre e hija, una por su apellido de casada. Es a la segunda a quien no conoce la esposa del presidente Calderón.
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