Teodoro Rentería Arróyave
Es de común resaltar las desaciertos porque representa las extravagancias de los contrasentidos, sin embargo tenemos que referirnos por la gravedad, exactamente a lo contrario, cuando se juntan las malas, las pésimas noticias como son la emisión del Informe Actualizado sobre la Situación del Periodismo en México que da cuenta del aumento a 89 informadores asesinados y 9 aún desaparecidos y la absurda decisión de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados de aprobar una amorfa reforma que pretende federalizar los delitos contra los informadores y medios de comunicación.
El pasado miércoles, en sesión de la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación de la mencionada Cámara, en el primer punto del orden del día dimos a conocer el Informe mencionado, que con especial precisión documenta y emite la Vicepresidencia de la Federación Latinoamericana de Periodistas FELAP-México, la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX y el Club Primera Plana, y acto seguido como paralelas que se juntan en el destino ominoso, se nos informa que la Comisión de Justicia dictaminó la reforma de referencia, totalmente ajena en su sustancia a la iniciativa trabajada, analizada y consensuada entre legisladores, periodistas e integrantes de organizaciones no gubernamentales, ONGs.
Yo acuso, asumo el compromiso en vista de que hubo voces en contrario, al presidente de esa comisión, el priísta Cesar Octavio Camacho Quiroz de obstruir desde un principio la iniciativa que muy bien la definió el presidente de la Comisión de Seguimiento, el panista Gerardo Priego Tapia, como la única verdaderamente ciudadanizada, puesto que surgió de la colegiación de los mismos legisladores y de las diferentes representaciones que integren el Consejo Consultivo.
Para no entrar en el lenguaje incomprensible de los jurisperitos, la multicitada iniciativa, aterrizada por el respetado abogado general de la Universidad Autónoma de México, UNAM, licenciado Raúl González Pérez, federalizaba los delitos contra la libertad de expresión y por ende contra la libertad de prensa, en esa forma quedaban protegidos todos los trabajadores que intervienen en el proceso del periodismo escrito, radiofónico, televisivo y cibernético, sin importar categorías. Esta iniciativa marginaba la bizantina discusión por definir o singularizar al periodista. En pocas palabras, favorecía el objetivo: la libertad de expresión y no se ataba al sujeto: el periodista. Más que el sujeto, el objetivo.
Pues es el caso, que todo esto se suprimió del dictamen de la Comisión de Justicia, que se envía al pleno. Se insiste en definir al periodista, según su criterio, y las cosas quedan como estaban, en lugar de que sea una obligación la federalización de estos delitos, se introduce la trampa, con el término “PUEDAN ser atraídos esos delitos por la federación”.
En concreto, regresamos al principio de todo. Actualmente la Procuraduría General de la República tiene esa facultad discrecional de atraer ciertos delitos y cuestiones de prensa simplemente no actúa.
Total, más de cerca de cuatro años de trabajo tirados al cesto de la basura, desde que se creo el primer Grupo de Trabajo que presidió la perredista, Beatriz Mójica Morga, luego la Comisión Especial que se fundara a instancia del diputado de Convergencia, Humberto López Lena y que preside el mencionado panista, Gerardo Priego Tapia, y la labor de convencimiento a todos los líderes parlamentarios, entre ellos los priístas, Cesar Duarte, presidente de la Junta Directiva de la Cámara y Emilio Gamboa Patrón así como autoridades federales, sólo por el capricho de un solo individuo, o serán los intereses de grupo o partidistas los que propiciaron esta aberración legislativa.
Efectivamente, como se dijo, existen leyes que han tardado hasta veinte años para que fueran aprobadas, pero este es un asunto de vida y muerte. Los puntos fundamentales del Informe lo comprueban: son 89 los informadores asesinados, 9 permanecen desaparecidos. 85 periodistas y 4 trabajadores de la prensa asesinados en los últimos 25 años. 55 asesinatos y 11 desapariciones forzadas de periodistas y trabajadores de prensa ocurridas durante el sexenio de Vicente Fox Quesada y en lo que va del Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. En el 2009, 3 periodistas asesinados en un mes (febrero). Prácticamente un asesinato por mes desde que inició la actual administración federal. Suman 25 y todos en la más absoluta impunidad.
Por todo ello, en materia de derechos humanos en México, el gremio periodístico al igual que otros grupos violentados nada tiene que encomiar. El yo acuso, desde luego que no demerita continuar en nuestra lucha por asegurar las libertades de expresión y de prensa así como la defensa de la integridad y salvaguarda de los periodistas y de todos los trabajadores de prensa.
*** IMPORTANTE *** Revoluciones es un proyecto de información alternativa sin fines de lucro, para mantenernos en línea requerimos de tu apoyo. Puedes ayudarnos haciendo un deposito bancario, por mínimo que sea, hazlo en el banco HSBC, al número de cuenta 6271254999 a nombre de Samuel R. García o en transferencia electrónica abonando al número Clabe: 021180062712549990. Gracias.
