El IFE debe convocar, no influir
Carlos Fernández-Vega
La ciudadanía está entrampada. El sistema electoral mexicano está armado de tal manera que los votantes salgan raspados cualquiera que sea su decisión, pues la "democracia" se extingue cuando la papeleta ingresa al cajón dispuesto para tal fin. A partir de ese momento, se acabó la "supremacía ciudadana", mientras los candidatos "triunfadores" velozmente pasan de la constancia de "mayoría" al incumplimiento de sus pomposas "promesas de campaña", y de allí a sus "estilos personales de gobernar", que nada tienen que ver con las urgencias e intereses de los electores.
La ley electoral otorga todas las garantías y ofrece múltiples salidas a los partidos políticos y a sus candidatos, así como a las autoridades del ramo; a los ciudadanos, quienes financian a unos y otros, ni una sola: no pueden condicionar o revocar el mandato, no se reconoce legalmente el plebiscito, y si quieren reclamar por el incumplimiento y desviación de aquellos que obtuvieron "constancia de mayoría" la respuesta oficial es mágica: "háganlo dentro de tres años, en las próximas elecciones, y cóbrenles con el voto". Para ser una "democracia", la ausencia de alternativas para los votantes más huele a un pasado que supuestamente quedó atrás.
Si anulas el voto, "permites que otros decidan por ti". Si sufragas por alguno de los candidatos impuestos por los partidos políticos, de todas maneras decidirán por ti. Si anulas el voto, de todas maneras llegarán al hueso; si avalas con tu voto a cualquiera de los candidatos, de todas maneras llegarán al hueso; si anulas el voto para protestar por la mafia del sistema político nacional, de todas maneras se queda la mafia, y si votas a favor de alguien, de todas maneras se queda la mafia. Espléndida "democracia ciudadana", en la que la ley no contempla ningún mecanismo correctivo para partidos políticos voraces ni candidatos incumplidores, e igual de voraces. ¿Qué hacer, entonces?
Como la espuma ha crecido un movimiento virtual sin nombres ni membretes (no muchos, cuando menos) que abiertamente propone la anulación del voto (no la promoción del abstencionismo, que suena igual pero no es lo mismo) al que muchos ciudadanos se suman cotidianamente. En un principio la indiferencia y la burla fueron las "respuestas" de la clase política, pero según se aproximan los comicios del 5 de julio, la preocupación y nerviosismo de "autoridades", partidos y candidatos crece más rápido que dicho movimiento, tanto que el IFE se sacó de la manga la realización de un "foro para que los grupos (contendientes) y analistas (algunos de ellos al servicio de aquellos) discutan escenarios como el abstencionismo o las campañas para anular el voto", pero sin presencia ciudadana (only members del establishment), sin otras voces que no sean las suyas, es decir el sistema responde con la misma falta de creatividad y sensibilidad que ha motivado y facilitado el surgimiento y rápido avance de la ola (que puede ser tsunami) en su contra.
El IFE está obligado a promover el voto, que los ciudadanos acudan a las urnas y expresen su voluntad, cualquiera que ésta sea. Se supone que al Instituto Federal Electoral no le importa si los ciudadanos votan a favor o en contra de uno u otro partido, de una u otra coalición; le importa, sí, que voten, pero parece olvidar que anular el voto es participar, pronunciarse y decidir, amén de que es un derecho, y así lo establece el Cofipe y lo garantiza la Constitución.
Entonces, ¿cómo está eso de que el IFE y sus consejeros "sugieren" a los medios electrónicos "no alentar el voto en blanco"?, porque hacerlo no sólo es violar la ley, la Constitución y el derecho de los mexicanos a decidir, sino censurar una de las alternativas que la propia ley permite y avala, la misma que el Instituto dice defender. Es como si "sugiere" a la televisión y a la radio que no aliente el voto a favor de uno u otro partido político, porque le aterran los resultados. Igual derecho tienen los mexicanos de votar por el partido o coalición que decidan, que hacerlo en contra de todas las "opciones" partidistas presentadas en los comicios mediante la anulación del sufragio.
