Sandra Torres Pastrana (CIMAC)
Con 23 votos del Partido Acción Nacional (PAN), dos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y uno del Partido del Trabajo (PT), fue aprobada el viernes la reforma a la Constitución del estado de Guanajuato que criminaliza la interrupción legal del embarazo (ILE), aún en casos de violación a niñas, bajo el argumento de proteger la vida desde la concepción, como ha sucedido ya en otras once entidades.
Con ello, Guanajuato se suma a Morelos, Sonora, Baja California, Chihuahua, Jalisco, Puebla, Colima, Durango, Nayarit, Quintana Roo y Campeche donde el PAN y el PRI, apoyados por otros partidos, han criminalizado la ILE en los últimos seis meses, lo que esperan también lograr en Veracruz, Querétaro, Aguascalientes, Estado de México, Oaxaca y San Luis Potosí, para con ello cambiar la Ley General de Salud en contra del Artículo cuarto de la Constitución Mexicana que garantiza el derecho sobre el número y espaciamiento de la descendencia.
Desde temprana hora, varias organizaciones que luchan a favor de los derechos de las mujeres se congregaron afuera del Congreso local gritando consignas dirigidas a las y los legisladores: “Legisla con derechos y no con creencias”, decían. También estaban las llamadas organizaciones pro-vida que se niegan a las mujeres el derecho a ejercer sus derechos constitucionales.
De los 35 diputados asistentes a la sesión, nueve salieron del pleno para evitar su voto a favor de la reforma. Así lo hicieron las y los del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y del Verde Ecologista.
No así la diputada del Partido del Trabajo, Dulce María Badillo, así como Rosario de la Vega y Anastacio Rosiles, del PRI, cuyos votos a favor de la iniciativa del PAN decidieron la cancelación de los derechos sexuales y reproductivos de las niñas y mujeres de Guanajuato. El PAN necesitaba 25 votos para la aprobación: tenía 23 de su bancada y con los dos del PRI y el inesperado del PT fue suficiente para lograr unanimidad.
Afuera del recinto, junto con las organizaciones guanajuateneses, se encontraba Malú Micher, directora general del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal (Inmujeres-DF), quien declaró a los medios de comunicación locales que las mujeres de la Ciudad de México consideraban el avance de leyes, como la aprobada hoy, como lamentable, debido a que por un lado ellas cuentan con el derecho y acceso a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), mientras en el estado, doce con éste, se castiga a una mujer que decide sobre su cuerpo.
Por otro lado, aseguró Micher, lo más lamentable de la votación que se dio hoy en Guanajuato es que las dos diputadas, una del PRI y la otra del PT, antepongan sus creencias personales a legislar de acuerdo a derecho, lo que deja claro que no han entendido de lo que es una plataforma política y lo que es un Estado laico.
Destacó Micher que en el Distrito Federal se ha salvado la vida de más de 23 mil mujeres que han tenido acceso a la ILE, pues se han librado de ponerse en manos de gente no capacitada para interrumpir un embarazo no deseado por medio de prácticas clandestinas. Todo lo contrario, dijo la funcionaria, se les da a las mujeres del DF la oportunidad de que decidan. Además, resaltó hay más de 33 mil consultas, lo cual deja claro que la gente necesita información y al conocerla decide realizar o no la interrupción.
La iniciativa
La reforma aprobada hoy modifica el Artículo primero de la Constitución del estado de Guanajuato y establece que “persona es todo ser desde el momento de la concepción”.
Fue presentada el 26 de abril de 2007 por el PAN pero, indica a Cimacnoticias Ángeles López, presidenta del Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, estuvo congelada y no se reactivó hasta octubre de 2008, ya que las acciones que realizaron las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) pudieron detenerla.
Fue hasta hace dos días, asegura Ángeles, que la Comisión de puntos Constitucionales que preside el panista y ultra conservador Gerardo de los Cobos, que tomaron la decisión de subirla al pleno para su votación, “porque la consideraban una reforma de buenas costumbres y anteponiendo su ideología decidieron que no era necesario hacer una consulta ciudadana”.
Para el Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, esta reforma viola los derechos humanos y tal modificación traerá graves consecuencias en la vida de las mujeres guanajuatenses, debido a que hay una confusión en cuanto a ser titular del derecho a la vida y proteger la vida, contraviene la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual solo puede ser modificada por el pleno de la Corte o por el poder constituyente permanente.
