Álvaro Cepeda Neri
Para fiscalizar jurídica, contable y certificar el informe de la cuenta pública federal y que compete a la rendición de cuentas de las administraciones federales de los tres poderes (Ejecutivo, Judicial y Legislativo) tuvimos por casi cuatro siglos un órgano encargado de esa función que se llamó la Contaduría Mayor de Hacienda.
Ésta dejó de estar en vigor, ya que en 2000 se aprobó la creación de la Auditoría Superior de la Federación, conforme a su ley respectiva, para la revisión de la Cuenta Pública y su Fiscalización. Habíamos tenido, desde 1524, un Tribunal Mayor de Cuentas (a semejanza del de España) y con nuestra Constitución de 1824, se transformó en la Contaduría Mayor de Hacienda.
Desde esa fecha y por medio de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, entró en funciones el órgano de la Auditoría que se ha encargado de revisar la rendición de cuentas de toda la administración pública federal centralizada y descentralizada.
Año con año publica su informe que entrega a la Cámara de Diputados Federales... y nadie le hace caso a sus observaciones que, concluido el plazo para presentar justificaciones y comprobaciones, para imputar responsabilidades... tampoco nadie le hace caso. El auditor se desgañita haciendo aclaraciones. Y como no tenemos un Tribunal de Cuentas con autonomía, diputados federales, senadores, el presidente de la República y toda la burocracia con la Suprema Corte, hacen caso omiso del informe.
Es cierto que según una publicación de la misma Auditoría, dice que en los últimos siete años se han solventado algunas. En el informe de 2008, respecto a la cuenta calderonista y de los otros dos poderes, asegura que hay opacidad y riesgo en varias cuentas.
El caso es que no hemos sabido los mexicanos que un funcionario haya sido encauzado al Ministerio Público Federal, salvo ciertas sanciones administrativas, multas económicas o una que otra consignación ante la secretaría de la Función Pública. Pero, en general los mexicanos seguimos sin recibir una rendición de cuentas y que se hayan fincado responsabilidades por desvío de fondos. E incluso su mal manejo.
Ya que la actual Auditoría sigue dependiendo de la Cámara de Diputados del Congreso General, y así no tiene autonomía, necesitamos un Tribunal de Cuentas (así como nos urge un Tribunal Constitucional) para que los poderes Legislativo y Judicial no sean jueces y parte.
Se trata de que con sus autonomías tengan más eficacia sus deslindes de responsabilidades, para fincar sanciones. En el caso del Tribunal Constitucional, para que la Suprema Corte deje de conocer de las controversias, ya que llegado el caso de una queja contra ella no puede juzgar como parte. La Auditoría Superior de la Federación no puede ser eficaz en la medida que sus revisiones no tienen todo el peso de un tribunal autónomo. Ya es hora de que la revisión de la rendición de cuentas tenga, realmente, un órgano independiente del Poder Legislativo Federal, para que asuma con plenitud sus facultades.
Para fiscalizar jurídica, contable y certificar el informe de la cuenta pública federal y que compete a la rendición de cuentas de las administraciones federales de los tres poderes (Ejecutivo, Judicial y Legislativo) tuvimos por casi cuatro siglos un órgano encargado de esa función que se llamó la Contaduría Mayor de Hacienda.
Ésta dejó de estar en vigor, ya que en 2000 se aprobó la creación de la Auditoría Superior de la Federación, conforme a su ley respectiva, para la revisión de la Cuenta Pública y su Fiscalización. Habíamos tenido, desde 1524, un Tribunal Mayor de Cuentas (a semejanza del de España) y con nuestra Constitución de 1824, se transformó en la Contaduría Mayor de Hacienda.
Desde esa fecha y por medio de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, entró en funciones el órgano de la Auditoría que se ha encargado de revisar la rendición de cuentas de toda la administración pública federal centralizada y descentralizada.
Año con año publica su informe que entrega a la Cámara de Diputados Federales... y nadie le hace caso a sus observaciones que, concluido el plazo para presentar justificaciones y comprobaciones, para imputar responsabilidades... tampoco nadie le hace caso. El auditor se desgañita haciendo aclaraciones. Y como no tenemos un Tribunal de Cuentas con autonomía, diputados federales, senadores, el presidente de la República y toda la burocracia con la Suprema Corte, hacen caso omiso del informe.
Es cierto que según una publicación de la misma Auditoría, dice que en los últimos siete años se han solventado algunas. En el informe de 2008, respecto a la cuenta calderonista y de los otros dos poderes, asegura que hay opacidad y riesgo en varias cuentas.
El caso es que no hemos sabido los mexicanos que un funcionario haya sido encauzado al Ministerio Público Federal, salvo ciertas sanciones administrativas, multas económicas o una que otra consignación ante la secretaría de la Función Pública. Pero, en general los mexicanos seguimos sin recibir una rendición de cuentas y que se hayan fincado responsabilidades por desvío de fondos. E incluso su mal manejo.
Ya que la actual Auditoría sigue dependiendo de la Cámara de Diputados del Congreso General, y así no tiene autonomía, necesitamos un Tribunal de Cuentas (así como nos urge un Tribunal Constitucional) para que los poderes Legislativo y Judicial no sean jueces y parte.
Se trata de que con sus autonomías tengan más eficacia sus deslindes de responsabilidades, para fincar sanciones. En el caso del Tribunal Constitucional, para que la Suprema Corte deje de conocer de las controversias, ya que llegado el caso de una queja contra ella no puede juzgar como parte. La Auditoría Superior de la Federación no puede ser eficaz en la medida que sus revisiones no tienen todo el peso de un tribunal autónomo. Ya es hora de que la revisión de la rendición de cuentas tenga, realmente, un órgano independiente del Poder Legislativo Federal, para que asuma con plenitud sus facultades.
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