Es de común resaltar las desaciertos porque representa las extravagancias de los contrasentidos, sin embargo tenemos que referirnos por la gravedad, exactamente a lo contrario, cuando se juntan las malas, las pésimas noticias como son la emisión del Informe Actualizado sobre la Situación del Periodismo en México que da cuenta del aumento a 89 informadores asesinados y 9 aún desaparecidos y la absurda decisión de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados de aprobar una amorfa reforma que pretende federalizar los delitos contra los informadores y medios de comunicación.
El pasado miércoles, en sesión de la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación de la mencionada Cámara, en el primer punto del orden del día dimos a conocer el Informe mencionado, que con especial precisión documenta y emite la Vicepresidencia de la Federación Latinoamericana de Periodistas FELAP-México, la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX y el Club Primera Plana, y acto seguido como paralelas que se juntan en el destino ominoso, se nos informa que la Comisión de Justicia dictaminó la reforma de referencia, totalmente ajena en su sustancia a la iniciativa trabajada, analizada y consensuada entre legisladores, periodistas e integrantes de organizaciones no gubernamentales, ONGs.
Yo acuso, asumo el compromiso en vista de que hubo voces en contrario, al presidente de esa comisión, el priísta Cesar Octavio Camacho Quiroz de obstruir desde un principio la iniciativa que muy bien la definió el presidente de la Comisión de Seguimiento, el panista Gerardo Priego Tapia, como la única verdaderamente ciudadanizada, puesto que surgió de la colegiación de los mismos legisladores y de las diferentes representaciones que integren el Consejo Consultivo.
Para no entrar en el lenguaje incomprensible de los jurisperitos, la multicitada iniciativa, aterrizada por el respetado abogado general de la Universidad Autónoma de México, UNAM, licenciado Raúl González Pérez, federalizaba los delitos contra la libertad de expresión y por ende contra la libertad de prensa, en esa forma quedaban protegidos todos los trabajadores que intervienen en el proceso del periodismo escrito, radiofónico, televisivo y cibernético, sin importar categorías. Esta iniciativa marginaba la bizantina discusión por definir o singularizar al periodista. En pocas palabras, favorecía el objetivo: la libertad de expresión y no se ataba al sujeto: el periodista. Más que el sujeto, el objetivo.
Pues es el caso, que todo esto se suprimió del dictamen de la Comisión de Justicia, que se envía al pleno. Se insiste en definir al periodista, según su criterio, y las cosas quedan como estaban, en lugar de que sea una obligación la federalización de estos delitos, se introduce la trampa, con el término “PUEDAN ser atraídos esos delitos por la federación”.
En concreto, regresamos al principio de todo. Actualmente la Procuraduría General de la República tiene esa facultad discrecional de atraer ciertos delitos y cuestiones de prensa simplemente no actúa.
Total, más de cerca de cuatro años de trabajo tirados al cesto de la basura, desde que se creo el primer Grupo de Trabajo que presidió la perredista, Beatriz Mójica Morga, luego la Comisión Especial que se fundara a instancia del diputado de Convergencia, Humberto López Lena y que preside el mencionado panista, Gerardo Priego Tapia, y la labor de convencimiento a todos los líderes parlamentarios, entre ellos los priístas, Cesar Duarte, presidente de la Junta Directiva de la Cámara y Emilio Gamboa Patrón así como autoridades federales, sólo por el capricho de un solo individuo, o serán los intereses de grupo o partidistas los que propiciaron esta aberración legislativa.
Efectivamente, como se dijo, existen leyes que han tardado hasta veinte años para que fueran aprobadas, pero este es un asunto de vida y muerte. Los puntos fundamentales del Informe lo comprueban: son 89 los informadores asesinados, 9 permanecen desaparecidos. 85 periodistas y 4 trabajadores de la prensa asesinados en los últimos 25 años. 55 asesinatos y 11 desapariciones forzadas de periodistas y trabajadores de prensa ocurridas durante el sexenio de Vicente Fox Quesada y en lo que va del Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. En el 2009, 3 periodistas asesinados en un mes (febrero). Prácticamente un asesinato por mes desde que inició la actual administración federal. Suman 25 y todos en la más absoluta impunidad.
Por todo ello, en materia de derechos humanos en México, el gremio periodístico al igual que otros grupos violentados nada tiene que encomiar. El yo acuso, desde luego que no demerita continuar en nuestra lucha por asegurar las libertades de expresión y de prensa así como la defensa de la integridad y salvaguarda de los periodistas y de todos los trabajadores de prensa.
*** IMPORTANTE *** Revoluciones es un proyecto de información alternativa sin fines de lucro, para mantenernos en línea requerimos de tu apoyo. Puedes ayudarnos haciendo un deposito bancario, por mínimo que sea, hazlo en el banco HSBC, al número de cuenta 6271254999 a nombre de Samuel R. García o en transferencia electrónica abonando al número Clabe: 021180062712549990. Gracias.
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