Teodoro Rentería Arróyave
Singular denuncia la de Andrés Manuel López Obrador contra la que denomina “la mafia del poder” o “la mafia de Los Pinos”, en referencia a la casa oficial presidencial, entre otros delitos por saqueo de bienes nacionales. José Agustín Ortiz Pinchetti, secretario de Relaciones Políticas del llamado “gobierno legítimo de México” fue el encargado de presentar la querella ante la Procuraduría General de la República, PGR, que contiene más de mil hojas con contratos, informes y escrituras públicas.
La demanda por saqueo de bienes y recursos públicos, tráfico de influencia y corrupción durante las dos décadas pasadas, involucra a los siguientes personajes políticos y empresariales: al presidente, Felipe Calderón Hinojosa; a los ex presidentes, Carlos Salinas de Gortari, Vicente Fox Quesada y Ernesto Zedillo Ponce de León; a los banqueros y empresarios, Roberto Hernández, Claudio X. González, Gastón Azcárraga y José Luis Barraza; a los políticos, Diego Fernández de Cevallos y Elba Esther Gordillo, y quienes resulten responsables, en un expediente integrado con toda clase de pruebas, principalmente, se explicó, de contratos solicitados al Instituto Federal de Acceso a la Información, IFAI.
López Obrador, de gira por Zacatecas, advirtió que esos personajes forman la “mafia del poder en México, que es la que ha causado la actual tragedia nacional”. En la demanda, aclaró, “estamos dando todos los fundamentos del por qué ese grupo es el responsable de todo esto que está sucediendo en México”.
López Obrador, agregó, que en el tema de la procuración e impartición de justicia sigue habiendo asignaturas pendientes, sin embargo se recurre a la PGR, “porque tenemos que acudir ante esa instancia, porque no hay otra”. Ante ella “estamos presentando todas las pruebas del vandalismo y del saqueo que ha habido en el país, también con la idea de que el peor de los ladrones es el político corrupto”.
En la denuncia presentada se hace un relato minuciosos de la forma en que operan y en que se han relacionado al menos 10 de los integrantes de esta mafia, que, asegura, surgió a partir de que Carlos Salinas de Gortari, cuando ocupó la Presidencia de la República, él fue precisamente, dijo, quien decidió entregar los bancos y empresas públicas a sus allegados.
De todos los acusados hace un relato, como el de Diego Fernández de Cevallos, “quien ha sido achichincle de Carlos Salinas desde siempre”, y “en pago recibió los terrenos de Punta Diamante de Acapulco, dos días antes de que saliera el gobernador de Guerrero del Partido Revolucionario Institucional Francisco Ruiz Massieu”, quien posteriormente fue asesinado, y en su momento fue acusado como autor intelectual del crimen, el hermano del ex presidente, Raúl Salinas de Gortari.
Especialmente es explícito el referente al presidente Felipe Calderón Hinojosa, López Obrador acusa que familiares y funcionarios de su gobierno se vieron beneficiados cuando él estuvo al frente del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Banobras. “Autorizó una aportación ‘a fondo perdido’ por 400 millones de pesos, depositados en un fideicomiso privado para la construcción de un túnel bajo el río Coatzacoalcos. “La obra del túnel muestra poco avance y no hay información disponible sobre el destino de los fondos públicos”.
La denuncia de Andrés Manuel López Obrador contra la que llama “La mafia del poder” o “la mafia de Los Pinos”, tiene una consideración y una connotación. En el primer caso, prevalece la incógnita de saber cómo manejará esta singular denuncia la Procuraduría General de la República, ya que en nuestro país este organismo de procuración de justicia sigue siendo una dependencia del Ejecutivo Federal. En el segundo, es obvio, que la denuncia ya fue recibida, y para los efectos de investigaciones futuras, no se podrá alegar la prescripción del delito por esa causa, en caso de que se abran expedientes en comisiones que se formen para investigar crímenes del pasado.
