JOHN M. ACKERMAN
Los consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE) han demostrado tener la piel muy delgada. Si no soportan la más mínima crítica de periodistas, analistas o ciudadanos, mucho menos iban a estar en condiciones de digerir la encuesta de María de las Heras, publicada el pasado lunes 18 de mayo, que señala que 51% de los ciudadanos tienen una “mala” o “muy mala” opinión de su desempeño.
La respuesta de los consejeros no se hizo esperar. Ese mismo 18 de mayo, en la sesión del Consejo General, el consejero Alfredo Figueroa arremetió evidentemente molesto contra los “comentócratas” que supuestamente descalifican sin bases la labor del árbitro electoral. Por su parte, el consejero Marco Gómez insistió que el IFE no puede convertirse en “rehén” de los medios de comunicación, y el consejero Benito Nacif declaró que el resultado de la encuesta simplemente no era “un dato relevante”. El consejero Marco Antonio Baños, emulando al típico candidato a quien los sondeos no le son favorables, descalificó la relevancia de “las encuestas” en general. Además, de forma insolente buscó desacreditar el profesionalismo de la encuestadora.
Pero a pesar de la furia y ceguera de los señores consejeros, la desconfianza en los procesos electorales es un hecho social que existe y crece día a día. La Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas (Encup) realizada en 2008 por la Secretaría de Gobernación reveló que 66% de la población mexicana cuestiona la limpieza de las elecciones. Consulta Mitofsky ha descubierto que más de la tercera parte de la población todavía cree que hubo fraude en las elecciones presidenciales de 2006. De acuerdo con María de las Heras, entre 2007 y 2009 la confianza en los consejeros del IFE cayó drásticamente 12%, al pasar de 61% a 49%. Así mismo, actualmente toma fuerza un movimiento nacional a favor de la abstención en las elecciones federales.
Si bien es cierto que el IFE como institución pública mantiene una buena calificación ciudadana, es también innegable que los ciudadanos tienen la suficiente madurez para distinguir entre la institución en abstracto, proveedora por ejemplo de la credencial de elector, y los consejeros electorales en específico, cuyo desempeño desaprueban tajantemente.
En lugar de escuchar la crítica y afrontar su responsabilidad, los consejeros electorales buscan desviar la atención: “La elección no es sólo responsabilidad de los consejeros electorales, es responsabilidad de todos”, afirmaron varios consejeros en la reunión del lunes pasado. “No es un problema exclusivo del IFE, es un problema de cómo percibe el ciudadano el desempeño de todas las instituciones del país”, argumentaron otros. Pero como reza el dicho, “mal de muchos, consuelo de tontos”.
De acuerdo con los consejeros y no pocos leales comentaristas orgánicos, el problema de fondo es que los partidos políticos han abusado de su facultad de presentar quejas ante la autoridad electoral. El gran número de quejas, 90 en el año 2009, ha obligado a los consejeros a gastar todo su tiempo en la resolución de estos asuntos. Supuestamente esta situación no les habría permitido atender las “labores sustantivas” del IFE como son la capacitación de las mesas directivas de casilla, la construcción del padrón y la difusión de la promoción del voto.
La nostalgia y la desesperación de los consejeros electorales son evidentes. En lugar de resolver asuntos polémicos que les exponen a la crítica pública, los consejeros preferirían ser aplaudidos por sus exitosas tareas burocráticas. El consejero Arturo Sánchez lamenta que “se nos diluyen las virtudes institucionales en materia de organización electoral, de logística de la elección, de capacitación y de deseo de participación de los mexicanos”. El consejero presidente, Leonardo Valdés, se queja de que la resolución de las quejas distrae la atención de la “principal misión” del IFE de ser “organizador de las elecciones federales”.
Pero el consejero presidente se equivoca. Con la reforma electoral de 2007-2008 el IFE se ha convertido en un verdadero regulador de la vida democrática del país. Es un grave error pensar que el IFE debe ser un simple organizador de comicios o actuar como un árbitro de un partido de fútbol. Estas tareas son apenas una parte mínima de la compleja labor del instituto electoral, tal y como señalan los artículos 105 y 118 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe).
El actual consejero presidente demuestra una vez más su propensión a seguir el ejemplo del defenestrado Luis Carlos Ugalde. Unos días después de asumir su cargo como consejero presidente en 2003, Ugalde declaró que “la mejor noticia sería que el IFE fuera cada vez menos visible, de tal manera que se convierta en un mero administrador de elecciones”. Más recientemente, el expresidente del IFE ha afirmado que la reforma electoral de 2007-2008 fue “una reforma ingenua (...) en donde se construye un modelo equivocado, porque se coloca al IFE como árbitro que tiene que sacar la tarjeta a todos los integrantes de la sociedad; un árbitro entre partidos, entre particulares, entre distintos sectores de la sociedad”.
Tal y como lo hiciera Ugalde en su momento, Valdés y sus colegas una vez más se niegan a asumir su responsabilidad de conductores y reguladores de la democracia mexicana. Valdés ha insistido que el IFE no se doblegará ante las presiones de los partidos políticos y los medios de comunicación. Pero aún si ello fuera cierto, no sería suficiente resistir los embates externos. Hace falta que el IFE y los consejeros impongan su propia agenda y defiendan con energía el espacio público que nos pertenece a todos los mexicanos. Ante este reto histórico, los señores consejeros deberían dejar de hacer corajes y ponerse en acción.
