Índice Político / Francisco Rodríguez
Al llegar a Cananea, allí perdí la esperanza,
porque allí fui consignado al juez de Primera Instancia…
Corrido popular
LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL fallida, brinda una nueva muestra de su falta de capacidad para enfrentar con política –diálogo, negociación, etc.-- los conflictos que son de orden político. Está a punto de usar las fuerzas policiaco-militares que componen a la PFP en contra de los trabajadores de la mina cuprífera de Cananea.
Ello no obstante las voces del clero católico sonorense, cual el arzobispo de Hermosillo, José Ulises Macías Salcedo, y los consejeros de Seguridad Pública de esa entidad, encabezados por Enrique Carrera Vega, quienes en un documento signado por los presidentes estatales de los partidos PRD, PAN, PRI, PSD, Convergencia, Panal, y dirigentes de Organismos No Gubernamentales, así como de 20 sindicatos reclaman una solución política y no fascistoide.
El acuerdo adoptado por los consejeros del Consejo Sindical Permanente de Sonora consta de cuatro puntos y establece la exigencia a la administración del señor Felipe Calderón para que haga uso de sus buenos oficios para que siente a negociar al Grupo México y a los mineros. De no lograrlo, que le retire la concesión de la empresa Mexicana de Cananea, propiedad de Germán Larrea.
Asimismo, como segundo punto, que el secretario de Seguridad Pública Federal ordene cuanto antes el retiro de las fuerzas federales que se encuentran en Cananea, dado que la lucha de los mineros es un movimiento legal, además, el pueblo de Sonora "no quiere derramamiento de sangre de nuestros hermanos y hermanas de Cananea" y se respete la soberanía del estado.
Tercer acuerdo: que los tres órdenes de gobierno busquen de inmediato un encuentro con Calderón y se le dé una solución integral al conflicto y al problema de Cananea, y que de manera urgente asuman la responsabilidad de atender las necesidades básicas de la población tales como: servicios médicos, gas, agua, luz y educación, pues desde que inició la huelga, hace ya dos años, estos servicios se han escatimado.
El cuarto punto refiere a que estos acuerdos se informen de inmediato a las dirigencias del sindicato minero nacional para que a la brevedad posible busquen un acuerdo político para solucionar de manera definitiva el conflicto entre Grupo México y el Sindicato Minero Nacional.
El acuerdo fue firmado por Juan José Lam Angulo (PRD), Enrique Reyna Lizárraga (PAN), Roberto Ruibal Astiazarán (PRI), Luis Urias de la Vega (PSD), Francisco Soto García (Convergencia), Jaime Moreno Berry (PT), Oscar Madero Valencia (Panal), Rosa María Oleary, por la sociedad civil, y Enrique Carrera Vega, como coordinador del Consejo Sindical Permanente (CSP).
Las voces se han levantado, pero en la Administración calderonista no hay quien oiga.
Calderón, lo mismo que sus secretarios de Gobernación y del Trabajo, tanto como los integrantes de la Junta Federal de ¿Conciliación? Y Arbitraje, han actuado tan parcialmente como lo hicieran Fox y su pandilla, desde que sobrevino el homicidio industrial de Pasta de Conchos, en Coahuila. Antes que ir en contra de Germán Larrea, cuya responsabilidad en la pérdida de la vida de casi 70 mineros es innegable, decidieron ir en contra del sindicato que encabeza Napoleón Gómez Urrutia.
La historia de este conflicto está salpicada de irregularidades: falsificación de firmas en la STPS, robo de documentos en la PGR, dirigentes espurios, acusaciones de fraude que carecen de sustento, y hasta desconocimiento de la ley por parte del encargado de la dependencia Trabajo y Previsión Social, quien luego de apoyar a Minera México para que unilateralmente diera por terminado el contrato colectivo con la organización minera, mintió al decir que la justicia federal no había amparado a los trabajadores para que no sea cerrado ese centro de trabajo y sea respetado su derecho a mantener las banderas rojinegras en las bocas de los socavones.
De no estar involucrados los empleos de un mil 200 mineros, de no estar de por medio el tan cacareado –pero no observado— Estado de Derecho, el sainete en el que, con guión de Larrea, bailan las "autoridades" federales movería a carcajadas. Ni siquiera saben o ni siquiera pueden seguir bien las órdenes que les da el principal accionista de Grupo Minera México, patrocinador de los caprichos de Marta Sahagún, en el sexenio anterior, y sponsor nada oculto de la campaña electoral que "haiga sido como haiga sido" llevó a Los Pinos a su actual ocupante.
En Cananea, ahora mismo, está por darse una solución militar –los grises, son en realidad verdes--, a un problema político que, por incapacidades bien demostradas, no pudo resolver políticamente la fallida Administración federal.
Índice Flamígero: Y contra el dirigente, la presión no cesa. Apenas el viernes, se giró otra orden de aprehensión en contra de Napoleón Gómez Urrutia, por presunto fraude de 55 millones de dólares de un fideicomiso minero. Ya otros jueces han dicho que tal presunción es falsa.
