Eduardo Ibarra Aguirre
Desde 2002 se formuló una documentada advertencia a la Dirección General del Instituto Mexicano del Seguro Social para que no continuara otorgando concesiones para guarderías subrogadas a particulares que no cumplían el perfil ni contaran con los permisos de uso del suelo, personal capacitado y los seguros de responsabilidad civil “que las protejan de cualquier eventualidad o responsabilidad como un siniestro”.
El destinatario de las observaciones de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, ahora Auditoría Superior de la Federación , fue Santiago Levy Algaza , actual vicepresidente del Banco Interamericano de Desarrollo y arquitecto de las políticas privatizadoras de la seguridad social, justo bajo el gobierno del cambio.
El grupo que sustituyó en Los Pinos a Vicente Fox Quesada busca con desesperación y relativo éxito, gracias al invaluable servicio del aparato mediático, ocultar la incidencia directa de aquellas políticas socialmente excluyentes y humanamente criminales, en la tragedia que cobró 44 vidas infantiles en Hermosillo, Sonora.
Veamos. De acuerdo a la misma fuente, el órgano fiscalizador, desde el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León –el asesor de Unión Pacific enseguida de que le remató una porción de Ferrocarriles Nacionales de México--, comenzó el incremento de la subrogación del servicio de guarderías del IMSS a particulares, pero con el marido de la “señora Martha” –con h, porque hasta en esa frivolidad mintió--, el esquema se disparó en 165.4 por ciento al pasar de 40 mil 132 a 110 mil 513 niños atendidos por las estancias subrogadas, mientras que “las operadas por el IMSS tuvieron un decremento de 7.3 por ciento”. Y la cobertura en la atención sólo fue 72.2 por ciento.
Por si no fuera suficiente, en las cuentas públicas de 2002, 2003 y 2005 la ASF detectó la falta de licitación pública de los servicios subrogados a guarderías, discrecionalidad en los pagos y que no contaban con dictámenes estructurales de los edificios donde se ubicaban. “Este esquema carece de sustento legal”, concluye.
Uno de los secretos del auge privatizador de los servicios de guarderías es que mientras en el IMSS el costo mensual, promedio, de la atención de un niño era de 3 mil 781 pesos, en las subrogadas fue de mil 627 pesos, durante 2002. Los ahorros del gobierno federal son a costa de la depauperación del servicio. Ello implica: personal no especializado, sin prestaciones y con bajos salarios; instalaciones inseguras y saturadas; además del cobro arbitrario de cuotas, como denuncia la señora Teresa, derechohabiente del IMSS en la zona oriente del Distrito Federal, quien paga “una mensualidad de 150 pesos y 100 pesos de inscripción” para que atiendan a su hija Fernanda.
Esta política conculcadora de los derechos laborales, llegó a un punto crítico: de las mil 568 guarderías a cargo del Seguro Social, mil 426 están subrogadas a particulares --como muchos servicios--, de acuerdo con las cifras de Daniel Karam Toumeh , quien requirió de cinco días para enterarse que una es la realidad y otra la que muestra la documentación de la sonorense ABC, como muchas otras. En tanto que otro integrante del primer círculo presidencial, Eduardo Tomás Medin-Mora Icaza , asegura que nadie irá a la cárcel.
Los hermosillenses indignados y en las calles pueden hacer la diferencia, si descubren que más allá del merecido repudio al gobernador, es preciso obligar a que se produzca un viraje en las políticas de changarrización de las guarderías que tanto orgullo suscitan en Felipe de Jesús Calderón Hinojosa y su partido, el de la “Acción responsable ante la crisis que nos llegó de fuera”. Como si los severos costos sociales fueran gringos .
Desde 2002 se formuló una documentada advertencia a la Dirección General del Instituto Mexicano del Seguro Social para que no continuara otorgando concesiones para guarderías subrogadas a particulares que no cumplían el perfil ni contaran con los permisos de uso del suelo, personal capacitado y los seguros de responsabilidad civil “que las protejan de cualquier eventualidad o responsabilidad como un siniestro”.
El destinatario de las observaciones de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, ahora Auditoría Superior de la Federación , fue Santiago Levy Algaza , actual vicepresidente del Banco Interamericano de Desarrollo y arquitecto de las políticas privatizadoras de la seguridad social, justo bajo el gobierno del cambio.
El grupo que sustituyó en Los Pinos a Vicente Fox Quesada busca con desesperación y relativo éxito, gracias al invaluable servicio del aparato mediático, ocultar la incidencia directa de aquellas políticas socialmente excluyentes y humanamente criminales, en la tragedia que cobró 44 vidas infantiles en Hermosillo, Sonora.
Veamos. De acuerdo a la misma fuente, el órgano fiscalizador, desde el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León –el asesor de Unión Pacific enseguida de que le remató una porción de Ferrocarriles Nacionales de México--, comenzó el incremento de la subrogación del servicio de guarderías del IMSS a particulares, pero con el marido de la “señora Martha” –con h, porque hasta en esa frivolidad mintió--, el esquema se disparó en 165.4 por ciento al pasar de 40 mil 132 a 110 mil 513 niños atendidos por las estancias subrogadas, mientras que “las operadas por el IMSS tuvieron un decremento de 7.3 por ciento”. Y la cobertura en la atención sólo fue 72.2 por ciento.
Por si no fuera suficiente, en las cuentas públicas de 2002, 2003 y 2005 la ASF detectó la falta de licitación pública de los servicios subrogados a guarderías, discrecionalidad en los pagos y que no contaban con dictámenes estructurales de los edificios donde se ubicaban. “Este esquema carece de sustento legal”, concluye.
Uno de los secretos del auge privatizador de los servicios de guarderías es que mientras en el IMSS el costo mensual, promedio, de la atención de un niño era de 3 mil 781 pesos, en las subrogadas fue de mil 627 pesos, durante 2002. Los ahorros del gobierno federal son a costa de la depauperación del servicio. Ello implica: personal no especializado, sin prestaciones y con bajos salarios; instalaciones inseguras y saturadas; además del cobro arbitrario de cuotas, como denuncia la señora Teresa, derechohabiente del IMSS en la zona oriente del Distrito Federal, quien paga “una mensualidad de 150 pesos y 100 pesos de inscripción” para que atiendan a su hija Fernanda.
Esta política conculcadora de los derechos laborales, llegó a un punto crítico: de las mil 568 guarderías a cargo del Seguro Social, mil 426 están subrogadas a particulares --como muchos servicios--, de acuerdo con las cifras de Daniel Karam Toumeh , quien requirió de cinco días para enterarse que una es la realidad y otra la que muestra la documentación de la sonorense ABC, como muchas otras. En tanto que otro integrante del primer círculo presidencial, Eduardo Tomás Medin-Mora Icaza , asegura que nadie irá a la cárcel.
Los hermosillenses indignados y en las calles pueden hacer la diferencia, si descubren que más allá del merecido repudio al gobernador, es preciso obligar a que se produzca un viraje en las políticas de changarrización de las guarderías que tanto orgullo suscitan en Felipe de Jesús Calderón Hinojosa y su partido, el de la “Acción responsable ante la crisis que nos llegó de fuera”. Como si los severos costos sociales fueran gringos .
Comentarios