José Francisco Gallardo Rodríguez
Human Rights Watch (HRW), con sede en Nueva York, es una de las principales organizaciones internacionales independientes dedicadas a la defensa y protección de los derechos humanos. Al concentrar la atención mundial en los lugares donde son violados, da voz a los oprimidos y exige cuentas a los opresores por sus crímenes. Las investigaciones rigurosas y objetivas, la incidencia política, estratégica y focalizada, generan una intensa presión para la acción gubernamental y eleva el costo político por los abusos cometidos en contra de la humanidad. Trata tenazmente de sentar bases jurídicas y morales para un cambio profundo en el que las personas del mundo disfruten de mayor justicia y seguridad.
Una investigación reciente de HRW señala al gobierno de México como responsable de 17 casos de graves abusos militares con más de 70 víctimas, en los cuales, soldados asesinaron presuntamente al menos a 12 civiles desarmados en los últimos dos años, violaron a unas 20 mujeres y detuvieron ilegalmente y torturaron a otras 50 personas, según denunció en abril pasado la organización en su informe “Impunidad Uniformada: Uso indebido de la justicia militar en México para investigar abusos cometidos durante operativos contra el narcotráfico y de seguridad pública”. (http://www.hrw.org/es)
El documento presentado ante altos funcionarios del gobierno y del ejército --que causó gran irritación--, precisa que en la totalidad de los casos registrados en operativos contra el crimen organizado, los militares responsables permanecen impunes.
El organismo señala que en doce casos, los soldados dispararon contra civiles desarmados después de que éstos no acataron la orden de detener sus vehículos. Ninguna de las víctimas tenía vínculos con las drogas ni con los grupos armados que operan en la región. La CNDH, con más de 2000 quejas contra soldados en su haber, confirma que los militares han torturado a civiles detenidos durante los operativos anticrimen. Estos abusos aberrantes atentan directamente contra el objetivo de terminar con la violencia vinculada al narcotráfico y de mejorar la seguridad pública, subraya el informe. ¿Tenemos un ejército de asesinos?
HRW explicó que el gobierno de México no se ha tomado en serio el problema de los abusos militares, y sostiene que la impunidad es favorecida por la justicia civil y solapada por el sistema de justicia militar que es parcial y dependiente, así como una estructura cerrada y sin transparencia. Es una justicia de mando que tiene como doctrina la lealtad institucional a cambio de impunidad. La Ong recomienda promover reformas a las leyes castrenses para que la autoridad civil pueda juzgar a los militares que violan derechos humanos: la abrogación de la jurisdicción militar y el sometimiento del ejército al poder civil del Estado.
Lejos de atender este reclamo, arguyendo asuntos de seguridad nacional, el ejecutivo federal presenta ante el Congreso, iniciativas de ley en la materia, que pretenden dar sustento legal a la intervención militar en la lucha contra el narcotráfico y legalizar el “estado de excepción” de facto que creó desde el inicio de su gestión por medio de la “guerra” contra las drogas. Se afirma que “el Estado exige redefinir los conceptos de seguridad nacional, interior y pública, para construir fundamentos que permitan garantizarlas cabalmente”, pero lo que en realidad se promueve no es el fortalecimiento de la seguridad, si no leyes de inmunidad para los militares que encaminan al país a un estado policiaco-militar; al umbral de un golpe de Estado que en las circunstancias del colapso institucional que padece México, con gusto sería apoyado por Washington.
La acusación de HRW en contra del ejército, la presentación de las iniciativas a las leyes de seguridad, como el caso de las muertas de Juárez, que se ventila ante la Corte Interamericana contra el gobierno por crímenes de lesa humanidad, como otros escándalos políticos y de corrupción, (entre los que se encuentran los de la familia de Fox y su esposa), se encubren con el anuncio del brote epidémico A/H1N1, ¡pamplinas! Estamos ante una política de miedo impuesta por la derecha en contra de la Constitución y la democracia, en el quicio de las elecciones federales, para someter a la sociedad y obligarla a que acepte reformas legales represivas, de entrega de soberanía, cambios políticos, económicos o sociales que de otra manera no aceptaría como es el fracaso de la política económica o un gobierno de corte militar. Además, encaja en un ambiente político de incredulidad y de alta corrupción partidaria.
Que no yerre Calderón en su estrategia, el ejército representa un poder real, un bastión de nacionalismo muy mellado pero con sectores activos, que pese a la represión contra el pueblo, mantiene una alta credibilidad social. Si dentro de una crisis de salud global pharma-provocada, Calderón se proclamó “salvador del mundo”, en el contexto de un agravamiento del colapso institucional que vive nuestro país, con una sociedad desgastada, desconfiada e incrédula, el ejército apoyado en el shock social incitado por las crisis, igual se puede proclamar “salvador de la patria” a través de un quirúrgico golpe de Estado institucional, incluso con un cierto apoyo social.
