Jaime Cárdenas / El Periódico
El clientelismo es una forma autoritaria de hacer política, consiste en obtener apoyos electorales y políticos de sectores sociales marginados a cambio de la solución a cualquier problema relacionado con la atención en los servicios públicos, de la entrega de programas sociales y, en sus peores versiones, de la compra descarada del voto.
Desde 1998, la Organización de Estados Americanos, en sus informes sobre la situación de los derechos humanos en México, ha venido alertando sobre el uso indebido –con propósitos electorales– de los programas sociales del gobierno y de la compra y coacción del voto. Para la OEA estas prácticas son contrarias a los derechos humanos, transgreden los derechos políticos y no promueven la construcción de ciudadanía. La OEA estima que con la compra y coacción del voto se degrada al ser humano, su dignidad y su libertad, para elegir en conciencia la opción política que más le parece.
La legislación electoral mexicana no cuenta con las armas ni los instrumentos adecuados para hacer frente al clientelismo. Con motivo de la reforma electoral de 2007 y 2008 no se modificó el Código Penal Federal para tipificar como delitos, en mayor medida y profundidad a los vigentes, conductas que tienen que ver con el desvío de los recursos públicos con fines electorales y con la compra o la coacción del voto. Por su parte, el IFE no cuenta con mecanismos suficientes de supervisión a los programas sociales federales y locales durante las campañas.
Ante esa circunstancia, todos los gobiernos de distinto signo político y, en general, la mayor parte de los partidos, cuando pueden, acuden a estas prácticas indebidas. Es tal la penetración y la costumbre social respecto a estos usos y costumbres, que en los distritos de Iztapalapa los ciudadanos preguntan con naturalidad si no se les van a entregar despensas a cambio del voto. La huella autoritaria del priísmo ha pervivido en otros partidos.
No pondremos fin al clientelismo político en México hasta que los derechos económicos, sociales y culturales sean exigibles jurídicamente, y hasta que las instituciones sean eficientes y eficaces. Esa es la mejor propuesta que puede hacer cualquier candidato y partido para tratar a las personas con plena dignidad y respeto.
*** IMPORTANTE *** Revoluciones es un proyecto de información alternativa sin fines de lucro, para mantenernos en línea requerimos de tu apoyo. Puedes ayudarnos haciendo un deposito bancario, por mínimo que sea, hazlo en el banco HSBC, al número de cuenta 6271254999 a nombre de Samuel R. García o en transferencia electrónica abonando al número Clabe: 021180062712549990. Gracias.
El clientelismo es una forma autoritaria de hacer política, consiste en obtener apoyos electorales y políticos de sectores sociales marginados a cambio de la solución a cualquier problema relacionado con la atención en los servicios públicos, de la entrega de programas sociales y, en sus peores versiones, de la compra descarada del voto.
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La legislación electoral mexicana no cuenta con las armas ni los instrumentos adecuados para hacer frente al clientelismo. Con motivo de la reforma electoral de 2007 y 2008 no se modificó el Código Penal Federal para tipificar como delitos, en mayor medida y profundidad a los vigentes, conductas que tienen que ver con el desvío de los recursos públicos con fines electorales y con la compra o la coacción del voto. Por su parte, el IFE no cuenta con mecanismos suficientes de supervisión a los programas sociales federales y locales durante las campañas.
Ante esa circunstancia, todos los gobiernos de distinto signo político y, en general, la mayor parte de los partidos, cuando pueden, acuden a estas prácticas indebidas. Es tal la penetración y la costumbre social respecto a estos usos y costumbres, que en los distritos de Iztapalapa los ciudadanos preguntan con naturalidad si no se les van a entregar despensas a cambio del voto. La huella autoritaria del priísmo ha pervivido en otros partidos.
No pondremos fin al clientelismo político en México hasta que los derechos económicos, sociales y culturales sean exigibles jurídicamente, y hasta que las instituciones sean eficientes y eficaces. Esa es la mejor propuesta que puede hacer cualquier candidato y partido para tratar a las personas con plena dignidad y respeto.
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