Miguel Ángel Granados Chapa / Plaza Pública
El penal del Noroeste adquirió notoriedad a finales del 2006, cuando recibió a unos 140 detenidos durante una redada ilegal en Oaxaca
Contra la voluntad de muchos, el gobierno federal, su Secretaría de Seguridad Pública han convertido el penal de San José del Rincón, o simplemente El Rincón, en un destino carcelario de moda. Se oponen a ser trasladados a ese sitio los afectados, presos en otras penitenciarías. Pero también se opone la población de Tepic, a cuyas afueras se alza este centro de reclusión. Igualmente adverso se mostró en su momento el gobernador Ney González, que hasta propuso omitir en las actuaciones ministeriales y judiciales, y en la papelería oficial en general, la ubicación geográfica de este penal. Luego parece haber disminuido el rigor de su inconformidad, asumiendo como un hecho irreversible la triste fama que obtendrá la capital nayarita o por lo menos el paraje vecino que es ahora objeto frecuente de interés periodístico.
La más reciente remesa de presos notorios llegó a San José del Rincón la semana pasada, cuando 27 gobernantes y funcionarios michoacanos dejaron de estar arraigados en el Centro federal de detención en la Ciudad de México y quedaron sujetos a órdenes de aprehensión dictadas por un juez federal con sede en aquel reclusorio. Merced a ese mandamiento fueron trasladados a Nayarit, donde en esta semana se determinará si se van libres o se les somete a juicio. Se trata de siete de los 10 alcaldes capturados en otros tantos municipios de Michoacán y una veintena de funcionarios municipales y estatales retenidos en la misma operación el 26 de mayo. Figuran entre ellos el procurador Miguel García Hurtado, que se presentó voluntariamente a la autoridad federal y fue de inmediato retenido y sujeto a arraigo; y Citlalli Fernández, que hasta febrero fue secretaria de Seguridad Pública del gobierno estatal, y persona muy cercana al gobernador Leonel Godoy.
Quizá por ese motivo el Ejecutivo michoacano no fue avisado de la operación que lo afectó tan de cerca. O tal vez la discreción federal que lo ofende se fundó en declaraciones ministeriales de presuntos delincuentes que han hablado de su amistad con jefes de La Familia Michoacana y hasta de aportaciones financieras a su campaña electoral. Son declaraciones triviales (que incluyen la narración de haber acudido en parejas a las urnas para vigilar que se votara a favor de Godoy, como si esa operación no fuera estrictamente individual) y quizá por eso el Ministerio Público federal no las ha considerado suficientes para iniciar un procedimiento contra el gobernador. La Procuraduría General de la República ha anunciado de modo expreso que no levantará cargos contra Godoy.
El Rincón se hizo notorio en noviembre de 2006 cuando el gobierno de Fox, a unas horas de concluir su mandato, accedió a violar la ley en nueva señal de su comprobada complicidad con el gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz. Unas 140 personas detenidas en una redada ilegal en la capital de ese estado fueron trasladadas a la prisión federal nayarita sin que siquiera se les hubiera incoado proceso. Cuando esto ocurrió, el enjuiciamiento fue del orden común, es decir correspondía a la jurisdicción de jueces en Oaxaca y la prisión preventiva debía cumplirse en esa entidad. Al cabo de un mes, casi todas las personas trasladadas a San José del Rincón fueron llevadas de regreso a su estado de origen.
Hasta donde entiendo, no se ha repetido desde entonces el traslado a ese penal federal de presos sujetos al fuero común, en lo que fue un destierro propio del autoritarismo porfiriano, como el de los yaquis remitidos a Valle Nacional, precisamente en Oaxaca. Sin embargo, aunque los nuevos huéspedes de El Rincón están sometidos a procesos federales, al trasladárseles a esa cárcel nayarita se afectan los derechos de sus familiares a visitarlos pues no es sencillo que lo haga gente con escasos recursos, como los parientes de los 51 custodios y funcionarios del penal zacatecano de Cieneguillas, que están ahora radicados en el Centro Federal de Readaptación Social No. 4, Noroeste, que tal es el nombre oficial de la cárcel puesta de moda por el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social que a su vez es la denominación oficial de lo que antaño se llamaba dirección general de penitenciarías o algo semejante.
