Gustavo Castillo García / La Jornada
Autoridades de México y Estados Unidos negocian la puesta en marcha de un programa binacional de combate al tráfico de armas y lavado de dinero, donde ambos gobiernos investiguen las transferencias de recursos que los cárteles de la droga realizan a fabricantes y distribuidores de armamento en Texas y Arizona, pues se ha detectado que 95 por ciento de los pertrechos que utiliza el crimen organizado no es adquirido sólo en tiendas, sino en las compañías productoras que ahí se asientan, revelaron dos funcionarios mexicanos que participan en las mesas de negociación.
Los entrevistados dijeron que durante este miércoles representantes de los dos países expusieron la problemática en materia de tráfico de armas, operaciones con recursos de procedencia ilícita, cárteles de la droga y tráfico de personas.
Desde antes del mediodía, los equipos de trabajo se reunieron para avanzar en el acuerdo binacional, en espera del arribo de la secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos, Janet Napolitano; el fiscal general, Eric Holder; los secretarios de Gobernación, Fernando Gómez Mont, y de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, así como el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Eduardo Medina Mora.
Férreo dispositivo de seguridad
Mientras, autoridades locales y federales montaron un cerco de seguridad alrededor del hotel sede del encuentro, que incluyó un retén militar y patrullajes con motocicletas en la periferia.
En ese contexto, las negociaciones en materia de lavado de dinero se dieron en dos vertientes: el dinero que ingresa a Estados Unidos por la venta de armas y lo que obtienen los grupos criminales que operan en México por distribución de enervantes, extorsiones y tráfico de personas. Para ello, se propuso que ambos gobiernos investiguen lo que se denominó "cuentas foráneas" en ambos territorios, para establecer los flujos de dinero que se consolidan como depósitos en armerías y empresas fabricantes de arsenales.
El tema del tráfico de armas constituye uno de los puntos que los funcionarios estadunidenses y mexicanos buscan perfeccionar para alcanzar un acuerdo y sea uno de los rubros principales en la agenda del encuentro que sostendrán los presidentes Felipe Calderón y Barack Obama, el próximo 16 de abril, en el que se tratarán los compromisos binacionales en materia de combate al crimen organizado.
El punto, indicaron los entrevistados, es que los gobiernos de México y Estados Unidos buscarán restar fuerza a los cárteles mexicanos, ya que los organismos de inteligencia de ambas naciones coincidieron este miércoles en que las operaciones de los capos de la droga se han extendido a Centroamérica, Sudamérica, Europa y el propio territorio estadunidense.
De acuerdo con la información obtenida, durante los encuentros de este miércoles se mencionó que Estados Unidos se ha convertido en el principal abastecedor de armas y cartuchos para los cárteles mexicanos, ya que se ha detectado que 90 por ciento de los pertrechos asegurados provienen de esa nación y otro cinco por ciento es de fabricación china. Así, los reportes de las instituciones mexicanas han estimado que diariamente ingresan al país unas 50 armas de todo tipo y calibre, y que las compañías y tiendas que las abastecen se localizan principalmente en Arizona y Texas.
Aunque las autoridades mexicanas mantuvieron la postura de que en nuestro país no se ha detectado la existencia de un zar del tráfico de armas, se pidió a los estadunidenses que investiguen en su territorio, pues se cree que en esa nación existe un grupo que es intermediario entre los grupos criminales y las empresas fabricantes.
Lo anterior, explicaron, se debe a que no sólo se han asegurado en territorio nacional armas convencionales –que se pueden comprar en las armerías–, sino explosivo plástico conocido como C-4. En ese sentido se ha establecido por parte del gobierno mexicano que los cárteles con mayor poder de fuego por las compras realizadas son el del Pacífico y el del Golfo-Zetas, que además revende arsenales a grupos en Centro y Sudamérica.
Entre las principales armas que se adquieren por parte de los grupos delictivos mexicanos están: rifles AK-47 y AR-15; pistolas de todos los calibres; granadas de mano, de fragmentación, calibre 40 defensivas, de destello, de humo, de sonido y de gas, así como fusiles Barret calibre 50, lanzadores de granadas calibre 37 milímetros, ametralladoras y lanzacohetes Law. Estos últimos tienen capacidad para perforar incluso un tanque de guerra.
La parte mexicana explicó que Napolitano y Holder conocerán los informes de los grupos de trabajo para perfilar el acuerdo binacional, cuyo proyecto será detallado durante la visita que realizará a México el presidente Barack Obama.
En suma, indicaron los entrevistados, todas las reuniones han estado encaminadas a fijar una cooperación bilateral para evitar el tráfico de armas, donde ambos países se comprometan a mejorar los puntos de revisión aduanales, no sólo terrestres, sino también marítimos y aéreos.
Hasta el momento, los funcionarios estadunidenses no se han querido comprometer a regular ni las fábricas de armas ni las tiendas que las venden.
