Guadalupe Cruz Jaimes (CIMAC)
Ayer se iniciaron en el Palacio de Justicia Federal, los juicios constitucionales del cuarto amparo en contra de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), que a la fecha han presentado más de 300 mil trabajadoras y trabajadores del Estado, de los cuales 53 por ciento son de mujeres.
Con esto se abre la posibilidad de que las y los burócratas que han registrado pérdidas en sus ahorros puedan exigir la restitución de sus recursos, si logran demostrar que fueron invertidos en situación de riesgo.
Así lo informó Eduardo Miranda Esquivel, presidente fundador de la organización civil Unión de Juristas de México (UJM), que representa legalmente a las y los cientos de miles de trabajadores del Estado amparados en contra de los manejos de las Afores, incluido el Pensionissste, ya que en el último año registraron pérdidas millonarias en perjuicio de las y los empleados.
Con la cuarta ola de amparos, en la que han participado cientos de miles de burócratas de 20 estados de la República, de los que 95 por ciento pertenece al magisterio, reclaman “la protección de la justicia federal para preservar sus ahorros laborales de la especulación y volatilidad que afecta a los mercados financieros, agravada actualmente con la crisis y el cobro excesivo de comisiones por el manejo de cuentas”, indicó la UJM en comunicado de prensa.
En marzo de este año, los recursos administrados por las 19 afores registradas y reconocidas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), incluido el Pensionissste, ascienden aproximadamente a 950 mil millones de pesos, derivados de los ahorros de aproximadamente 39 millones de cuentas, lo que representa casi una quinta parte del ingreso nacional y en cuya administración en el último año se han perdido más de cien mil millones de pesos, denunciaron los juristas.
Los juicios se llevarán a cabo ante los juzgados primero y segundo de distrito auxiliares donde a diario se desahogarán en promedio mil demandas, presentadas por 15 secciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y otros grupos de trabajadores, como los universitarios, del 30 de enero al 5 de marzo de este año.
Hasta la fecha, hay más de 300 mil demandas acumuladas en cerca de cinco mil expedientes, aunque todavía se siguen presentando más casos, los cuales se siguen siempre y cuando se acredite el carácter de cotizante del ISSSTE o IMSS y se tenga un estado actualizado de la cuenta del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR).
La “prueba fuerte” de los juicios se centrará en el dictamen que rindan peritos actuariales expertos en sistemas financieros y de seguridad social, afores y ahorros laborales, quienes determinarán cómo impacta el aumento del salario mínimo al monto de las aportaciones a la cuenta individual del trabajador y su afectación por los incrementos inflacionarios de los precios al consumidor y la devaluación monetaria, refirió la UJM.
Por último, Miranda Esquivel mencionó que con las audiencias en el Palacio de Justicia Federal, resultado de las y los trabajadores, esperan colocar de nuevo el tema en la agenda política nacional y que se transparente el manejo que las Afores hacen con los recursos de las y los burócratas.
Ayer se iniciaron en el Palacio de Justicia Federal, los juicios constitucionales del cuarto amparo en contra de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), que a la fecha han presentado más de 300 mil trabajadoras y trabajadores del Estado, de los cuales 53 por ciento son de mujeres.
Con esto se abre la posibilidad de que las y los burócratas que han registrado pérdidas en sus ahorros puedan exigir la restitución de sus recursos, si logran demostrar que fueron invertidos en situación de riesgo.
Así lo informó Eduardo Miranda Esquivel, presidente fundador de la organización civil Unión de Juristas de México (UJM), que representa legalmente a las y los cientos de miles de trabajadores del Estado amparados en contra de los manejos de las Afores, incluido el Pensionissste, ya que en el último año registraron pérdidas millonarias en perjuicio de las y los empleados.
Con la cuarta ola de amparos, en la que han participado cientos de miles de burócratas de 20 estados de la República, de los que 95 por ciento pertenece al magisterio, reclaman “la protección de la justicia federal para preservar sus ahorros laborales de la especulación y volatilidad que afecta a los mercados financieros, agravada actualmente con la crisis y el cobro excesivo de comisiones por el manejo de cuentas”, indicó la UJM en comunicado de prensa.
En marzo de este año, los recursos administrados por las 19 afores registradas y reconocidas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), incluido el Pensionissste, ascienden aproximadamente a 950 mil millones de pesos, derivados de los ahorros de aproximadamente 39 millones de cuentas, lo que representa casi una quinta parte del ingreso nacional y en cuya administración en el último año se han perdido más de cien mil millones de pesos, denunciaron los juristas.
Los juicios se llevarán a cabo ante los juzgados primero y segundo de distrito auxiliares donde a diario se desahogarán en promedio mil demandas, presentadas por 15 secciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y otros grupos de trabajadores, como los universitarios, del 30 de enero al 5 de marzo de este año.
Hasta la fecha, hay más de 300 mil demandas acumuladas en cerca de cinco mil expedientes, aunque todavía se siguen presentando más casos, los cuales se siguen siempre y cuando se acredite el carácter de cotizante del ISSSTE o IMSS y se tenga un estado actualizado de la cuenta del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR).
La “prueba fuerte” de los juicios se centrará en el dictamen que rindan peritos actuariales expertos en sistemas financieros y de seguridad social, afores y ahorros laborales, quienes determinarán cómo impacta el aumento del salario mínimo al monto de las aportaciones a la cuenta individual del trabajador y su afectación por los incrementos inflacionarios de los precios al consumidor y la devaluación monetaria, refirió la UJM.
Por último, Miranda Esquivel mencionó que con las audiencias en el Palacio de Justicia Federal, resultado de las y los trabajadores, esperan colocar de nuevo el tema en la agenda política nacional y que se transparente el manejo que las Afores hacen con los recursos de las y los burócratas.
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