Como el resto del sistema carcelario federal, el número 4, Noroeste, data de la última década del siglo pasado. Antes de su construcción fueron puestos en operación los tres penales de alta seguridad, identificados en numeración progresiva: el de Almoloya de Juárez en el estado de México, que ahora se llama Altiplano; el de Puente Grande cerca de Guadalajara, denominado ahora Occidente y el del Noreste, ubicado a las afueras de Matamoros. El de San José del Rincón, el cuarto, es de mediana seguridad y está dispuesto para albergar hasta mil 456 reos de media capacidad criminal, índices de peligrosidad media y adaptabilidad social igualmente media. Su régimen es menos riguroso que el vigente en los de alta seguridad.
La oposición local al auge poblacional de El Rincón se acrecentó en abril pasado, cuando el traslado de un reo provocó una balacera en las inmediaciones de Tepic. Un narcotraficante peligroso, Gerónimo Gámez (apodado El Primo, porque lo es de los Beltrán Leyva), era llevado del aeropuerto de esa ciudad (al que llegó desde el Distrito Federal) al penal Noroeste cuando una tropa de sus cómplices pretendió liberarlo. En la refriega cayeron cinco agentes de la Policía Federal, dos de la AFI, un custodio y el director técnico de El Rincón.
Cajón de Sastre
En realidad, la Procuraduría General de la República está lejos de exonerar al gobernador Leonel Godoy. A la luz de las revelaciones surgidas de actas ministeriales, que lo involucran con La Familia Michoacana, la PGR se ha limitado a decir que "hasta el momento" no se le involucra en alguna averiguación. Pero la forma adverbial adoptada conlleva si no una amenaza por lo menos una advertencia de que la situación podría cambiar. Cuando hace casi un mes fueron detenidos colaboradores cercanos de Godoy, el Ministerio Público no contaba para acusarlos más que con dichos de testigos protegidos, y ahora están ya aprehendidos después de tres semanas de arraigo. La PGR suele utilizar políticamente revelaciones que afectan al buen nombre de personas como el gobernador que con razón se considera maltratado por ese uso del trabajo ministerial.
El penal del Noroeste adquirió notoriedad a finales del 2006, cuando recibió a unos 140 detenidos durante una redada ilegal en Oaxaca
Contra la voluntad de muchos, el gobierno federal, su Secretaría de Seguridad Pública han convertido el penal de San José del Rincón, o simplemente El Rincón, en un destino carcelario de moda. Se oponen a ser trasladados a ese sitio los afectados, presos en otras penitenciarías. Pero también se opone la población de Tepic, a cuyas afueras se alza este centro de reclusión. Igualmente adverso se mostró en su momento el gobernador Ney González, que hasta propuso omitir en las actuaciones ministeriales y judiciales, y en la papelería oficial en general, la ubicación geográfica de este penal. Luego parece haber disminuido el rigor de su inconformidad, asumiendo como un hecho irreversible la triste fama que obtendrá la capital nayarita o por lo menos el paraje vecino que es ahora objeto frecuente de interés periodístico.
La más reciente remesa de presos notorios llegó a San José del Rincón la semana pasada, cuando 27 gobernantes y funcionarios michoacanos dejaron de estar arraigados en el Centro federal de detención en la Ciudad de México y quedaron sujetos a órdenes de aprehensión dictadas por un juez federal con sede en aquel reclusorio. Merced a ese mandamiento fueron trasladados a Nayarit, donde en esta semana se determinará si se van libres o se les somete a juicio. Se trata de siete de los 10 alcaldes capturados en otros tantos municipios de Michoacán y una veintena de funcionarios municipales y estatales retenidos en la misma operación el 26 de mayo. Figuran entre ellos el procurador Miguel García Hurtado, que se presentó voluntariamente a la autoridad federal y fue de inmediato retenido y sujeto a arraigo; y Citlalli Fernández, que hasta febrero fue secretaria de Seguridad Pública del gobierno estatal, y persona muy cercana al gobernador Leonel Godoy.
