APRO.- A 45 aumentó el número de víctimas del incendio en la guardería ABC, en Hermosillo, Sonora, al morir hoy el niño Juan Israel Fernández Lara, de tres años de edad.
Olivia Méndez Galindo, abuela materna del menor, confirmó que su nieto murió en el hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Guadalajara, Jalisco, a donde había sido enviado tras resultar con severas quemaduras e intoxicación.
Las autoridades de Sonora anunciaron así mismo el cierre de cuatro estancias infantiles, tres ubicadas en Hermosillo y una más en Nogales, propiedad de los dueños de la guardería siniestrada ABC.
Aparte, tres funcionarios más del IMSS fueron separados de sus cargos para facilitar las investigaciones y, en su caso, deslindar responsabilidades en relación con la tragedia.
Los cesados son Emigdio Martínez García, jefe delegacional de Prestaciones Económicas y Sociales; Noemí López Sánchez, coordinadora delegacional de Guarderías, y Delia Irene Botello Amante, coordinadora zonal de Guarderías de Hermosillo.
Según un comunicado del IMSS, el objetivo es facilitar las indagatorias que desarrollan las procuradurías generales de la República (PGR), de Justicia de Sonora (PGJE) y Secretaría de la Función Pública (SFP).
En tanto, la Secretaría de Salud Pública estatal (SSP) informó que 26 personas permanecen hospitalizadas; de ellas 21 son menores y el resto, adultos.
Raymundo López Vucovich, titular de la SSP, precisó que de los 26 heridos que permanecen hospitalizados, 13 se encuentran en nosocomios de Hermosillo y Ciudad Obregón, y de ellos ocho son menores de edad, aunque sólo uno se reporta como sumamente grave y otro será trasladado a Sacramento, California.
Fuera de Sonora, acotó, se encuentran hospitalizadas 13 personas, de las cuales cinco están en el hospital Shriners en Sacramento y ocho en Guadalajara, de los cuales uno se llevará a Cincinnati, Ohio, en Estados Unidos.
El funcionario estatal aclaró que hasta el momento 15 personas, entre ellas cuatro adultos, han sido dadas de alta, y añadió que el jueves dos menores dejaron el hospital por su mejoría y serán atendidos como pacientes externos.
Por su parte el titular de la PGR, Eduardo Medina Mora, afirmó que la muerte de 45 menores no quedará impune, ni por el lado federal ni por el fuero común.
En su participación en la Reunión Regional de Procuradores Generales de Justicia de la Zona Centro del País, Medina Mora afirmó que habrá responsabilidades jurídicas y serán llevados a proceso penal los responsables de que esta tragedia haya ocurrido.
Medina Mora reveló que desde el 2005 se le informó a los concesionarios de la guardería ABC que había anomalías en sus instalaciones.
"Hay evidencias que señalan que desde 2005 se habían detectado irregularidades e insuficiencias por personal del Instituto Mexicano del Seguro Social", dijo el procurador general.
Sin embargo, aclaró que el Ministerio Público trabaja con "estricta autonomía jurídica, con garantía de imparcialidad ante filiaciones políticas o simpatías partidistas", y señaló que el ejercicio de la responsabilidad penal se da siempre que existan elementos, sin intereses políticos o de otra índole.
En la reunión participaron integrantes de las procuradurías de Justicia de los estados de México, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, Quintana Roo y Puebla, así como del Distrito Federal, donde se generan cerca de 600 mil averiguaciones previas al año.
Los temas fundamentales de la reunión son: evaluar los avances en la estrategia nacional integral contra el secuestro y el narcomenudeo, además del tema electoral y la actuación de la Fepade.
Durante la inauguración, el gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto aseguró que ha habido "golpes certeros a la delincuencia", aunque dijo que "tampoco se puede hablar de grandes logros ni sentirse satisfechos", pues las estadísticas delictivas crecen y todavía falta abatir la cifra negra y que ningún delito quede impune.