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Singular denuncia la de Andrés Manuel López Obrador contra la que denomina “la mafia del poder” o “la mafia de Los Pinos”, en referencia a la casa oficial presidencial, entre otros delitos por saqueo de bienes nacionales. José Agustín Ortiz Pinchetti, secretario de Relaciones Políticas del llamado “gobierno legítimo de México” fue el encargado de presentar la querella ante la Procuraduría General de la República, PGR, que contiene más de mil hojas con contratos, informes y escrituras públicas.
La demanda por saqueo de bienes y recursos públicos, tráfico de influencia y corrupción durante las dos décadas pasadas, involucra a los siguientes personajes políticos y empresariales: al presidente, Felipe Calderón Hinojosa; a los ex presidentes, Carlos Salinas de Gortari, Vicente Fox Quesada y Ernesto Zedillo Ponce de León; a los banqueros y empresarios, Roberto Hernández, Claudio X. González, Gastón Azcárraga y José Luis Barraza; a los políticos, Diego Fernández de Cevallos y Elba Esther Gordillo, y quienes resulten responsables, en un expediente integrado con toda clase de pruebas, principalmente, se explicó, de contratos solicitados al Instituto Federal de Acceso a la Información, IFAI.
López Obrador, de gira por Zacatecas, advirtió que esos personajes forman la “mafia del poder en México, que es la que ha causado la actual tragedia nacional”. En la demanda, aclaró, “estamos dando todos los fundamentos del por qué ese grupo es el responsable de todo esto que está sucediendo en México”.
López Obrador, agregó, que en el tema de la procuración e impartición de justicia sigue habiendo asignaturas pendientes, sin embargo se recurre a la PGR, “porque tenemos que acudir ante esa instancia, porque no hay otra”. Ante ella “estamos presentando todas las pruebas del vandalismo y del saqueo que ha habido en el país, también con la idea de que el peor de los ladrones es el político corrupto”.
En la denuncia presentada se hace un relato minuciosos de la forma en que operan y en que se han relacionado al menos 10 de los integrantes de esta mafia, que, asegura, surgió a partir de que Carlos Salinas de Gortari, cuando ocupó la Presidencia de la República, él fue precisamente, dijo, quien decidió entregar los bancos y empresas públicas a sus allegados.
De todos los acusados hace un relato, como el de Diego Fernández de Cevallos, “quien ha sido achichincle de Carlos Salinas desde siempre”, y “en pago recibió los terrenos de Punta Diamante de Acapulco, dos días antes de que saliera el gobernador de Guerrero del Partido Revolucionario Institucional Francisco Ruiz Massieu”, quien posteriormente fue asesinado, y en su momento fue acusado como autor intelectual del crimen, el hermano del ex presidente, Raúl Salinas de Gortari.
Especialmente es explícito el referente al presidente Felipe Calderón Hinojosa, López Obrador acusa que familiares y funcionarios de su gobierno se vieron beneficiados cuando él estuvo al frente del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Banobras. “Autorizó una aportación ‘a fondo perdido’ por 400 millones de pesos, depositados en un fideicomiso privado para la construcción de un túnel bajo el río Coatzacoalcos. “La obra del túnel muestra poco avance y no hay información disponible sobre el destino de los fondos públicos”.
La denuncia de Andrés Manuel López Obrador contra la que llama “La mafia del poder” o “la mafia de Los Pinos”, tiene una consideración y una connotación. En el primer caso, prevalece la incógnita de saber cómo manejará esta singular denuncia la Procuraduría General de la República, ya que en nuestro país este organismo de procuración de justicia sigue siendo una dependencia del Ejecutivo Federal. En el segundo, es obvio, que la denuncia ya fue recibida, y para los efectos de investigaciones futuras, no se podrá alegar la prescripción del delito por esa causa, en caso de que se abran expedientes en comisiones que se formen para investigar crímenes del pasado.
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