*** IMPORTANTE *** Revoluciones es un proyecto de información alternativa sin fines de lucro, para mantenernos en línea requerimos de tu apoyo. Puedes ayudarnos haciendo un deposito bancario, por mínimo que sea, hazlo en el banco HSBC, al número de cuenta 6271254999 a nombre de Samuel R. García o en transferencia electrónica abonando al número Clabe: 021180062712549990. Gracias.
Al llegar a Cananea, allí perdí la esperanza,
porque allí fui consignado al juez de Primera Instancia…
Corrido popular
LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL fallida, brinda una nueva muestra de su falta de capacidad para enfrentar con política –diálogo, negociación, etc.-- los conflictos que son de orden político. Está a punto de usar las fuerzas policiaco-militares que componen a la PFP en contra de los trabajadores de la mina cuprífera de Cananea.
Ello no obstante las voces del clero católico sonorense, cual el arzobispo de Hermosillo, José Ulises Macías Salcedo, y los consejeros de Seguridad Pública de esa entidad, encabezados por Enrique Carrera Vega, quienes en un documento signado por los presidentes estatales de los partidos PRD, PAN, PRI, PSD, Convergencia, Panal, y dirigentes de Organismos No Gubernamentales, así como de 20 sindicatos reclaman una solución política y no fascistoide.
El acuerdo adoptado por los consejeros del Consejo Sindical Permanente de Sonora consta de cuatro puntos y establece la exigencia a la administración del señor Felipe Calderón para que haga uso de sus buenos oficios para que siente a negociar al Grupo México y a los mineros. De no lograrlo, que le retire la concesión de la empresa Mexicana de Cananea, propiedad de Germán Larrea.
Asimismo, como segundo punto, que el secretario de Seguridad Pública Federal ordene cuanto antes el retiro de las fuerzas federales que se encuentran en Cananea, dado que la lucha de los mineros es un movimiento legal, además, el pueblo de Sonora "no quiere derramamiento de sangre de nuestros hermanos y hermanas de Cananea" y se respete la soberanía del estado.
Tercer acuerdo: que los tres órdenes de gobierno busquen de inmediato un encuentro con Calderón y se le dé una solución integral al conflicto y al problema de Cananea, y que de manera urgente asuman la responsabilidad de atender las necesidades básicas de la población tales como: servicios médicos, gas, agua, luz y educación, pues desde que inició la huelga, hace ya dos años, estos servicios se han escatimado.
El cuarto punto refiere a que estos acuerdos se informen de inmediato a las dirigencias del sindicato minero nacional para que a la brevedad posible busquen un acuerdo político para solucionar de manera definitiva el conflicto entre Grupo México y el Sindicato Minero Nacional.
El acuerdo fue firmado por Juan José Lam Angulo (PRD), Enrique Reyna Lizárraga (PAN), Roberto Ruibal Astiazarán (PRI), Luis Urias de la Vega (PSD), Francisco Soto García (Convergencia), Jaime Moreno Berry (PT), Oscar Madero Valencia (Panal), Rosa María Oleary, por la sociedad civil, y Enrique Carrera Vega, como coordinador del Consejo Sindical Permanente (CSP).
Las voces se han levantado, pero en la Administración calderonista no hay quien oiga.
Calderón, lo mismo que sus secretarios de Gobernación y del Trabajo, tanto como los integrantes de la Junta Federal de ¿Conciliación? Y Arbitraje, han actuado tan parcialmente como lo hicieran Fox y su pandilla, desde que sobrevino el homicidio industrial de Pasta de Conchos, en Coahuila. Antes que ir en contra de Germán Larrea, cuya responsabilidad en la pérdida de la vida de casi 70 mineros es innegable, decidieron ir en contra del sindicato que encabeza Napoleón Gómez Urrutia.
La historia de este conflicto está salpicada de irregularidades: falsificación de firmas en la STPS, robo de documentos en la PGR, dirigentes espurios, acusaciones de fraude que carecen de sustento, y hasta desconocimiento de la ley por parte del encargado de la dependencia Trabajo y Previsión Social, quien luego de apoyar a Minera México para que unilateralmente diera por terminado el contrato colectivo con la organización minera, mintió al decir que la justicia federal no había amparado a los trabajadores para que no sea cerrado ese centro de trabajo y sea respetado su derecho a mantener las banderas rojinegras en las bocas de los socavones.
De no estar involucrados los empleos de un mil 200 mineros, de no estar de por medio el tan cacareado –pero no observado— Estado de Derecho, el sainete en el que, con guión de Larrea, bailan las "autoridades" federales movería a carcajadas. Ni siquiera saben o ni siquiera pueden seguir bien las órdenes que les da el principal accionista de Grupo Minera México, patrocinador de los caprichos de Marta Sahagún, en el sexenio anterior, y sponsor nada oculto de la campaña electoral que "haiga sido como haiga sido" llevó a Los Pinos a su actual ocupante.
En Cananea, ahora mismo, está por darse una solución militar –los grises, son en realidad verdes--, a un problema político que, por incapacidades bien demostradas, no pudo resolver políticamente la fallida Administración federal.
Índice Flamígero: Y contra el dirigente, la presión no cesa. Apenas el viernes, se giró otra orden de aprehensión en contra de Napoleón Gómez Urrutia, por presunto fraude de 55 millones de dólares de un fideicomiso minero. Ya otros jueces han dicho que tal presunción es falsa.
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