Ricardo Raphael
Las primeras declaraciones y los primeros actos del nuevo secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio, siembran confusión. Por una parte, advierte que otorgará continuidad a las políticas educativas del gobierno calderonista. Por la otra, afirma que lo hará desde la dignidad que posee la política.
Hay contradicción entre ambas premisas: o se protege el arreglo mafioso entre la SEP y el SNTE, o se pone a salvo la dignidad de la política.
Acción Nacional y sus gobiernos han mantenido intacto al corporativismo del viejo régimen. Contrario a las razones de su origen, el PAN no ha hecho nada para lograr que sus estructuras se democraticen, se transparenten o se limpien de tanto abuso y corrupción.
Cuando Lujambio habla de continuidad, advierte sin engaño que él también será garante para que las cosas permanezcan como están. Y para que el significado de sus dichos no sea malinterpretado, ratificó en su encargo a Fernando González Sánchez, personero del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en la secretaría que ahora comanda.
La enredada relación que sostiene el matrimonio SEP-SNTE data de hace 63 años. En 1946, el sindicato magisterial firmó un convenio con el gobierno de la República donde, además de adjudicarse la representación única de los trabajadores de la educación básica, entre otras prerrogativas obtuvo control amplísimo sobre su materia de trabajo: la educación.
A instancias de ese documento jurídico dicha organización se convirtió en una esquizofrénica instancia obrero-patronal. El SNTE está encargado de defender los derechos de sus afiliados y, al mismo tiempo, de gestionar —en absoluta suplencia del patrón— las plazas, el ingreso, el avance, los salarios, el desempeño, la carrera y las prestaciones de los profesores.
Como subsecretario de Educación Básica, Fernando González Sánchez juega igualmente como patrón y representante de sus empleados. Es una cuña del SNTE en la SEP y, al mismo tiempo, autoridad frente a los profesores y el personal que labora bajo su mando (un millón 600 mil almas). Que además sea yerno de Elba Esther Gordillo sólo añade comillas a lo viciado y cínico de la circunstancia.
Pero este hombre no es una excepción. Alrededor de 18 de los 32 secretarios de Educación Pública de los estados han sido también nombrados por el SNTE. Lo mismo que buena parte de los mandos medios y bajos, tanto de la SEP como de las instancias educativas locales.
Aunque indeseable, la imbricación SEP-SNTE es sostenida por todos aquéllos que han apostado por su continuidad. Se trata de una relación antitética con todo esfuerzo de dignidad que, desde la política o las políticas públicas, quiera abrirse paso en el terreno educativo.
No hay manera de comprender la dimensión que abarca el término “dignidad” sin vincularlo al concepto de autonomía. Los seres humanos somos dignos en tanto que no dependemos de la caridad, la asimetría, el abuso de poder o la buena voluntad de los otros para obtener libertades y sustento suficiente a la hora de tomar las decisiones que conducen al gobierno de nuestra propia vida.
Autonomía y dignidad no son sinónimos, pero se trata de vocablos indisociables. A la luz de esta idea es que han de valorarse las declaraciones del nuevo secretario Lujambio. La SEP no es autónoma del SNTE para tomar sus propias decisiones. Tampoco lo es el sindicato cuando debe velar por los intereses de sus agremiados.
La confusión de roles es muy parecida a aquélla que, durante tantas décadas, sostuvo el estado mexicano con el PRI. Cuando una decisión afectaba al partido en el gobierno, el Estado era neutralizado por los liderazgos priístas. Lo mismo ocurría con las demandas de esa militancia partidaria que una y otra vez quedó despojada de sus derechos políticos bajo el pretexto de la razón de Estado. Los únicos ganadores de aquella situación fueron los líderes políticos del momento.
En México la política educativa está arrojada a un sistemático fracaso porque las responsabilidades de la SEP están secuestradas por los intereses del SNTE y, al mismo tiempo, porque los derechos de los trabajadores permanecen sometidos a los dictados de sus líderes (patrones) sindicales. Mientras tanto, en el Olimpo de ese arreglo mafioso, la dirigencia del SNTE rige sobre la voluntad de ambas partes.
No hay dignidad alguna en esta tragedia. Ni política que atraiga respeto si se propone otorgar continuidad al convenio firmado entre el Estado y el magisterio en el año de 1946.