Human Rights Watch (HRW), con sede en Nueva York, es una de las principales organizaciones internacionales independientes dedicadas a la defensa y protección de los derechos humanos. Al concentrar la atención mundial en los lugares donde son violados, da voz a los oprimidos y exige cuentas a los opresores por sus crímenes. Las investigaciones rigurosas y objetivas, la incidencia política, estratégica y focalizada, generan una intensa presión para la acción gubernamental y eleva el costo político por los abusos cometidos en contra de la humanidad. Trata tenazmente de sentar bases jurídicas y morales para un cambio profundo en el que las personas del mundo disfruten de mayor justicia y seguridad.
Una investigación reciente de HRW señala al gobierno de México como responsable de 17 casos de graves abusos militares con más de 70 víctimas, en los cuales, soldados asesinaron presuntamente al menos a 12 civiles desarmados en los últimos dos años, violaron a unas 20 mujeres y detuvieron ilegalmente y torturaron a otras 50 personas, según denunció en abril pasado la organización en su informe “Impunidad Uniformada: Uso indebido de la justicia militar en México para investigar abusos cometidos durante operativos contra el narcotráfico y de seguridad pública”. (http://www.hrw.org/es)
El documento presentado ante altos funcionarios del gobierno y del ejército --que causó gran irritación--, precisa que en la totalidad de los casos registrados en operativos contra el crimen organizado, los militares responsables permanecen impunes.
El organismo señala que en doce casos, los soldados dispararon contra civiles desarmados después de que éstos no acataron la orden de detener sus vehículos. Ninguna de las víctimas tenía vínculos con las drogas ni con los grupos armados que operan en la región. La CNDH, con más de 2000 quejas contra soldados en su haber, confirma que los militares han torturado a civiles detenidos durante los operativos anticrimen. Estos abusos aberrantes atentan directamente contra el objetivo de terminar con la violencia vinculada al narcotráfico y de mejorar la seguridad pública, subraya el informe. ¿Tenemos un ejército de asesinos?
HRW explicó que el gobierno de México no se ha tomado en serio el problema de los abusos militares, y sostiene que la impunidad es favorecida por la justicia civil y solapada por el sistema de justicia militar que es parcial y dependiente, así como una estructura cerrada y sin transparencia. Es una justicia de mando que tiene como doctrina la lealtad institucional a cambio de impunidad. La Ong recomienda promover reformas a las leyes castrenses para que la autoridad civil pueda juzgar a los militares que violan derechos humanos: la abrogación de la jurisdicción militar y el sometimiento del ejército al poder civil del Estado.
Lejos de atender este reclamo, arguyendo asuntos de seguridad nacional, el ejecutivo federal presenta ante el Congreso, iniciativas de ley en la materia, que pretenden dar sustento legal a la intervención militar en la lucha contra el narcotráfico y legalizar el “estado de excepción” de facto que creó desde el inicio de su gestión por medio de la “guerra” contra las drogas. Se afirma que “el Estado exige redefinir los conceptos de seguridad nacional, interior y pública, para construir fundamentos que permitan garantizarlas cabalmente”, pero lo que en realidad se promueve no es el fortalecimiento de la seguridad, si no leyes de inmunidad para los militares que encaminan al país a un estado policiaco-militar; al umbral de un golpe de Estado que en las circunstancias del colapso institucional que padece México, con gusto sería apoyado por Washington.
La acusación de HRW en contra del ejército, la presentación de las iniciativas a las leyes de seguridad, como el caso de las muertas de Juárez, que se ventila ante la Corte Interamericana contra el gobierno por crímenes de lesa humanidad, como otros escándalos políticos y de corrupción, (entre los que se encuentran los de la familia de Fox y su esposa), se encubren con el anuncio del brote epidémico A/H1N1, ¡pamplinas! Estamos ante una política de miedo impuesta por la derecha en contra de la Constitución y la democracia, en el quicio de las elecciones federales, para someter a la sociedad y obligarla a que acepte reformas legales represivas, de entrega de soberanía, cambios políticos, económicos o sociales que de otra manera no aceptaría como es el fracaso de la política económica o un gobierno de corte militar. Además, encaja en un ambiente político de incredulidad y de alta corrupción partidaria.
Que no yerre Calderón en su estrategia, el ejército representa un poder real, un bastión de nacionalismo muy mellado pero con sectores activos, que pese a la represión contra el pueblo, mantiene una alta credibilidad social. Si dentro de una crisis de salud global pharma-provocada, Calderón se proclamó “salvador del mundo”, en el contexto de un agravamiento del colapso institucional que vive nuestro país, con una sociedad desgastada, desconfiada e incrédula, el ejército apoyado en el shock social incitado por las crisis, igual se puede proclamar “salvador de la patria” a través de un quirúrgico golpe de Estado institucional, incluso con un cierto apoyo social.
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