Es obligación del IFE despejar cualquier duda que la ciudadanía manifieste sobre la realización de los comicios y sus consecuencias legales. Tiene que ser puntual en esto, pero en estos días en los que el "nerviosismo" del sistema crece a paso redoblado, el consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita, asegura que la anulación del voto "no tiene consecuencia jurídica en la elección". Pero algún peso debe tener, cuando en su artículo 295 (inciso d, numeral II) el Cofipe especifica: “el Consejo Distrital deberá realizar nuevamente el escrutinio y cómputo cuando (…) el número de votos nulos sea mayor a la diferencia entre los candidatos ubicados en el primero y segundo lugares en votación”. ¿Que es difícil llegar a una situación de esa naturaleza? Probablemente, pero no imposible, en especial cuando rápidamente crecen las voces a favor de dicha anulación, ergo, sí tiene consecuencias jurídicas en la elección. Esa es la diferencia que no se menciona: la anulación del voto sí cuenta; la abstención no, por arrolladora que sea.
Que el IFE convoque a los mexicanos a las urnas es su chamba y su obligación; que influya para que voten en un sentido u otro, no. En lugar de foros y videomensajes para "convencer" a la ciudadanía, el sistema tendría que reconsiderar sus prácticas voraces, garantizar el cumplimiento de compromisos con el electorado y entender que están al servicio de los votantes, no al revés. Ahora está muy preocupado porque, dice, anular el voto es "autoexcluirse del sistema democrático", cuando en realidad hace mucho que el sistema excluyó a los ciudadanos.
Las rebanadas del pastel
Qué dolorosa la evitable muerte de los niños en Hermosillo. La ABC, instalada junto a una gasolinera y un gran taller de llantas, sin salidas de emergencia ni extintores, y que "aparentemente cumplía normatividad" (Daniel Karam dixit), es una de las mil 526 guarderías subrogadas por el IMSS a particulares, cuyos beneficiarios económicos están ligados a las altas esferas del poder estatal y federal. Habría que preguntar a los deudos cuántos de ellos votaron a favor de que otros decidieran la subrogación a particulares de servicios públicos. Un solidario abrazo a los padres de las víctimas.
Carlos Fernández-Vega
La ciudadanía está entrampada. El sistema electoral mexicano está armado de tal manera que los votantes salgan raspados cualquiera que sea su decisión, pues la "democracia" se extingue cuando la papeleta ingresa al cajón dispuesto para tal fin. A partir de ese momento, se acabó la "supremacía ciudadana", mientras los candidatos "triunfadores" velozmente pasan de la constancia de "mayoría" al incumplimiento de sus pomposas "promesas de campaña", y de allí a sus "estilos personales de gobernar", que nada tienen que ver con las urgencias e intereses de los electores.
La ley electoral otorga todas las garantías y ofrece múltiples salidas a los partidos políticos y a sus candidatos, así como a las autoridades del ramo; a los ciudadanos, quienes financian a unos y otros, ni una sola: no pueden condicionar o revocar el mandato, no se reconoce legalmente el plebiscito, y si quieren reclamar por el incumplimiento y desviación de aquellos que obtuvieron "constancia de mayoría" la respuesta oficial es mágica: "háganlo dentro de tres años, en las próximas elecciones, y cóbrenles con el voto". Para ser una "democracia", la ausencia de alternativas para los votantes más huele a un pasado que supuestamente quedó atrás.
Si anulas el voto, "permites que otros decidan por ti". Si sufragas por alguno de los candidatos impuestos por los partidos políticos, de todas maneras decidirán por ti. Si anulas el voto, de todas maneras llegarán al hueso; si avalas con tu voto a cualquiera de los candidatos, de todas maneras llegarán al hueso; si anulas el voto para protestar por la mafia del sistema político nacional, de todas maneras se queda la mafia, y si votas a favor de alguien, de todas maneras se queda la mafia. Espléndida "democracia ciudadana", en la que la ley no contempla ningún mecanismo correctivo para partidos políticos voraces ni candidatos incumplidores, e igual de voraces. ¿Qué hacer, entonces?