Autoridades de México y Estados Unidos negocian la puesta en marcha de un programa binacional de combate al tráfico de armas y lavado de dinero, donde ambos gobiernos investiguen las transferencias de recursos que los cárteles de la droga realizan a fabricantes y distribuidores de armamento en Texas y Arizona, pues se ha detectado que 95 por ciento de los pertrechos que utiliza el crimen organizado no es adquirido sólo en tiendas, sino en las compañías productoras que ahí se asientan, revelaron dos funcionarios mexicanos que participan en las mesas de negociación.
Los entrevistados dijeron que durante este miércoles representantes de los dos países expusieron la problemática en materia de tráfico de armas, operaciones con recursos de procedencia ilícita, cárteles de la droga y tráfico de personas.
Desde antes del mediodía, los equipos de trabajo se reunieron para avanzar en el acuerdo binacional, en espera del arribo de la secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos, Janet Napolitano; el fiscal general, Eric Holder; los secretarios de Gobernación, Fernando Gómez Mont, y de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, así como el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Eduardo Medina Mora.
Férreo dispositivo de seguridad
Mientras, autoridades locales y federales montaron un cerco de seguridad alrededor del hotel sede del encuentro, que incluyó un retén militar y patrullajes con motocicletas en la periferia.
En ese contexto, las negociaciones en materia de lavado de dinero se dieron en dos vertientes: el dinero que ingresa a Estados Unidos por la venta de armas y lo que obtienen los grupos criminales que operan en México por distribución de enervantes, extorsiones y tráfico de personas. Para ello, se propuso que ambos gobiernos investiguen lo que se denominó "cuentas foráneas" en ambos territorios, para establecer los flujos de dinero que se consolidan como depósitos en armerías y empresas fabricantes de arsenales.
El tema del tráfico de armas constituye uno de los puntos que los funcionarios estadunidenses y mexicanos buscan perfeccionar para alcanzar un acuerdo y sea uno de los rubros principales en la agenda del encuentro que sostendrán los presidentes Felipe Calderón y Barack Obama, el próximo 16 de abril, en el que se tratarán los compromisos binacionales en materia de combate al crimen organizado.
El punto, indicaron los entrevistados, es que los gobiernos de México y Estados Unidos buscarán restar fuerza a los cárteles mexicanos, ya que los organismos de inteligencia de ambas naciones coincidieron este miércoles en que las operaciones de los capos de la droga se han extendido a Centroamérica, Sudamérica, Europa y el propio territorio estadunidense.
De acuerdo con la información obtenida, durante los encuentros de este miércoles se mencionó que Estados Unidos se ha convertido en el principal abastecedor de armas y cartuchos para los cárteles mexicanos, ya que se ha detectado que 90 por ciento de los pertrechos asegurados provienen de esa nación y otro cinco por ciento es de fabricación china. Así, los reportes de las instituciones mexicanas han estimado que diariamente ingresan al país unas 50 armas de todo tipo y calibre, y que las compañías y tiendas que las abastecen se localizan principalmente en Arizona y Texas.
Aunque las autoridades mexicanas mantuvieron la postura de que en nuestro país no se ha detectado la existencia de un zar del tráfico de armas, se pidió a los estadunidenses que investiguen en su territorio, pues se cree que en esa nación existe un grupo que es intermediario entre los grupos criminales y las empresas fabricantes.
Lo anterior, explicaron, se debe a que no sólo se han asegurado en territorio nacional armas convencionales –que se pueden comprar en las armerías–, sino explosivo plástico conocido como C-4. En ese sentido se ha establecido por parte del gobierno mexicano que los cárteles con mayor poder de fuego por las compras realizadas son el del Pacífico y el del Golfo-Zetas, que además revende arsenales a grupos en Centro y Sudamérica.
Entre las principales armas que se adquieren por parte de los grupos delictivos mexicanos están: rifles AK-47 y AR-15; pistolas de todos los calibres; granadas de mano, de fragmentación, calibre 40 defensivas, de destello, de humo, de sonido y de gas, así como fusiles Barret calibre 50, lanzadores de granadas calibre 37 milímetros, ametralladoras y lanzacohetes Law. Estos últimos tienen capacidad para perforar incluso un tanque de guerra.
La parte mexicana explicó que Napolitano y Holder conocerán los informes de los grupos de trabajo para perfilar el acuerdo binacional, cuyo proyecto será detallado durante la visita que realizará a México el presidente Barack Obama.
En suma, indicaron los entrevistados, todas las reuniones han estado encaminadas a fijar una cooperación bilateral para evitar el tráfico de armas, donde ambos países se comprometan a mejorar los puntos de revisión aduanales, no sólo terrestres, sino también marítimos y aéreos.
Hasta el momento, los funcionarios estadunidenses no se han querido comprometer a regular ni las fábricas de armas ni las tiendas que las venden.
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