Además, impone la instrumentalización a las mujeres, indica el documento del Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, hay una gran incoherencia, ya que se quiere reconocer “al concebido, no nacido” como ‘persona’ con titularidad de derechos a costa de desconocer, arrancar y desaparecer los derechos de las mujeres que son personas reconocidas por la Constitución.
Por otro lado, va en contra de los derechos humanos, los tratados internacionales y las recomendaciones al Estado mexicano por parte de organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
También criminaliza a las mujeres que utilizan métodos anticonceptivos, poniendo en incertidumbre jurídica y riesgo a las mujeres que utilizan el Dispositivo Intra-Uterino (DIU) y al personal de salud.
Agravio comparado
Ante la inminente aprobación de este cambio constitucional, las organizaciones civiles de Guanajuato solicitaron hace dos días al Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, a través de su Secretaria Ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) que, en virtud de que en Guanajuato existe una restricción, en comparación con el Distrito Federal, para el tratamiento del aborto, se solicita la reforma del Código Penal de Guanajuato en el capítulo de aborto para homologarlo con el correlativo del Código Penal del Distrito Federal en donde se reconoce el derecho de las mujeres a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en las primeras 12 semanas de gestación.
Todo ello, con fundamento en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y del reglamento de la misma, pues en Guanajuato dicha norma no ha sido armonizada.
Piden también que cese la negativa y posterior investigación, persecución y encarcelamiento de las mujeres que solicitan o se realizan un aborto en Guanajuato, pues son consideradas delincuentes y no ciudadanas con derechos.
Indican las OSC que las recientes publicaciones de las organizaciones Human Rights Watch y Las Libres documentaron que en el estado de Guanajuato, del año 2000 a la fecha, más de 130 mujeres han sido procesadas por aborto.
Por tanto, solicitan que se declare la alerta de violencia de género por Agravio Comparado contra las mujeres en el estado de Guanajuato, por la vigencia de un cuerpo normativo que transgrede los derechos humanos de las mujeres, en comparación con la normatividad vigente en el Distrito Federal.
En el boletín de prensa distribuido para dar a conocer la petitoria del Agravio Comparado al Instituto Nacional de las Mujeres, considera en Guanajuato hay una falta de mecanismos e instrumentos normativos para que se pueda practicar el aborto legal, dejando a las mujeres del estado en condiciones de desprotección, pues no basta con establecer la posibilidad de abortar en ciertos casos, sino que se requiere también de los mecanismos para exigir el acceso al aborto legal.
Luego de la sesión del Congreso de Guanajuato, que aprobó la reforma que adjudica personalidad jurídica al producto de la concepción, la Directora general del Inmujeres-DF declaró a Cimacnoticias que el agravio comparado es una esperanza para todas las mujeres, pues es un instrumento que sirve para que en aras de la igualdad de la que habla el Artículo cuarto de la Constitución, a las mujeres no se castigue de manera distinta a quienes cometen delitos en nuestra contra, como abuso sexual, violencias hacia la mujeres, incumplimiento de la pensión alimenticia, entre otros.
Por lo tanto, manifestó “no le podemos seguir permitiendo al Estado que siga agraviando nuestros derechos”, por lo que hay que analizar el trámite el Agravio Comparado, presentado por las organizaciones de Guanajuato hace un par de días ante el Instituto Nacional de las Mujeres.
El primer paso está dado, explica Micher. Lo analizarán y si es necesario se fundamentará menor. Posteriormente se citará a los 32 institutos de las mujeres de la República, más una decena de dependencias que están involucradas y se discute el caso.
Dependiendo de esa reunión, el secretario de Gobernación, en este caso Francisco Gómez Mont, presidente del Sistema, tendrá que emitir una especie de comentario o recomendación al estado donde se estén agraviando a nuestros derechos.
Consideró, además, que el agravio comparado se podrá llevar a todos los estados donde ya se dio la aprobación de esta reforma, porque no hay un límite del uso de la figura, pero hay que empezar a trabajar con un grupo de abogados y especialistas en el tema, quienes ya están analizando el agravio que presentaron las organizaciones civiles de Guanajuato.
Finalmente, Micher consideró que la estrategia que tienen los panistas es el modificar las constituciones locales, para que se modifiquen los códigos penales, entonces al modificar la constitución local, el Código Penal no podría estar por encima de la constitución local.
Tal es la estrategia, pero esperamos, dijo Micher, que no se dé marcha atrás en lo ya ganado en los códigos penales, que contempla excepciones para permitir el aborto, como la violación, las malformaciones congénitas del producto, el riesgo de vida de la mujer, entre otras. De realizarse el veto a lo aprobado hoy, el Gobernador no podrá publicar en el Diario oficial de la entidad esta ley.