Como la espuma ha crecido un movimiento virtual sin nombres ni membretes (no muchos, cuando menos) que abiertamente propone la anulación del voto (no la promoción del abstencionismo, que suena igual pero no es lo mismo) al que muchos ciudadanos se suman cotidianamente. En un principio la indiferencia y la burla fueron las "respuestas" de la clase política, pero según se aproximan los comicios del 5 de julio, la preocupación y nerviosismo de "autoridades", partidos y candidatos crece más rápido que dicho movimiento, tanto que el IFE se sacó de la manga la realización de un "foro para que los grupos (contendientes) y analistas (algunos de ellos al servicio de aquellos) discutan escenarios como el abstencionismo o las campañas para anular el voto", pero sin presencia ciudadana (only members del establishment), sin otras voces que no sean las suyas, es decir el sistema responde con la misma falta de creatividad y sensibilidad que ha motivado y facilitado el surgimiento y rápido avance de la ola (que puede ser tsunami) en su contra.
El IFE está obligado a promover el voto, que los ciudadanos acudan a las urnas y expresen su voluntad, cualquiera que ésta sea. Se supone que al Instituto Federal Electoral no le importa si los ciudadanos votan a favor o en contra de uno u otro partido, de una u otra coalición; le importa, sí, que voten, pero parece olvidar que anular el voto es participar, pronunciarse y decidir, amén de que es un derecho, y así lo establece el Cofipe y lo garantiza la Constitución.
Entonces, ¿cómo está eso de que el IFE y sus consejeros "sugieren" a los medios electrónicos "no alentar el voto en blanco"?, porque hacerlo no sólo es violar la ley, la Constitución y el derecho de los mexicanos a decidir, sino censurar una de las alternativas que la propia ley permite y avala, la misma que el Instituto dice defender. Es como si "sugiere" a la televisión y a la radio que no aliente el voto a favor de uno u otro partido político, porque le aterran los resultados. Igual derecho tienen los mexicanos de votar por el partido o coalición que decidan, que hacerlo en contra de todas las "opciones" partidistas presentadas en los comicios mediante la anulación del sufragio.
Es obligación del IFE despejar cualquier duda que la ciudadanía manifieste sobre la realización de los comicios y sus consecuencias legales. Tiene que ser puntual en esto, pero en estos días en los que el "nerviosismo" del sistema crece a paso redoblado, el consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita, asegura que la anulación del voto "no tiene consecuencia jurídica en la elección". Pero algún peso debe tener, cuando en su artículo 295 (inciso d, numeral II) el Cofipe especifica: “el Consejo Distrital deberá realizar nuevamente el escrutinio y cómputo cuando (…) el número de votos nulos sea mayor a la diferencia entre los candidatos ubicados en el primero y segundo lugares en votación”. ¿Que es difícil llegar a una situación de esa naturaleza? Probablemente, pero no imposible, en especial cuando rápidamente crecen las voces a favor de dicha anulación, ergo, sí tiene consecuencias jurídicas en la elección. Esa es la diferencia que no se menciona: la anulación del voto sí cuenta; la abstención no, por arrolladora que sea.
Que el IFE convoque a los mexicanos a las urnas es su chamba y su obligación; que influya para que voten en un sentido u otro, no. En lugar de foros y videomensajes para "convencer" a la ciudadanía, el sistema tendría que reconsiderar sus prácticas voraces, garantizar el cumplimiento de compromisos con el electorado y entender que están al servicio de los votantes, no al revés. Ahora está muy preocupado porque, dice, anular el voto es "autoexcluirse del sistema democrático", cuando en realidad hace mucho que el sistema excluyó a los ciudadanos.
Las rebanadas del pastel
Qué dolorosa la evitable muerte de los niños en Hermosillo. La ABC, instalada junto a una gasolinera y un gran taller de llantas, sin salidas de emergencia ni extintores, y que "aparentemente cumplía normatividad" (Daniel Karam dixit), es una de las mil 526 guarderías subrogadas por el IMSS a particulares, cuyos beneficiarios económicos están ligados a las altas esferas del poder estatal y federal. Habría que preguntar a los deudos cuántos de ellos votaron a favor de que otros decidieran la subrogación a particulares de servicios públicos. Un solidario abrazo a los padres de las víctimas.
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