Eluden rendir declaración
Mientras el procurador estatal, Abel Murrieta, informó hoy que ocho funcionarios del IMSS, citados por el MP en calidad de indiciados, se reservaron su derecho a rendir declaración.
El titular de la PGJE explicó que la víspera los servidores públicos no declararon ante el MP que integra la averiguación sobre el siniestro.
Los citados a declarar, entre otros, son el exdelegado Arturo Leyva Lizárraga, así como el subdelegado en Hermosillo, el titular de la dirección de Prestaciones Sociales y Económicas, y quien efectuó la última revisión en la estancia infantil.
En conferencia de prensa, Murrieta Gutiérrez destacó que al personal del IMSS se le citó en calidad de indiciado, porque les puede resultar alguna responsabilidad, razón por la que pudieron reservarse el derecho a rendir declaración ministerial.
Agregó que, además, les fueron respetados los demás derechos que les asiste como indiciados, tales como contar con un abogado y tener acceso libre al expediente abierto en su contra.
Dijo que se citó a rendir su declaración a quienes tienen alguna relación con el caso, de acuerdo con el expediente de la guardería, para conocer sus funciones y responsabilidades, sin embargo, se reservaron su derecho a declarar, acogiéndose al artículo 20 constitucional.
No obstante, refirió que este día fueron citados de nueva cuenta a rendir su declaración, pero ahora en calidad de testigos, por lo que de esta manera sí están obligados a declarar ante la autoridad ministerial.
Así mismo, explicó, también se requirió al IMSS el organigrama y manual de funciones de cada uno de esos funcionarios.
Y anticipó que en el curso de la indagatoria se han descubierto cuestiones "especialmente graves" sobre la actuación del instituto en torno del caso de la guardería ABC.
Murrieta Gutiérrez admitió que por ahora legalmente está impedido para arraigar a los presuntos responsables del incendio ocurrido en la estancia infantil subrogada por el IMSS.
Por último, dijo que en las próximas horas se citará a declarar a los funcionarios del ayuntamiento de Hermosillo vinculados con la tragedia.
Olivia Méndez Galindo, abuela materna del menor, confirmó que su nieto murió en el hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Guadalajara, Jalisco, a donde había sido enviado tras resultar con severas quemaduras e intoxicación.
Las autoridades de Sonora anunciaron así mismo el cierre de cuatro estancias infantiles, tres ubicadas en Hermosillo y una más en Nogales, propiedad de los dueños de la guardería siniestrada ABC.
Aparte, tres funcionarios más del IMSS fueron separados de sus cargos para facilitar las investigaciones y, en su caso, deslindar responsabilidades en relación con la tragedia.
Los cesados son Emigdio Martínez García, jefe delegacional de Prestaciones Económicas y Sociales; Noemí López Sánchez, coordinadora delegacional de Guarderías, y Delia Irene Botello Amante, coordinadora zonal de Guarderías de Hermosillo.
Según un comunicado del IMSS, el objetivo es facilitar las indagatorias que desarrollan las procuradurías generales de la República (PGR), de Justicia de Sonora (PGJE) y Secretaría de la Función Pública (SFP).
En tanto, la Secretaría de Salud Pública estatal (SSP) informó que 26 personas permanecen hospitalizadas; de ellas 21 son menores y el resto, adultos.
Raymundo López Vucovich, titular de la SSP, precisó que de los 26 heridos que permanecen hospitalizados, 13 se encuentran en nosocomios de Hermosillo y Ciudad Obregón, y de ellos ocho son menores de edad, aunque sólo uno se reporta como sumamente grave y otro será trasladado a Sacramento, California.
Fuera de Sonora, acotó, se encuentran hospitalizadas 13 personas, de las cuales cinco están en el hospital Shriners en Sacramento y ocho en Guadalajara, de los cuales uno se llevará a Cincinnati, Ohio, en Estados Unidos.