Quizá por ese motivo el Ejecutivo michoacano no fue avisado de la operación que lo afectó tan de cerca. O tal vez la discreción federal que lo ofende se fundó en declaraciones ministeriales de presuntos delincuentes que han hablado de su amistad con jefes de La Familia Michoacana y hasta de aportaciones financieras a su campaña electoral. Son declaraciones triviales (que incluyen la narración de haber acudido en parejas a las urnas para vigilar que se votara a favor de Godoy, como si esa operación no fuera estrictamente individual) y quizá por eso el Ministerio Público federal no las ha considerado suficientes para iniciar un procedimiento contra el gobernador. La Procuraduría General de la República ha anunciado de modo expreso que no levantará cargos contra Godoy.
El Rincón se hizo notorio en noviembre de 2006 cuando el gobierno de Fox, a unas horas de concluir su mandato, accedió a violar la ley en nueva señal de su comprobada complicidad con el gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz. Unas 140 personas detenidas en una redada ilegal en la capital de ese estado fueron trasladadas a la prisión federal nayarita sin que siquiera se les hubiera incoado proceso. Cuando esto ocurrió, el enjuiciamiento fue del orden común, es decir correspondía a la jurisdicción de jueces en Oaxaca y la prisión preventiva debía cumplirse en esa entidad. Al cabo de un mes, casi todas las personas trasladadas a San José del Rincón fueron llevadas de regreso a su estado de origen.
Hasta donde entiendo, no se ha repetido desde entonces el traslado a ese penal federal de presos sujetos al fuero común, en lo que fue un destierro propio del autoritarismo porfiriano, como el de los yaquis remitidos a Valle Nacional, precisamente en Oaxaca. Sin embargo, aunque los nuevos huéspedes de El Rincón están sometidos a procesos federales, al trasladárseles a esa cárcel nayarita se afectan los derechos de sus familiares a visitarlos pues no es sencillo que lo haga gente con escasos recursos, como los parientes de los 51 custodios y funcionarios del penal zacatecano de Cieneguillas, que están ahora radicados en el Centro Federal de Readaptación Social No. 4, Noroeste, que tal es el nombre oficial de la cárcel puesta de moda por el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social que a su vez es la denominación oficial de lo que antaño se llamaba dirección general de penitenciarías o algo semejante.
Como el resto del sistema carcelario federal, el número 4, Noroeste, data de la última década del siglo pasado. Antes de su construcción fueron puestos en operación los tres penales de alta seguridad, identificados en numeración progresiva: el de Almoloya de Juárez en el estado de México, que ahora se llama Altiplano; el de Puente Grande cerca de Guadalajara, denominado ahora Occidente y el del Noreste, ubicado a las afueras de Matamoros. El de San José del Rincón, el cuarto, es de mediana seguridad y está dispuesto para albergar hasta mil 456 reos de media capacidad criminal, índices de peligrosidad media y adaptabilidad social igualmente media. Su régimen es menos riguroso que el vigente en los de alta seguridad.
La oposición local al auge poblacional de El Rincón se acrecentó en abril pasado, cuando el traslado de un reo provocó una balacera en las inmediaciones de Tepic. Un narcotraficante peligroso, Gerónimo Gámez (apodado El Primo, porque lo es de los Beltrán Leyva), era llevado del aeropuerto de esa ciudad (al que llegó desde el Distrito Federal) al penal Noroeste cuando una tropa de sus cómplices pretendió liberarlo. En la refriega cayeron cinco agentes de la Policía Federal, dos de la AFI, un custodio y el director técnico de El Rincón.
Cajón de Sastre
En realidad, la Procuraduría General de la República está lejos de exonerar al gobernador Leonel Godoy. A la luz de las revelaciones surgidas de actas ministeriales, que lo involucran con La Familia Michoacana, la PGR se ha limitado a decir que "hasta el momento" no se le involucra en alguna averiguación. Pero la forma adverbial adoptada conlleva si no una amenaza por lo menos una advertencia de que la situación podría cambiar. Cuando hace casi un mes fueron detenidos colaboradores cercanos de Godoy, el Ministerio Público no contaba para acusarlos más que con dichos de testigos protegidos, y ahora están ya aprehendidos después de tres semanas de arraigo. La PGR suele utilizar políticamente revelaciones que afectan al buen nombre de personas como el gobernador que con razón se considera maltratado por ese uso del trabajo ministerial.
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