Jorge Lofredo / Rebelión
Cuando nadie lo esperaba, el Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario (PDPR-EPR) optó nuevamente por la vía política, al solicitarle a la Comisión de Mediación la continuidad en sus labores, antes que ejecutar alguna acción militar. Por este camino, el EPR procura alcanzar legitimidad para su causa.
El inminente retorno a la violencia política por el eperrismo era el eje excluyente de análisis: tras la renuncia de la Comisión de Mediación obtendría alguna justificación para romper su tregua y reanudar la campaña político-militar. Hipótesis previsible, porque se fundamentó exclusivamente en la idea de la viabilidad de las acciones armadas ante el fracaso de los canales legales.
Los hechos, en cambio, indican lo contrario.
El propio EPR hizo saber que esta ecuación también se reprodujo en su seno. A través de los últimos comunicados, hizo saber que realizó una “consulta a sus bases” para decidir el camino a seguir en donde “se perfilaron dos posiciones no antagónicas”: solicitar a la Mediación para que continúe en sus trabajos o reinicio de las acciones de hostigamiento político-militar. (De una consulta similar, aunque en aquella ocasión fueron los comités estatales quienes se pronunciaron, surgió la decisión de atacar los ductos.)
La historia reciente ofrece otros ejemplos que muestran la elección de una salida política antes que una escalada en la conflagración. En el año 2001, después de la aprobación de la Ley Indígena contraria a los postulados de los Acuerdos de San Andrés, se auguró una radicalización del zapatismo; sin embargo, sus pasos siguientes apuntalaron el desarrollo de una nueva experiencia, las Juntas de Buen Gobierno, y no el retorno a la vía armada.
No debe olvidarse que los objetivos eperristas son de largo aliento y alcance, pero no se debe desatender la importancia de esta actitud política: ya no se trata de actuar militarmente –el EPR ha mostrado vocación militar– sino alcanzar iniciativa política relegando a las acciones armadas.
En el reciente comunicado, de carácter informativo, no refiere a otras cuestiones que no sea la renuncia de la Comisión de Mediación; y ello no porque carezcan de interés para el eperrismo sino que no era la ocasión propicia. El EPR volvió a privilegiar los tiempos de la clandestinidad antes que pronunciarse con el ritmo de la “superficie”, realidad que no le es ajena pero que no siempre le incide.
Debido a ello, los tiempos electorales le procurarán a la organización una amplificación de sus demandas antes que ofrecerle la posibilidad de incidir en una coyuntura que no lo contará como un protagonista destacado.
En ese marco ingresa el reciente texto del grupo armado, que tiene una doble variante: la primera, y fundamental, es la insistencia por vías que no incluyen en el corto plazo la vertiente armada; y la segunda, aunque no menos importante, en la constante búsqueda de legitimidad a su razón de ser, de su existencia y de su proyecto. El EPR le añade a cada una de sus acciones (políticas o político-militares) una justificación con la que siempre intenta deslindarse de posiciones extremistas. Y en este caso puntual queda de manifiesto.
En tanto que decide sus acciones con el fin de la obtención de legitimidad, continuará con el eje de su demanda actual; esto es, el esclarecimiento de lo sucedido con sus desaparecidos.
Siguiendo este razonamiento, cabe interponer una de las evaluaciones que pudo desprenderse de la actividad guerrillera del segundo semestre de 2007: en los medios de comunicación, el debate tras la voladura de los ductos se enfocó sobre la situación de la empresa, la caracterización de esas acciones y finalmente sobre la sorpresa por el blanco elegido. Pocas fueron las excepciones que vincularon las explosiones con la demanda puntual de las desapariciones, lo que vació de contenido la actividad político-militar y la transformó en exclusivamente militar o terrorista.
Con la Mediación, en cambio, el tema de los desaparecidos encontró otros espacios donde desarrollarse (ahora exclusivamente políticos). Y aunque por su renuncia quiera considerársele exclusivamente como un fracaso, lo que se sabe acerca de lo sucedido y la única reconstrucción precisa del hecho existe gracias a las labores de sus integrantes. Por ningún otro medio esto ha sido posible y la relevancia de esta cuestión incidió directamente en lo expresado por el grupo recientemente.
A pesar que no se prevé que en el corto plazo abandone las armas, en pos de legitimidad es altamente probable que las continúe relegando más allá de la coyuntura electoral y hasta del 2010 (fecha paradigmática de carácter revolucionario). Transita por un camino donde la línea política se impone a la político-militar: un doble eje donde puede descubrirse su esencia.