Las primeras declaraciones y los primeros actos del nuevo secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio, siembran confusión. Por una parte, advierte que otorgará continuidad a las políticas educativas del gobierno calderonista. Por la otra, afirma que lo hará desde la dignidad que posee la política.
Hay contradicción entre ambas premisas: o se protege el arreglo mafioso entre la SEP y el SNTE, o se pone a salvo la dignidad de la política.
Acción Nacional y sus gobiernos han mantenido intacto al corporativismo del viejo régimen. Contrario a las razones de su origen, el PAN no ha hecho nada para lograr que sus estructuras se democraticen, se transparenten o se limpien de tanto abuso y corrupción.
Cuando Lujambio habla de continuidad, advierte sin engaño que él también será garante para que las cosas permanezcan como están. Y para que el significado de sus dichos no sea malinterpretado, ratificó en su encargo a Fernando González Sánchez, personero del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en la secretaría que ahora comanda.
La enredada relación que sostiene el matrimonio SEP-SNTE data de hace 63 años. En 1946, el sindicato magisterial firmó un convenio con el gobierno de la República donde, además de adjudicarse la representación única de los trabajadores de la educación básica, entre otras prerrogativas obtuvo control amplísimo sobre su materia de trabajo: la educación.
A instancias de ese documento jurídico dicha organización se convirtió en una esquizofrénica instancia obrero-patronal. El SNTE está encargado de defender los derechos de sus afiliados y, al mismo tiempo, de gestionar —en absoluta suplencia del patrón— las plazas, el ingreso, el avance, los salarios, el desempeño, la carrera y las prestaciones de los profesores.
Como subsecretario de Educación Básica, Fernando González Sánchez juega igualmente como patrón y representante de sus empleados. Es una cuña del SNTE en la SEP y, al mismo tiempo, autoridad frente a los profesores y el personal que labora bajo su mando (un millón 600 mil almas). Que además sea yerno de Elba Esther Gordillo sólo añade comillas a lo viciado y cínico de la circunstancia.
Pero este hombre no es una excepción. Alrededor de 18 de los 32 secretarios de Educación Pública de los estados han sido también nombrados por el SNTE. Lo mismo que buena parte de los mandos medios y bajos, tanto de la SEP como de las instancias educativas locales.
Aunque indeseable, la imbricación SEP-SNTE es sostenida por todos aquéllos que han apostado por su continuidad. Se trata de una relación antitética con todo esfuerzo de dignidad que, desde la política o las políticas públicas, quiera abrirse paso en el terreno educativo.
No hay manera de comprender la dimensión que abarca el término “dignidad” sin vincularlo al concepto de autonomía. Los seres humanos somos dignos en tanto que no dependemos de la caridad, la asimetría, el abuso de poder o la buena voluntad de los otros para obtener libertades y sustento suficiente a la hora de tomar las decisiones que conducen al gobierno de nuestra propia vida.
Autonomía y dignidad no son sinónimos, pero se trata de vocablos indisociables. A la luz de esta idea es que han de valorarse las declaraciones del nuevo secretario Lujambio. La SEP no es autónoma del SNTE para tomar sus propias decisiones. Tampoco lo es el sindicato cuando debe velar por los intereses de sus agremiados.
La confusión de roles es muy parecida a aquélla que, durante tantas décadas, sostuvo el estado mexicano con el PRI. Cuando una decisión afectaba al partido en el gobierno, el Estado era neutralizado por los liderazgos priístas. Lo mismo ocurría con las demandas de esa militancia partidaria que una y otra vez quedó despojada de sus derechos políticos bajo el pretexto de la razón de Estado. Los únicos ganadores de aquella situación fueron los líderes políticos del momento.
En México la política educativa está arrojada a un sistemático fracaso porque las responsabilidades de la SEP están secuestradas por los intereses del SNTE y, al mismo tiempo, porque los derechos de los trabajadores permanecen sometidos a los dictados de sus líderes (patrones) sindicales. Mientras tanto, en el Olimpo de ese arreglo mafioso, la dirigencia del SNTE rige sobre la voluntad de ambas partes.
No hay dignidad alguna en esta tragedia. Ni política que atraiga respeto si se propone otorgar continuidad al convenio firmado entre el Estado y el magisterio en el año de 1946.
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