El funcionario estatal aclaró que hasta el momento 15 personas, entre ellas cuatro adultos, han sido dadas de alta, y añadió que el jueves dos menores dejaron el hospital por su mejoría y serán atendidos como pacientes externos.
Por su parte el titular de la PGR, Eduardo Medina Mora, afirmó que la muerte de 45 menores no quedará impune, ni por el lado federal ni por el fuero común.
En su participación en la Reunión Regional de Procuradores Generales de Justicia de la Zona Centro del País, Medina Mora afirmó que habrá responsabilidades jurídicas y serán llevados a proceso penal los responsables de que esta tragedia haya ocurrido.
Medina Mora reveló que desde el 2005 se le informó a los concesionarios de la guardería ABC que había anomalías en sus instalaciones.
"Hay evidencias que señalan que desde 2005 se habían detectado irregularidades e insuficiencias por personal del Instituto Mexicano del Seguro Social", dijo el procurador general.
Sin embargo, aclaró que el Ministerio Público trabaja con "estricta autonomía jurídica, con garantía de imparcialidad ante filiaciones políticas o simpatías partidistas", y señaló que el ejercicio de la responsabilidad penal se da siempre que existan elementos, sin intereses políticos o de otra índole.
En la reunión participaron integrantes de las procuradurías de Justicia de los estados de México, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, Quintana Roo y Puebla, así como del Distrito Federal, donde se generan cerca de 600 mil averiguaciones previas al año.
Los temas fundamentales de la reunión son: evaluar los avances en la estrategia nacional integral contra el secuestro y el narcomenudeo, además del tema electoral y la actuación de la Fepade.
Durante la inauguración, el gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto aseguró que ha habido "golpes certeros a la delincuencia", aunque dijo que "tampoco se puede hablar de grandes logros ni sentirse satisfechos", pues las estadísticas delictivas crecen y todavía falta abatir la cifra negra y que ningún delito quede impune.
Eluden rendir declaración
Mientras el procurador estatal, Abel Murrieta, informó hoy que ocho funcionarios del IMSS, citados por el MP en calidad de indiciados, se reservaron su derecho a rendir declaración.
El titular de la PGJE explicó que la víspera los servidores públicos no declararon ante el MP que integra la averiguación sobre el siniestro.
Los citados a declarar, entre otros, son el exdelegado Arturo Leyva Lizárraga, así como el subdelegado en Hermosillo, el titular de la dirección de Prestaciones Sociales y Económicas, y quien efectuó la última revisión en la estancia infantil.
En conferencia de prensa, Murrieta Gutiérrez destacó que al personal del IMSS se le citó en calidad de indiciado, porque les puede resultar alguna responsabilidad, razón por la que pudieron reservarse el derecho a rendir declaración ministerial.
Agregó que, además, les fueron respetados los demás derechos que les asiste como indiciados, tales como contar con un abogado y tener acceso libre al expediente abierto en su contra.
Dijo que se citó a rendir su declaración a quienes tienen alguna relación con el caso, de acuerdo con el expediente de la guardería, para conocer sus funciones y responsabilidades, sin embargo, se reservaron su derecho a declarar, acogiéndose al artículo 20 constitucional.
No obstante, refirió que este día fueron citados de nueva cuenta a rendir su declaración, pero ahora en calidad de testigos, por lo que de esta manera sí están obligados a declarar ante la autoridad ministerial.
Así mismo, explicó, también se requirió al IMSS el organigrama y manual de funciones de cada uno de esos funcionarios.
Y anticipó que en el curso de la indagatoria se han descubierto cuestiones "especialmente graves" sobre la actuación del instituto en torno del caso de la guardería ABC.
Murrieta Gutiérrez admitió que por ahora legalmente está impedido para arraigar a los presuntos responsables del incendio ocurrido en la estancia infantil subrogada por el IMSS.
Por último, dijo que en las próximas horas se citará a declarar a los funcionarios del ayuntamiento de Hermosillo vinculados con la tragedia.
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