Humberto Rodríguez López / El Periódico
La crisis económica que proyectó Estados Unidos al mundo entero envolvió a México en una espiral de desempleo y caída de la producción en algunos sectores tradicionalmente de gran dinamismo económico. Adicionalmente, la influenza gripal de hace unos días colocó a nuestro país en una situación de discriminación y daño económico por la contracción de acciones de intercambio comercial y en lo interno registró los daños de la estrepitosa caída de la actividad turística.
Por esas obvias razones, el gobierno no puede hablar de las cifras de empleo, ni de crecimiento industrial, sino todo lo contrario. Es decir, no puede hacer proselitismo de aspectos económicos que registran decrementos importantes. De ninguna manera puede hablarse de bienestar social cuando la realidad habla de lo contrario.
A partir de ello, expertos en estrategia política afirman que es de esperarse que en estos tiempos el gobierno utilice el tema de la seguridad para beneficiar electoralmente al Partido Acción Nacional de cara a las elecciones intermedias del 5 de julio próximo.
En este marco parece, entonces, inscribirse la espectacular aprehensión de alcaldes y servidores públicos del gobierno de Michoacán ocurrida apenas este martes. Es verdad que el gobierno no puede renunciar a su responsabilidad constitucional de proteger el patrimonio y brindar seguridad a las personas, pero también es cierto que en política lo que cuenta son las formas y parece ser que en esta ocasión no se cuidaron, y más allá de que se le haya faltado al respeto al gobernador Leonel Godoy, se ignoró que se trata de un Estado libre y soberano que por voluntad propia se adhirió al pacto federal y como tal debe ser tratado.
No se trata de ver fantasmas donde no los hay; se trata de ver los hechos con la mayor objetividad, porque resulta que el gobernador michoacano no se enteró del operativo policiaco sino hasta que estaban ocurriendo las detenciones.
Al vocero de la Procuraduría General de la República (PGR) se le pregunta si se avisó del operativo al mandatario estatal y él respondió que el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, le notificó, pero aclaró que fue en el momento mismo en que estaban ocurriendo los hechos. Fue una falta de cortesía política, cuando menos. Lo cortés no quita lo valiente, pero sí contribuye a la gobernabilidad.
Por lo pronto, la percepción ciudadana es que el gobierno no ha podido construirse una imagen pública que le permita actuar en cualquier escenario sin sufrir raspaduras políticas. Agarrar a los delincuentes y a sus cómplices es un hecho plausible; lo sería más si se toma en cuenta a la autoridad local.
La crisis económica que proyectó Estados Unidos al mundo entero envolvió a México en una espiral de desempleo y caída de la producción en algunos sectores tradicionalmente de gran dinamismo económico. Adicionalmente, la influenza gripal de hace unos días colocó a nuestro país en una situación de discriminación y daño económico por la contracción de acciones de intercambio comercial y en lo interno registró los daños de la estrepitosa caída de la actividad turística.
Por esas obvias razones, el gobierno no puede hablar de las cifras de empleo, ni de crecimiento industrial, sino todo lo contrario. Es decir, no puede hacer proselitismo de aspectos económicos que registran decrementos importantes. De ninguna manera puede hablarse de bienestar social cuando la realidad habla de lo contrario.
A partir de ello, expertos en estrategia política afirman que es de esperarse que en estos tiempos el gobierno utilice el tema de la seguridad para beneficiar electoralmente al Partido Acción Nacional de cara a las elecciones intermedias del 5 de julio próximo.
En este marco parece, entonces, inscribirse la espectacular aprehensión de alcaldes y servidores públicos del gobierno de Michoacán ocurrida apenas este martes. Es verdad que el gobierno no puede renunciar a su responsabilidad constitucional de proteger el patrimonio y brindar seguridad a las personas, pero también es cierto que en política lo que cuenta son las formas y parece ser que en esta ocasión no se cuidaron, y más allá de que se le haya faltado al respeto al gobernador Leonel Godoy, se ignoró que se trata de un Estado libre y soberano que por voluntad propia se adhirió al pacto federal y como tal debe ser tratado.
No se trata de ver fantasmas donde no los hay; se trata de ver los hechos con la mayor objetividad, porque resulta que el gobernador michoacano no se enteró del operativo policiaco sino hasta que estaban ocurriendo las detenciones.
Al vocero de la Procuraduría General de la República (PGR) se le pregunta si se avisó del operativo al mandatario estatal y él respondió que el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, le notificó, pero aclaró que fue en el momento mismo en que estaban ocurriendo los hechos. Fue una falta de cortesía política, cuando menos. Lo cortés no quita lo valiente, pero sí contribuye a la gobernabilidad.
Por lo pronto, la percepción ciudadana es que el gobierno no ha podido construirse una imagen pública que le permita actuar en cualquier escenario sin sufrir raspaduras políticas. Agarrar a los delincuentes y a sus cómplices es un hecho plausible; lo sería más si se toma en cuenta a la autoridad local.
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