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El autor es Investigador del Centro de Documentación de los Movimientos Armados
Cuando nadie lo esperaba, el Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario (PDPR-EPR) optó nuevamente por la vía política, al solicitarle a la Comisión de Mediación la continuidad en sus labores, antes que ejecutar alguna acción militar. Por este camino, el EPR procura alcanzar legitimidad para su causa.
El inminente retorno a la violencia política por el eperrismo era el eje excluyente de análisis: tras la renuncia de la Comisión de Mediación obtendría alguna justificación para romper su tregua y reanudar la campaña político-militar. Hipótesis previsible, porque se fundamentó exclusivamente en la idea de la viabilidad de las acciones armadas ante el fracaso de los canales legales.
Los hechos, en cambio, indican lo contrario.
El propio EPR hizo saber que esta ecuación también se reprodujo en su seno. A través de los últimos comunicados, hizo saber que realizó una “consulta a sus bases” para decidir el camino a seguir en donde “se perfilaron dos posiciones no antagónicas”: solicitar a la Mediación para que continúe en sus trabajos o reinicio de las acciones de hostigamiento político-militar. (De una consulta similar, aunque en aquella ocasión fueron los comités estatales quienes se pronunciaron, surgió la decisión de atacar los ductos.)
La historia reciente ofrece otros ejemplos que muestran la elección de una salida política antes que una escalada en la conflagración. En el año 2001, después de la aprobación de la Ley Indígena contraria a los postulados de los Acuerdos de San Andrés, se auguró una radicalización del zapatismo; sin embargo, sus pasos siguientes apuntalaron el desarrollo de una nueva experiencia, las Juntas de Buen Gobierno, y no el retorno a la vía armada.
No debe olvidarse que los objetivos eperristas son de largo aliento y alcance, pero no se debe desatender la importancia de esta actitud política: ya no se trata de actuar militarmente –el EPR ha mostrado vocación militar– sino alcanzar iniciativa política relegando a las acciones armadas.
En el reciente comunicado, de carácter informativo, no refiere a otras cuestiones que no sea la renuncia de la Comisión de Mediación; y ello no porque carezcan de interés para el eperrismo sino que no era la ocasión propicia. El EPR volvió a privilegiar los tiempos de la clandestinidad antes que pronunciarse con el ritmo de la “superficie”, realidad que no le es ajena pero que no siempre le incide.
Debido a ello, los tiempos electorales le procurarán a la organización una amplificación de sus demandas antes que ofrecerle la posibilidad de incidir en una coyuntura que no lo contará como un protagonista destacado.
En ese marco ingresa el reciente texto del grupo armado, que tiene una doble variante: la primera, y fundamental, es la insistencia por vías que no incluyen en el corto plazo la vertiente armada; y la segunda, aunque no menos importante, en la constante búsqueda de legitimidad a su razón de ser, de su existencia y de su proyecto. El EPR le añade a cada una de sus acciones (políticas o político-militares) una justificación con la que siempre intenta deslindarse de posiciones extremistas. Y en este caso puntual queda de manifiesto.
En tanto que decide sus acciones con el fin de la obtención de legitimidad, continuará con el eje de su demanda actual; esto es, el esclarecimiento de lo sucedido con sus desaparecidos.
Siguiendo este razonamiento, cabe interponer una de las evaluaciones que pudo desprenderse de la actividad guerrillera del segundo semestre de 2007: en los medios de comunicación, el debate tras la voladura de los ductos se enfocó sobre la situación de la empresa, la caracterización de esas acciones y finalmente sobre la sorpresa por el blanco elegido. Pocas fueron las excepciones que vincularon las explosiones con la demanda puntual de las desapariciones, lo que vació de contenido la actividad político-militar y la transformó en exclusivamente militar o terrorista.
Con la Mediación, en cambio, el tema de los desaparecidos encontró otros espacios donde desarrollarse (ahora exclusivamente políticos). Y aunque por su renuncia quiera considerársele exclusivamente como un fracaso, lo que se sabe acerca de lo sucedido y la única reconstrucción precisa del hecho existe gracias a las labores de sus integrantes. Por ningún otro medio esto ha sido posible y la relevancia de esta cuestión incidió directamente en lo expresado por el grupo recientemente.
A pesar que no se prevé que en el corto plazo abandone las armas, en pos de legitimidad es altamente probable que las continúe relegando más allá de la coyuntura electoral y hasta del 2010 (fecha paradigmática de carácter revolucionario). Transita por un camino donde la línea política se impone a la político-militar: un doble eje donde puede descubrirse su esencia.
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El autor es Investigador del Centro de Documentación de los Movimientos Armados
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