Con 23 votos del Partido Acción Nacional (PAN), dos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y uno del Partido del Trabajo (PT), fue aprobada el viernes la reforma a la Constitución del estado de Guanajuato que criminaliza la interrupción legal del embarazo (ILE), aún en casos de violación a niñas, bajo el argumento de proteger la vida desde la concepción, como ha sucedido ya en otras once entidades.
Con ello, Guanajuato se suma a Morelos, Sonora, Baja California, Chihuahua, Jalisco, Puebla, Colima, Durango, Nayarit, Quintana Roo y Campeche donde el PAN y el PRI, apoyados por otros partidos, han criminalizado la ILE en los últimos seis meses, lo que esperan también lograr en Veracruz, Querétaro, Aguascalientes, Estado de México, Oaxaca y San Luis Potosí, para con ello cambiar la Ley General de Salud en contra del Artículo cuarto de la Constitución Mexicana que garantiza el derecho sobre el número y espaciamiento de la descendencia.
Desde temprana hora, varias organizaciones que luchan a favor de los derechos de las mujeres se congregaron afuera del Congreso local gritando consignas dirigidas a las y los legisladores: “Legisla con derechos y no con creencias”, decían. También estaban las llamadas organizaciones pro-vida que se niegan a las mujeres el derecho a ejercer sus derechos constitucionales.
De los 35 diputados asistentes a la sesión, nueve salieron del pleno para evitar su voto a favor de la reforma. Así lo hicieron las y los del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y del Verde Ecologista.
No así la diputada del Partido del Trabajo, Dulce María Badillo, así como Rosario de la Vega y Anastacio Rosiles, del PRI, cuyos votos a favor de la iniciativa del PAN decidieron la cancelación de los derechos sexuales y reproductivos de las niñas y mujeres de Guanajuato. El PAN necesitaba 25 votos para la aprobación: tenía 23 de su bancada y con los dos del PRI y el inesperado del PT fue suficiente para lograr unanimidad.
Afuera del recinto, junto con las organizaciones guanajuateneses, se encontraba Malú Micher, directora general del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal (Inmujeres-DF), quien declaró a los medios de comunicación locales que las mujeres de la Ciudad de México consideraban el avance de leyes, como la aprobada hoy, como lamentable, debido a que por un lado ellas cuentan con el derecho y acceso a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), mientras en el estado, doce con éste, se castiga a una mujer que decide sobre su cuerpo.
Por otro lado, aseguró Micher, lo más lamentable de la votación que se dio hoy en Guanajuato es que las dos diputadas, una del PRI y la otra del PT, antepongan sus creencias personales a legislar de acuerdo a derecho, lo que deja claro que no han entendido de lo que es una plataforma política y lo que es un Estado laico.
Destacó Micher que en el Distrito Federal se ha salvado la vida de más de 23 mil mujeres que han tenido acceso a la ILE, pues se han librado de ponerse en manos de gente no capacitada para interrumpir un embarazo no deseado por medio de prácticas clandestinas. Todo lo contrario, dijo la funcionaria, se les da a las mujeres del DF la oportunidad de que decidan. Además, resaltó hay más de 33 mil consultas, lo cual deja claro que la gente necesita información y al conocerla decide realizar o no la interrupción.
La iniciativa
La reforma aprobada hoy modifica el Artículo primero de la Constitución del estado de Guanajuato y establece que “persona es todo ser desde el momento de la concepción”.
Fue presentada el 26 de abril de 2007 por el PAN pero, indica a Cimacnoticias Ángeles López, presidenta del Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, estuvo congelada y no se reactivó hasta octubre de 2008, ya que las acciones que realizaron las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) pudieron detenerla.
Fue hasta hace dos días, asegura Ángeles, que la Comisión de puntos Constitucionales que preside el panista y ultra conservador Gerardo de los Cobos, que tomaron la decisión de subirla al pleno para su votación, “porque la consideraban una reforma de buenas costumbres y anteponiendo su ideología decidieron que no era necesario hacer una consulta ciudadana”.
Para el Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, esta reforma viola los derechos humanos y tal modificación traerá graves consecuencias en la vida de las mujeres guanajuatenses, debido a que hay una confusión en cuanto a ser titular del derecho a la vida y proteger la vida, contraviene la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual solo puede ser modificada por el pleno de la Corte o por el poder constituyente permanente.
Además, impone la instrumentalización a las mujeres, indica el documento del Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, hay una gran incoherencia, ya que se quiere reconocer “al concebido, no nacido” como ‘persona’ con titularidad de derechos a costa de desconocer, arrancar y desaparecer los derechos de las mujeres que son personas reconocidas por la Constitución.