Los consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE) han demostrado tener la piel muy delgada. Si no soportan la más mínima crítica de periodistas, analistas o ciudadanos, mucho menos iban a estar en condiciones de digerir la encuesta de María de las Heras, publicada el pasado lunes 18 de mayo, que señala que 51% de los ciudadanos tienen una “mala” o “muy mala” opinión de su desempeño.
La respuesta de los consejeros no se hizo esperar. Ese mismo 18 de mayo, en la sesión del Consejo General, el consejero Alfredo Figueroa arremetió evidentemente molesto contra los “comentócratas” que supuestamente descalifican sin bases la labor del árbitro electoral. Por su parte, el consejero Marco Gómez insistió que el IFE no puede convertirse en “rehén” de los medios de comunicación, y el consejero Benito Nacif declaró que el resultado de la encuesta simplemente no era “un dato relevante”. El consejero Marco Antonio Baños, emulando al típico candidato a quien los sondeos no le son favorables, descalificó la relevancia de “las encuestas” en general. Además, de forma insolente buscó desacreditar el profesionalismo de la encuestadora.
Pero a pesar de la furia y ceguera de los señores consejeros, la desconfianza en los procesos electorales es un hecho social que existe y crece día a día. La Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas (Encup) realizada en 2008 por la Secretaría de Gobernación reveló que 66% de la población mexicana cuestiona la limpieza de las elecciones. Consulta Mitofsky ha descubierto que más de la tercera parte de la población todavía cree que hubo fraude en las elecciones presidenciales de 2006. De acuerdo con María de las Heras, entre 2007 y 2009 la confianza en los consejeros del IFE cayó drásticamente 12%, al pasar de 61% a 49%. Así mismo, actualmente toma fuerza un movimiento nacional a favor de la abstención en las elecciones federales.
Si bien es cierto que el IFE como institución pública mantiene una buena calificación ciudadana, es también innegable que los ciudadanos tienen la suficiente madurez para distinguir entre la institución en abstracto, proveedora por ejemplo de la credencial de elector, y los consejeros electorales en específico, cuyo desempeño desaprueban tajantemente.
En lugar de escuchar la crítica y afrontar su responsabilidad, los consejeros electorales buscan desviar la atención: “La elección no es sólo responsabilidad de los consejeros electorales, es responsabilidad de todos”, afirmaron varios consejeros en la reunión del lunes pasado. “No es un problema exclusivo del IFE, es un problema de cómo percibe el ciudadano el desempeño de todas las instituciones del país”, argumentaron otros. Pero como reza el dicho, “mal de muchos, consuelo de tontos”.
De acuerdo con los consejeros y no pocos leales comentaristas orgánicos, el problema de fondo es que los partidos políticos han abusado de su facultad de presentar quejas ante la autoridad electoral. El gran número de quejas, 90 en el año 2009, ha obligado a los consejeros a gastar todo su tiempo en la resolución de estos asuntos. Supuestamente esta situación no les habría permitido atender las “labores sustantivas” del IFE como son la capacitación de las mesas directivas de casilla, la construcción del padrón y la difusión de la promoción del voto.
La nostalgia y la desesperación de los consejeros electorales son evidentes. En lugar de resolver asuntos polémicos que les exponen a la crítica pública, los consejeros preferirían ser aplaudidos por sus exitosas tareas burocráticas. El consejero Arturo Sánchez lamenta que “se nos diluyen las virtudes institucionales en materia de organización electoral, de logística de la elección, de capacitación y de deseo de participación de los mexicanos”. El consejero presidente, Leonardo Valdés, se queja de que la resolución de las quejas distrae la atención de la “principal misión” del IFE de ser “organizador de las elecciones federales”.
Pero el consejero presidente se equivoca. Con la reforma electoral de 2007-2008 el IFE se ha convertido en un verdadero regulador de la vida democrática del país. Es un grave error pensar que el IFE debe ser un simple organizador de comicios o actuar como un árbitro de un partido de fútbol. Estas tareas son apenas una parte mínima de la compleja labor del instituto electoral, tal y como señalan los artículos 105 y 118 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe).
El actual consejero presidente demuestra una vez más su propensión a seguir el ejemplo del defenestrado Luis Carlos Ugalde. Unos días después de asumir su cargo como consejero presidente en 2003, Ugalde declaró que “la mejor noticia sería que el IFE fuera cada vez menos visible, de tal manera que se convierta en un mero administrador de elecciones”. Más recientemente, el expresidente del IFE ha afirmado que la reforma electoral de 2007-2008 fue “una reforma ingenua (...) en donde se construye un modelo equivocado, porque se coloca al IFE como árbitro que tiene que sacar la tarjeta a todos los integrantes de la sociedad; un árbitro entre partidos, entre particulares, entre distintos sectores de la sociedad”.
Tal y como lo hiciera Ugalde en su momento, Valdés y sus colegas una vez más se niegan a asumir su responsabilidad de conductores y reguladores de la democracia mexicana. Valdés ha insistido que el IFE no se doblegará ante las presiones de los partidos políticos y los medios de comunicación. Pero aún si ello fuera cierto, no sería suficiente resistir los embates externos. Hace falta que el IFE y los consejeros impongan su propia agenda y defiendan con energía el espacio público que nos pertenece a todos los mexicanos. Ante este reto histórico, los señores consejeros deberían dejar de hacer corajes y ponerse en acción.
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