Por otro lado, va en contra de los derechos humanos, los tratados internacionales y las recomendaciones al Estado mexicano por parte de organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
También criminaliza a las mujeres que utilizan métodos anticonceptivos, poniendo en incertidumbre jurídica y riesgo a las mujeres que utilizan el Dispositivo Intra-Uterino (DIU) y al personal de salud.
Agravio comparado
Ante la inminente aprobación de este cambio constitucional, las organizaciones civiles de Guanajuato solicitaron hace dos días al Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, a través de su Secretaria Ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) que, en virtud de que en Guanajuato existe una restricción, en comparación con el Distrito Federal, para el tratamiento del aborto, se solicita la reforma del Código Penal de Guanajuato en el capítulo de aborto para homologarlo con el correlativo del Código Penal del Distrito Federal en donde se reconoce el derecho de las mujeres a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en las primeras 12 semanas de gestación.
Todo ello, con fundamento en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y del reglamento de la misma, pues en Guanajuato dicha norma no ha sido armonizada.
Piden también que cese la negativa y posterior investigación, persecución y encarcelamiento de las mujeres que solicitan o se realizan un aborto en Guanajuato, pues son consideradas delincuentes y no ciudadanas con derechos.
Indican las OSC que las recientes publicaciones de las organizaciones Human Rights Watch y Las Libres documentaron que en el estado de Guanajuato, del año 2000 a la fecha, más de 130 mujeres han sido procesadas por aborto.
Por tanto, solicitan que se declare la alerta de violencia de género por Agravio Comparado contra las mujeres en el estado de Guanajuato, por la vigencia de un cuerpo normativo que transgrede los derechos humanos de las mujeres, en comparación con la normatividad vigente en el Distrito Federal.
En el boletín de prensa distribuido para dar a conocer la petitoria del Agravio Comparado al Instituto Nacional de las Mujeres, considera en Guanajuato hay una falta de mecanismos e instrumentos normativos para que se pueda practicar el aborto legal, dejando a las mujeres del estado en condiciones de desprotección, pues no basta con establecer la posibilidad de abortar en ciertos casos, sino que se requiere también de los mecanismos para exigir el acceso al aborto legal.
Luego de la sesión del Congreso de Guanajuato, que aprobó la reforma que adjudica personalidad jurídica al producto de la concepción, la Directora general del Inmujeres-DF declaró a Cimacnoticias que el agravio comparado es una esperanza para todas las mujeres, pues es un instrumento que sirve para que en aras de la igualdad de la que habla el Artículo cuarto de la Constitución, a las mujeres no se castigue de manera distinta a quienes cometen delitos en nuestra contra, como abuso sexual, violencias hacia la mujeres, incumplimiento de la pensión alimenticia, entre otros.
Por lo tanto, manifestó “no le podemos seguir permitiendo al Estado que siga agraviando nuestros derechos”, por lo que hay que analizar el trámite el Agravio Comparado, presentado por las organizaciones de Guanajuato hace un par de días ante el Instituto Nacional de las Mujeres.
El primer paso está dado, explica Micher. Lo analizarán y si es necesario se fundamentará menor. Posteriormente se citará a los 32 institutos de las mujeres de la República, más una decena de dependencias que están involucradas y se discute el caso.
Dependiendo de esa reunión, el secretario de Gobernación, en este caso Francisco Gómez Mont, presidente del Sistema, tendrá que emitir una especie de comentario o recomendación al estado donde se estén agraviando a nuestros derechos.
Consideró, además, que el agravio comparado se podrá llevar a todos los estados donde ya se dio la aprobación de esta reforma, porque no hay un límite del uso de la figura, pero hay que empezar a trabajar con un grupo de abogados y especialistas en el tema, quienes ya están analizando el agravio que presentaron las organizaciones civiles de Guanajuato.
Finalmente, Micher consideró que la estrategia que tienen los panistas es el modificar las constituciones locales, para que se modifiquen los códigos penales, entonces al modificar la constitución local, el Código Penal no podría estar por encima de la constitución local.
Tal es la estrategia, pero esperamos, dijo Micher, que no se dé marcha atrás en lo ya ganado en los códigos penales, que contempla excepciones para permitir el aborto, como la violación, las malformaciones congénitas del producto, el riesgo de vida de la mujer, entre otras. De realizarse el veto a lo aprobado hoy, el Gobernador no podrá publicar en el Diario oficial de la entidad esta ley.
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